Nuevo paro universitario: Docentes desconocen el acuerdo de rectores y gremios con el Gobierno

La huelga se pondrá en marcha luego del feriado y fin de semana largo del lunes 15 en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La medida fue tomada en el plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
Desde el sindicato exigen la “inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias”. En la misma línea, sostuvieron que las nuevas negociaciones salariales deben darse en el ámbito colectivo y que “ninguna propuesta puede discutirse por fuera del ámbito paritario”.
Además del cese de tareas, los gremios promoverán movilizaciones frente a tribunales federales para reforzar el pedido de mayores recursos para la enseñanza, la investigación y las becas.
El paro de actividades universitarias de cuatro días fue convocado a nivel federal por CONADU Histórica. Por lo tanto, el impacto es de carácter nacional.
Afecta a establecimientos dependientes de las universidades nacionales situados en todas las provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Estudiantes Universitarios: La suspensión alcanza a cientos de miles de alumnos pertenecientes a las facultades de las universidades públicas del país.
Colegios Preuniversitarios: los alumnos de escuelas secundarias o primarias dependientes directamente de las universidades nacionales (los denominados colegios preuniversitarios o escuelas experimentales) también.
¿Cómo seguirá el paro docente tras la medida de fuerza?
Gremios docentes como la COAD evalúan medidas de fuerza aún más contundentes como realizar un paro por tiempo indeterminado a partir de lo que resta de junio o proponer una votación nacional general para no iniciar las clases del segundo cuatrimestre.
“La organización, la participación colectiva y la movilización han demostrado ser el único camino para defender la Universidad Pública y la dignidad de sus trabajadores. Desde COAD, siempre impulsaremos las medidas de fuerza necesarias y la unidad imprescindible para fortalecer la lucha”, reafirmó el sindicato mediante un comunicado en redes sociales.
Las compulsas y encuestas muestran un rechazo a la «oferta» oficial, incluso bajo la manipulación de direcciones que están actuando a favor del pacto. En la FeDUBA, el sindicato afín al rectorado de la UBA, el rechazo alcanzó al 87%. En la CONADU, han rechazado ADIUC (Córdoba), el sindicato de Rosario y también el de Quilmes. En Rosario, los docentes votaron que, si CONADU levanta el paro, ellos lo van a mantener. En la Escuela de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad de Córdoba, una asamblea de un centenar de docentes votó “el más enérgico rechazo” a la maniobra oficial, y reclamó una urgente asamblea extraordinaria de todo el gremio. En Tucumán, Bahía Blanca y UBA (AGD), donde se realizarán asambleas, se descuenta el rechazo. En San Luis, el sindicato impulsa una autoconvocatoria nacional de docentes y sindicatos, para desconocer el acuerdo incluso si es firmado por los involucrados. Un petitorio con más de un millar de firmas circula por todos los grupos y redes de la docencia, instando al rechazo.

3.000 docentes y no docentes autoconvocados exigen que se cumpla la Ley de financiamiento universitario

Reproducimos a continuación el texto del petitorio y llamamos a darle todo el apoyo.
Lo que corresponde no se negocia: la ley debe cumplirse
A las federaciones docentes y no docentes
Frente a las noticias que anuncian acuerdos salariales y el supuesto fin del conflicto universitario, reafirmamos que la única salida legítima es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Una ley que se consiguió con la lucha y el apoyo de miles en las calles, que fue ratificada por el Congreso y que cuenta con fallos favorables en la justicia.
No aceptaremos anuncios vacíos, maniobras de comunicación ni acuerdos construidos a espaldas de los trabajadores y trabajadoras. Quienes sostenemos cotidianamente la universidad pública somos quienes padecemos el deterioro salarial y quienes tenemos derecho a decidir sobre nuestras condiciones de trabajo. Los salarios se acuerdan en paritarias entre el Gobierno nacional y las asociaciones sindicales docentes y no docentes.
Por eso exigimos:
• El cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
• El pago retroactivo de la actualización salarial adeudada desde la promulgación de la ley (octubre de 2025).
• La incorporación de todas las garantías salariales al salario básico.
• Una recomposición salarial que recupere la pérdida real del poder adquisitivo acumulada durante este período.
Que cualquier propuesta sea discutida y sometida a consideración de las bases antes de ser aceptada.
No vamos a convalidar acuerdos que impliquen resignar derechos ya conquistados. No vamos a aceptar que se presente como una solución lo que en realidad significa incumplir la ley y consolidar la pérdida salarial de miles de trabajadores universitarios.
La ley debe cumplirse. Lo que corresponde no se negocia. No aceptamos migajas
Trabajadores universitarios contra la entrega del 21%.
Firmá el petitorio acá.

Los rectores firmaron en contra de la lucha por la Ley Universitaria

El gobierno, los rectores y las conducciones sindicales universitarias firmaron una tregua favorable al gobierno.
El miércoles pasado por la tarde se consumó un acuerdo entre el gobierno nacional, rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes sindicales docentes y no docentes por un incremento de partidas presupuestarias para salarios universitarios, becas, hospitales y gastos de funcionamiento.
Las autoridades universitarias y direcciones sindicales firmantes festejan el acuerdo como un triunfo y plantean que «no se bajan de la pelea por la aplicación completa de la ley universitaria». El gobierno nacional deslizó que necesitaban «cerrar la etapa del conflicto en las calles y garantizar que haya clases». Pero, por abajo, entre trabajadores universitarios, explotó un sentimiento contradictorio de malestar, confusión y un fuerte rechazo al acuerdo. ¿Por qué?
Tras más de dos días de intensa deliberación entre la docencia y la no docencia a nivel nacional, puntualizo algunos hechos:
1- El acuerdo incluyó un incremento salarial de 21,3% en junio, un 3% más recién en octubre y reuniones paritarias cada 3 meses. Así también, un incremento de 21,3% de la garantía salarial. Este incremento representa menos de la mitad de lo que obliga la Ley (54%); no se reconoce la retroactividad a octubre de 2025, el momento de la sanción de la misma, lo que exime al gobierno de pagar alrededor de 2,5 sueldos a cada trabajador en ese concepto; y no actualizará por inflación mensual sino paritarias cada 3 meses «contemplando» en la negociación la variación del IPC-Indec, por lo que la segunda mitad del año la inflación seguirá deteriorando el salario.
2- El gobierno viene realizando incrementos paritarios unilaterales por debajo de la inflación. Es decir, sin convocar a paritarias, viene decidiendo cuánto pagar mes a mes. No había impedimento para agrandar la billetera y dar unilateralmente otro aumento de sueldo de 21,3% o el monto que gustase para recomponer salarios, incluso por debajo de la Ley. ¿Por qué quiso la firma del acta? En primer lugar, para desactivar la «urgencia» y la «emergencia» que requiere la Corte Suprema para dar lugar a la cuestión de fondo del incumplimiento del Gobierno en su obligación de ejecutar la Ley. Esto quiere decir, la firma del acuerdo deja en peores condiciones cualquier reclamo por su aplicación. En segundo lugar, para cerrar el conflicto y deslegitimar los reclamos gremiales, estudiantiles y sociales por el financiamiento universitario.
3- ¿Los rectores que ganan con eso? Aunque demagógicamente denuncian la falta de presupuesto y los bajos salarios, también quieren cerrar el conflicto y «normalizar» las clases, sin importar que los docentes, investigadores, profesionales, no lleguen a fin de mes y den clases o realicen sus tareas en la facultad en esas condiciones.
¿Y las federaciones gremiales? El acta fue firmada por todas las Federaciones docentes y no docentes (CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA) excepto la Conadu Histórica, que aunque estuvo presente en su Congreso extraordinario del jueves pasado decidió no adherir y convocar un paro de 4 días. En algunos casos las Federaciones hicieron «consultas» con asambleas de urgencia y maniobras para lograr aprobaciones ficticias, donde incluso así la base se expresó rotundamente por el no (FedUBA, Rosario, Quilmes, Córdoba, Tucumán, AGD-UBA, San Luis, Río Cuarto, Luján, UNS). En otros casos, directamente la firma fue inconsulta.
De nuevo, ¿qué ganan las federaciones gremiales? Presentar a sus afiliados una «victoria», bajo el argumento falaz de que se arrancó algo al gobierno, fondos adicionales y, sobre todo, responder a su alineamiento con las autoridades universitarias.
En todos los casos, las negociaciones entre autoridades, dirigentes y el gobierno fueron a espaldas de la sociedad, utilizando como base de maniobra las expresiones genuinas de la sociedad a favor de la universidad pública y gratuita, como la movilización masiva del 12 de mayo en todo el país.
4- El acta también incluye un incremento de 50% para las becas estudiantiles Belgrano, que no son mayoritarias, pero ningún aumento para las becas Progresar. Se incrementa un 20% la partida de gastos de funcionamiento (debajo de la recomposición), un monto de $ 50.000 millones para Hospitales Universitarios. Así también «fondos de capacitación» para entidades sindicales, para que accedan a la firma del acuerdo. Desde ya, los estudiantes tampoco fueron consultados, ni se los tiene en cuenta, siendo los principales interesados en la calidad de su formación.
5- Una gran cantidad de trabajadores universitarios recibe con alivio el incremento, por magro e insuficiente que sea, porque los salarios son de pobreza. Pero también con disconformidad, rechazo e impotencia por sus dirigentes y supuestos representantes, que juegan con la necesidad para extorsionar con una firma.
En aquellas asociaciones de base en que hay mayor organización se realizaron asambleas y reuniones, en donde han ganado las posiciones de rechazar la oferta del gobierno para exigir la aplicación de la Ley, en otras han sido votaciones muy peleadas. En todo el país se impulsaron redes sociales y grupos para organizar acciones. Entre ellas, se firmó un petitorio con más de 3.000 firmas de docentes y no docentes por el rechazo al 21% y se están coordinando distintas convocatorias y acciones de lucha para los días que siguen, con paros, cortes de calles, movilizaciones, asambleas interclaustro.
La idea de que es imposible quebrarle el brazo al gobierno se cae en el momento en que éste debe ceder un importante aumento presupuestario para desactivar el conflicto. El «desgaste» al que se jugó la gestión libertaria durante dos años y medio fue más fuerte para el propio gobierno que para las y los trabajadores, a pesar de las amenazas, el hostigamiento, y los millones invertidos por el oficialismo para imponer el relato de que «no hay plata». Pero también el desgaste era motivo de preocupación para los rectores radicales y peronistas, que necesitan «ordenar» su terreno en las vísperas de los alineamientos electorales.
El gobierno obtuvo lo que quería: un acta firmada por sus propios contrincantes en el terreno judicial, lo que le permite avanzar en la impugnación de hecho la Ley de Financiamiento Universitario, votada seis veces en el Congreso. La entrega viene bajo la forma de triunfo. La firma por presupuesto es la negación de alcanzar el financiamiento que corresponde. Debe recordarse que el interés del gobierno por desfinanciar a las universidades no es meramente de ahorro fiscal, sino de atacar la usina de pensamiento crítico, de intercambio de ideas y de formador de fuerza de trabajo calificada que implican las universidades públicas nacionales.
Si se cierra o no el conflicto aún no está dicho. La moneda siempre se termina de definir en las calles. La ley está vigente y su reclamo más legítimo que nunca.

Preuniversitarios lanzan un petitorio a la Corte Suprema

El viernes 12 de junio, comunidades educativas de colegios preuniversitarios de todo el país lanzaron una campaña para reunir un millón de firmas y exigir a la Corte Suprema que ordene el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa surge mientras crecen las críticas al acuerdo firmado por rectores universitarios con el Gobierno
La iniciativa será presentada en una conferencia de prensa convocada en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en la Ciudad de Buenos Aires. Participarán familias autoconvocadas, Centros de estudiantes, docentes y no docentes de establecimientos dependientes de universidades nacionales de CABA, La Plata, Córdoba y Salta.
Entre las instituciones que impulsan la campaña se encuentran el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA; la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, de la Universidad Nacional de Córdoba; distintos establecimientos de pregrado de la Universidad Nacional de La Plata; y el Instituto de Educación Media Arturo Oñativia, de la Universidad Nacional de Salta.
La acción busca presionar a la Corte Suprema para que rechace el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo y ordene el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795, cuya aplicación implicaría la actualización de partidas presupuestarias para universidades nacionales, hospitales universitarios, becas estudiantiles y salarios docentes y no docentes.
«Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad y la independencia de los poderes y aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación», señalaron los organizadores de la campaña.
Desde las comunidades educativas remarcan que la situación afecta no solamente a las universidades sino también a los niveles inicial, primario y secundario que dependen de ellas. «De la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia dependen nuestros colegios preuniversitarios, jardines de primera infancia, colegios primarios, servicios de hospitales públicos, investigadores del CONICET y facultades de distintas carreras de grado a lo largo y ancho del país», agregaron.
El petitorio que comenzó a circular desde el viernes plantea que la Corte debe dar «tratamiento urgente» al expediente y rechazar el recurso del Poder Ejecutivo, ordenando «acatar al PEN la Ley de Financiamiento Universitario, y a transferir de manera inmediata la totalidad de los fondos retenidos de manera arbitraria e ilegal».
El texto sostiene que el financiamiento estatal es una obligación para garantizar una educación «GRATUITA, LAICA y de CALIDAD» y advierte sobre las consecuencias concretas que está generando el desfinanciamiento universitario.
Entre ellas menciona la amenaza sobre la continuidad del ciclo lectivo 2026 en las universidades nacionales y en sus sistemas de pregrado; las dificultades para afrontar gastos básicos de funcionamiento; el deterioro de los hospitales universitarios; el congelamiento de las becas estudiantiles desde diciembre de 2023 y la pérdida salarial de docentes y no docentes.
En uno de sus apartados, el documento denuncia que «el 85% de los docentes y el 60% de los trabajadores y trabajadoras no docentes están cobrando haberes por debajo del índice de pobreza que indica el INDEC». También señala que la falta de actualización de las becas afecta directamente las condiciones de cursada de miles de estudiantes y las define como «un elemento central de democratización y garantía de la Universidad gratuita y equitativa».
La presentación ante la Corte se inscribe en un conflicto que lleva más de un año. Mientras el gobierno nacional profundiza el ajuste sobre la educación pública y mantiene congeladas las paritarias universitarias, docentes, estudiantes, no docentes y familias vienen protagonizando movilizaciones masivas en defensa de las universidades nacionales y de los colegios preuniversitarios.
Con el petitorio buscan transformar esa defensa en una campaña nacional que involucre a familias, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales de todo el país. El objetivo inmediato es reunir un millón de firmas para exigir que se cumpla una ley ya votada por el Congreso y frenar el vaciamiento presupuestario que golpea a la educación pública en todos sus niveles.
La iniciativa impulsada por las comunidades educativas de los colegios preuniversitarios surge además en un momento de fuerte debate sobre cómo enfrentar el ajuste de Javier Milei contra la universidad pública. Mientras los rectores universitarios avanzaron en acuerdos con el Gobierno que fueron cuestionados por amplios sectores docentes y estudiantiles por no garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario ni la recuperación salarial, familias autoconvocadas, centros de estudiantes, docentes y no docentes buscan mantener en pie el reclamo y llevarlo a una nueva escala nacional.
La campaña por un millón de firmas surge de la necesidad de la organización desde abajo de quienes sostienen cotidianamente la educación pública frente a los intentos de cerrar el conflicto mediante acuerdos de cúpula. La defensa de la educación pública requiere profundizar la organización independiente de las comunidades educativas, fortalecer las asambleas, coordinar entre las distintas universidades y colegios del país y retomar el camino de la movilización masiva que el año pasado logró poner en jaque el ajuste educativo del Milei y sus cómplices.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Perfil

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