La Corte ha dado en los últimos días algunos pasos para reafirmar la idea de que constituye un factor decisivo del armado institucional argentino. Y que no sólo “habla” a través de sus sentencias sino que vuelca también opiniones en el ámbito público sin que venga a colación ninguna causa judicial.
Ese tribunal es la cúspide del único poder del Estado que tiene mandato a perpetuidad y se halla eximido de cualquier intervención del voto popular para ascender a sus funciones o ratificar su permanencia en las mismas. Esa prosapia elitista y de rasgos monárquicos resulta reivindicada a la hora de mostrarse como un poder por encima de los otros.
Por supuesto nos referimos a los poderes formales y no a los de hecho. Ocurre que justamente es de su pétrea subordinación al poder económico y comunicacional que el tribunal supremo extrae buena parte de su sólida influencia.
¡Viva el arrepentimiento!
El último martes la cabeza del Poder Judicial nacional rechazó un recurso extraordinario interpuesto por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que cuestionaba la constitucionalidad de la figura del “arrepentido”, aquel que a cambio de efectuar delaciones obtiene una reducción de pena y otros beneficios judiciales.
Ese “delator premiado”, figura de prosapia estadounidense e incorporación plena a nuestra legislación en 2016, es clave para el sostenimiento de la llamada “causa de los cuadernos”. Y erige en valiosa prueba de cargo al resultado de oscuras negociaciones entre quienes llevan adelante la causa y los acusados de un delito.
Ese proceso es una irregularidad andante. Como es sabido los famosos “cuadernos” han “aparecido” y “desaparecido” misteriosamente y están poblados por borraduras y agregados de diferentes manos. Ante lo endeble de esa prueba escrituraria, los dichos de numerosos delatores, buena parte de ellos empresarios de la obra pública, constituyen el reaseguro para que la causa se sostenga.
Por la magnitud de las sumas involucradas y la amplia publicidad que viene obteniendo hace años, este juicio es una pieza clave a la hora de hundir a la actual vicepresidenta, y al kirchnerismo en su conjunto, en el lodazal de una corrupción de escala faraónica.
Poco importa que el “arrepentimiento” también esté sujeto a sospechas, como que algunos de los declarantes hayan denunciado después que fueron sujetos de innobles presiones por parte del magistrado que instruyó la causa y otros funcionarios judiciales. La palabra de los “imputados colaboradores” será tenida por válida; el tribunal de última instancia así lo quiere.
El país se encuentra en campaña electoral y resulta inevitable discurrir acerca del sentido de la oportunidad de una decisión como esta.
La hora de la reapertura.
Máxime cuando instancias subordinadas del Poder Judicial se han movido en la misma dirección. Dos jueces de la cámara de casación penal federal acaban de disponer la reapertura de los juicios conocidos como “Hotesur-Los Sauces” y “Pacto con Irán”.
El primero contiene serias sospechas de traspaso irregular de importantes sumas de dinero de Lázaro Báez y algún otro empresario amigo a los caudales de la familia Kirchner. El segundo cuestiona una decisión de política pública que puede ser legítimo objeto de críticas, sin que quede claro porqué éstas deberían ser dirimidas en sede judicial.
Lo que asimila a ambos expedientes, más allá de su muy diferente carácter, es que son piezas de la sistemática persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. La que a su vez integra la búsqueda del hundimiento del “populismo” ya no por inaptitudes políticas sino por inhabilidad moral.
Traer a primer plano estas cuestiones judiciales, a un mes de los comicios presidenciales, opera como un potencial disuasivo del voto a la candidatura presidencial apoyada por la expresidenta.
Y lo hace a modo de recordatorio de que la disyuntiva electoral no debería radicar sólo ni principalmente en términos ideológicos y programáticos, sino gravitar en el plano legal y ético. La “judicialización” de la política como herramienta disciplinadora del electorado.
Javier no preserva nuestra moneda, Patricia sí.
Ocurre sin embargo que en estos tiempos, luego del éxito alcanzado por la postulación presidencial de Javier Milei en las PASO, las conminaciones a no votar por el peronismo no gozan de un contenido inequívoco. No equivalen ya a un llamado al sufragio por Juntos por el Cambio (JxC).
Quizás esto ha llevado al presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura a emitir una indicación más terminante. El vehículo fue una entrevista que le hizo a Horacio Rosatti el diario español El País. Allí tachó de inconstitucional la eventual “dolarización”, que constituye bandera destacada del candidato de La Libertad Avanza.
Sostuvo allí “…si la dolarización elimina al peso, es inconstitucional”. A lo que siguieron atendibles disquisiciones acerca de que el articulado de la Constitución Nacional encarga a las autoridades nacionales la emisión de moneda y preceptúa la existencia de un banco emisor (el mismo Banco Central que Milei propone dinamitar).
Más allá de la justeza del fondo del planteo, no puede atribuirse al juez santafesino la menor cuota de inocencia. Apunta a la descalificación del postulante “libertario”, cuya sombra amenaza sepultar la candidatura cambiemita de Patricia Bullrich.
Hasta se permitió el magistrado hablar en el mismo reportaje a favor de alternativas próximas a la “convertibilidad” o al “bimonetarismo”, que nada casualmente son las favorecidas por los asesores económicos de la exministra de Seguridad. Como para que la claridad de la sugerencia electoral se torne más meridiana.
El dinero y la “justicia” coinciden una vez más.
Cabe notar que las “instrucciones” de Rosatti convergen con las que emiten en estos mismos días connotados representantes del establishment. A comenzar por el propio mentor del economista ultraliberal, Eduardo Eurnekian, que salió a advertir (nada menos que en el curso de una entrevista con Bullrich), que si no se modera, Milei puede convertirse en un prospecto de “dictador”.
Llamativa advertencia, en un conspicuo representante de una clase social que no trepidó en impulsar poderes dictatoriales sangrientos a la hora de buscar la mejor protección de sus intereses. Quien además fue el encargado de colocar al economista en el lugar de estrella mediática que terminó catapultándolo a serio prospecto presidencial.
Otro tiro para el lado de la candidata. Una muestra de la coincidente preocupación de “Su Señoría” y del magnate de la Corporación América por la defensa de la coalición que, por más que pase por un momento crítico, continúa siendo la expresión más orgánica y “confiable” del programa del gran capital en nuestro país. Y de que no tienen deseos de que el “monstruo” que crearon siga trepando más arriba de lo previsto al inicio.
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