No volvieron mejores

In Memoriam 

El 30 de octubre fue la fecha elegida para rendir homenaje a lxs obrerxs desaparecidos de Lozadur. Lozadur era una combativa fábrica ceramista, cercana a la estación Boulogne, donde trabajaban 1.000 personas. En noviembre de 1977, desafiando a la dictadura militar, la fábrica paró por aumento de salario. Desaparecieron 19 obrerxs, en su mayoría mujeres. 

A continuación, presentamos a lxs lectorxs un informe realizado por el Equipo Técnico de Niñez en Emergencia, conformado por trabajadorxs de Niñez y Adolescencia CABA y la Provincia de Buenos Aires, sobre la situación de las familias, y en particular los niños y niñas, que vivían en la toma de Guernica. 

El abordaje consistió en realizar entrevistas a diferentes grupos familiares, quienes han dispuesto sus viviendas en calles y manzanas que ellxs mismxs dividieron. 

La gran mayoría de las familias que viven allí se encontraban trabajando y fueron despedidas durante la pandemia, debido a la situación de profunda crisis económica. Gran parte de lxs adultxs contaban con trabajos precarios e informales, trabajos en la construcción, amas de casa y mujeres que debieron abandonar el hogar por haber sufrido violencia de género. Es así que pagar el alquiler de una vivienda se volvió imposible, sumado a los costos de los servicios y al incremento en los precios de los productos necesarios para sostener la alimentación de lxs convivientes. Actualmente, muchxs de ellxs se encuentran realizando “changas” para poder obtener algún magro ingreso económico. También escuchamos a personas que cuentan con un empleo formal, pero con un sueldo percibido que resulta insuficiente para afrontar los costos que implica la satisfacción de las necesidades básicas para la vida. En las entrevistas aparecía una y otra vez la referencia al incremento desmedido de los precios, tanto de los espacios donde habitaban, como de los alimentos y los servicios. 

En relación a la percepción de beneficios sociales, gran parte de las familias entrevistadas no fueron alcanzadas por el Ingreso Familiar de Emergencia. Nos contaban las grandes dificultades para realizar un reclamo. Un primer obstáculo eran las barreras de comunicación que se identifican en el organismo administrativo encargado de brindar el subsidio. “No se puede sacar turno”, “no están atendiendo de forma presencial y no puedo acceder a la página, no puedo hacer la consulta”, son algunas de las experiencias relatadas. En lo que respecta a la AUH, todas las familias contaron que se encontraban recibiendo el pago de la misma, aunque en algunas situaciones no por todxs lxs niñxs. Lxs adultxs refieren trabas burocráticas, falta de documentación de muchas familias migrantes y desinformación en cuanto a los canales para hacer consultas que permitan acceder a los subsidios. 

El Estado y su policía, presentes 

Una y otra vez lxs vecinxs de la toma cuentan el hostigamiento y el amedrentamiento que reciben por parte del cuerpo policial, quienes les quitan alimentos, agua y elementos de primera necesidad en la entrada del predio. “¿Esa gente no tiene alma? Es que yo no los entiendo, estamos entrando agua, comida, alimento, es para los pibes ¿Cómo te lo van a sacar? No tiene nada de malo”. 

Por si fuera poco, para completar el asedio, helicópteros de las fuerzas policiales sobrevuelan el territorio durante la madrugada, siempre a la misma hora y alumbrando con reflectores a las construcciones, despertando y asustando a niñxs y adultxs; “ese helicóptero. ¡No sabes lo que es! Te ilumina todo acá adentro con ese reflector. No podés dormir. Y yo estoy acá con ella, ya no podemos dormir después de eso”. 

El despliegue de fuerzas de este tipo, contra personas que se encuentran desarrollando acciones cotidianas, se dirige a infundir el sentimiento colectivo de peligro, como factor intimidatorio del conjunto. En este punto podemos preguntarnos si el accionar policial, no encuadra dentro de lo definido como tortura, por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de 1984: 

“…todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. 

A su vez, el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes agrega que, 

“su objetivo consiste en destruir deliberadamente no solo el bienestar físico y emocional de la persona sino también, en ciertos casos, la dignidad y la voluntad de comunidades enteras. Inquieta a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un futuro mejor”. 

Las consecuencias de estas acciones se evidencian en los discursos de lxs entrevistadxs: hablan de ansiedad, miedo, incertidumbre, trastornos en el sueño, malestares generales. De este modo, las estrategias de mediatización desplegadas por lxs adultxs, con el objetivo de mitigar el impacto de la situación vivenciada, quedan anuladas por el accionar intimidatorio del proceder policial. 

Como trabajadores y trabajadoras de la niñez debemos resaltar que esta situación posee un potencial traumático, que puede evolucionar en el despliegue de diversos síntomas. Entre ellos podemos mencionar: inhibición motriz y del pensamiento, dificultades para conciliar el sueño, o terrores nocturnos. Asimismo, estos hechos pueden adquirir carácter traumático con posterioridad al tiempo en el que suceden, tomando actualización en el pasaje a la adolescencia. Lxs niñxs de hoy expuestxs a la tortura cotidiana de las fuerzas represivas serán lxs jóvenes padecientes del futuro. 

En lo atinente a los lazos sociales y comunitarios, las familias manifiestan que se organizaron internamente, que poseen delegados y delegadas y que realizan asambleas donde deciden democráticamente. Agregan, que se alternan en la preparación de los alimentos, “acá nos ayudamos entre todos”. 

Señalemos que pensar en la calidad de vida de los seres humanos, es hacerlo teniendo en cuenta su calidad como personas bio-psico-socioculturales, y privilegiando las dinámicas psicosociales como determinantes de lo intersubjetivo. Por esto, pensar en la calidad de vida no es pensar únicamente en el acceso a los bienes materiales, sino que se piensa en espacios donde opere la cooperación, los sistemas de significaciones compartidas que diluyen las segregaciones.

Niñxs en tiempos de pandemia 

Aunque la mayoría de lxs niñxs tenían controles de salud previos al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el contexto sanitario dificultó la continuidad de los seguimientos. Sin embargo, muchas de las familias entrevistadas manifestaron que solo pudieron parcialmente garantizar el acceso a la salud a partir de la posta sanitaria que pusieron en pie trabajadores y trabajadoras de ese sector. 

Lxs vecinxs cuentan que en algunas situaciones desde el hospital de la zona les han negado la atención por ser parte de la toma, no pudiendo acceder a un derecho humano básico como lo es la atención de la salud por decisión política del Gobierno Provincial. En un contexto de crisis epidemiológica con un aumento exponencial de contagios y de fallecidos por COVID-19. 

Sobre la situación escolar, lxs niñxs en edad de escolaridad obligatoria se encontraban inscriptos y en contacto con las instituciones educativas. Este derecho intenta ser garantizado por las familias mediante la utilización de dispositivos celulares de lxs referentes adultxs y el pago del servicio de internet en condiciones desde ya más que inhóspitas y con el solo apoyo de las y los docentes. Las familias cuentan lo difícil de poder acompañar a lxs niñxs en lo que respecta a algunos aspectos pedagógicos presentados por las escuelas y por la falta de conectividad. Se relevó que, hubo casos contactados por nosotrxs que no contaban con vacante escolar en el nivel inicial a pesar de haber sido inscriptos por lxs adultxs responsables. 

En lo que respecta al cuidado de las niñas y los niños, se ha puesto de manifiesto en los discursos de lxs adultxs las estrategias de resguardo que vienen desarrollando en la situación que se encuentran atravesando. Frente a un Estado que hace que niñxs junto a sus familias vivan en estas condiciones, lxs adultxs se han organizado para que lxs niñxs duerman en su mayoría y dentro de sus posibilidades en casas de familiares o de conocidxs y/o referentes para poder asearse, como así también para garantizar el contacto entre lxs niñxs y aquellxs adultxs significativxs que no se encuentran en la toma, de modo tal de sostener la organización de su vida cotidiana y sus vínculos. Es de señalar que lxs niñxs dan cuenta de estos hechos en los espacios de diálogo generados por este equipo técnico. 

Pese a las estrategias de cuidado desarrolladas por las familias para no exponerlxs a las bajas temperaturas y adversas condiciones climáticas, el Estado ha decidido no desplegar ninguna política para asistirlxs ante las fuertes tormentas que acabaron con la mayoría de las pertenencias de las familias y destruyeron por completo sus ya precarias viviendas en este mes. Esta misma situación se prolongaría por lo menos 6 meses más según lo que pretende ofrecer el Ministerio de Acción Social y las propuestas que vienen planteando desde del gobierno provincial. 

Lo manifestado, deja en evidencia lo falaz del planteo del fiscal Juan Condomí Alcorta en el dictamen de público conocimiento. Donde argumenta que las familias utilizan a sus hijos e hijas como “escudo” y son “rehenes” de lxs adultxs quienes lxs expondrían a situaciones extremas. Arrasando, en sus dichos, con el derecho de lxs niñxs de permanecer junto a sus familias y poniendo en ellas la responsabilidad de las condiciones en las que se encuentran viviendo, eximiendo así al Estado y al gobierno provincial de su responsabilidad frente a todos los derechos aquí vulnerados. 

Asimismo, debemos mencionar que las medidas de cuidado que las familias vienen desplegando en este contexto, se enfrentan a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad que rompen con el ejercicio de la continuidad de la vida cotidiana de estas personas. 

Violencia institucional 

Desde los años 90 el neoliberalismo profundizó la restricción al acceso a la tierra de las grandes mayorías mientras unos pocos individuos favorecidos por el propio Estado, en muchos casos exentos de impuestos y con irregularidades en relación a los títulos de propiedad, han impuesto un régimen desigual que arroja a millones a situaciones de precariedad habitacional, no solo aquellos que viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sino también a un sector muy amplio de la población que no es propietaria y se ve obligada a destinar gran parte de sus ingresos al alquiler de su vivienda. 

La coyuntura sanitaria, la escalada en los índices de pobreza y de desocupación profundizan la emergencia social. Los gobiernos no han solucionado la situación de vivienda e infraestructura de millones de familias sin casa, sino que sus políticas han permitido la especulación inmobiliaria, el usufructo indiscriminado de la tierra, el extractivismo, el fracking y hasta las quemas de territorios de gran extensión. Este sistema de apropiación de los recursos naturales no es una problemática nacional, sino que es una cuestión estructural del capitalismo. 

Esta falta de acceso a la vivienda que, inevitablemente termina expulsando a millones de familias a vivir en condiciones de extrema precariedad, conlleva a la vulneración de otros tantos derechos imposibles de ser escindidos y que quedan expuestos con claridad en la toma de Guernica en lo que a lxs niñxs y adolescentes refiere. De esta manera, la Convención de los Derechos del Niño, como instrumento normativo, sienta las bases en lo que respecta a cómo se entiende la niñez y la adolescencia. Es taxativa en reconocerlxs como sujetos plenos de derechos y obliga a los Estados parte a desplegar acciones en pos de su interés superior. En este sentido, la Ley Nacional 26.061, establece en su Art. 7 que es obligación del Estado “asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. La vulneración de los derechos de lxs niñxs, y adolescentes que se encuentran en la toma y, que tanto menciona el fiscal Juan Condomi Alcorta, como funcionarixs públicxs de diversos niveles del Estado, no son producto del maltrato y/o la negligencia de sus familias. Tal como hemos mencionado, lxs niñxs sostienen la escolaridad, el acceso a la salud, el derecho a jugar, la vinculación con sus familiares y el resguardo ante situaciones que serían en detrimento de su subjetividad. Y son sus madres y padres quienes se encargan de cuidarlxs. 

Todos estos derechos reconocidos en leyes y convenciones se vuelven “papel mojado” cuando es el propio Estado el que debería garantizarlos y al mismo tiempo es el que los vulnera, dejando a la luz un claro sesgo de clase al priorizar con sus decisiones políticas y económicas los negocios de unos pocos por sobre el interés común de la inmensa mayoría. 

Las amenazas, el hostigamiento, la imposibilidad del acceso a una vivienda digna, la falta de vacantes escolares, los obstáculos para el acceso a los derechos de protección y seguridad social son producto del carácter del Estado. Un Estado de clase, que contempla la necesidad de algunos sectores, y no prioriza la atención del 56.3 % de lxs niñxs y adolescentes que se encuentran por debajo del índice de pobreza, en medio de una profunda crisis económica y social. Mientras tanto los representantes de los principales ministerios involucrados, de la justicia, los grandes medios de comunicación, y sobre todo del Gobernador de la provincia sostienen la existencia de un delito: el de no tener casa. 

Guernica así como Los Ceibos en zona Oeste, Los Hornos en La Plata, Centenario en Neuquén y tantas otras tomas a lo largo de todo el país son la muestra clara de lo imperioso de plantear la necesidad de una reforma urbana, de revertir las prioridades. Las inversiones deben ser destinadas a infraestructura y planes de vivienda que dejen de lado el negocio inmobiliario para que la vivienda sea realmente un derecho para todxs y no una especulación para privilegio de algunxs. Guernica es la muestra de que tanto la justicia, el gobierno nacional como el provincial, en pos de la “defensa de la propiedad privada” de unos pocos sobre miles de familias y niñes, prioriza violentar y estigmatizar a niñxs y adultos que no eligen vivir en las condiciones en las que se encuentran, develando claramente cuáles son las prioridades para este sistema. 

Así, funcionarios públicos llevan adelante distintas estrategias para desgastar a las familias y que renuncien a su derecho a tener una vivienda digna y quebrar la resistencia que sostienen hace meses por mejorar su calidad de vida. Mientras que las familias encuentran en esa toma, en esa organización colectiva, en esa comunidad: hogares, espacios de juego, tierra y vivienda donde proyectar el desarrollo de ellxs, y de sus hijxs; el Estado encuentra motivos para judicializar la pobreza, para amedrentar infancias y amenazar “el interés superior” de lxs niñxs que la Convención de Derechos de niñas niños y adolescentes, la ley nacional y la provincial, se precian de garantizar. 

Kiciloff decidió a último momento ordenar la represión 

Compartimos comunicado del Encuentro Memoria Verdad y Justicia: NO AL DESALOJO EN GUERNICA-NO A LA REPRESIÓN 

Después de semanas en las que las familias de la recuperación de tierras en Guernica negociaron con el Gobierno Provincial una salida para el terrible problema de la falta de vivienda digna en el momento en el que se iba a firmar el acuerdo el ministro Larroque simplemente dijo que ya no tenía sentido. Escudándose en el desacuerdo del fiscal entregó a las más de 1.500 familias de Guernica a la represión de la Bonaerense. 

Desde la madrugada la policía provincial, dirigida por Sergio Berni, empezó a reprimir con balas de goma en el predio y desde la misma hora quienes defendemos el derecho a Tierra y vivienda Para Vivir estamos en las calles con cortes de rutas y en la Ciudad con cortes de calle. 

El Gobierno Provincial de AXEL KICILOFF es responsable de haber estafado a miles de familias con promesas que a último momento decidió incumplir. Exigimos el cese de la represión y la inmediata vuelta a la negociación. Los vecinos denuncian que se están quemando sus casillas con todas sus pertenencias adentro, además de perseguirlos con balas de goma y balines de plomo. LIBERTAD YA A LOS MÁS DE 35 DETENIDOS. 

Muches de elles, estudiantes secundaries que fueron a rodear de solidaridad el predio. Exigimos conocer la identidad de todxs lxs detenidos, lo que está siendo vedado por los responsables del operativo represivo. 

EL GOBIERNO PROVINCIAL TIENE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE SOLUCIONAR ESTA SITUACIÓN.NO SON NI EL JUEZ NI EL FISCAL DE LA CAUSA LOS RESPONSABLES DE DAR UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE TIERRA Y VIVIENDA PARA VIVIR. 

SEGUIMOS ABRAZANDO Y APOYANDO A LAS MILES DE FAMILIAS DE GUERNICA.ESTAMOS EN LAS CALLES DEFENDIENDO EL DERECHO DE MILES DE FAMILIAS A UNA VIDA DIGNA. 

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA29/10/2020 

COMUNICADO DEL PARTIDO OBRERO RESPONDIENDO A LARROQUE 

El Partido Obrero responde el comunicado del ministro Andrés Larroque

1) La idea de que el desalojo ha sido el resultado de “la intransigencia” de los vecinos, sobre todo resultado de la actividad del Partido Obrero, es insostenible. La decisión de desalojar fue una decisión política del gobierno provincial y nacional, resguardando la propiedad en función de los negociados inmobiliarios. Los cientos de tomas de tierra en todo el país son el resultado de la crisis social. La respuesta del gobierno bonaerense ha sido la criminalización y la represión. Solo en octubre 6 tomas fueron desalojadas antes de Guernica. En la represión en Ciudad Evita una joven perdió el ojo. La quema de casillas y pertenencias ha sido una conducta sistemática de la policía. El carapintada Berni se jactó en septiembre en un video institucional de haber presidido sobre “el desalojo de 868 tomas de terrenos y (el arresto de) 524 presos” ejecutados por la Bonaerense. No hay voluntad de diálogo ni soluciones habitacionales. Ha sido la masividad y los niveles de organización de la toma de Guernica, así como el rol de las organizaciones que se movilizaron para sostener su reclamo, lo que le permitió mantenerse por meses cuando otros eran expulsados. 

2) Es falso que el gobierno haya trabajado seriamente en una respuesta a los reclamos urgentes de los vecinos de Guernica. La realidad es que a) Axel Kiciloff jamás recibió a los vecinos; b) fueron los vecinos y su Cuerpo de delegados y organizaciones las que hicieron dos propuestas por escrito para resolver la crisis habitacional de las 1.900 familias censadas oportunamente, y las más de 1.400 constatadas en el último censo. El gobierno se negó a considerar estas propuestas. c) El gobierno no entregó un solo lote, transitorio ni permanente, a ningún vecino. Su política consistió en presionar a las organizaciones para firmar un acuerdo en el cual se ofrecían 11 hectáreas transitorias (que no alcanzan para los 1.400 vecinos censados y tampoco se sabe dónde están) y luego eventualmente, en largos meses, 650 parcelas permanentes de las cuales se desconoció siempre la ubicación, siendo entonces una promesa en el aire. Requería, a cambio, que las organizaciones colaboraran con el desalojo y aceptaran la judicialización de los vecinos. Bien mirada, la propuesta del gobierno era reclamar a las organizaciones que colaboraran con el desalojo a cambio de promesas. La mesa de dialogo, en la cual sólo los vecinos presentaban propuestas viables, fue quebrada por el gobierno cuando arremetió con el desalojo. Lógicamente, el Partido Obrero respaldó y seguirá respaldando la lucha de las familias por la tierra y la vivienda. 

3) La mentira de Larroque tiene un objetivo preciso: contener la crisis que el desalojo ha generado en el oficialismo. La represión deja al descubierto un gobierno que no vacila en avanzar con violencia sobre familias humildes para defender negociados inmobiliarios y dar garantías políticas al gran capital cuando comienza la negociación con el FMI. El resultado de esta política será agravar la crisis social y habitacional. La represión generó una honda conmoción social, que se expresó hoy en movilizaciones masivas y muestras de repudio. Llamamos a todas las organizaciones sociales, populares y de trabajadores a repudiar la represión y exigir la renuncia de sus responsables políticos y materiales. Decimos nuevamente: Fuera Berni, Kiciloff es responsable. 

4) Las familias de Guernica anunciaron que continuarán con sus reclamos. Hay numerosas familias que no tienen hoy donde pasar la noche, luego de que sus pertenencias fueran quemadas por la policía de Kiciloff y Larroque. Llamamos a apoyar activamente la lucha por la tierra de las familias de Guernica, reclamamos tierra para vivir para todas las familias censadas y convocamos a apoyar la conferencia de prensa y movilización el día de mañana a las 12:00 desde el Obelisco a la Plaza de Mayo, que ha convocado una asamblea general de vecinos de Guernica. 

Comité Ejecutivo Nacional Partido Obrero 

Solidaridad obrera y popular 

CON NUESTRAS CÁMARAS EN LAS MANOS DECIMOS: NO AL DESALOJO EN GUERNICA-NO A LA REPRESIÓN. Documentalistas de Argentina (DOCA). 

Desde el histórico film “Por una tierra nuestra” (Grupo Cine Testimonio), que acompañó la recuperación de tierras en la localidad de San Francisco Solano durante la dictadura, el cine documental argentino se ha dedicado hasta nuestros días a la imperiosa necesidad de tierra para vivir de sectores crecientes de la población. 

Lxs documentalistas no somos ajenos al devenir histórico de lxs sujetos de nuestras historias. Exigimos el cese inmediato de la represión en Guernica y la urgente vuelta a la negociación, así como la libertad de por lo menos 35 detenidos durante la represión de hoy.
¡Fuera Berni!
¡El Estado es responsable!
¡TIERRA PARA VIVIR!
¡¡¡NO AL DESALOJO!!! 

Otras figuras expresaron su repudio al desalojo a las familias. Fue el caso del cantante y compositor de tango argentino Guillermo Fernández, ​quien rechazó en sus redes sociales la estigmatización que se hizo desde el gobierno de las organizaciones sociales: “al menos, la izquierda se moviliza, banca las tomas y siguen sus ideales. No nos vi a nosotros movilizándonos así apoyando masivamente a nuestro Gobierno en contra del Poder Real que cooptó la justicia o pidiendo que se cumpla la Ley de medios o pidiendo por el Impuesto a los ricos. Yo estoy seguro de que Néstor hubiese estado mucho más contento de que esa cantidad de gente recordándolo se hubieran movilizado frente a Comodoro Py o a la puerta de Clarín, sin bajar los brazos”, señaló. 

También organizaciones afines al gobierno como la UTEP 

No se puede justificar la represión 

No existe ninguna justificación a salidas represivas para resolver problemas como este. Es una locura resolver a los palazos los problemas que tienen sus raíces en las injusticias que hace años se vienen anidando en nuestra Patria. 

Es absolutamente repudiable que a esta salida represiva se le quiera encontrar algún tipo de justificación. 

La Policía está entrando a los barrios aledaños, tirando balas de goma y gaseando, y la gente se está teniendo que ir de sus casas incluso fuera del predio en cuestión. 

Lo veníamos planteando hace tiempo: hay que encontrar una salida negociada, hay que seguir negociando. Nunca se puede justificar una salida represiva con miles de policías. 

No se resuelve a los palazos. La pobreza jamás se resuelve con represión. 

Lito Borello – Secretario de DD HH de la UTEP 

En el interior 

El sindicato docente de Mendoza SUTE repudia el desalojo y represión en Guernica 

En Guernica hay más de 1.400 familias que desde hace meses resisten el hostigamiento policial y la amenaza de desalojo por parte del gobierno provincial de Axel Kicillof. Miles de mujeres, niñas y niños que no tienen ningún bien material y que exigen, solamente, una solución habitacional urgente que el gobierno tampoco ha dado.
Desde el gobierno provincial y nacional se privilegia a los poderosos y dueños de tierras ociosas. Lejos de solucionar los problemas acuciantes del pueblo, hoy además se votó un Presupuesto nacional a la medida del FMI. 

Desde el SUTE expresamos nuestro repudio al desalojo y la represión. Exigimos la liberación de todos los detenidos y nos sumamos al reclamo de tierra para vivir. 

La solución a las necesidades del pueblo nunca puede ser la represión. Toda la solidaridad con las familias que luchan por tierra para vivir. La vivienda es un derecho. 

#NoAlDesalojoDeGuernica
#TierraParaVivir
#BastaDeRepresión 

Organizaciones sindicales 

Comunicado de la CTA-A 

ANTE LOS MAS POSTERGADOS DE LA PATRIA, ANTE LA POBREZA, EL ESTADO RESPONDE CON REPRESION 

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma repudiamos enérgicamente el accionar de los más de 4.000 efectivos policiales y sus responsables políticos del desalojo del predio de Guernica a familias que, durante este largo proceso, han presentado junto a diferentes fuerzas políticas, sociales, profesionales y de los Derechos Humanos, distintas alternativas que propician un inicio de estabilidad a cada una de las familias. 

Una vez más se comprueba la ausencia de una política estatal frente al acceso al Hábitat, que violenta y posterga a un amplio sector social vulnerable en materia de Vivienda, Salud, Educación y Trabajo.  De esta manera queda en evidencia que prevalece el acceso a la propiedad privada de unos pocos, por sobre la justa demanda de miles de familias que anhelan un futuro distinto, y que no han tenido más alternativa que las tomas de tierras. 

Queda claro que, a diferencia de una de las principales banderas que levantamos en nuestra CTA-A,  el derecho a la tierra, llamada “propiedad”, no está asociada al derecho humano, sino a aquellos que por un lado han ido enajenando nuestras tierras y el Patrimonio Nacional a lo largo y ancho del país, para el gran negociado inmobiliario tras-nacionalizado, mientras la justicia cómplice resuelve responder con balas a los pobres, tomando por asalto de la manera más vil a las familias que estaban descansando para continuar proponiendo salidas integrales para el conjunto de las y los afectados y no sólo para un sector. 

Consideramos que los hechos ocurridos en Guernica son inaceptables e interpelamos a sus responsables a articular todos los medios en pos de poder resolver: 

• Acceso a la tierra para las y los Sin Techo, garantizando los derechos de niñas y niños. 
• Acceso a créditos mancomunados que generen hábitat y puestos laborales. 
• Justicia con cada una de las familias que esta madrugada fueron violentadas en todos sus derechos. 
• Libertad de la totalidad de las compañeras y compañeros detenidos. 

¡¡¡ A LA POBREZA NO SE RESPONDE CON REPRESIÓN!!! 

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma 

Marisol Ciriano – Secretaria de Derechos Humanos CTA Autónoma 

Mientras tanto, una importante asamblea de vecinos de Guernica convocó nuevas movilizaciones 

Tuvo lugar el sábado 31 de octubre. Se resolvió movilizarse a La Plata. También fueron el lunes 2 de noviembre a la intendencia de Presidente Perón. Reproducimos el comunicado de la Comisión de Mujeres: 

Ayer se realizó una primera asamblea de vecinos de Guernica luego de la represión del jueves y masiva movilización del viernes. Nos juntamos una importante cantidad de vecinos y familias en la plaza San Martín de la localidad de Guernica y unánimemente votamos seguir la lucha por «tierra para vivir» con una serie de convocatorias. 

La más importante será el próximo miércoles hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires en La Plata a exigirle al gobernador Axel Kicillof una respuesta a nuestro justo reclamo. Constatamos la realidad de cientos de vecinos que se encuentran en una situación desesperante porque perdimos todo en el desalojo, la Policía quemó todas nuestras pertenencias, por eso decidimos poner en pie una Comisión de solidaridad que organice desde hoy todas las donaciones y colectas. 

Acordamos puntos para recibir los alimentos, vestimentas y colchones en Guernica, Lomas de Zamora y Capital Federal, los informaremos en las próximas horas. Llamamos a todos los estudiantes, trabajadores, sindicatos y demás sectores que nos acompañaron a ser parte de esta campaña. No queremos que nadie abandone esta lucha por hambre, sabemos que el gobierno extorsiona a los que más necesitan con dinero equivalente a uno o dos meses de alquiler. 

Con el mismo objetivo votamos volver a armar las escuelitas para dar contención a los niños y volver a poner en pie comedores y merenderos en Guernica. Dos vecinas de la Comisión de mujeres ofrecieron sus casas para comenzar desde hoy mismo con la merienda. 

Además, resolvimos marchar al municipio de Presidente Perón el día lunes 2 a las 9 am desde la Plaza San Martín de esa localidad. 

En caso de que vuelva a abrirse alguna instancia de diálogo con el gobierno, como exigimos, se votó en la asamblea una delegación de vecinos para ser parte. 

Esta asamblea fue muy importante porque demostró que con golpes y represión el gobierno no podrá callar nuestra demanda y frenar la lucha por una tierra para vivir dignamente. 

Nos constituimos como asamblea permanente para definir cómo continuar nuestra lucha. 

Comisión de Mujeres y Vecinos
1/11/2020 

Se profundiza la ola de desalojos y amenazas contra los sin techo 

Tras el desalojo efectuado en Guernica por parte de 4.000 efectivos al mando de Sergio Berni, se produjo el desalojo de las 52 familias del Barrio La Esperanza en Fiske Menuco (General, Roca, Río Negro). En el barrio Sin Fronteras, en Chubut, la policía ingresó sin orden de allanamiento en un asentamiento que hace dos meses decidieron ocupar 56 familias ante la falta de vivienda. En el Conurbano bonaerense, en Rafael Castillo, Barrio Las Flores, las vecinas y vecinos llamaban a la solidaridad ante un operativo policial que rodeaba el predio. Desde hace semanas las fuerzas policiales vienen hostigando y han quemado casillas.  

En el marco de los desalojos masivos de familias con operativos policiales en los que avanzan de manera conjunta el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, los intendentes del Conurbano y la Justicia en los últimos días, un desmedido operativo de 400 efectivos de la Policía Bonaerense desalojó a las 60 familias del Barrio Stone, las cuales viven ahí desde hace un año y denuncian que fueron estafadas por personas que les vendieron los terrenos como propios. 

La comunidad Wichí Yokwespehen, situada en el Km 20 de la Ruta Nacional 86, cerca de la ciudad de Tartagal, en el departamento General San Martín, provincia de Salta, fue desalojada el pasado miércoles 21 de octubre en forma violenta, medida que se llevó a cabo a pesar de estar vigente la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, que prohíbe los desalojos de las comunidades, y ante una denuncia por usurpación de parte de Jorge Panayotidis, quien se dice dueño de las tierras en donde está asentada la comunidad. 

Aurelio Vázquez, referente docente de la Provincia de Río Negro, ex Secretario General de la UNTER y de la Corriente Nacional Carlos Fuentealba,fue detenido junto con otros compañeros cuando se encontraba solidarizándose con las familias del barrio Esperanza, que estaban siendo desalojadas y reprimidas brutalmente por su lucha por un pedazo de tierra para vivir. Desde el ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA repudiaron su encarcelamiento y denunciaron a la intendenta María Emilia Soria que impulsó la criminalización de quienes sólo buscan un lugar donde vivir.  

“Hacemos responsables al gobierno de la Provincia de Río Negro y a sus fuerzas policiales de la integridad física de Aurelio Vázquez y los compañeros detenidos”, señalaron. 

La criminalización del derecho a la vivienda digna y la defensa de la propiedad privada 

Desde los comienzos de la pandemia, numerosos procesos de recuperaciones de tierra se han desarrollado en todo el país, por parte de las familias ante la caída de los ingresos, la desocupación, la imposibilidad de pagar un alquiler, y la incapacidad si quiera de cubrir las necesidades alimenticias básicas.  

La pandemia profundizó la crisis económica y con ello la habitacional. Se habla de un 3,5 millón de familias que no poseen vivienda digna. Ante esto, los distintos gobiernos no han mostrado grieta. La represión, los desalojos, la criminalización y penalización de las recuperaciones de tierra ha sido la respuesta al déficit habitacional. El “quedate en casa” no ha sido posible para aquellos que no tienen hoy donde habitar. En la mayoría de las tomas, se trata de terrenos que se encuentran deshabitados y abandonados. Cuando se producen las recuperaciones, son supuestos dueños, los que los reclaman, sin poder acreditar la propiedad y ahí aparece el Estado, no ya garantizando el derecho a la vivienda de miles de personas, sino accediendo a la protección de la propiedad privada reclamada en su mayoría por grupos económicos vinculados a la especulación inmobiliaria. 

Andrés “Cuervo” Larroque, declaraba que detrás de las tomas “hay un sector que tiene una expectativa comercial y que está utilizando como fronting a las organizaciones políticas para justificar un esquema de negocios”. Pero no se refería precisamente a Bellaco S.A. En un intento de legitimar el desalojo, cargó las tintas sobre las organizaciones que acompañaron la toma de Guernica y que en todo momento se dispusieron al diálogo con el gobierno. Aquellas organizaciones son las que en los barrios se hacen presentes allí donde el Estado se ausenta a la hora de garantizar necesidades básicas, y son las mismas que también salen en defensa de los vecinos cuando ese Estado se hace presente para vulnerar derechos.  

Lo que hay detrás de las tomas, lo reconoce el mismo gobierno, a través del Indec. En el último semestre, la brecha de desigualdad se expresó en que un 10 % de la población más rica concentra el 33,2 % de toda la riqueza y el 10 % más empobrecido, apenas percibe un 1,3 %. Los hogares más pobres, tienen ingresos que van de los 300 a los 15.000 pesos, mientras que la suma de los ingresos de los más ricos va de los 96.000 pesos a los 2.058.000. El acceso al techo propio, hipoteca o alquiler, sigue siendo un “sueño inalcanzable” para los y las trabajadoras. 

La Conquista al Desierto siglo XXI 

Las imágenes del desembarco de las fuerzas policiales comandadas por Berni, en Guernica, en Ciudad Evita, o las recientes en Barrio la Esperanza, podrían rememorar a las del Ejército de Julio Argentino Roca en la segunda mitad del siglo XIX, avanzando a sangre y fuego sobre las comunidades originarias.  

El objetivo sigue siendo el mismo, incorporar tierras al modelo que se profundiza, sea para las actividades agroindustriales, o para los desarrollos inmobiliarios en base a la renta que se genere de las mismas.  

El pasado 11 de octubre, en el Boletín Oficial se publicó la aprobación de la “Iniciativa 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” que busca impulsar el incremento del valor de las exportaciones agroindustriales en 20.000 millones de dólares hacia el 2030. El proyecto viene de la mano, entre otras cosas, del acuerdo porcino con China, y la incorporación del trigo transgénico. “Una recuperación de entre QUINIENTOS MIL (500.000) y UN MILLÓN de hectáreas agrícolas en zonas de exclusión/amortiguamiento con el uso de nuevas tecnologías seguras (Agtech)”, es la potencialidad a alcanzar que anuncia el plan. Lo que podría explicar las quemas intencionales de millones de hectáreas de humedales, selvas, montes, sierras, cuyos responsables no han sido castigados como las familias de Guernica. El proyecto incluiría también más favores a los grupos concentrados, que podrían consistir en “beneficios fiscales, acceso a financiamiento, reducción del costo de producción y de las tasas de créditos bancarios, amortización acelerada de bienes de capital, entre otras”, según consta en el documento aprobado.  

Mientras tanto, la política del gobierno sigue siendo ajuste, represión y desalojos. La “Reactivación agropecuaria y agroindustrial para una Argentina de pie” será en provecho de unos pocos. 

El derecho a la vivienda en CABA 

El martes 3 de noviembre, organizaciones y vecines que luchan por el derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires marcharon a la Jefatura de Gobierno porteño. 

Reproducimos convocatoria:
Decenas de organizaciones, centenares de activistas, luchadores, referentes y vecines de las diferentes villas, asentamientos, casas recuperadas, vecines en situación de desalojo o inquilinatos organizados, nos hemos reunido en un congreso por el derecho a la vivienda en la ciudad en el mes de octubre. 

Dicho Congreso se pronunció en forma unánime en apoyo a las familias de Guernica y de todas las recuperaciones de tierras a nivel nacional. Rechazamos el desalojo violento y las detenciones a los luchadores de Guernica, y reclamamos una solución habitacional definitiva para esas familias y todas las que se encuentran en las distintas recuperaciones de tierra. Estos desalojos ponen de manifiesto el uso especulativo que se le pretende dar a las tierras del país. Como medida urgente, es necesario garantizar una solución habitacional para miles de familias que quedaron en la calle, y que se declare la Emergencia Habitacional a nivel nacional. También, es necesario alentar otras formas de construir y habitar, solidarias y desde abajo, rompiendo la lógica de la propiedad privada. Es así que acompañamos el pedido de nacionalización de la ley 341 de cooperativas de vivienda. 

Localmente, consideramos que el gobierno de la Ciudad debe dar una respuesta inmediata sobre lógicas que profundizan el déficit habitacional en CABA. En los últimos años el avance de la privatización de espacios públicos, la entrega de inmuebles y terrenos fiscales a negociados inmobiliarios, que se ha llevado adelante en la Legislatura con la complicidad de parte de la oposición, favorecieron al encarecimiento del suelo y han generado un estallido en el valor del precio de los alquileres. 

Muches trabajadores y trabajadoras, con ingresos congelados, se encuentran bajo amenaza de desalojo por no poder afrontar estos aumentos, con un decreto nacional que sólo suspende los desalojos que se dan en el marco de la formalidad, a la que la mayoría de les trabajadorxs no pueden acceder. Además, las urbanizaciones que impulsa el gobierno de Larreta son puramente cosméticas mientras el hacinamiento, los cortes de luz, la falta de agua y de servicios básicos se encuentran a la orden del día. En este panorama, cada vez más personas se encuentran sin respuesta en situación de calle. 

El congreso por la vivienda tuvo como propósito debatir estas problemáticas e impulsar acciones de lucha para defender el derecho de les trabajadorxs a vivir en la ciudad. 

Contra los desalojos y la especulación inmobiliaria, llamamos a les vecines y organizaciones a sumarse a la lucha en cada uno de los barrios, villas, casas colectivas, y convocar con fuerza a una movilización que tendrá lugar el 3 de noviembre donde le acercaremos al gobierno de la ciudad los reclamos listados más abajo. 

Invitamos a todes les luchadores por el derecho a la vivienda a acercar su denuncia e impulsar en cada territorio la lucha por nuestro derecho a vivir en la ciudad. Pueden hacerlo vía:
Formulario: https://docs.google.com/forms/d/1Le7HJjocT3xuMg7nn5rBup1IJntKVtAzYO37rSfQGEo/edit
-Correo: [email protected]
-Whatsapp: 11 3133-6043 // 11 5706-8531 

Firmas: Polo Obrero – PO – Consejerías de vivienda – Hotel Costa azul – MTR 12 de Abril – Libres del Sur- Barrios de Pie – MTR Votamos Luchar – CUBa MTR MIDO – Izquierda Latinoamericana Socialista – FOL – MTL Rebelde – M.T.D. Aníbal Verón – Coop. de vivienda Tierra del Fuego (Ancaste y Atuel) – Vecinos de Pedro de Mendoza 3647/51 

La otra pandemia 

Con un gran despliegue de la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia, la justicia dispuso el desalojo de la fábrica eólica Gri Calviño Tower con sede en la localidad de Bosques de Florencio Varela, donde 200 trabajadores se manifestaban en contra del lock out patronal dispuesto por la empresa. 

En medio de un extenso conflicto laboral, la firma había enviado el lunes telegramas de despido. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó conciliación, pero la UOM no la acató. Mientras, Gri Calviño reflotó su intención de irse del país. 

Las diferencias entre las partes tienen como eje las liquidaciones del ATP, un pedido de un bono por la pandemia, el pago de movilidad y las condiciones laborales.  

La Mesa de Unidad Sindical (MUS) en la que confluyen los cuatro sindicatos Fattel, Cepetel, Foeesitra y Fommtra llevó a cabo un paro de 24 horas sin toma de servicio en todo el territorio nacional para todos los trabajadores de las Telecomunicaciones. 

«La insensibilidad de las compañías no tiene límites a la hora de recuperar nuestro salario por lo que la respuesta colectiva resulta imprescindible y justa ya que no podemos permitir el deterioro salarial a manos de la inflación», afirmaron ayer en un comunicado. 

Para muestra de esa insensibilidad sobra un botón: Mientras sus trabajadores hacen paro para reclamar por una recomposición salarial que no se pudo lograr con el último acuerdo de unos magros $ 6.500 en 3 cuotas, la empresa Telecom llamó a una asamblea de accionistas extraordinaria para el próximo 13 de noviembre. 

La orden del día no gira en torno al aumento salarial que piden sus empleados sino al reparto de ganancias que aseguraron no tener, pero efectivamente tienen, aún con el congelamiento de tarifas de celulares, internet y televisión paga que impuso el Gobierno Nacional en agosto. 

Los choferes enrolados en la agrupación opositora Juan Manuel Palacios movilizaron al Ministerio de Transporte. Fueron a negociar una salida para la paralizada línea 145 y soluciones de fondo para la situación del interior, que tiene miles de conductores sin cobrar sus salarios. 

Vale recordar que la UTA logró cerrar, con un agujero salarial de 9 meses, sólo paritarias para la zona metropolitana del país y que todavía no hay certezas sobre lo que puede ocurrir en todo el interior. 

En el último encuentro de partes, las empresas advirtieron que encararán todavía mayores ajustes sobre los conductores. 

Trabajadores de Rodizio tomaron el local de Costanera. Desde marzo sólo cobran el ATP. El restaurante entró en concurso de acreedores en febrero de 2019 y con las restricciones por el coronavirus dejaron de pagar salarios. Los 60 trabajadores esperaron casi 8 meses hasta que decidieron tomar el local y le reclaman soluciones al dueño, Juan Toselli, y al Gobierno de la Ciudad, por alquilarle el predio. 

Primera línea 

El Sindicato de Trabajadores de la Salud de Santa Fe realizará este miércoles 4 de noviembre una Jornada Provincial de Protesta. Habrá concentraciones en el Ministerio de Salud de la ciudad de Santa Fe y del Nodo Rosario. 

En San Justo se hará una Conferencia de Prensa para reflotar en la memoria de la población los reclamos incumplidos y, en Reconquista, también se manifestarán en el Nodo para seguir visibilizando la situación de la salud pública. 

Los puntos no resueltos por el ejecutivo provincial son las deudas salariales de meses que siguen sin resolverse y quienes son ‘refuerzos COVID’ no cobran desde julio; el ministerio tiene cargados en el sistema de reemplazo a lxs monotributistas, pero no hace públicas las listas y no han mandado los listados a la Legislatura para que se creen los cargos antes de fin de año; no se avanzó en el pago de los adicionales; no se ponen en práctica las leyes aprobadas de cambio de escalafón (tanto de Trabajo Social que esperan hace años como del resto de las profesiones aprobadas el año pasado). 

“En la jornada continuaremos solicitando la reapertura de la paritaria salarial para blanqueo del aumento otorgado y que se empiece a discutir que los sueldos no queden por debajo de la inflación. Las autoridades reconocieron que las consultas al sector público aumentaron un 50% entre este y el año anterior. Y más allá de las declaraciones propagandísticas, esto se sostuvo con el mismo personal, sin los reemplazos necesarios, con una postergación de 5 meses de la discusión de nuestros salarios y condiciones de trabajo, y con problemas en los insumos”, detallaron desde SIPRUS. 

Profesionales y técnicos del centro pediátrico de la salud pública Garrahan llevaron a cabo una nueva medida de fuerza el martes 3 de noviembre en rechazo al 7 % de aumento que la conducción del hospital pactó con el sindicato UPCN: «Los esenciales estamos con salarios bajo la canasta de pobreza», afirmaron en un comunicado. Reclaman un 50% de incremento y un básico de 72.000 pesos, igual a la canasta básica. 

El lunes 2 de noviembre, se realizó una marcha más a la Casa de gobierno de Río Gallegos (Santa Cruz), de las y los trabajadores de la salud para presentar un petitorio, que convoque de manera urgente a una reunión con la gobernadora Alicia Kirchner. Reclamaron aumento salarial, fin de la precarización laboral, más incorporación de personal permanente y la utilización del ibuprofeno inhalado. Sin embargo, no fueron atendidos por las autoridades provinciales. 

Las últimas semanas no fueron fáciles para las y los enfermeros, médicos y personal en general del Hospital Regional de Río Gallegos. El mes de octubre pasado está considerado como el peor desde que se inició de la pandemia, por la mayor cantidad de fallecimientos en la provincia en general y por la enorme escalada de contagios, que puso en vilo a las salas de terapia intensiva, guardias y clínicas médicas. Actualmente hubo 158 fallecidos y superó en más de 10.000 los contagios en Santa Cruz. La peor parte la tiene la ciudad capital de Río Gallegos. 

Más de mil trabajadores de salud de la provincia de Buenos Aires exigen el pago de sus salarios. Convocan a una conferencia de prensa para el miércoles a las 11:00 en Gobernación. Son 1.137 interinos bonaerenses que denuncian no haber recibido el pago de sus salarios en noviembre. 

«El 1° de octubre, 1.137 residentes ingresamos como personal de planta («interinos») de los hospitales provinciales luego de varios años de trabajo en el sistema de salud. Por medios extraoficiales hace pocos días fuimos informados que no cobraremos nuestro salario en el mes de noviembre, como correspondería, por supuestos problemas administrativos con nuestros expedientes.  

Consideramos totalmente inadmisible esta situación, ya que dependemos de nuestro sueldo para vivir y sostenernos. No hay excusa que justifique este hecho. Seis meses tuvo el Ministerio para prever esta situación, lo que pone en evidencia que la decisión política es la de precarizarnos aún más. 

Este atropello profundiza las ya malas condiciones de trabajo que tenemos, con salarios que están lejos de cubrir lo que cuesta una canasta básica, suspendidas nuestras vacaciones y sin licencias para el personal de salud que tiene factores de riesgo para desarrollar formas graves de covid-19. Todos reclamos que venimos levantando desde nuestro gremio CICOP, desde el primer día y por los que hemos realizado una gran caravana el último 28 de octubre”. 

Docentes porteños 

Docentes nucleados en el sindicato Ademys, resolvieron en asamblea profundizar el plan de lucha contra la política del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de abrir las escuelas a actividades educativas presenciales. Desde este lunes 2 hasta el sábado 7 de noviembre harán un paro de actividades presenciales. 

Al respecto, Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, expresó: “Las burbujas de Larreta y Acuña, fracasaron. «Las burbujas están en su mayoría vacías porque las familias no están dispuestas a enviar a sus hijos e hijas a las escuelas poniendo en riesgo su salud y su vida», analizó. En la primera semana de intento de apertura de escuelas a actividades educativas presenciales hubo 6 casos confirmados de COVID. 

Desde el sindicato además manifestaron que desde que comenzaron las actividades presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, hubo 23 escuelas a las que no asistió ningún/a estudiante; varias escuelas no abrieron por falta de insumos; sólo el 2% de les alumnes convocades se presentó; 5 escuelas debieron cerrar por casos de Covid. 

En tanto, informaron que mientras continúan con el paro de actividades presenciales, intensifican la campaña de alerta con las familias para extender el rechazo a las reaperturas de escuelas a actividades educativas presenciales en pandemia y realizarán una Caravana educativa el miércoles 4 de noviembre. 

Al referirse a la propuesta lanzada por la ministra de Educación del distrito, Soledad Acuña, para que el ciclo lectivo 2021 comience de manera presencial el 17 de febrero próximo, el secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, aseguró que “lo que correspondería es que la ministra convoque a las organizaciones sindicales y escuchar la opinión de la docencia, y esto no se ha dado”. 

“Esto -agregó- es puro maquillaje si no se resuelve con decisión política suministrar computadoras y conectividad a los pibes y docentes. Si esto no es así, no hay ninguna posibilidad de garantizar un proceso de educación continuo”. 

Sobre las condiciones que pondría el gremio para la vuelta a clases presenciales en 2021, el dirigente sindical consideró que “sería aventurado hacer una definición cuando no se sabe cuál va a ser el marco de la pandemia en ese momento. Por eso insistimos en que, como esto está en un campo incierto, lo que hay que garantizar es la virtualidad para el proceso de aprendizaje”, concluyó. 

Se confirmó un nuevo caso de Covid-19 en una escuela en el barrio de Constitución y un caso sospechoso en Pompeya, en el marco de la reapertura de escuelas que lleva adelante el gobierno porteño. 

El caso confirmado en la escuela N° 5 del distrito escolar 3, Agustín Alvares, de Constitución (Humberto 1° 1553) fue de un docente que había estado en la entrega de canastas alimentarias. Esta escuela iba a comenzar las actividades “de revinculación”, como las denomina el gobierno porteño, este lunes, y debió suspenderlas. Aislaron a todo el personal. 

El segundo caso fue en la escuela N° 3 del distrito escolar 19, Carlos Justo Florit, en el barrio de Pompeya. La directora había tenido síntomas compatibles con coronavirus durante el fin de semana, y se iba a realizar el hisopado. Las actividades presenciales también comenzaban este lunes, sin embargo, el gobierno porteño se rehusó a cerrarla, argumentando que la directora no había estado durante el fin de semana en la escuela. No se sabe si el personal de la escuela tuvo contacto estrecho. Frente a esta situación, las familias de la escuela no enviaron a sus hijos, entendiendo la riesgosa exposición al contagio por parte de los chicos, las familias y los trabajadores del establecimiento. 

En un comunicado emitido por la escuela 5 D.E 3 de Constitución, denuncian esta situación y hacen responsable al gobierno de la Ciudad: “Queda expuesta la política de negligencia del Ministerio de Educación, ya que no hay controles de salud para el personal docente y no docente, en un momento de alto nivel de contagios en CABA”.
La apertura de la burbuja prevista para el día lunes 2 de noviembre, contaba hasta el viernes con 1 solo inscripto, de una matrícula de 48 estudiantes de 7º grado. 

Ya suman siete los casos de contagios en las escuelas porteñas, en el marco de la decisión inconsulta del gobierno de Larreta y Soledad Acuña de volver a las clases presenciales y abrir las escuelas. Los casos anteriores fueron: una auxiliar de cooperativa de la escuela Técnica N° 15 del DE 5, del barrio de Barracas, y dos auxiliares y la asesora pedagógica de la Técnica N° 14 del mismo distrito; y una auxiliar casera en Flores, en la escuela de jornada completa N° 10 del D.E 11. Ahora se suman las de Constitución y Pompeya. 

Hasta la semana pasada, a las burbujas asistieron sólo 187 chicos en las escuelas primarias y 17 en las escuelas medias. 

Sin tener en cuenta la situación de las escuelas, la falta de recursos para garantizar la higiene y cuidado de sus miembros, y la exposición que significa, Larreta y Acuña quieren abrir las escuelas para mostrarse aperturistas frente a los medios, sacarse fotos y salir en televisión para su campaña política. No hay ningún objetivo pedagógico detrás de estas aperturas. 

Desde las escuelas, se siguen organizando y debatiendo en asambleas para decidir entre docentes, directivos y familias, cómo seguir. 

También la seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) rechazó el protocolo propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para regresar a «la presencialidad» en el nivel inicial de las escuelas del distrito, por considerarlo «inaplicable», y aseguró que fue elaborado en forma «inconsulta y unilateral». 

«En el nivel inicial la situación es aún peor por su naturaleza. El protocolo parece redactado por funcionarios que desconocen del todo el funcionamiento de una escuela infantil o de una sala de cinco años, en las que el cuidado y respeto de la distancia de dos metros es realmente imposible de sostener», indicó el gremio. 

Para el Sadop, el Gobierno porteño acelera los tiempos para mostrar en «los medios que volvieron las escuelas infantiles, pero nunca se apuró para asistir a esas instituciones, que atraviesan una gran crisis financiera que arriesga los puestos de trabajo». 

Los gremialistas denunciaron «apuro y marketing político» y afirmaron que ello «le gana a las políticas públicas de cuidado de la salud de la comunidad educativa y de los vecinos en general». 

También aseguraron que muchas escuelas de nivel inicial ya cerraron sus puertas de forma definitiva ante «la ausencia de programas reales y efectivos para sostener los empleos». 

Tras una nueva reunión de la Mesa Salarial, los gremios docentes de la Ciudad de Buenos aires rechazaron la propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación. 

Desde la UTE explicaron que: “Las autoridades solo ofrecieron pagar desde noviembre el aumento que estaba pactado para el mes de julio. El mismo consiste en una suma remunerativa de $ 2.700 por cargo o 20 horas cátedra, hasta dos cargos”. 

También señalan desde el gremio porteño, “ofrecieron también pagar el 2,5% de jerarquización para los directivos de todos los niveles, que ya estaba también en el acta mencionada”. 

Por ello advierten que la  propuesta es insuficiente, dado que “de esta manera se llega a solo un 20% de aumento anual, con lo que quedaríamos muy por debajo de la inflación prevista para el año”. 

Además, desde el sindicato docente exigen y reclaman “el cumplimiento del fallo judicial que condena al Gobierno de la Ciudad a acordar un aumento en las asignaciones familiares”. 

En el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) consideraron  «inaceptable» la propuesta salarial paritaria formulada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y exigieron «el cumplimiento absoluto de la palabra empeñada». 

El mismo día en el que el Gobierno anunció que adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, expresó que los docentes deben tener prioridad en la vacunación. 

Trotta además habló sobre la posibilidad de extender el ciclo para los alumnos de los últimos años de secundaria con actividades durante el verano, hasta abril de 2021. “Todos los conocimientos pendientes van a implicar un abordaje en el 2021”, remarcó el ministro. 

Por otro lado, se mostró “sorprendido” por las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien apuntó que las clases terminarán el próximo 16 de diciembre y comenzarán el 17 de febrero. «Nos sorprende que la Ciudad tenga la voluntad de adelantar una discusión, es una cuestión de expectativa que tiene la Ciudad”, manifestó. 

«Antes de debatir en los medios la fecha de comienzo del ciclo lectivo deberíamos ponernos de acuerdo en el Consejo de Educación”, agregó. Luego, aclaró que “no serán automáticas” las promociones de los diferentes niveles educativos, y precisó que en este momento “hay siete provincias donde hay clases presenciales” y ya se está “trabajando en el calendario escolar 2021”. 

Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, Infogremiales, APU.