Es cada vez más grande el apoyo a la jornada frente al Congreso. Repudiarán también la constante represión con gases y palazos de la que vienen siendo parte los adultos mayores, ordenada por Patricia Bullrich.
Como cada semana, también estarán presentes diputados, referentes y la militancia del Frente de Izquierda, que vienen siendo parte de acompañar esta pelea desde siempre. Tenemos que ser miles para redoblar esta pelea y defender con fuerza los derechos de los jubilados.
El miércoles pasado el Gobierno de estafadores volvió a montar un inmenso operativo que contó con la presencia de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura contra los jubilados que realizan cada semana la movilización para exigir una jubilación y pensión dignas.
Pese al intento de Bullrich de amedrentar esta lucha con palos y gases, los reclamos que tienen los adultos mayores son acompañados con más fuerza cada semana. El miércoles participaron de la ronda distintas organizaciones, trabajadores docentes y la hinchada de Chacarita junto a Myriam Bregman y Christian Castillo que, junto a Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y toda la banca de la izquierda participan cada miércoles de la marcha.
Hoy miércoles en un comunicado conjunto confirmaron que se suman la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y la Unión Argentina de Trabajadores del Transporte, que nuclean a los sindicatos de transporte, en «defensa de los derechos de los compañeros jubilados y el cese de la represión a sus manifestaciones legítimas». La APA (Asociación del personal Aeronáutico) también convocó planteando que este Gobierno «los condena al hambre, falta de remedios, y atención de la salud, la pobreza y la exclusión, y al mismo tiempo los someten a una represión cada vez más violenta y salvaje.» y Aeronavegantes (Asociación Argentina de Aeronavegantes) advierten «Seremos jubilados el día de mañana. Es por eso que debemos alzar nuestra voz hoy». El SUTNA también confirmó que se sumará: «Basta de reprimir a nuestros compañeros jubilados que luchan por todos nosotros», exigieron.
Además, convocan distintas Comisiones Internas y participarán trabajadores de distintos sectores. A esto se suman las hinchadas de Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Ríver, Boca, Lanús, Tigre, Ferro, Chacarita, Deportivo Merlo, Nueva Chicago, Tigre, All Boys, Gimnasia, Deportivo Morón, Temperley, Los Andes, Argentinos Juniors, Atlanta, Huracán. También Rosario y Newell´s desde Santa Fe, entre otros, de una larga lista que se sigue ampliando. La iniciativa de los hinchas se multiplicó luego de que la semana pasada una delegación de hinchas de Chacarita y otros clubes participara con fuerza de la manifestación. Referentes del fútbol también sumaron su convocatoria por redes sociales para hacerse presentes el próximo miércoles, como Ángel Cappa, Fernando Signorini o Héctor «el Negro» Enrique.
Cada vez más sectores impulsan la convocatoria que sigue ganando apoyo y la simpatía de amplios sectores, desde el Colectivo Ni Una Menos también llamaron a movilizar «contra la baja de las moratorias previsionales». La periodista Marta Dillon se sumó a la convocatoria planteando «el miércoles los transfeminismos también vamos al Congreso». También serán parte los centros de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de los terciarios Joaquín V. González y Alicia Moreau de Justo.
Hace unos días Dalma Maradona publicaba un video saludando la iniciativa de los hinchas: «reprimir a los viejos es como el límite. Ya no hay margen. Yo me sumo». También desde sectores de la cultura convocaron a la movilización como el escritor Guillermo Martínez y el rapero Willy Bronca con un video en sus redes.
La CGT y la CTA mientras tanto siguen brillando por su ausencia, aunque se trata de una lucha fundamental para el conjunto de los trabajadores del país, quienes más o menos tarde serán jubilados. Parte de una política colaboracionista de las centrales sindicales con el gobierno ajustador de Javier Milei. Es necesario sumar la denuncia a esta política criminal de estos dirigentes burócratas.
Milei, por su parte, dice orgulloso haber aplicado el mayor ajuste de la historia, principalmente un recorte en el «gasto» en jubilaciones y pensiones. Mientras el bono sigue congelado hace un año, y la mínima alcanzará en marzo los $349.121 (con bono), solo un tercio de lo que cuesta la canasta del jubilado.
Este 23 de marzo vence la moratoria previsional y el Gobierno anunció que no la prorrogará. Ante esto, las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad presentaron en Diputados un proyecto de Ley en el que se establece la prórroga de la moratoria. «Este proyecto de Ley de emergencia busca reparar una grave situación por la cual el 85% de la población no podrá jubilarse por no contar con el requisito de 30 años de aportes que exige el sistema previsional para acceder a una jubilación ordinaria» dice el texto. Además, la falta de entrega de medicamentos gratuitos, suspendidos desde el año pasado, es otro de los reclamos fuertes en las rondas de cada miércoles.
Por todo esto el miércoles 12 tenemos que ser miles en Congreso para impedir que la Policía Federal, de la Ciudad, Gendarmería y Prefectura vuelvan a intentar pasar sobre cientos de jubilados y jubiladas. Tenemos que acompañar cada reclamo en defensa de un ingreso digno para todos, atención médica, medicamentos gratuitos para quien lo necesite y solución habitacional.
Acercá tus donaciones para Bahía Blanca y apoyá la lucha de jubilados y jubiladas
La Posta de Salud impulsa la solidaridad ante la catástrofe que afectó a la población de la ciudad bonaerense. Vos podés sumar tu apoyo. Acercá donaciones este miércoles, desde las 17:00, al gazebo que se va a instalar en la plaza ubicada frente al Congreso. Además, podés ser parte del apoyo a la jornada de lucha de las y los jubilados.
Nuevamente reprimieron a jubilados que protestaban frente al Congreso
Como todos los miércoles, se desarrolló la manifestación frente al Palacio Legislativo. En esta ocasión, acompañó la protesta la hinchada de Chacarita.
En pleno centro de la capital política de la República Argentina, una ciudad caotizada, sin energía, hundida en una ola de calor desesperante, numerosos adultos mayores que ponen el cuerpo cada miércoles fueron gaseados indiscriminadamente en la represión por la Policía Federal.
Efectivos de la Policía volvieron a reprimir a jubilados y otros manifestantes que se movilizaron como todos los miércoles frente al Congreso de la Nación para pedir un aumento en sus haberes y la restitución de la cobertura de medicamentos, entre otros reclamos.
También fueron atacados fotógrafos, camarógrafos y otros trabajadores de prensa.
La marcha se desplazaba por Entre Ríos y, al llegar a la Avenida Rivadavia, un grupo de Policía Federal y de Gendarmería empezó a lanzar gases lacrimógenos y a golpear a los manifestantes, lo que derivó en incidentes.
Más temprano, un grupo de hinchas de Chacarita había acompañado la movilización con el fin de proteger a los jubilados.
Para dimensionar la represión, el miércoles pasado Patricia Bullrich movilizó 600 efectivos. A Bahía Blanca para ayudar a los inundados 350. Está claro el rol que cumplen las fuerzas en el gobierno de Milei.
«El gobierno nacional nos abandonó»
Por Martina Argañaraz, profesional de salud.
Jubilados que dependen de PAMI, la obra social nacional, denuncian demoras en el otorgamiento de prestaciones sociales y despidos de personal. La decisión del PAMI de recortar los medicamentos gratuitos para muchos afiliados, según datos oficiales, afecta a entre 2,1 y 3,16 millones de jubilados y pensionados. También se denunció la demora en el otorgamiento de subsidios para alquiler y la contratación de cuidadores. En esta nota, compartimos algunos testimonios.
A continuación, algunos de ellos comparten sus experiencias.
«Estoy indignado con el gobierno nacional», relató Juan, un jubilado de 80 años. «Se despidió a varias Trabajadoras Sociales. La falta de personal es alarmante, y con el gran aumento en la demanda, no hay quien nos atienda adecuadamente. Es una forma de precarizar a los trabajadores que nos ayudan. ¡Es una vergüenza!».
María, de 75 años, compartió su desesperante situación. «He estado esperando durante meses para acceder a una plaza en un geriátrico. No tengo a nadie que me cuide y ya no puedo estar sola. El gobierno nacional parece que no se preocupa por nosotros, los jubilados. ¡Es un abandono total!».
La situación se complica aún más con la reciente decisión del PAMI de recortar los medicamentos gratuitos para muchos afiliados. Según datos oficiales, entre 2,1 y 3,16 millones de jubilados y pensionados se han visto afectados y ya han perdido el acceso a estos medicamentos. Esto incluye a 700.000 jubilados adicionales en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De este total, aproximadamente 2,5 millones están obligados a realizar el trámite para solicitar un subsidio para medicamentos, ya que no podrán recibirlos de manera gratuita. Esta medida afecta especialmente a aquellos que cobran poco más de 398.000 pesos, que ya representan menos de la mitad de la canasta básica del jubilado, establecida en 912.000 pesos.
Juan continuó expresando su frustración ante la falta de atención en PAMI: «Con el vaciamiento de servicios y cada vez menos personal, los que quedan no dan abasto. Es un círculo vicioso que afecta nuestra calidad de vida. La situación es insostenible.» En este contexto, se denuncian más de 200 despidos en PAMI. Este lunes, el organismo a cargo de Esteban Leguisamo, quien ocupa el cargo de director ejecutivo, echó a centenares de personas de planta permanente del edificio central, incluidos médicos, administrativos y psicólogos. Estos despidos tendrán un fuerte impacto en las prestaciones para las personas mayores, dejando varios servicios casi vacíos (Fuente: Tiempo Argentino).
También se denunció la demora en el otorgamiento de subsidios para alquiler y la contratación de cuidadores. «Solicité un subsidio para alquiler hace meses, pero todavía no he recibido respuesta», relató Ana, una jubilada de 78 años. «Es una situación muy difícil, ya que no sabemos cómo vamos a pagar el alquiler y otros gastos básicos».
Cada mes se despiden más empleados de PAMI, lo que empeora su situación. «Es un desastre», agregó Carlos, un jubilado de 82 años. «Se despiden empleados y eso hace que los que quedan tengan más trabajo y no puedan atendernos adecuadamente. ¡Es un círculo vicioso que no tiene fin!».
Los jubilados también denunciaron el cierre de oficinas de PAMI en diferentes hospitales, lo que ha dificultado aún más el acceso a los servicios de salud. «Era un lugar donde podíamos ir a resolver nuestros problemas y hacer trámites», relató Carlos. «Ahora todo es más lento y burocrático. ¡Es un desastre!».
En algunos casos, las demoras en la entrega de subsidios y prestaciones sociales son tan largas que nunca se resuelven. «He estado esperando durante años para recibir un subsidio para remedios, pero no hay respuesta», denunció María. «¡Es un escándalo! El gobierno nacional debe asumir su responsabilidad y solucionar este problema de una vez por todas.»
Los jubilados expresaron su desesperación por la situación económica en la que se encuentran. «La jubilación mínima es de $273.086,50 más un bono de $70.000, lo que suma $343.086,50», relató Ana. «Pero con eso no alcanza para sobrevivir. No podemos pagar los medicamentos que necesitamos, ni el alquiler, ni la comida. ¡Es una situación insoportable!»
«Hay una falta de respeto hacia los jubilados», concluyó Carlos. «El gobierno nacional nos debe una explicación y una solución a este problema. ¡No podemos seguir esperando!»
Milei ya les robó $5 millones a los estatales y más de $2 millones a jubilados
Por Lucho Aguilar
Según los cálculos de economistas, los “privados” perdieron casi 2 millones. La transferencia de ingresos de la clase trabajadora a los empresarios ya supera los 31 billones de pesos. El robo del siglo. Cada jubilado perdió 2,2 millones de pesos.
El hombre se jacta de haber hecho “el ajuste más grande de la historia”. Es que, como los otros gobiernos también ajustaron, necesita agrandar su proeza. Pero en los bolsillos y los estómagos de millones de personas ese “logro” se siente como un golpe casi insoportable.
Así lo comprueban los datos difundidos estas semanas por un grupo de economistas perteneciente al Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), que viene realizando una serie histórica desde hace varios años.
Uno de los datos más impactantes es el que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores estatales. “El salario en el sector público todavía está 21% por debajo del de noviembre de 2023 y cada estatal perdió 4,8 millones de pesos desde que gobierna Milei”. Si tenemos en cuenta que pasaron 3 meses del último dato oficial, ya estamos arriba de los 5 millones de robo. Lo pueden confirmar las trabajadoras de la salud que reclaman en el Garrahan y otros hospitales que encabezaron la marcha federal hace pocos días. O el personal de la administración pública que ya apela al doble o triple trabajo.
En el caso de los trabajadores del sector privado, sufrió un golpe fuerte y una recuperación mucho más leve. Según el MATE, “cada asalariado privado perdió 1,8 millones de pesos desde que Avanza la Libertad”. Tengamos en cuenta que las paritarias están prácticamente congeladas o con aumentos “a la baja” impuestos por el gobierno. Lo vemos en colectiveros, ferroviarios, metalúrgicos y prácticamente todos los gremios.
Además de la devaluación de principios de gestión, el robo tiene distintas explicaciones:
* En el caso del Estado, se trata de un ajuste unilateral por parte de la patronal, el propio gobierno. Cuestión que se extiende a todos los gobiernos provinciales y municipales, sean peronistas o cambiemitas.
* En el caso de las empresas, las paritarias a la baja y otros ataques patronales han resentido el poder de compra. Pero además hay un fuerte aumento de la explotación, de lo que ganan las empresas en base al (robo del) trabajo asalariado. Según MATE, “desde que comenzó el gobierno de Milei el costo salarial de toda la economía se redujo en 44,9 billones de pesos”.
El otro dato que más impacta es el saqueo a las jubiladas y jubilados. Puede sorprender menos porque a diferencia de la CGT se movilizan todos los miércoles al Congreso. Pero el saqueo es brutal: si tomamos septiembre-noviembre de 2023 (o sea el ajuste de Massa) y diciembre de 2024, “desde que gobierna La Libertad Avanza, cada jubilado perdió 2,2 millones de pesos”. Casi 10 jubilaciones mínimas les robaron.
Así como vienen haciendo otras consultoras y economistas, MATE además plantea que la medición de la inflación por parte del gobierno distorsiona los verdaderos gastos de una familia. De hecho asegura que la «canasta de los trabajadores» registra un aumento de 101% anual, contra el 85% que mide el INDEC. Esta percepción es la misma que tiene gran parte de la población en la calle y las encuestas.
Las conducciones sindicales no han hecho nada para frenar esta sangría. Más aún, algunos han ayudado y otros han criticado, pero sin resistencia.
¿Quiénes ganan?
Milei ya quedó expuesto con la criptoestafa, pero acá estamos hablando de una mucho más grande. Es cierto que en este caso no recauda solo para su grupo íntimo sino para toda su clase social.
Según el estudio de MATE hay una fuerte caída del “costo salarial” que, acompañado por el aumento de las ganancias y la rentabilidad empresaria, conforman una transferencia de ingresos impresionante.
Solo si tenemos en cuenta lo que se perdió de forma directa del bolsillo de los asalariados, son 31 billones de pesos que fueron a parar a los bolsillos empresarios. Además, el Estado dejó de percibir 10,3 billones de pesos por aportes y contribuciones patronales, gracias a la Ley Bases y otros beneficios. Las obras sociales perdieron 2,9 billones.
Como decíamos, Milei recauda para la clase empresaria pero también para el Fondo Monetario Internacional. Ese es uno de los motores del ajuste al empleo público, las jubilaciones y la asistencia social. La deuda fraudulenta se paga con el hambre, el esfuerzo y la salud del pueblo trabajador.
Cada dato es una confirmación de que este gobierno no va más. Hay que organizarse desde abajo, en las calles, poniendo en pie una gran fuerza de la resistencia como plantea la izquierda, para expropiar a los expropiadores y que la crisis la paguen ellos.
Sandra Pettovello acababa de cerrar el área para asistir a los inundados
El viernes 28 de febrero, en la víspera de un fin de semana largo, decenas de trabajadores de la Dirección Nacional de Emergencias fueron despedidos vía correo electrónico. Así, Sandra Pettovello daba por cerrado el único organismo encargado de enfrentar catástrofes.
A los pocos días, los cesanteados se movilizaron hasta el ministerio de Capital Humano para alertar sobre las consecuencias de este nuevo ajuste, sobre todo en un contexto de cada vez más graves fenómenos climáticos producto del cambio climático.
Por desgracia, no pasó una semana de aquel reclamo para que la naturaleza les diera la razón: intensas lluvias acaban de sacudir la provincia de Buenos Aires -y en particular, Bahía Blanca.
Trabajadoras despedidas de la Dirección de Emergencias contaron que algunos de los sectores afectados por los despidos fueron los famosos depósitos en los que la ministra Sandra Pettovello mantiene retenidos alimentos y otro tipo de mercaderías.
Como viene sucediendo, estos tampoco servirán para asistir a los miles de bonaerenses afectados tras estas lluvias. Tampoco fueron de gran utilidad en diciembre 2023, cuando un temporal se cobró la vida de 13 bahienses y dejó la primer gran muestra de desprecio de la administración Milei, que se acercó al territorio para tomarse una foto, pero ninguna ayuda: “Ustedes van a poder resolver la situación”.
El trasfondo de este nuevo recorte se inscribe en la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei, que desde su asunción despidió a más de 30.000 estatales y desmanteló áreas clave del Estado.
La Dirección Nacional de Emergencias tenía un rol crucial en la coordinación y gestión de crisis en Argentina. En las últimas décadas, este organismo fue protagonista en la respuesta a eventos que marcaron a fuego la memoria colectiva: las inundaciones de Santa Fe en 2003, que dejaron un saldo de miles de evacuados; el alud de Tartagal en 2009, con decenas de víctimas fatales; y la erupción del volcán Puyehue en 2011, cuya nube de cenizas paralizó el sur del país.
Exfuncionarios, como un exdirector que colaboró con gestiones de Alicia Kirchner y Sergio Berni, han destacado en redes sociales la importancia de la Dirección en estas emergencias, subrayando su capacidad para articular recursos y salvar vidas.
En las calles y en las redes, la indignación crece y abundan posteos en redes señalando que “desmantelar lo que funciona no es ajuste, es desidia”. En el caso de la Dirección Nacional de Emergencias podríamos decir mucho más que eso, pero por decoro sólo diremos que –cuando menos- es inhumano e insensible.
Algunas apostillas
“La reconstrucción es un tema provincial y del municipio”, afirmó el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, olvidando que Bahía Blanca aporta al PIB nacional entre 35.000 y 45.000 millones de dólares al año, como le recordó la senadora Juliana Di Tullio.
DE acuerdo al intendente, Federico Susbielles, la reconstrucción demandará unos 400.000 millones de pesos (40.000 millones de dólares).
La Nación envió a la Municipalidad $ 10.000 millones (sic).
Guillermo Francos también descartó que se realice alguna obra pública por la reconstrucción del Canal Maldonado “porque la gestión de Milei no está de acuerdo con realizar obra pública”.
Solamente para que el Hospital Penna quede en condiciones, la inversión se estimó en $ 22.000 millones.
Pettovello también les roba la comida a las trabajadoras de Desarrollo Social
Por Lucho Aguilar
Hablan las trabajadoras que desde hace casi 30 años embalan, organizan y preparan la distribución de los materiales de Desarrollo Social. Denuncian que las echan como si fueran descartables y que en los depósitos hay comida retenida que falta en los barrios. Escuchá sus testimonios y apoyemos su lucha.
Este fin de semana se produjeron más de 2.000 despidos en Capital Humano, en el área del (ex) Ministerio de Desarrollo Social.
La mayoría son mujeres y se dedican a áreas sensibles, como infancias y adolescencia o programas sociales. Entre ellas quienes trabajan desde hace más de 25 años en los depósitos de mercaderías. Esos mismos que donde Sandra Pettovello secuestra los alimentos que tendrían que ir a los comedores populares.
“Tenemos más de 50 años, somos de planta permanente, vemos las necesidades, ¿por qué nos dejan en la calle?” dicen con bronca. “Viajamos 200 kilómetros todos los días y ni nos pagan los viáticos. Nos enfermamos acá”.
Además, denuncian desde adentro lo que el gobierno intenta ocultar. “Hay de todo en los depósitos, útiles, alimentos, que se están pudriendo mientras los chicos no tienen para comer. Es doloroso”.
Pero no bajan los brazos: “vamos a pelear hasta que nos devuelvan los puestos de trabajo”. Y llaman a salir a las calles contra las políticas del gobierno.
Fuentes: Perfil, La Izquierda Diario, Anred, Red Eco Alternativo, Canal Abierto
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