Un escuadrón antimotines, vestidos de negro, encapuchados con máscaras de gas y portando armas largas, irrumpieron en los hospitales de Pediatría y Perrando de la ciudad de Resistencia. La orden fue dada por el ministro de Salud Ricardo Mayol, quien acompañado del secretario de Seguridad Eduardo Dalghren, siguieron los operativos desde un vehículo en la […]
Un escuadrón antimotines, vestidos de negro, encapuchados con máscaras de gas y portando armas largas, irrumpieron en los hospitales de Pediatría y Perrando de la ciudad de Resistencia. La orden fue dada por el ministro de Salud Ricardo Mayol, quien acompañado del secretario de Seguridad Eduardo Dalghren, siguieron los operativos desde un vehículo en la cercanía de los hospitales.
En un clima social que se enrarece cada vez más el ministro de Salud, Ricardo Mayol, radicó el viernes una denuncia reclamando la intervención de la Justicia para resolver -en los hospitales Perrando y de Pediatría – «el bloqueo de los accesos y dar una solución a la situación de amenazas y agresiones sufridas por algunos trabajadores de la salud». Con esa denuncia en sus manos el fiscal Eduardo Soucasse, ordenó el desalojo de ambos hospitales y para realizar esa acción la policía movilizó a mas de 200 hombres, pertrechados como para tomar la base principal de Al- Qaeda; sólo que en los hospitales habían trabajadores cuya principal arma eran un insulto o sus manos para evitar que los apalearan.
Cerca de las 3 de la tarde el escuadrón especial de la policía antimotines de Chaco ingresó al trote por los pasillos del Hospital de Pediatría. En la sala de espera, las madres buscaban a sus hijos y se arrinconaban, tratando de huir del escuadrón de choque. Los trabajadores del hospital los recibieron con insultos y en muchos casos con llantos de impotencia.
Cuando terminaron de desalojar a los trabajadores en paro del Pediátrico, dejaron una guardia de 50 policías diseminados por pasillos, escaleras y ascensores: «para garantizar el libre acceso al hospital y la libertad de trabajo», fue la orden dada por el gobierno.
Luego de esta brillante acción, la guardia pretoriana se trasladó al Hospital Perrando donde repitieron el mismo accionar. Algunos empleados se refugiaron en oficinas y consultorios, mientras otros saltaban por las ventanas. Los imbatibles policías chaqueños, arremetieron contra las puertas que se oponían a su accionar. Luego de romper varias desalojaron a los trabajadores, que fueron revolcados y algunos quedaron con sus brazos amoratados al intentar detener los bastonazos.
Esta «brillante» demostración del gobierno chaqueño recibió la aprobación del fiscal Soucasse que luego de los desalojos explicó: «Ambos operativos se realizaron sin inconvenientes, gracias a Dios. La orden es que la Policía tome posesión de las instalaciones para garantizar el libre ingreso de trabajadores, paciente y ambulancias. En caso de ser necesario, voy a tomar medidas restrictivas, porque tengo en mis manos 14 expedientes con denuncias por escrito presentadas por el Gobierno». Para el fiscal, invadir con la policía dos hospitales, desalojar a los palos a los trabajadores que desde hace 60 días no son escuchados por el gobierno, que estaban pacíficamente en el interior de los hospitales son «operativos que se realizaron sin inconvenientes».
El ministro de Salud, recordó: «el Estado ha sido suficientemente tolerante ante esta situación y esta no es la primera vez que tenemos que utilizar la fuerza pública o las denuncias penales para tratar de recuperar el accionar que deben cumplir estos dos institutos (Perrando y Pediátrico) fundamentales en la salud de la provincia». Pero el ministro fue más allá aún y dijo con referencia al paro y el bloqueo de los hospitales que los trabajadores: » están poniendo en riesgo intereses supremos, como son recuperar la capacidad de salvar una vida, de luchar por quienes están enfermos, recuperar la salud y no llegar a límites de abandono de persona».
Solidaridad
A media mañana del sábado, una columna de campesinos y docentes que se encuentran acampando en la Plaza 25 de Mayo llegó hasta los hospitales para dar su solidaridad a los trabajadores. Una ferrea guardia les impidió acceder al interior de los hospitales, pero no pudo evitar que la marcha llegara hasta las puertas del Perrando donde se improvisó un acto. En ambos hospitales tanto los campesinos aborígenes, que reclaman subsidios y un precio sostén para el algodón; como los docentes, junto a los empleados estatales se expresaron en defensa de la salud y en contra de la política gubernamental.
Se endurecen las medidas de fuerza
Luego de la toma de los hospitales por los efectivos policiales, los empleados del servicio de Homoterapia del Hospital Perrando decidieron comenzar un paro total de actividades. Los trabajadores de planta del área Hemoterapia, mantenían guardias mínimas, para poder hacer frente a las urgencias del hospital. Sin embargo luego del accionar policial decidieron levantar las guardias mínimas y sumarse al paro por tiempo indeterminado.
A partir de esta medida, esta área comenzó a ser atendida por personal contratado que no pertenece a la planta de los hospitales. La jefa del servicio de Hemoterapia, Mónica Puppo, señaló que el sábado por la mañana que recibió la advertencia de la directora del hospital Perrando, Raquel Crudo, de que si el acatamiento era total, se rescindirían los contratos. Por su parte los trabajadores adheridos al paro estiman que con el correr de los días los contratados comenzarán a sobrecargarse excesivamente del trabajo que con ellos ni siquiera era normal.
El miércoles, mientras el gobernador Roy Nikisch estará en Buenos Aires reunido con los sindicatos docentes en el Ministerio de Educación, en Resistencia se realizará otra marcha de la Multisectorial. Allí los medianos productores de la Asociación de Productores del Chaco (Aprocha), los pequeños productores de la Unión Campesina (UC), los trabajadores estatales afiliados a la UPCP, manifestantes de organizaciones sociales y docentes volverán a confluir con sus reclamos.
Conclusión
En las distintas instancias del poder chaquense, continúan mirando el conflicto social como a una película. Tanto el gobernador, como los ministros o funcionarios de menor rango como la directora del Perrando se mantienen en la tesis de amenazar, de diferir las reuniones, no atender a los reclamos sociales. Después de 60 días de paro de estatales y más de 30 de los docentes, con una situación crítica en los hospitales donde los trabajadores se vieron obligados hasta abandonar las guardias mínimas para ser escuchados, con los campesinos establecidos frente a la casa de gobierno con una carpa desde hace tres semanas, recién encuentran que el 7 de julio pueden reunirse con los estatales. Y el miércoles lo harían con los docentes. Sin embargo, como si vivieran en el mejor de los mundos y lo que tienen enfrente son sólo unos chicos traviesos y malcriados el ministro de Gobierno, Hugo Matkovich, advirtió el 1º de julio que si UPCP insiste en endurecer el paro quedará sin efecto la audiencia programara para el 7 con el gobernador Roy Nikisch. «Si se profundizan las medidas de fuerza, vamos a revisar la decisión de conceder esta reunión», advirtió y justificó que recién ahora se reunirían porque: » la semana que viene creemos que podemos tener ya definido el Programa de Financiamiento Ordenado, que es una de las trabas que nos impiden tomar decisiones en cuanto a los reclamos salariales de los gremios en conflicto». Es decir, después de 2 meses de conflicto, aparece la solución a través de la negociación del PFO.
Los funcionarios chaqueños usan el mismo esquema argumentativo, que en el otro extremo del país, en Santa Cruz, usaron el vicegobernador, los ministros e intendentes de esa provincia. En todos los casos acusan de infiltrados, de violentos y le cargan la responsabilidad de la no atención a los pacientes de los hospitales, o que los chicos perderían el ciclo lectivo a los trabajadores. En la ciudad de Buenos Aires, el mismo discurso se repitió ante la lucha de los trabajadores del Garrahan y de otros hospitales, o en el caso de los paros del subte, donde se acusó a los trabajadores de perjudicar a los usuarios.
Un Estado, que prioriza el pago de una deuda externa ilegítima, que permite la evasión de divisas en forma masiva, que premia a las multinacionales no cobrándole impuestos o dejando que extraigan las riquezas de nuestro suelo, y sólo dejen más pobreza a cambio, etc, está inhabilitado para criticar la menor medida de lucha de los trabajadores.