El abrupto corte de la electricidad en gran parte de la Argentina, el cual significó el 40% de la demanda real, lo que equivale a 20 millones de personas sin la posibilidad de poder acceder al transporte, conservar alimentos, acceder a una sala de operaciones.
Por ejemplo, muchos hospitales en el país no tienen sistemas de autonomía energética para casos de extrema urgencia, o el simple caso de los electros dependientes de internación domiciliaria. Lo de ayer muestra algunas de las incidencias que tiene una baja de servicio eléctrico en la población en general y lo traumático que puede ser si todo el sistema colapsa. En 2019, Venezuela sufrió el apagón más grande de la historia del país y estuvo relacionado a sabotajes en la Central Eléctrica “Simón Bolívar”.
El corte afectó a la población en general y al sector industrial, que es el más sensible para la economía. Sector, este último, que ha crecido en relación a los índices anteriores a la pandemia. Algunos datos publicados por el Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) marcan, desde febrero de 2021, un crecimiento del consumo de energía desestacionalizada, en la industria automotriz, del 20%, índice superior al del promedio de 2019. El de la metalmecánica fue del 18% superior, el de textil y cuero 15 %, el de metales básicos 13%, significan alrededor del 35% del PBI industrial.
Los índices de este crecimiento se traducen directamente en la demanda eléctrica. No hay forma de suplir la importancia de la energía en general, pero sobre todo la eléctrica en particular. Es decir, la incidencia de la energía eléctrica en el país es estratégica y debe ser atendida en esa medida. Argentina ha venido teniendo serias contradicciones en términos de políticas en el sector después de las privatizaciones de los años 90. Un sistema que ha sobrevivido milimétricamente a los sobresaltos, propio de su alicaído y reciclado intermitente, contrario de lo que debería suceder, un cambio estructural en la política energética.
Es casi una tradición de cada año, que en los picos estacionales, la electricidad sufra una crisis. ¿Quién no ha sufrido largos y angustiosos cortes de suministros en alguna ocasión?
Las inversiones de las empresas operadoras de la distribución eléctrica no se traducen en índices de eficiencia, que justifiquen esas inversiones. Dicho sea de paso, deberían ejecutarse obligatoriamente porque además de recibir una cantidad importante de subsidios del Estado, reciben el dinero debitado por las condonaciones de deuda con CAMMESA. Un ejemplo de la institucionalización de esas condonaciones fue en 2017, las cuales fueron incluidas en el presupuesto por un valor de 19.000 millones de pesos. Condonaciones que tienen historia en el país, entre los años 2004 y 2014, bajo el gobierno kirchnerista, los subsidios -entre luz y gas- fueron cerca de $ 342.000 millones según datos de ASAP, distribuidos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Esta enorme cantidad de recursos no se refleja en la calidad del servicio, el cual se puede medir, mediante diferentes factores, en un principio, por la cantidad de cortes (SAIFI); y por cuanto tiempo duran esos cortes (SAIDI) y una vez repuesto cuál el nivel de tensión con el que contamos. Para después evaluar cuánto tarda nuevamente en suspender. El sistema de distribución está en serios problemas hace décadas, pero el transporte y el manejo de la mayoría de las líneas de alta tensión están manejadas por Transener y Pampa Energía, empresa estratégica para los intereses del país en términos de soberanía, la cual debería ser enteramente estatal. Transener es una empresa mixta que surgió de la privatización de Segba en 1993 (hasta 2003 fue controlada por el grupo Pérez Companc). Hoy, el 49% de sus acciones cotizan en la bolsa local y el 51% está en manos de Citelec (Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica Citelec S.A.), que se divide en partes iguales entre Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin junto a IAESA (Integración Energía Argentina S.A), la ex Enarsa, perteneciente al Estado. Un dato importante en relación a Pampa Energía es que tiene un importante porcentaje de acciones el conocido Joe Lewis, con firma radicada en la Argentina, Hidden Lake SA. Con esta última, controla un 8,7% del total de las acciones comunes del holding. Según Infobae, un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Lewis controla 74.361.449 acciones comunes de Pampa Energía, un 4,2% del total, con su compañía local; mientras que posee un 4,5%, 79.806.100 acciones, con Braslyn Ltd, sociedad radicada en Bahamas. Según el sitio oficial de la firma, el 19,1% de los títulos están en manos de su management y el 72,9% flota en el mercado.
Estructura de socios de Transener
El corte de ayer es responsabilidad de la operadora de las líneas de alta tensión, el cual ha sucedido en un lugar cercano al que produjo el apagón del junio de 2019 en los tendidos de alta tensión que salen de Colonia Elía hacia Campana y Belgrano. Realizaron un bypass para unir esa líneas en esos momentos, pero los sistemas informáticos no informaron de ese cambio, un error operativo de Transener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.), que no re programó la des conexión automática de generación (DAG), algo que sí ha sucedido en el corte de ayer, el cual realizaron a través de un sistema informático que manda señales a un generador para que reduzca la oferta.
La energía es un derecho humano básico y está vinculada a la geopolítica y por ende a la soberanía de Argentina. En definitiva nuestros bienes comunes son los implicados en la generación de energía y estos deben ser gestionados por el Estado Argentino para que verdaderamente podamos decir que tenemos soberanía sobre ellos.
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