Poder armar el rompecabezas de la (in)seguridad en Córdoba es realmente complejo. Los datos son fragmentados, atrasados, parciales. Se tiene que hacer un gran esfuerzo de búsqueda para encontrar unos poquísimos datos. A esto se debe sumar que ante cada pedido de informe oficial, las fuerzas policiales cordobesas se niegan una y otra vez a […]
Poder armar el rompecabezas de la (in)seguridad en Córdoba es realmente complejo. Los datos son fragmentados, atrasados, parciales. Se tiene que hacer un gran esfuerzo de búsqueda para encontrar unos poquísimos datos. A esto se debe sumar que ante cada pedido de informe oficial, las fuerzas policiales cordobesas se niegan una y otra vez a brindar datos que tendrían que ser públicos [1].
A pesar de eso, se va a hacer en este texto una simple recopilación de números, de datos e información que se creen importantes tener a disposición para poder ir armándose un pequeñísimo y fragmentado mapa de situación sobre las fuerzas de seguridad en Córdoba y el país.
Para empezar por los datos oficiales conocidos, es importante observar el crecimiento de la cantidad de efectivos que integran la policía de la provincia de Córdoba en tan sólo 5 años:
Crecimiento del cuerpo de policía de la provincia de Córdoba
2007 = 13.500 efectivos
2008 = 14.400 efectivos
2009 = 16.700 efectivos
2010 = 19.400 efectivos
2011 = 20.200 efectivos. [2]
Según las últimas declaraciones del Jefe de la Policía, Alejo Paredes, este número sería en la actualidad (diciembre de 2011) de más de 21.000 efectivos [3], y con intención de aumentarlo a 30.000 en un corto plazo.
Remitiéndose a los números oficiales, existiría en la actualidad un efectivo policial cada 141 habitantes en Córdoba. Si a esos 141 habitantes se resta niños y niñas, se le descuenta jubilados y jubiladas que poco pueden afectar la «seguridad pública», y todos aquellos que por distintas enfermedades están postrados o imposibilitados, y además la numerosa población carcelaria que ya está «vigilada» por el Sistema Penitenciario de la provincia. ¿De cuántos habitantes por policía se está hablando realmente?
En cuanto a la población carcelaria, es importante señalar que en 2005, el Cels anunciaba que la cantidad de presos en el país se había duplicado en tan sólo 7 años [4], lo que muestra a las claras hacia donde están yendo las políticas de «seguridad» del país. En el caso de Córdoba, según informa el Ministro de Justicia de la provincia, existen en la actualidad 5.971 internos [5]. Lo que no se encuentra en ningún sitio es la cantidad de efectivos que tiene el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, pero para semejante cantidad de internos, se tiende a pensar que el número no debe ser insignificante.
A estos números debe agregarse un dato no menor: la inmensa cantidad de «irregularidades» procesales a que es propensa tanto la policía de Córdoba, como el Sistema Judicial de la Provincia. Así, del total de quienes se encuentran alojados en las cárceles provinciales, contra toda garantía constitucional, el 54% están sin condena [6]. A esto se le debe sumar, que según el último informe oficial conseguido, que data de 2009, en Córdoba se detienen a 54.223 personas por año por aplicación del Código de Faltas, ese anti-inconstitucional instrumento de control social y represión con que cuenta la clase política y la policía, para detener y condenar a un ciudadano cada 10 minutos, sin ningún tipo de derecho de defensa en juicio, ni proceso judicial básico. Esto sin contar «las licencias» que se permiten nuestras clases políticas y el poder judicial, como la «Prueba Piloto de Periodo de Excepción» [7] puesto en pie durante todo el mes de mayo de 2010 en toda la provincia, donde con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, se suspendieron las garantías constitucionales de toda la población. Se insiste, en Córdoba las irregularidades son la norma.
Esta montaña de datos ya aterradores, se deben enmarcar en un contexto poco alentador a nivel nacional. Según la presentación del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado 2010 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) son 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por fuerzas de seguridad (policías provinciales, servicios penitenciarios, policía federal, gendarmería, prefectura, entre otras fuerzas) desde diciembre de 1983 hasta noviembre de 2010. El 51% son víctimas del gatillo fácil y 56 casos corresponden a asesinatos en movilizaciones populares. Por su parte, según un Informe del Centro de Estudios Legales y Sociales se muestra la existencia 14 muertes en manos del Estado solamente en los años 2010-2011 en represiones a sectores organizados en el marco de protestas sociales (ver cuadro). Estos datos hablan de que el Estado argentino mata desde 2003, una persona cada 28 horas [8]. Una cifra (que son vidas) escalofriante.
A nivel nacional, pero con repercusión en la provincia, también deben señalarse peligrosas medidas tomadas por el gobierno nacional, que violan los derechos individuales y atacan de modo directo a las organizaciones sociales y las libertades civiles. En este ítem se debe mencionar las novísimas medidas sobre la creación del Sistema Federal de Seguridad Biométrica [9], y la existencia y pretendida profundización de la «Ley antiterrorista» [10]. Esto sin contar medidas como la invasión de las calles del conurbano bonaerense o de la provincia de Santa Cruz con Gendarmería y Prefectura, haciendo que estas fuerzas puedan a partir de ese momento, de modo legal, tomar parte de la «seguridad interna» del país.
Respecto a Gendarmería Nacional, ahora como patrulla de calle y controles en rutas internas, el número de efectivos se elevaría a 30.000 gendarmes en enero de 2011, cifra que según informes especializados «seguramente hacia fin de año» sería mayor [11].
Antes de abocarse a las fuerzas armadas, siempre tan propensas a lo largo de la historia de nuestro país a «preocuparse» por el orden interno, es importante señalar un dato fundamental en la actual dinámica que las políticas de «seguridad» y «represión» están tomando en el país. Ante la cada vez más habitual «tercerización» de la represión por part e de los gobiernos y el Estado, un dato fundamental es la existencia en Argentina de 140.000 agentes de seguridad privada legalmente autorizados, mientras se estiman entre 75.000 y 110.000 más no autorizados [12] (todos estos verdaderos ejércitos armados al servicio de las clases pudientes). Esto sin contar, claro está, las patotas sindicales, los barrabravas mercenarios de caudillos locales, y un largo etcétera.
Si se habla de las Fuerzas Armadas Argentinas, el número de efectivos se eleva a unos 100.00 de personal activo y 450.000 de personal de reserva [13]. Estos números no deberían preocuparnos si la orientación y el sentido de las fuerzas fuera el cuidado de una posible invasión en manos de una potencia extranjera. Sin embargo, tanto la historia como las medidas del gobierno nacional, hacen sospechar que es un número que los ciudadanos argentinos debemos estar mirando siempre de reojo.
A todo este panorama, falta todavía sumar las 3.000 personas que, en principio, integrarían el Servicio de Inteligencia de la Nación [14]. En cuanto a los Servicios de Inteligencia hay que advertir que no sólo existe el organismo nacional que se dedica a esta tarea, sino que en el caso cordobés, existe numerosísimo personal «policial» de civil, e incluso cada comisaría tendría su propio personal de civil que cumpliría tareas de inteligencia. Esto sin contar con la siempre dispuesta colaboración de los servicios de inteligencia de otros países para con los aparatos represivos locales. En fin, en cuanto servicios de inteligencia refiere, es un área, obviamente, sumamente compleja y hermética como para saber efectivamente cuántos integrantes computa y de qué manera se articula esta enorme red de información y espionaje.
Como se observará, sin proponer ni intentar ningún tipo de análisis, la sola observación de los números de un tablero sumamente complejo y cuantioso, ya es motivo suficiente para estar alertas ante un Estado provincial y nacional, que tiende cada vez más a un Estado Policial de control y represión de la población que a un Estado democrático, donde los derechos civiles y populares de las inmensas mayorías tengan preponderancia por sobre los beneficios de unos pocos.
Sergio Job es integrante del Colectivo de Investigación «El Llano en llamas» y militante del Movimiento Lucha y Dignidad en el Encuentro de Organizaciones de Córdoba.
Notas:
[1] http://www.lavoz.com.ar/
[2] http://storify.com/javigardes/
[3] http://www.lavoz.com.ar/
[4] http://www.cels.org.ar/common/
[5] http://bibliotecasabiertas.
[6] http://www.sosperiodista.com.
[7] http://argentina.indymedia.
[8] http://www.anred.org/article.
[9] http://www.canal-ar.com.ar/
[10] http://www.argenpress.info/
[11] http://razonyfuerza.mforos.
[12] http://www.oas.org/dsp/
[13] http://es.wikipedia.org/wiki/
[14] http://www.intelpage.info/web/
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