Nueva marcha a Lago Escondido

La protesta fue agredida a piedrazos por la patota de Lewis con complicidad policial.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), afirmó durante el inicio de la octava marcha que “ni la patota ni matones pagos de Lewis van a impedir que sigamos profundizando nuestra lucha en defensa de la soberanía”.

El gremio estatal es una de las tantas organizaciones sindicales, sociales, políticas y de Derechos Humanos, entre otras, que año a año se movilizan para exigir la liberación de los caminos que llegan hasta el Lago Escondido, donde Lewis tiene su mansión custodiada por su patota y la Policía.

Aguiar señaló que el inglés “se acaba de declarar culpable en Estados Unidos por varios delitos” y criticó que “acá lo tratan como un señor” mientras “afuera es un delincuente”.

“El apoderamiento ilegal de decenas de miles de hectáreas de tierra, el cercamiento de un lago, lesionan de manera grave la soberanía de nuestro país. No van a ser estos jueces y fiscales que toman whisky con él en su mansión los que le pongan un freno. Va a ser este pueblo movilizado el que va a terminar de echar a estos usurpadores de la Patagonia”, agregó.

Durante el inicio de la movilización, el dirigente sindical también se dirigió a los policías presentes en el operativo que bloqueaba el acceso al lago. “Ninguno de los policías, salvo los jefes, llega a fin de mes. ¿Quién tiene la plata? La plata la tiene Lewis y la tienen muchos Lewis en la Argentina. Ese es el debate que tenemos que empezar a dar. Tenemos que darnos ese debate. ¿Hasta cuándo vamos a defender a estos que nos quieren colonizar? Se tienen que ir de la Argentina. Acá está el pueblo, tienen que defender al pueblo”.

El gobierno anterior había iniciado una acción legal contra Lewis

En octubre del año pasado, una resolución del Ministerio del Interior declaró lescivas al interés nacional las autorizaciones concedidas a Hidden Lake para la compra de esa área de frontera. Las actuaciones fraudulentas que avaló el macrismo.

El Gobierno nacional había anunciado su intención de recuperar para el Estado argentino las 10.823 hectáreas que la empresa británica Hidden Lake, propiedad del súbdito inglés Joe Lewis, detenta en la región cordillerana de la provincia de Río Negro, en las cercanías de El Bolsón.

Lo hizo a través de la resolución 1603/2023 del Ministerio del Interior, firmada por el secretario del Interior, José Lepere, que declaró como “lesivas al interés nacional” las autorizaciones concedidas para la compra de aquellas tierras legalmente protegidas por ser Áreas de Frontera.

Para ello decidió iniciar una “acción judicial de lesividad contra Hidden Lake a fin de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones de previa conformidad” otorgadas a esa empresa subsidiaria de la corporación multinacional británica Tavistock Group.

La Lesividad es una figura del derecho moderno que le permite a los estados nacionales demandar la nulidad de un acto administrativo basado en fraudes y falsedades, pero que ha generado derechos.

En una extensa y fundada Resolución de cinco páginas, el Ministerio del Interior enumera un extenso listado de actuaciones fraudulentas e irregularidades administrativas que permitieron a la empresa británica, desde 1996, hacerse con las tierras que encierran al Lago Escondido.

La Resolución sostiene que “es correcto velar por que los actos ilegales sean declarados nulos de nulidad absoluta e insanable, y en consecuencia dejen de tener vigencia”. El Estado lo solicitará vía judicial en el fuero Contencioso Administrativo Federal, y en caso de una salida favorable, podrá retomar la propiedad de las tierras sin indemnización.

En apretada síntesis, la Resolución se fundamenta en que el origen del conflicto se cometieron reiterados actos fraudulentos con el fin de ocultar la nacionalidad de extranjera de los compradores de tierras que se encuentran dentro de una zona de Seguridad de Fronteras, y que por tal condición solo pueden concederse a ciudadanos argentinos y con un permiso previo especial.

La compra fraudulenta para ocultar al verdadero propietario había sido descubierta en 2012 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Ésta se lo notificó a la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado), que en 2016 solicitó al ministerio del Interior la declaración de lesividad y recuperación de las Tierras. Pero el entonces titular de la cartera y actual candidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se negó a efectuarlo y ordenó archivar el caso. Semanas después, el procurador Carlos Balbín fue despedido por el expresidente Mauricio Macri.

La Resolución también cita una detallada investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que en abril de 2022 reveló que “la sociedad Hidden es nula por tratarse desde el mismo origen de un acto simulado, constituida con abuso de derecho y actividad ilícita”, por lo cual pidió su intervención y disolución.

La decisión del Ministerio del Interior se difundió los primeros días de octubre por vías extraoficiales, pero está fechada el 23 de septiembre, y deja en posición incómoda al entonces senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien desde 2011 ha puesto todo su empeño legal, político e institucional para proteger los intereses de la multinacional británica.

La denuncia que llevó a la resolución del ministerio del Interior fue iniciada durante 2022 por la exsenadora nacional rionegrina y actual diputada provincial electa, Magdalena Odarda, con el auspicio de los abogados Ernesto Mentecino Odarda y Juan Martín Palumbo. Odarda es también quien desde 2005 libra la batalla judicial por la apertura de un acceso corto y amigable al Lago Escondido a través del camino público de Tacuifí, ubicado a mitad de trayecto entre Bariloche y El Bolsón.

Tras casi cuatro años de gestión y a pocos días de las elecciones, el Gobierno nacional finalmente se decidió a tomar un tema delicado que igualmente debería transitar un largo camino administrativo y judicial ahora sin el interés de la administración de LLA.

Presentaron un recurso contra el fallo que le regala Lago Escondido a Joe Lewis

El Superior Tribunal de Río Negro –la máxima autoridad judicial provincial- dispuso el 31 de agosto pasado darle la razón a Lewis. El fallo de STJ rionegrino, según la apelación de la ex senadora y diputada, Magdalena Odarda, “clausura y entrega a privados el Camino de Tacuifí, la única vía de acceso razonable y posible al Lago Escondido. Clausurada esa vía –que, de hecho, pasa a ser territorio de Lewis-, la única forma de que un ciudadano argentino pueda acceder al Lago Escondido es un sendero de montaña. “Requiere de un tránsito de cuatro días a pie o a caballo -por lugares de alta peligrosidad y fragilidad ambiental- en plena zona cordillerana y a pocos kilómetros de la frontera con Chile”, explica el recurso presentado por Odarda.

Según el documento, el fallo del Poder Judicial rionegrino, además, “convalida judicialmente la privatización de un reservorio de agua dulce de máxima pureza, excluyendo al 99% de la población argentina de conocer una maravilla natural que le pertenece”. Y, por otra parte, “anula la garantía del Artículo 73 de la Constitución Rionegrina que otorga el derecho a todos los habitantes de acceder libremente a ríos, mares y lagos como bienes de dominio público del Estado”.

En efecto, bajo el título “Acceso y Defensa de las Riberas”, ese artículo dispone que “se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público. El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías de circulación por las riberas”.

“Este fallo (…) excluye para siempre de la posibilidad de conocer un bien natural común en forma segura, a niños, ancianos, enfermos y personas con discapacidad o movilidad reducida. Por otro lado, dado la imposibilidad fáctica de que los argentinos lleguemos al Lago Escondido libres y seguros, regala parte del territorio al capital británico al ceder un reservorio de agua dulce de importancia estratégica para la región por su ubicación en área de seguridad de frontera, lo cual afecta en forma flagrante nuestra Soberanía”. La presentación denuncia “la entrega de bienes públicos más escandalosa de la historia de la Provincia de Río Negro”.

El recurso extraordinario subraya también que el fallo del Poder Judicial rionegrino ignora sentencias de otros tribunales, incluso de la Corte Suprema federal, que “habilitaban las dos vías de acceso: Tacuifí y Sendero de Montaña” así como informes técnicos “que daban cuenta de las características topográficas de uno y otro acceso, dejando en evidencia la falta de razonabilidad en la solución definida por el STJ”.

El recurso extraordinario es la vía por la cual un fallo del Tribunal Superior rionegrino puede ser recurrido ante la Corte Federal. Para ello son necesarios dos pasos: que el STJ provincial acepte la apelación y que la Corte Suprema haga lo propio y se introduzca en el tema. Ambos escenarios de difícil concreción actualmente.

Bandera de remate

A la Argentina le pusieron bandera de remate. Y en la mesa de saldos y retazos disponibles para su extranjerización sin límites se encuentran todos los cuerpos de agua dulce del país, según intentó imponer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dictado por el Gobierno Nacional.

El Gobierno libertario lo hizo al derogar la Ley 26.736, conocida como «Ley de Tierras», que limita la venta a extranjeros, pero también prohíbe explícitamente hacerlo si la propiedad contiene o es ribereña de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Al desaparecer la Ley, se despeja el camino para la apropiación extranjera del agua dulce, bajo todas sus formas.

El capital extranjero, en consecuencia, quedaría habilitado para apropiarse de los grandes esteros del Litoral y la Mesopotamia, de los ríos de planicie y de montaña, de los humedales, de los lagos, nacientes y glaciares patagónicos, y hasta de las tierras donde se encuentran las zonas de recarga de los acuíferos, como el Guaraní y el Puelche.

Además, quedarían a tiro de chequera los estratégicos Humedales Altoandinos en los desiertos del altiplano al oeste de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Se trata de grandes oasis en el desierto árido de la Puna que actúan como fuente irremplazable de agua y alimento para la vida silvestre y los asentamientos humanos. Hace años que estos ecosistemas sufren el acoso de la actividad minera, por lo que el nuevo avance privatizador podría ser letal.

El presidente Javier Milei habilita la entrega al capital extranjero multinacional del control de acceso a un elemento indispensable para la vida como es el agua dulce. Sin regulación, ellos decidirán quién sí y quién no.

«En términos legales el agua es un bien de dominio público que está por fuera de la apropiación privada. Legalmente nunca puede ser extranjera, pero sí el acceso al agua puede serlo», explica la abogada Florencia Gómez, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales del exministerio de Ambiente.

Gómez precisa, empero, que en la realidad la cosa cambia: «Con un esquema como el de Joe Lewis en Lago Escondido, se terminan adueñando igual; la clave aquí es quién controla el acceso al agua». El inglés Lewis conformó un Ejército Parapolicial amparado por el Gobierno de Río Negro y avalado por el Poder Judicial, con el que impide por la fuerza el acceso al Lago. En consecuencia, asegura Florencia Gómez, «la derogación de la Ley de Tierras viene con la extranjerización del agua. Materialmente y, de hecho, se está extranjerizando».

«Derógase la Ley N° 26.737». Así, con apenas 25 caracteres, el artículo 154 del polémico megadecreto de Milei busca eliminar la norma que desde 2011 fija límites estrictos a la extranjerización de la tierra y, en los hechos, impide la desnacionalización del agua.

El artículo 10 de aquella Ley prohíbe explícitamente «la titularidad o posesión por parte de las personas extranjeras» de aquellas tierras que «contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes».

El decreto reglamentario 274/2012 define a los cuerpos de agua como «todas aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman el sistema hidrológico».

Y la envergadura se define por su capacidad de satisfacer los usos de interés general relevantes en la región en la que se encuentren. En otras palabras, lo que importa para vedarlo a las manos extranjeras es la necesidad de la comunidad a la que se encuentre vinculado el cuerpo de agua.

La derogación de la Ley de Tierras «afecta la soberanía sobre recursos naturales estratégicos. Por ejemplo, en el Departamento de Bariloche, en Río Negro, ya está excedido el límite del 15% de la tierra en manos extranjeras: allí hay un 22 %. Y es la zona, precisamente, donde están las nacientes de los ríos, los glaciares y los lagos en zona de Seguridad de Frontera», detalla el abogado Fernando Kosovsky, cofundador del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT).

Kosovsky ejemplifica uno de los tantos peligros de la extranjerización en el caso del inglés Joe Lewis: «Acá tenemos un extranjero que controla territorialmente un paso internacional con seguridad privada armada, sin que haya control del Estado. No sólo no se controla al privado, sino que no se protege a la población argentina. Es un error geopolítico y una pérdida de soberanía».

Una muestra de lo que puede venir se produjo en noviembre pasado, cuando la Inspección General de Justicia impidió a una poco transparente fundación estadounidense, la supuesta Fundación Humedales del multimillonario Paul Tudor Jones, comprar 1,2 millones de hectáreas en el macrosistema Iberá, en la provincia de Corrientes. La operación fallida era intermediada por el estudio jurídico Allende-Ferrante el mismo que representa los intereses de Joe Lewis en sus negociados patagónicos.

La embestida de Milei no es la primera que se produce contra la protección del agua dulce. Ya en 2016, y también por Decreto de Necesidad y Urgencia, el expresidente Mauricio Macri había atacado la Ley de Tierras 26.737 al modificar los estrictos términos de la norma que impedían la extranjerización del agua. Macri relajó significativamente los trámites obligatorios que debían efectuarse para verificar que una compra de tierras por un extranjero no incluyera un cuerpo de agua. Lo convirtió en algo casi automático desnaturalizando el espíritu de la norma que luego no fue sanada por el gobierno del expresidente Alberto Fernández.

«Javier Milei está jugando el segundo tiempo de Mauricio Macri», caracterizó la abogada ambiental Florencia Gómez ante un escenario donde el futuro distópico sobre una privatización del agua potable ya asoma en el horizonte».

La justicia suspendió el artículo del DNU de Milei que derogaba la “Ley de Tierras”

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó una cautelar por la cual suspende el artículo del DNU que derogaba la norma que restringe la venta de campos a extranjeros.

La Ley de Tierras (Ley 26.737) limita la adquisición y posesión de tierras a personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera y prohíbe la adquisición de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Lo que pretende la política entreguista de Milei al derogar esta ley, es liberar el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía estatal, que incluye tierras demandadas por las naciones indígenas.

El DNU de Milei no solo condiciona la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces.

En el fallo se hizo lugar a la acción de amparo impulsada por el presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo, quien objetó al Ejecutivo nacional la posibilidad de derogar la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, así como todo acto jurídico realizado desde la fecha de su entrada en vigencia.

“Sin la Ley de Tierras se va a cuadruplicar la presencia de grupos empresariales en el territorio nacional”

Por Celeste del Bianco

Javier Milei emitió un DNU por el que pretende derogar 360 leyes aprobadas en el Congreso de la Nación, entre ellas, la Ley de Tierras que limita al 15% la posibilidad de que capitales extranjeros sean propietarios de la tierra. En ellas hay recursos valiosos como el agua.

“Se va a cuadruplicar en poco tiempo la presencia de grupos empresariales en el territorio nacional, vaya a saber con qué intención, muchos vendrán con la idea fija del extractivismo”. Quien habla es Mauro Millán, lonko mapuche de la comunidad Pillán Mahuiza en Chubut.

La derogación de la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, anunciada este miércoles con el DNU de Javier Milei, abre la puerta a la extranjerización y apropiación de las tierras y las riquezas naturales del país, sin ninguna regulación. “Argentina todavía tenía el privilegio de contar con uno de los territorios que garantizaba la continuidad del ser humano en esta parte del mundo, porque hay agua limpia, suelos limpios, todavía hay bosque nativo o bosque antiguo como decimos nosotros y la gente tiene que saber que está ahí porque hay un sector de la sociedad que ha venido luchando hace mucho tiempo por eso, entre ellos la sociedad mapuche”, agrega Millán.

Lo que dispone la Ley de Tierras Rurales

La Ley 26.737, que el DNU pretender derogar, establece un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial y departamental. Se trata de un régimen de protección que fue sancionado por el Congreso en el año 2011, Según el Informe de Auditoría del Registro Nacional de Tierras Rurales publicado en abril de 2022, dichos porcentajes se encontraban transgredidos en algunos departamentos debido a los derechos adquiridos por extranjeros antes de su sanción, como es el caso del departamento de San Carlos en Salta.

De forma simultánea, la legislación determina que una misma persona física o jurídica no podrá acumular más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, conformada según lo establece el Decreto N° 820/2013, por 33 departamentos y partidos de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, generando un mecanismo para determinar las equivalencias en cada provincia.

El organismo a cargo, que dejaría de existir con el DNU, es el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. “Ahora queda expuesto lo antagónico de un proyecto de vida frente a estos proyectos de saqueo que no dejan ningún tipo de beneficio hacia la sociedad en general, lo veníamos denunciando aun sabiendo que había un marco regulatorio de la masa territorial de este país que le ponía cierta restricción a este proceso de extranjerización”, asegura Millán.

Un punto clave de la ley está en el artículo 10 que prohíbe la titularidad o posesión por parte de personas extranjeras de inmuebles “que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes” o “ubicados en zonas de seguridad de frontera”. Es decir, esta ley impide –mientras esté vigente– que los recursos naturales como las nacientes de un río puedan ser apropiadas por un capital extranjero.  

No obstante, en los hechos, existe un gran porcentaje de las tierras, sobre todo en la Patagonia, que ha sido apropiada por grandes empresarios extranjeros aun siendo ilegal. El mayor ejemplo es Joe Lewis, impidiendo el acceso a un río.

Las hectáreas son ajenas

Según el RNTR el país tiene 266.711.077 hectáreas y un 5,02% es propiedad de extranjeros. Se trata de 12.520.826 hectáreas. Si se mira el mapa, las provincias con mayores porcentajes de extranjerización están en el Noroeste, el Litoral y Cuyo, probablemente por sus recursos mineros y de agua dulce. Las que se ubican en lo más alto son Salta (11,5%), Misiones (11%), San Juan (10,4%), Corrientes (9,2%), Mendoza (8,7%) y Catamarca (8,64%). La única de la Patagonia con las cifras de ese nivel es Santa Cruz, que tiene un 8,11%. Pero estos números no siempre fueron así…

En 2016, Mauricio Macri emitió el Decreto 820 que flexibilizó las medidas y, entre otras cosas, permitió que empresas extranjeras puedan ser consideradas nacionales por la cantidad de accionistas que posean, como fue el caso de Cerezas Argentinas SA, del grupo Bulgheroni radicado en Uruguay.

Las estadísticas del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualizadas al mes de abril de 2022, dicen que 2.772.096 de hectáreas argentinas está en manos de estadounidenses, 2.051.446 de hectáreas son propiedad de capitales italianos, 1.815.047 de españoles y 851.534 en poder de capitales suizos.

La patria extranjerizada

“Veíamos exótica la llegada de grupos empresariales qataríes (a Río Negro), ahora nos damos cuenta de que no llegaban por casualidad sino de la mano del empresario Mauricio Macri quien le obsequió gran parte de esos territorios y que ellos controlan con otros grupos empresariales de Arabia Saudita, también se ha naturalizado la presencia del inglés Joe Lewis y de los italianos como Benetton”, asegura Millán. Ya en febrero de este año, Tiempo publicaba que los qataríes estaban alambrando lagunas de alta montaña y las nacientes del río Chubut, incluyendo tierras ancestrales mapuche, en clara transgresión de la ley vigente.

Cabe recordar que según un informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, realizado en 2021, los grandes terratenientes extranjeros de la Patagonia son: el Grupo Benetton (Italia) con 900.000 hectáreas, en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz; el Grupo Heilongjiang Beidahuang (China) con 330.000; Somuncura Patagonia SA (Francia), con 155.000; Rabino Elimeir Libersohn (EE UU) con 140.000; Gold Corp (Canadá) con 130.000; Trillum Corporation (EE UU) con 125.000; Roberto Hiriart (Chile) con 100.000; Anglo Ashanti Gold (Sudáfrica) con 50.000; Grupo Burco (Bélgica) con 85.000; Ted Turner (EE UU) con 56.000 y Joe Lewis con 38.000.

En febrero de 2022, Susana Lara, periodista de Neuquén, aseguraba que la presencia de Lewis en Lago Escondido permitió el asentamiento de otros capitales. “Ellos compraron mucha tierra y la revendieron a capitales de los Emiratos Árabes. Parte de esas tierras son vecinas de la parte norte de Lago Escondido y otras sobre el río Chubut. Fue fundamental que él quedará fortalecido para que otros capitales hicieran pie en esa zona”.

Algunos de los nuevos dueños de tierras en la Patagonia son el emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, que tiene hectáreas en Río Negro; el magnate árabe Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri, que se expande en la zona mapuche del río Alto Chubut; y Abdulhadi Mana Al-Hajri, hermano de la segunda esposa del emir de Qatar, que compró tierras en Río Negro. Lara resaltó que también hay grupos nacionales que tienen extensos territorios en esa zona, como Roemmers, Techint, Bulgheroni y hasta la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, que tiene adquisiciones en Río Negro. Además, advierte sobre la presencia de fundaciones como Fundación Tompkins, dueña de tierras rurales ubicadas estratégicamente en reservas de agua dulce y acceso directo a plataformas marítimas en América del Sur.

“Todo eso que de alguna manera se regulaba, aunque veíamos que el proceso de extranjerización avanzaba igual, ahora que se deroga con este decreto que ha planteado este gobierno encabezado por Javier Milei y nos deja absolutamente vulnerables, va a generar más tensión con la sociedad y los pueblos que venimos hace muchos años demandando el cumplimiento de derechos que jamás pudimos ver en la práctica”, concluyó Millán.

Fuente: Tiempo Ar

Preocupación en las Comunidades por el DNU: “Los viejos cuervos de siempre vienen por la Tierra”

Por Julia Lastra

El mega decreto de Javier Milei deroga la Ley N° 26.737 que establece límites al dominio extranjero sobre la propiedad de las tierras rurales. El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, aseguró que “ese es el único botín que ellos quieren”. La Confederación Mapuche de Neuquén y el Tercer Malón de la Paz también manifestaron su rechazo.

Durante su discurso de asunción y en gran parte de la campaña, Javier Milei destacó la figura del ex presidente Julio Argentino Roca, incluso lo calificó como “uno de los mejores presidentes argentinos”.

“Será duro. Pero como dijo Julio Argentino Roca, ‘nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo, cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios’”, manifestó el libertario el 10 de diciembre. 

Las comunidades originarias han manifestado su preocupación ante la llegada de líder de La Libertad Avanza al Ejecutivo y las primeras medidas que anunció su gobierno. “Veníamos denunciando actitudes antidemocráticas de la derecha, actitudes violentas y racistas”, expresó uno de los werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo. 

“El Presidente pone en valor la idea de la Generación del 80 y sobre todo de la figura del General Roca, con todo lo que significó para gran parte de la sociedad hace 145 años”, indicó Carriqueo y agregó: “Muchos de nuestros abuelos, de nuestras familias vivieron eso tanto la campaña genocida del desierto en la Patagonia como la campaña genocida del desierto verde”.

“Venimos cuestionando social y políticamente esto. Ese genocidio todavía no ha sido discutido por la sociedad y no lo ha reconocido el Estado. Creo que eso también la ha dado cierto poder a la derecha para sostenerse.  Primero en base a la concentración de las tierras que ocurrieron en aquella época y que después porque en base a esos genocidios construyeron su poder económico y político”, manifestó el referente mapuche.

Respecto al protocolo anti-piquetes establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló: “Hablan de libertad cuando son ellos los que protestan pero los negros, los indios, las organizaciones sociales no pueden protestar. La sociedad no puede protestar, son ellos los dueños, los patrones y los señores”. 

En esta línea, contó que durante la marcha que realizaron la semana pasada a Viedma para rechazar las modificaciones inconsultas del Código minero y Ley de Tierras 279, y en defensa del agua y la tierra, “todas las combis y los colectivos fueron parados, subió la policía y le escaneó los documentos a todos”.

“El plan que tienen no es posible sin la represión y sin los métodos de persecución de la dictadura, eso es lo que pretende Bullrich cuando dice ‘vamos a hacer listas de los dirigentes’, es tener las listas negras que tienen los gobiernos militares”, sentenció Carriqueo.

En esta línea, el vocero aseguró: “Que 40 años de democracia se hayan conmemorado teniendo un presidente que no cree en la democracia es grave. Lo que pasó con el protocolo y el mega DNU es que son actitudes que se asemejan a una dictadura”. 

Entre las modificaciones anunciadas en el Decreto 70/2023 se encuentra la derogación de la Ley N° 26.737 de Tierras rurales porque según el nuevo gobierno “limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. 

Dicha ley fue sancionada y promulgada en diciembre del 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y establece límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. 

La norma considera tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino, limita al 15% el porcentaje de tierras que podían tener los extranjeros y fija un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo.

La misma había sido modificada en 2016 por Mauricio Macri ni bien asumió y eliminaba la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. De este modo, se había habilitado la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional.

Respecto a la derogación de esta ley, Carriqueo expresó: “Ese es el único botín que ellos quieren porque lo que buscan es el negocio de la tierra, el negocio de los recursos, la desregulación financiera. Estamos al frente del inicio de un saqueo”. 

“La extranjerización de la tierra es algo que viene ocurriendo pero que esto lo habilita. Si uno analiza lo que pasó en la década infame o después de la campaña al desierto con la entrega de tierra a los extranjeros como las estancias inglesas del sur, que obtuvieron 1 millón de hectáreas, es eso lo que ellos pretenden”, precisó el vocero mapuche. 

En esta línea condenó: “Este es un gobierno de pibes chetos que pone la cara y hacen toda la comunicación, pero atrás están los viejos cuervos de siempre que vienen por la tierra, por los minerales, por las montañas y por el agua”. 

Por último, Carriqueo consideró que “el Gobierno tiene que reflexionar porque las medidas que ha anunciado han generado un descontento generalizado. La inflación y la crisis económica se los va a llevar puestos porque son los promotores de esa crisis”. 

“Más allá de todas las medidas económicas, financieras y judiciales que hay el mayor peligro es que se pierda la democracia”, reflexionó y sostuvo que la sociedad “debería empezar a tomar nota de quiénes son los diputados y senadores, qué hacen porque de traidores y panqueques la clase política está plagada”. 

“No le veo mucho futuro al gobierno con el plan que tiene. Muy alejados del gobierno de facto no están, Milei cree que es un rey y que puede gobernar por decreto. Pero estamos en una democracia y hay que cuidarla”, finalizó.

Comunicado Confederación Mapuche de Neuquén

Tras la promulgación del mega DNU, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado y advirtió que “el pueblo nación mapuche se asume bajo estado de amenaza ante una presidencia que promueve odio racial y que busca privarnos de derechos que han sido ganados a costa de vidas que han quedado en las rutas o en los territorios”. 

“No hay ningún gobierno que haya logrado imponer una política a palos porque ningún pueblo deja hijos librados a la represión y a la muerte”, expresaron sobre el protocolo anti-piquetes y rechazaron el DNU.

“Bajo la falsa apelación a la necesidad y urgencia intenta arrasar con derechos básicos, habilita la venta de bienes comunes ambientales y científicos, atenta contra derechos gremiales y laborales, lesiona gravemente el sistema de salud y rompe las reglas fundantes del sistema democrático”, manifestaron.

Por último, sentenciaron: “Hemos vivido un sistema democrático débil, incompleto, desigual, que ha impedido que las naciones indígenas ocupen el lugar que nos corresponde. Pero con todas esas falencias que son reparables con la movilización popular, este sistema desaparece ante un autoritarismo represor, clasista, racista y organizado para una mayor explotación a manos de los grupos de poder económico concentrados”.

Comunicado del Tercer Malón de la Paz

En la misma línea el Tercer Malón de la Paz, conformado por comunidades indígenas de Jujuy, expresaron su preocupación y rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia “por inconsulto y violatorio a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, lo consideramos improcedente, inconstitucional”.  

“La Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011 expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras”, indicaron y precisaron que la derogación de la misma “conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros”. 

“Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables: comunidades indígenas podrán ser expulsadas por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el deslizamiento de la explotación hidrocarburífera”, detallaron.

También cuestionaron la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera porque “implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto”.

Los mayores dueños de las tierras argentinas

1) High Luck Group Argentina (1.148.000 hectáreas)

Es una empresa privada de capitales chinos dedicada a la extracción de petróleo crudo y gas natural. Tiene dos concesiones ubicadas en Salta: Chirete (50 y 50 con Pampa Energía) y los bloques de exploración Morillo y Tartagal Oriental. Es subsidiaria de New Times Energy Corporation Limited, con sede en la ciudad de Hong Kong, China. 

Chirete tiene 897 kilómetros cuadrados de bloque exploratorio (89.700 hectáreas). En tanto, la firma tiene una participación mayoritaria de la concesión Tartagal Oriental y Morillo, extendida a lo largo de 10.583 kilómetros cuadrados (1.058.300 hectáreas). Son 1.148.000 hectáreas que están bajo el control de High Luck Group, aunque no son de su propiedad.

2) Grupo Benetton (920.000 hectáreas)

El italiano Luciano Benetton está al frente de la familia extranjera que es propietaria de la mayor cantidad de tierras en el país. Por medio de la Compañía de Tierras del Sud Argentino poseen 920.000 hectáreas entre Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires. 

De ese total, según el perfil corporativo, 356.000 hectáreas corresponden a las estancias Leleque y Montoso (Chubut), Maitén (Chubut y Río Negro) y Pilcañeu (Río Negro), donde producen 390.000 kilos de lana por año, tienen 100.000 cabezas de ganado ovino Merino y 8.600 cabezas bovinas Hereford. El grupo se completa con las estancias Coronel y Cóndor (Santa Cruz) y Santa Marta (Buenos Aires). Siembran trigo, maíz, soja, girasol y papa. 

3) Integra Lithium (573.000) 

Íntegra Lithium es una de las empresas del conglomerado presidido por José Luis Manzano. Además de su participación en empresas energéticas y medios de comunicación, este exfuncionario del gobierno de Carlos Menem está involucrado en uno de los recursos que concentra mayor interés económico en el mundo: el litio. 

La empresa tiene tres proyectos con el 100% de propiedad sobre 573.000 hectáreas: en 496.000 de ellas están las conocidas «salmueras» mediante las cuales se alcanza el contenido de litio por medio de un proceso de evaporación. De ese total, 14.000 hectáreas están ubicadas en la provincia de Jujuy, 149.000 en Catamarca y 333.000 en La Rioja. De acuerdo a datos disponibles en el sitio integrallithium.com, también suma un proyecto de extracción en roca dura de 77.000 hectáreas en Catamarca. 

4) Cresud S.A (538.822) 

La firma presidida por Eduardo Elzstain tiene 538.822 hectáreas en las provincias de Santa Cruz (100.911 hectáreas), La Pampa (9.615 hectáreas), Entre Ríos (6.024 hectáreas), Santa Fe (1.431 has), Córdoba (1.534 has), San Luis (7.010 has), Mendoza (674 has), Chaco (26.370 has), Catamarca (12.395 has) y Salta (37.858 has). 

El conglomerado también está integrado por Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), dedicada al desarrollo inmobiliario y dueña de los principales shoppings del país. 

Su última compra fue el campo “Los Sauces”, de 1.250 hectáreas, ubicado en La Pampa, por el que la firma pagó 4,5 millones de dólares.

No menos importante es uno de los proyectos en los que está concentrada IRSA en la actualidad. Ocurre que la disputa por la tierra no solo se da en las provincias, sino que también tiene su capítulo en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el nombre «Costa Urbana», busca poblar de torres y comercios los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca, al sur de Puerto Madero. 

El caso está judicializado: en marzo de 2023 la Cámara de Apelaciones porteña validó el convenio urbanístico entre el Gobierno porteño e IRSA al anular el amparo de las entidades civiles que se oponen. De acuerdo al portfolio oficial, el terreno tiene 70 hectáreas y el 71% sería de uso público. «Ubicación premium, 56 macro lotes para construcción y capacidad constructiva de 895 mil metros cuadrados. 15 a 20 años de desarrollo», son algunos de los puntos que se promocionan.

5) Estomonte A.G.S.A (404.098)

El caso de Estomonte A.G.S.A. está judicializado en una causa por acción de deslinde. Se trata de una propiedad de grandes magnitudes en plena Cordillera de Los Andes, ubicada en el Departamento de Calingasta, en San Juan. Fue comprada por la firma de origen suizo en diciembre de 1978. 

Años atrás, la delimitación del terreno comenzó a debatirse en la Justicia cuando la firma National Lead S.A. entró en quiebra y anunció el remate de un campo que, para Estomonte, tenía los límites confundidos y la perjudicaba. El fondo del conflicto estaba en las dificultades geográficas que presenta la cordillera para la agrimensura. 

El expediente de la causa 51021194/2012 está radicada en el Juzgado Federal de San Juan y en trámite actual ante la Corte Suprema. Del análisis de un importante cúmulo de documentos se desprende la existencia de problemas de demarcación, pero de acuerdo a un plano del 2009, Estomonte tiene una superficie de mensura de 404.098 hectáreas, sin superficie en título.

En ese campo de gran magnitud hay ríos, zonas glaciares e importantes picos montañosos.

Distribución de las tierras según nacionalidad hasta abril de 2022 (Imagen: Ministerio de Justicia)

Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%). A la fecha, ninguna supera el límite del 15% que fija le Ley.

Sin embargo, estos datos no están completos, por motivo de la modificación de la Ley a partir del decreto 820/2016 de Macri, que levantó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional. 

Fuentes: DataClave, Resumen Latinoamericano, Farco, Tiempo Ar, Perfil.

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