Más de dos mil empleados marcharon a la sede de la gobernación provincial para repudiar el episodio protagonizado el pasado viernes por el ex ministro Varizat. Los manifestantes arrojaron las vallas colocadas por la Policía, rompieron vidrios y dejaron pintadas. El gobernador Peralta llamó a la «paz social».Una manifestación de estatales terminó el pasado sábado […]
Más de dos mil empleados marcharon a la sede de la gobernación provincial para repudiar el episodio protagonizado el pasado viernes por el ex ministro Varizat. Los manifestantes arrojaron las vallas colocadas por la Policía, rompieron vidrios y dejaron pintadas. El gobernador Peralta llamó a la «paz social».
Una manifestación de estatales terminó el pasado sábado con el ataque de la Casa de Gobierno de Santa Cruz, en otro día de tensión en la provincia, tras el grave incidente que protagonizó el detenido ex funcionario kirchnerista Daniel Varizat, quien atropelló a 17 personas que hacían una protesta. El gobernador Daniel Peralta consideró que Varizat, cometió «una barbaridad, un acto irracional» y reveló que el presidente Néstor Kirchner y su esposa y candidata a sucederlo, Cristina Fernández, están «muy preocupados» por el hecho.
El mandatario provincial mostró la soledad política en la que quedó quien fuera uno de los hombres fuertes del kirchnerismo, tras acompañar al jefe de Estado desde los 70, y pidió volver a una «paz social» que la provincia parece haber perdido. Al respecto, unos cuatro mil trabajadores se movilizaron al mediodía desde la intersección de las calles Roca y San Martín hasta la sede de la gobernación, donde también escribieron pintadas contra el presidente Kirchner, quien partió por la tarde a su residencia de El Calafate, junto con su esposa.
Varizat justificó el sábado su reacción al afirmar que «tenía miedo» de que lo «maten» las personas que rodeaban su camioneta, al hablar con una emisora radial de la Ciudad de Buenos Aires, pese a que continúa detenido en una comisaría de Río Gallegos y que pesó sobre él una «incomunicación».
«Lo que pasó es que fui agredido por más de 200 personas que me empezaron a insultar y a golpear. Me amenazaron de muerte y querían abrir las puertas» de la camioneta en que circulaba, dijo el ex ministro de Gobierno de la provincia del presidente Néstor Kirchner. Sobre el estado de conmoción en el que vive Santa Cruz, manifestantes volvieron a concentrarse en el mismo lugar donde ayer reclamaron aumento salarial, exigieron que «el poder político y la justicia castigue» al ex funcionario y pidieron la renuncia del jefe de la Policía local, Wilfredo Roque.
Al llegar a la Gobernación ubicada en Acorta y Comodoro Rivadavia, arrojaron las vallas y llegaron hasta el hall de entrada, donde rompieron vidrios al lanzar piedras e hicieron retroceder a los efectivos policiales. Los empleados estatales convocaron a un paro provincial para el martes, llamaron a una asamblea popular el lunes y para reforzar su reclamo pidieron a los comerciantes que no abran sus negocios en repudio a la situación que atravesaron anoche.
También denunciaron el incendio de la carpa docente de la Dignidad, ubicada frente a la gobernación causado por un grupo de jóvenes desconocidos, que fue combatido por policías que custodiaban la zona. Según relataron integrantes del sindicato docente, en la madrugada tres chicos pasaron por el lugar, rociaron la carpa con un líquido combustible y posteriormente la incendiaron pero, gracias a la intervención policial, no ocasionó daños mayores.
Por otra parte, en el hospital regional de Río Gallegos quedaban internadas cinco personas, de las cuales una mujer permanecía en terapia intensiva con asistencia respiratoria moderada.
En el hospital local fueron asistidos 17 adultos que sufrieron heridas en el marco del incidente ocurrido anoche en la ciudad santacruceña y, según el último parte médico, aún quedaban internados cuatro mujeres y un hombre. El episodio generó una reacción de toda la oposición, que salió a cuestionar la situación política de la provincia y las deficiencias en la conducción que ejerce el presidente Kirchner en la provincia. El más duro fue el obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Juan Carlos Romanín, quien repudió la «violencia, que empañó la movilización pacífica de los trabajadores y vecinos de Río Gallegos».