La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) realizó el viernes un plenario que contó con la participación de los gremios de base de todo el país para analizar la continuidad del plan de lucha que se viene llevando adelante.
En él se resolvió “convocar, junto a la FATUN y otras representaciones gremiales, a un paro de 48 horas para los días 11 y 12 de junio, debido a la falta de respuesta por parte del gobierno nacional”, informaron.
Además, habrá una movilización el próximo miércoles 12 frente al Congreso de la Nación, a las 9:00, “para manifestar en absoluto rechazo a la Ley Bases y exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra”.
El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, dijo tras el plenario: “Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno”.
“En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60 % de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto. Es por eso que convocamos a este paro de 48 horas y, en caso de no tener respuesta, profundizaremos el plan de lucha y convocaremos a nuevas medidas de fuerza”, agregó.
Alta adhesión al Paro Nacional Universitario del 4 y 5 de junio
Con una muy alta adhesión se desarrolló el Paro Nacional Universitario de 48 horas para visibilizar las demandas salariales del sector y en defensa de la universidad pública.
Es necesario aclarar que el conflicto universitario NO está solucionado ya que solo se aumentaron las partidas de los gastos de funcionamiento, que representan el 10% del total del presupuesto mientras que el 90% se corresponde con los salarios de quienes trabajan en las universidades y sobre eso el gobierno no dice nada.
Triunfó la lucha docente en Misiones
Luego de más de seis semanas de paro y suspensión de clases, y 17 días de acampe, miles de docentes volvieron a las aulas el lunes.
“Sabemos que muchos de los problemas que tiene el sector siguen ahí, pero pudimos negociar con rutas nacionales cortadas y esto sienta un precedente de lucha que nos va a acompañar ¡hasta que la dignidad se haga costumbre!”, arengó la dirigente Mónica Gurina de CTA-A el pasado jueves, a la espera de la reunión con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, que tuvo lugar el viernes. La negociación que se produjo en instalaciones de la Escuela Superior de Música (ESMu), en Posadas, transitó por temas que no fueron previamente acordados, mostrando la posición de avanzada que tomó la dirigencia gremial opositora.
“En el acta que firmamos acordamos que se vuelva atrás con todos los descuentos, que no haya más persecución”, explicaba Estela Genesini de UDNAM, frente a una módica multitud en la que se contaban tantas expresiones de cansancio como incipientes sonrisas al repasar los logros de la movilización docente. “Hay algunas a quienes nos descontaron dos jornadas de paro en marzo, y estuvimos movilizadas todo mayo, así que haber suspendido las sanciones es un logro en sí mismo”, señalaba Marilyn, docente secundaria de Posadas. Este punto de la negociación fue clave para que, en simultáneo, una decena de asambleas hayan decidido -desde distintos lugares de la provincia, comunicadxs por Whatsapp con quienes negociaban con Safrán- rubricar el acta de la reunión en la que convinieron “a no ejecutar medidas de acción directa mientras se sostenga el diálogo de esta mesa”.
Desde febrero de 2023, cuando las asambleas habían tenido otra confrontación con el gobierno provincial, el salario inicial de una maestra de grado creció más de 171% (de $166.000 a $450.000, respectivamente). Además, lograron detener la aplicación de la Resolución 241/24 del Consejo General de Educación, en donde el gobierno provincial y en nombre de “la situación económica actual de la República Argentina” proponía restringir las designaciones de cargos, titulares y suplentes, con criterios de mínimos de matrículas y perjudicando a aquellas poblaciones e instituciones escolares más alejadas, donde ya la infraestructura tiende a ser deficiente e inadecuada para el dictado de clases.
“Logramos que el pueblo misionero hable de cosas que no son agenda, como la corrupción del gobierno provincial o el alto costo de los servicios”, festejaba asombrada otra de las docentes intervinientes. La bocanada de oxígeno que significó este levantamiento docente es tal que, luego de varios años, volvió a convocarse periódicamente a marchar hacia la Legislatura (donde se concentran los más poderosos funcionarios del gobierno provincial) y repetir frases heréticas contra la pax rovirista, a ver miles de personas corear valientemente “Rovira tiene miedo”.
Luego de terminada la reunión en la ESMu, docentes bailaron, gritaron y cantaron en distintos lugares de la provincia. Se bañaron alegres en aplausos autogestionados y se prometieron, mirándose a los ojos, que esta experiencia no es ni será única, parafraseando a Gurina, hasta que las costumbre sea no necesitar combatir a las políticas del gobierno provincial “con la fuerza de las maestras”.
La consecuencia política más central sigue siendo que lograron forzar al gobierno provincial a ofrecer una salida política, a reconocer el poder de fuego del sector, o a tratar de no alimentar estas llamas en semanas en las que el turismo receptivo espera una buena oportunidad para alojar a visitantes de todo el país, por la fecha del Argentino de Rally que se disputa este fin de semana, pero también con feriados puentes y una nueva fecha del Turismo Carretera como nuevos hitos. Por esto o por aquello, el gobierno les oyó y convocó a la par de aquellos sectores dialoguistas señalados de cosechar acuerdos salariales producto de luchas ajenas.
Una combinación de factores muy oportuna, para maestras y profesores que llevaban 17 días en las calles, expuestos a inclemencias extremas del tiempo. La chance de encontrar una salida cuantificable y festejable, un aumento adicional de 13,5% al salario básico, mientras sus bases debatían en cada campamento los alcances de la cercanía del gobierno provincial a la gestión de Milei. Algunxs sostienen que el problema es provincial, que el gobierno de Milei puede considerarse indemne en esta pulseada, mientras que se suman las voces que toman lugar en la reflexión colectiva del efecto de las políticas adoptadas por el líder libertario.
Absolvieron a todos los estudiantes procesados de la universidad de Córdoba
El 28 de agosto de 2018, durante la toma del Pabellón Argentina, se indicó ante el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja que la institución se encontraba ocupada. Un mes después, con la medida de protesta ya levantada, comenzaron las imputaciones bajo el supuesto delito de “usurpación por despojo” y la acusación de 29 estudiantes como coautores. El 26 de junio de 2019 el Juzgado Federal N°3 dictó el procesamiento de 27 de ellos, quienes habían firmado un “acta de compromiso” de diálogo con las autoridades, a excepción de dos identificaciones a partir de su exposición en medios de comunicación.
La lista, en lugar de atender las demandas de la comunidad educativa, fue utilizada por Pedro Ramón Yanzi Ferreira, vicerrector de la UNC en ese entonces, para obtener nombres y apellidos y entregarlos al fuero federal, incluso tomando notas periodísticas como pruebas en el expediente. A pesar de constatar la entrega de las instalaciones en correcto estado, el magistrado dio curso legal a la causa y el fiscal Maximiliano Hairabedián solicitó la elevación a juicio oral, pidiendo embargos de hasta 50.000 mil pesos. Sin embargo, en ningún momento se puntualiza la participación de cada estudiante en los supuestos hechos.
Durante el aislamiento por la pandemia en 2021 el Juzgado intimó a que los estudiantes argumentaran contra la postura del fiscal y más tarde la Cámara Federal rechazó sus planteos de nulidad. El año pasado decidieron reactivar la causa, convocando a una audiencia preliminar que finalmente tuvo lugar en febrero, en la que los funcionarios judiciales insistieron en la elevación a juicio. Más allá de que eran penas excarcelables, el proceso planteaba un precedente para que el Poder Judicial interviniera en instituciones públicas con un claro interés de criminalizar la protesta y violar la autonomía universitaria.
Cabe recordar que uno de los reclamos particulares durante las protestas de 2018 era la finalización del convenio que la casa de estudios mantiene con la Policía Provincial, que durante el conflicto hostigó y persiguió a quienes participaban de manifestaciones, incluso vestidos de civiles. A su vez, los y las estudiantes denunciaron hostigamiento constante durante meses que, a pesar de haber sido grabado y presentado como prueba, fue descartado.
El pasado 5 de junio el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, con la firma del Juez Federal Pablo Montesi, resolvió declarar extinta la acción penal por prescripción. La decisión implicó la absolución de los 17 estudiantes que no aceptaron a lo largo de todo el conflicto ningún tipo de acuerdo previo, sosteniendo la inexistencia de delito.
Cientificidio
En el sector CyT, como lo señala la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, se está cometiendo un verdadero cientificidio. Las principales medidas que han impactado con mayor inmediatez y dureza están relacionadas, en primer lugar, con la disminución de recursos en todos los organismos de CyT y el ahogo presupuestario de las universidades públicas. El gobierno está incumpliendo además la Ley 27.614, que establece el incremento progresivo y sostenido del Presupuesto Nacional destinado a la CyT. Por otro lado, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, que está a cargo de algunas de las funciones del ex ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), ha paralizado o disuelto todos los programas que llevaba a cabo el MINCyT y en el primer semestre ejecutó menos del 2% de su presupuesto anual. Asimismo, la inflación interanual del 280% ha licuado los fondos para funcionamiento transferidos a los institutos y centros de investigación. Los salarios del personal del sector (científicos, técnicos, becarios y administrativos), ya de por sí bajos al inicio de esta gestión, han perdido más del 25% de su poder adquisitivo en los últimos seis meses. Se ha despedido a más de 200 empleados administrativos que cumplían funciones esenciales y hay aproximadamente 1.200 más cuyo vínculo laboral podría culminar el 30 de junio próximo. El CONICET redujo el número de becas doctorales de este año en un 50% (de 1300 a 600) y los nuevos ingresos a las carreras del investigador y personal de apoyo se encuentran paralizados. Huelga decir que estas políticas están alentando muy fuertemente una nueva fuga de cerebros.
Hay, además, una indefinición presupuestaria para la continuidad de proyectos de desarrollo nuclear como el CAREM, el RA-10 y el plan de medicina nuclear. En el caso del INTI está en marcha una reducción del 30% de su estructura, que conlleva el cierre y desmantelamiento de todas las unidades de extensión provinciales que brindan asistencia técnica y capacitación a entramados productivos locales. Por otra parte, si se diera curso a la “Ley Bases” que, al momento de escribir estas líneas, tiene media sanción en el Congreso, se dejaría en manos del Poder Ejecutivo Nacional, entre otras medidas, la facultad de modificar las funciones, reorganizar y disolver, total o parcialmente todos los organismos descentralizados, entre los cuales se encuentran gran parte de las instituciones de CyT. Como lo señalaron en la carta enviada al presidente Milei los 68 premios Nobel de ciencias:
El sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio y nos desesperamos ante las consecuencias que esta situación podría tener tanto para el pueblo argentino como para el mundo.
En términos similares se ha expresado recientemente la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), así como empresarios y cámaras de PyMEs del país, entre otros sectores.
El cientificidio que se está llevando a cabo tiene un objetivo muy claro. Milei y su gente, como ellos bien lo dicen, buscan “destruir el Estado desde adentro”. Y para ello se proponen eliminar de raíz la identidad y las capacidades acumuladas por el estado argentino a lo largo de su historia en materia de leyes y derechos laborales, educación, salud, ciencia y tecnología, política previsional, entre otras. Si en algún momento esta situación cambia y asume, como ha ocurrido en otras etapas del país, un gobierno que tenga al menos una mínima perspectiva de desarrollo más industrialista y soberana, el objetivo del gobierno actual es que sea imposible, o al menos muy difícil, reconstruir estas capacidades que tiene la Argentina y poner en práctica derechos elementales. Por ello, el ataque al sistema científico tecnológico argentino es el ataque a sus capacidades desarrolladas y a sus potencialidades para construir un país más justo, equitativo y soberano.
El proyecto que impulsa el gobierno de Milei no necesita de la Ciencia y la Tecnología porque se propone convertir a la Argentina en un país de economía primarizada, que en el mapa geopolítico mundial y de América Latina posibilite los negocios de los sectores de poder locales transnacionalizados y las empresas multinacionales con intereses en energía, minerales, alimentos y otros recursos naturales. Un complejo CyT como el que, con contradicciones y dificultades, ha logrado construir la Argentina representa un impedimento para la consolidación de este proyecto.
Para poder llevar a cabo esta tarea, el plan de Milei y sus seguidores consiste, por un lado, en paralizar, desfinanciar, desmantelar, sub ejecutar presupuesto, e impedir el funcionamiento de lasinstituciones y recursos del sector con medidas concretas como las ya mencionadas. Por otro lado, poniendo al frente de los organismos e instituciones de CyT a personajes sin experiencia, aptitudes, ni voluntad, para ejercer las funciones para las que son nombrados. No se trata de improvisación, como algunos suponen. Es parte del mecanismo de destrucción, que suma además la mentira, y la provocación. Tal el caso de la designación de Lilia Lemoine como 1ª secretaria de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados de la Nación, quien ha asegurado, entre otras manifestaciones, que la Tierra es plana, duda de que el hombre haya llegado a la Luna y ha difundido teorías conspirativas sobre el coronavirus. Este personaje se fotografía con el presidente del CONICET, Daniel Salamone, quien festeja su designación y es capaz, como lo ha demostrado, de censurar publicaciones de becarios e investigadores del organismo si se lo ordenan, de mentir sobre el presupuesto de la Institución y sobre la productividad de sus investigadores. O de vanagloriarse del ajuste que está llevando a cabo en el CONICET con los despidos de empleados y la reducción de las becas doctorales. Con estas acciones, los funcionarios de Milei buscan amedrentar, dilatar respuestas y distraer la atención sobre la magnitud del daño que se está produciendo en el sector, mientras este ocurre a pasos acelerados.
Por eso, en el caso de algunos de estos funcionarios, como el presidente del CONICET, cabe preguntarse si la comunidad de CyT nacional debe aceptar, y más aún naturalizar, como está ocurriendo, que uno de sus integrantes sea el responsable de tomar medidas que efectivicen la destrucción del organismo. O si, por el contrario, es necesario ponerle un límite a quienes, siendo integrantes de la comunidad científica, habiendo usufructuado de la universidad pública y realizado sus carreras pagadas por el estado argentino, presten abierta y desembozadamente su concurso para la destrucción de la ciencia y la tecnología del país. Más allá del hecho político que representa exigir su inmediata renuncia, es apropiado asumir que se trata de un imperativo ético.
Está claro que el sector de Ciencia y Tecnología en Argentina no se puede salvar solo. No hay posibilidades de modificar esta situación si no es en conjunto con aquellos sectores de la sociedad que, o porque no votaron a este gobierno o porque comienzan a darse cuenta de que está llevando el país a su disolución, estén dispuestos a ponerle un límite a la actual situación. La extraordinaria marcha en defensa de la universidad pública y gratuita que tuvo lugar el 23 de abril es un claro ejemplo del camino a seguir, así como las movilizaciones y paros emprendidos por las centrales sindicales y movimientos de trabajadores. Porque lo que está en juego en esta etapa histórica de la Argentina es la existencia del país como nación y la posibilidad de un futuro digno para las próximas generaciones.
* El contenido de este artículo es parte del editorial del N° 12 de la revista Ciencia, Tecnología y Política publicado en mayo del 2024.
En PBA reforman el régimen académico a espaldas de la comunidad educativa
El Régimen Académico Marco (RAM) regula el conjunto de la actividad de los institutos de formación docente. Cómo ingresar, qué documentación presentar, las modalidades de cursada, cuál es el régimen de asistencias para ser regular, qué notas son las mínimas para promocionar o para tener derecho al final, etc. Es decir, es un documento de extrema importancia para la vida institucional y su regulación ya sea académica como administrativa. Alberto Sileoni está a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y es el principal funcionario de Kicillof que impulsa esta reforma.
El cambio fundamental es en el régimen de cursada, ya que se instala por primera vez la posibilidad de cursar de manera virtual una cierta cantidad de horas según la materia. Hay materias que tendrán presencialidad plena y otras materias que pueden tener una “presencialidad con propuestas pedagógicas combinadas”, es decir, con espacios de presencialidad combinados con espacios virtuales. Esto por supuesto que no es malo en sí mismo, ahora bien, ante semejante cambio ¿la provincia piensa invertir en infraestructura para que haya mínimamente internet en los institutos de formación docente? Todos sabemos que hoy comprar una PC es más que difícil y más aún con los precios altísimos de las tarifas de internet para los hogares que Milei “liberó” y, al no tener ninguna regulación los precios se están disparando.
Los estudiantes en los profesorados sienten el tarifazo del transporte y cada vez se hace más complejo ir a cursar por no poder pagar el bondi, sobre esa base tener una PC e internet fijo con los precios en aumento y sin ninguna política de regulación ni del gobierno nacional como del provincial plantear la posibilidad de cursada virtual sin dar respuesta a estos problemas es continuar con la lógica de cursar en la precariedad, con el celular de un hermano, o con el tuyo pero con los pocos datos que uno tiene, ir cargando de a poco, quedarse sin visión por leer materias enteras desde la pantalla de celular y todos problemas que en la pandemia sufrimos.
El problema de la deserción ante el ajuste que estamos sufriendo no se aborda en ninguna parte del documento, ni siquiera para intentar dar respuesta a una situación crítica que vivimos en las cursadas que semana a semana hay algún compañero que deja la materia por no tener laburo, no poder pagar el bondi o por tener que trabajar más porque no alcanza. El documento habla de la necesidad de tener un seguimiento de las diferentes trayectorias educativas, con el espíritu de individualizar cada trayectoria para dar soluciones, pero nada se habla de esto y, menos que menos, de las mujeres que son madres y no las dejan cursar con sus hijes ni tampoco abren juegotecas para dar respuesta a este gran problema.
Otro de los cambios que aporta a la expulsión de los estudiantes es que las materias que se cursaron y quedan regulares en vez de tener 5 años para rendir el final ahora se tiene dos años y medio, aspecto que limita la posibilidad de acreditación ya que cada año un estudiante según los planes de estudio actuales tiene que cursar 10 materias o más quedándose con muchísimos finales para rendir y, si no lo hace en dos años y medio pierde la cursada y tiene que volver a empezar.
Del RAM propuesto el apartado titulado “carreras a término o ciclo cerrado” que detalla el modo en que se acreditará en caso de que la carrera cierre en el instituto. Aspecto que en el antiguo RAM nunca estuvo explícito ¿para qué se están preparando las autoridades de la DGCyE de la PBA para dejar explicitado un accionar ante el cierre de una carrera?
Ninguno de los cambios que desarrollamos en estas líneas fueron en consulta con la comunidad educativa que sostiene día a día la educación en los institutos. Los cambios lo escribieron los funcionarios del gobierno de Kicillof, mandan los documentos para que se intercambien en jornadas institucionales, pero ya elaborados y cerrados.
En las jornadas institucionales que se darán en estos días será importante plantear estos problemas. Que las jornadas se transformen en espacios asamblearios, en donde docentes y estudiantes puedan intercambiar, debatir y votar los cambios que realmente necesitan.
Fuentes: ANRed, Perfil, APU, La Izquierda Diario
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