Cada uno con su papel, los actores de la superestructura político- partidaria juegan el libreto de su propia ficción alrededor de la reforma del Consejo de la Magistratura. Un fuego de artificio, propio de los festejos de fin de año en un barrio porteño de clase media, que tapa con sus luces y sus estruendos […]
Cada uno con su papel, los actores de la superestructura político- partidaria juegan el libreto de su propia ficción alrededor de la reforma del Consejo de la Magistratura. Un fuego de artificio, propio de los festejos de fin de año en un barrio porteño de clase media, que tapa con sus luces y sus estruendos la operación de tierra arrasada – en términos de las necesidades de los sectores populares- que llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner con la serie de herramientas de política económica y social que legalizó en el Congreso en las maratónicas sesiones de diciembre, con la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional incluida.
El pago al FMI no implica apenas echar mano a 9.800 millones de dólares de las reservas del Banco Central para priorizar las necesidades de «saneamiento» de las cuentas del organismo financiero y calmar así las añejas preocupaciones del gobierno de George Bush sobre la posibilidad de tener que hacer pagar ese agujero a los «porteros norteamericanos», como tan gráficamente lo planteara en su momento el ex secretario del Tesoro Paul O’Neil. Con los intereses ahorrados por el pago anticipado, tal como sucedió con los 20 mil millones de pesos de excedente por sobre el superávit presupuestado en los dos últimos años, se engrosará un «fondo anticíclico» para garantizar el financiamiento del pago de la deuda con acreedores privados, o la «salud» de las cuentas fiscales. Ni uno solo de esos pesos irá a parar al financiamiento de la universalización y aumento del monto de los planes sociales, a mejorar las jubilaciones o los salarios de los trabajadores estatales. El compromiso de la ministra de Economía «resdistribuidora» Felisa Miceli frente a la flor y nata del empresariado nacional fue, en ese sentido, formal.
Es el congelamiento en la atención de la deuda social que prevé el Presupuesto para el 2006, aprobado en el curso de la misma operación de tierra arrasada de diciembre, el mismo que, en cambio, garantiza subsidios a los grupos por más de 4 mil millones de pesos, de los que serán beneficiarios empresas con superganancias aseguradas, como Techint y Repsol, e incluso el grupo Macri, para su concesión del tren Belgrano cargas, aunque el joven Francisco Macri, ahora como diputado, participe de los actos de profesión de enojo por la reforma del Consejo de la Magistratura.
Con el mismo sentido de consolidación del modelo de acumulación y distribución de la riqueza, el Congreso prorrogó también en diciembre los impuestos a las ganancias y los bienes personales sin subir los pisos, pese a la inflación, a partir de los cuales quedan atrapados los salarios de algunos cientos de miles de trabajadores aunque apenas arañen el costo de una canasta familiar. Ni que decir que, en la ley de prórroga, no hubo ninguna modificación de las exenciones al impuesto a las ganancias de las que gozan los que acumulan rentas con la especulación en el sistema financiero o en la Bolsa.
La prórroga de la emergencia económica -otro hito de la operación legislativa de diciembre, desata definitivamente las manos al Ejecutivo para hacer cualquier cosa en materia económica, además de las libertades que especifica para la renegociación de contratos con las empresas que manejan los servicios públicos privatizados. Por esa prórroga, por ejemplo, y pese a la vigencia de la denominada ley cerrojo, el presidente podría por ejemplo determinar la reapertura de la renegociación de la deuda externa que había caido en cesación de pagos en 2002 para negociar alguna forma de pago con los acreedores que no aceptaron la quita dispuesta el año pasado.
Con el conjunto de herramientas legalizadas por el Parlamento en diciembre, en síntesis, quedó definitivamente sepultada aquella ilusión forjada por algunos de que, tras la victoria electoral de octubre, Néstor Kirchner iniciaba su «verdadero gobierno», con la justicia social como preocupación central.