¿El resultado electoral del 7 de junio representa un vuelco en el proceso de descomposición del régimen, de su clase política y sistema de partidos, de sus cámaras legislativas y del Instituto Nacional Electoral? ¿El proceso electivo de 2015 contribuye de modo significativo a la superación de la crisis de representación del sistema político mexicano, […]
¿El resultado electoral del 7 de junio representa un vuelco en el proceso de descomposición del régimen, de su clase política y sistema de partidos, de sus cámaras legislativas y del Instituto Nacional Electoral? ¿El proceso electivo de 2015 contribuye de modo significativo a la superación de la crisis de representación del sistema político mexicano, de la crisis de legitimidad y legalidad del Estado mexicano y de sus tres poderes? ¿Los resultados de la pasada «contienda» electoral son muy diferentes a los esperados o calculados por la Constituyente Ciudadana o por otros analistas? ¿La elección del 7 de junio fue una fiesta de la democracia y la constatación de que en México nos encaminamos hacia formas de participación ajenas al fraude, la corrupción y la injerencia de poderes de facto mayormente delincuenciales que operan a través del propio estado, los medios de comunicación, las trasnacionales y potencias como Estados Unidos?
I. El fraude es consustancial al sistema político mexicano
El fraude y la mentira son condiciones estructurales del sistema político mexicano y de sus procesos electorales: el 7 de junio este hecho volvió a confirmarse.
Para empezar los resultados están trucados: la participación electoral no fue entre el 47. 25 y el 48.51 por ciento, fue mucho menor. (1) El 1° de mayo pasado Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, declaró ante los Vocales Ejecutivos de la Junta Local de Jalisco que «el Consejo General del INE aprobará el Padrón Electoral y la Lista Nominal en su sesión extraordinaria del próximo miércoles 6 de mayo», el más confiable de la historia, y «adelantó que son 87 millones 244 mil 921 los inscritos ante el Instituto y 83 millones 563 mil 190 ciudadanos los que podrán sufragar por contar con su credencial de elector actualizada y con datos validados». (2) Esos datos sobre el total de empadronados y la lista nominal aparece, si no la han retirado o modificado, en el portal electrónico del INE.
Para alcanzar el 47 o 48 por ciento de participación ciudadana, el INE retiro de la lista nominal a 5 millones 649 mil 784 personas inexplicablemente. Es decir, pasó de 83 millones 563 mil 190 a 77 millones 913 mil 406. Si la cifra que se toma como referencia -la primera– la participación ciudadana ronda el 43 por ciento y no el 47 aludido por el INE. Cifra que se reduce al 38 por ciento, si se toman en cuenta los votos nulos que rondan el 5 por ciento.
Así las cosas, los porcentajes de votación para cada partido en función de la lista nominal no rasurada, nos dan una imagen real del nivel de representatividad de cada uno. Por ejemplo, con cifras aproximadas, la votación del PRI con respecto a la lista nominal oficial, no alterada, pasaría del 29.8 por ciento al 13 o 14 por ciento; la del PAN del 21.9 al 10 u 11 por ciento; la del PRD del 11.1 al 4.5 o 5 por ciento, la de MORENA del 8.8 al 4 por ciento y la del PVEM del 7.1 al 3.3 o menos; mientras el resto de los partidos desaparecería. Y si el cálculo se hiciera tomando en cuenta el número de los inscritos en el padrón electoral, es decir, los más de 87 millones registrados, el partido con más votos no representaría más que a poco más del 11 por ciento. Ese es el nivel de representación formal de los partidos políticos, aunque en realidad el problema es más grave.
Ahora, si a todo eso le restamos los votos comprados o coaccionados propios de una elección de Estado como la vivida el 7 de junio, el nivel de votación real se reduciría a la mitad. Porque los mecanismos, a través de los que operan las elecciones de Estado en México, son los mismos que en otras ocasiones han sido denunciados por diversos organismos. Los cuales estiman que el porcentaje del voto comprado o coaccionado llega al 50 por ciento. Esto es particularmente notorio en las prácticas electorales del PRI, PAN, PVEM y PRD. Tanto el PRI como el PAN, mayormente, suelen usar a los partidos satélite como el Verde o al nuevo Encuentro Social, como vehículos para inducir votos. Así ocurrió en Hidalgo, donde el último partido mencionado superó el 9 por ciento de la votación con el apoyo del señor Chong.
Entonces, descontando los votos del fraude, en el caso señalado de los 4 partidos mayoritarios, su caudal de votos oscila entre el 7 por ciento y el 2 por ciento del total. Ese es su nivel de representación real.
Todo es más evidente si nos detenemos en las votaciones registradas en varios de los estados más importantes en número de población. Por ejemplo, en Nuevo León perdieron el PRI y el PAN; el candidato independiente, el tal «Bronco», con todo y representar una opción empresarial, significa una ruptura con las formas históricas del comportamiento electoral de la población de la entidad. Igual sucedió en Jalisco. En la Ciudad de México, perdió el PRD, el PRI y el PAN que se aliaron para combatir a MORENA. En el Estado de México, el PRI sufrió descalabros severos y en Puebla el nivel de abstención fue de los más altos.
En realidad, si incluimos el número de casillas no instaladas, 603, el más alto desde 1991 y el número de votos anulados que tuvo su epicentro en la Ciudad de México, podemos decir que pese a todo el despliegue publicitario, la crisis de representación y el descredito del régimen y del propio Estado siguen por el mismo derrotero, hacia su recrudecimiento. En dicho contexto resultan ridículas las opiniones de que la cantidad de votos anulados se debió a que las y los votantes se equivocaron y marcaron mal su boleta. Por cierto, el nivel más alto de abstencionismo se dio en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México con 14 por ciento del total de los anulados en esa «entidad». Todos saben que en dicha Delegación, el nivel de escolaridad y de ingresos es de los más altos de la república.
Además los testimonios sobre el rebasamiento de los gastos o topes de campaña y la manipulación descarada del voto de la pobreza en los estados donde la participación fue muy alta, como en algunas zonas de Chiapas, Yucatán o San Luis Potosí, entre otros lugares, revelan la podredumbre del régimen y de su nula voluntad de corregir, su descomposición estructural, propia y necesaria en un sistema político que gobierna a favor de minorías antinacionales y antihumanas.
Pero no sólo están esos datos, existen además múltiples hechos que constatan el descredito y la crisis del sistema de partidos y de la clase política. El proceso electoral aconteció en medio del recrudecimiento de la militarización, de la represión hacia movimientos y colectividades que han sido colocados en una situación de injusticia que, en muchos sentidos justifica su reacción ante un proceso electoral que desde la clase política y el Estado mexicano, pretende legitimar las injusticias y la impunidad de quienes las cometen a favor de los intereses oligárquicos. Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de los Padres y Normalistas de Ayotzinapa y de múltiples comunidades en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, son justas en lo fundamental. Contra ellas se cebaron todos los poderes incluidos el mediático y los directamente delincuenciales. El asesinato de activistas como Antonio Vivar Díaz, en Tlapa Guerrero, fue parte de un operativo integral, donde se articularon el poder ejecutivo, el ejército, la marina, y todo tipo de policías con paramilitares ligados a la delincuencia organizada y a partidos como el PRI y a sectores del PRD.
En ese sentido, tiene razón Carlos Fazio, «las elecciones paramilitarizadas del 7 de junio estuvieron signadas por la violencia. Una violencia que venía de atrás y remite al poder en un Estado plutocrático, clasista y racista, y a la vieja forma de hacer política en México. En momentos como el actual, la acción de los poderes fácticos y el Ejército son acciones para liquidar la República, en tanto son represivas y destructoras de la nueva política que pugna por alumbrar, producto de que un sector importante y consciente de la población quiere decidir su destino.» (3)
II. 7 de junio el fraude esperado
Si bien este no es el lugar para hacer una crónica del proceso electoral, sí lo es para decir que el resultado no era inesperado. (4) Las proyecciones sobre las votaciones a favor de los principales partidos se cumplieron. La caída del PRI amortiguada por el PVEM y la debacle del PRD se cumplieron, acaso sorprendió el porcentaje de votos del PAN. Igual se confirmaron las expectativas de votación para MORENA. En cuanto a las posibilidades del boicot electoral, igualmente se mantuvo en los márgenes previstos de focalización en algunos estados y regiones. En todo caso el porcentaje de voto nulo era algo más incierto. Por lo que se refiere al monto de la abstención se mantenía en la incógnita y muchos esperábamos un porcentaje mayor; sin embargo el cómputo final se mantiene en los márgenes de lo esperado.
Todo mundo sabía que el triunfador formal sería el PRI y los partidos del Pacto por México, con excepción del PRD. Que este sería utilizado a modo de legitimación de la nueva andanada de despojos y represiones derivadas de las últimas reformas estructurales. Lo sucedido a la CNTE, ilustra la condición real del régimen. Muestra sus debilidades al recular ante el posible crecimiento del boicot con el que amenazaban las y los docentes, sin importarles la legalidad, sin reparar en que su decisión de suspender las supuestas evaluaciones violaba su Constitución neoliberal. Evidencia la total falta de honor y la desvergüenza absoluta de quienes usurpan las instituciones de la Republica. A estas alturas de su descomposición, que involucra a personajes como el Rector de la UNAM y a los más encumbrados empresarios del país, la manipulación mediática y la represión serán los principales medios para escalar la destrucción de los derechos sociales y nacionales.
Creemos que los hechos corroboran que más allá de intereses limitados legítimos, el principal problema para el futuro de la sociedad civil y el pueblo de México, no estribaba en llamar a votar o no votar, en participar o boicotear la elección. Que por el momento no había mayor oportunidad de lograr un avance en la organización de la resistencia nacional colocando en el centro la disputa electoral bajo cualquiera de sus formas. Que debíamos poner la mirada más allá del 7 de junio, entendiendo que por el momento no tenía caso exacerbar los debates entre fuerzas momentáneamente contrapuestas, pro-voto o abstencionistas, a las que finalmente el régimen ha colocado como enemigos a vencer, como víctimas potenciales de la nueva ola represiva y saqueadora. Creemos que era razonable entender los motivos de quienes llamaban a la abstención, el boicot y la anulación, y de igual modo entender las necesidades contenidas en las colectividades que ven en la lucha electoral la ocasión de darle cause a luchas reivindicativas democráticas o directamente materiales.
Ahora más que nunca se requiere de hacer frente común ante el triunfalismo de la clase política y sus partidos corrompidos. Denunciar el carácter antidemocrático, antipopular y antinacional del régimen y no dejarse engatusar por ventajas electorales transitorias.
III. Mantener la resistencia a la usurpación y luchar por la unidad nacional-popular
Todas las proyecciones relativamente confiables sobre el futuro inmediato de las mayorías y clases nacionales son catastróficas. En términos de desastre económico social el propio gobierno asume que los recortes al presupuesto público y el estancamiento del Producto Interno son la constante previsible. Recrudecimiento de la pobreza, del desempleo y de la destrucción de derechos laborales, sociales y nacionales será la tónica de una nueva crisis económica que aún no supera las secuelas que dejó la crisis de 2008-2009. Con un crecimiento errático de la economía estadounidense, la permanencia de la crisis en Europa y el fin del ciclo de precios altos de las materias primas, el futuro se antoja lúgubre. La radicalización de la guerra contra el pueblo, que convierte en enemigo interno a todos los opositores, como lo atestiguan las últimas masacres y particularmente la de Iguala-Ayotzinapa, constituye la carta a jugar por el gobierno. Las amenazas a la CNTE, los cargos contra Nestora Salgado, Rubén Sarabia, entre otros cientos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, son ilustrativos del clima de criminalización de los opositores que se cierne sobre el país.
No obstante las rupturas y distancias entre la sociedad civil y el Estado, acrecentadas a raíz de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala y de la crisis de credibilidad y legitimidad del régimen, no ha sido posible articular uno o varios movimientos nacionales que den cauce común a quienes protestan en las calles y a los millones que desde sus lugares de vida están hartos de las acciones del gobierno y la clase política.
Persiste un cierto agotamiento de la representación ética y política de los movimientos sociales y políticos, electorales y extra-electorales que, a fines del siglo pasado e inicios del presente, ocuparon la escena política nacional, mientras las nuevas representaciones aún no acaban de emerger. Hasta ahora siguen predominando las propuestas que insisten en convocar a la unidad de la izquierda o las izquierdas a través de un frente nacional o por medio de la unidad y de las alianzas construidas alrededor de un «gremio» o de una corriente ideológica. En la mayoría de los casos se confunden y contraponen los procesos de unidad de la izquierda con la unidad de las clases y mayorías nacionales: indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes y clases medias.
La desarticulación de las resistencias sociales y civiles no es accidental. A diferencia de lo que piensa la mayoría de las personas que ideológicamente se declaran de izquierda, el apoliticismo, es decir, la tendencia a poner en el centro intereses particulares por sobre los generales, a desligar unos de otros, es resultado de la «confusión» entre la unidad de la sociedad civil o pueblo y la unidad de la izquierda. Cuando los más ideologizados proponen el frente de único de clase, únicamente integrado por obreros y campesinos pobres, fomentan un economismo o gremialismo formalmente radical, que impide o frena la posibilidad de ejercicio de la representación nacional por parte de las clases trabajadoras. A contracorriente de las declaraciones de los partidarios de ese enfoque que confunde unidad antineoliberal o nacional con unidad de la izquierda, en ese horizonte socialmente sectario se abandona la lucha por el gobierno y el poder político desde la sociedad civil o el pueblo. No es un accidente que en las lógicas más extremas del gremialismo u obrerismo se sepulten los aportes de las comunidades y los pueblos indígenas y campesinos. Que las luchas por la democracia y los derechos humanos se usen a modo de coartada y se excluya todo lo que huela a clases medias. Eso ha sucedido y sucede en los frentes actuales.
Para enfrentar a los responsables de la tragedia humanitaria, que vivimos las mayorías nacionales y poner un alto a la clase política antinacional y a las oligarquías trasnacionales, requerimos pensar en la unidad de la sociedad civil, de la nación, de diversas formas de acción política y cultural. De otra forma, no existe ninguna posibilidad de enfrentar victoriosamente la lucha cotidiana por la defensa del territorio, por detener y revertir las «reformas estructurales». En ese proceso, deben conjugarse todas las formas de resistencia y desobediencia civil pacífica para dar cauce a la unidad de las mayorías y preparar el cambio de gobierno desde el pueblo.
Todo esto para explicar el porqué de nuestra negativa a enzarzarnos en las disputas dentro del campo popular sobre las diversas tácticas de participación en un momento no decisivo o trascendente y el porqué de nuestra resistencia a enredarnos en disputas por la unidad de la izquierda que sólo redundan en desunión y frustración. Se debe insistir en la necesidad de la reflexión y la construcción estratégica, como única forma de asumir adecuadamente las batallas cotidianas en defensa de la vida, el agua y los derechos nacionales, sociales y civiles, que finalmente expresan la lucha cotidiana por un nuevo gobierno, una nueva ética y un nuevo «pacto social» o constituyente.
Lo central es: ¿Qué sigue después del 7 de junio?, ¿Cómo construimos la unidad de las víctimas del neoliberalismo?, ¿Cómo rompemos las inercias del régimen a sumirnos en una nueva ola de despojos y crímenes de Estado?
En primer lugar, debemos asumir que vivimos bajo los gobiernos de la usurpación. En una situación de golpes de Estado Técnicos, de golpes a la Constitución, de fabricación de leyes que violentan su espíritu original, de magnicidios, de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, como lo definió el Tribunal Permanente de los Pueblos – Capitulo México (TPP). Todo ello para imponer la recolonización del país, una nueva ocupación integral de México, como lo señaló Pablo González Casanova. Recolonización que tuvo un momento detonador con la introducción abierta de las políticas de Estado de corte neoliberal y con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Así, lo que se impone, entre otras cosas, como parte de nuestros trabajos en marcha hacia la nueva Constituyente Ciudadana Popular, en el contexto de los resultados de las elecciones del 7 de junio y de la andanada desatada contra toda resistencia civil y social por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, es denunciar y repudiar este nuevo episodio de los gobiernos de la usurpación. Para lo cual proponemos organizar dos actividades que se desarrollarían tomando como referencia el Plan de Trabajo acordado en la asamblea del 2 de mayo.
1° Facilitar un proceso de juicio ético sobre la falta de probidad del proceso electoral del 7 de junio, a la manera de los trabajos realizados por el TPP-México; a concretarse en el mes de agosto, antes de que tomen posesión los nuevos diputados federales. Para ello, debemos apoyar la integración de un comité con académicos, artistas y representantes de organismos civiles y sociales.
2° Realizar una jornada nacional de repudio a la nueva usurpación del Congreso de la Unión a través de campañas de reflexión y acciones de resistencia y desobediencia civil pacífica, evitando las provocaciones que seguramente se montarán ese día.
Notas:
(1) www.jornada.unam.mx/ultimas/
(2) «Consejo del INE aprobará el 6 de mayo padrón electoral: Córdova», en Notimex, vie, 01 mayo 2015 17:56.
(3) Carlos Fazio, «Política y violencia», en La Jornada, 8 de junio de 2015.
(4) José Blanco, «Lo previsible», en La jornada, 9 de junio 2015.
Comisión de Facilitadores y Facilitadoras de la Constituyente Ciudadana-Popular