La marcha del miércoles 19 de marzo mostró de nuevo que las pequeñas movilizaciones semanales que los jubilados mantenían desde hace mucho tiempo han dado lugar a manifestaciones masivas y variopintas.
“Jubiladas y jubilados somos todos”
A diferencia del miércoles anterior la movilización tuvo más presencia de sectores organizados y menor participación de manifestantes “sueltos”, sobre todo de los identificados con hinchadas de fútbol. Este cambio no afectó la masividad.
Se fortaleció el carácter intersectorial, con movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles, organizaciones partidarias que no habían tomado parte el miércoles anterior. La presencia sindical se dio sobre todo a través de la participación de ATE y otros sindicatos de las CTA. En contraposición fue débil la presencia de organizaciones de la CGT, en buena parte expresada por sindicatos pequeños.
Los grandes gremios de la CGT estuvieron ausentes, en consonancia con que la central sindical mayoritaria sigue jugando a las escondidas a la hora de declarar un paro general. Hasta frente a los gobiernos más reaccionarios el sindicalismo más burocratizado prefiere la carta de la negociación a la de la movilización.
Cuando el periodismo interpeló a concurrentes del acto, muchas y muchos de ellos coincidieron en que no sentían miedo, o que lo habían experimentado antes pero lo superaron. No fueron pocos los que afirmaron que su participación no era para ellos una opción sino un deber cívico, un compromiso ético y político al que no podían fallar.
Todo un indicio de que una porción importante de la sociedad argentina ha interiorizado que el atropello cometido contra millones de jubiladas y jubilados constituye una terrible injusticia y una afrenta para el país entero. Además se hace carne la conciencia de que “jubilades somos todos” sólo es cuestión de tiempo.
Nada es “espontáneo”. Este ciclo de movilización comenzó con las variadas organizaciones de jubilados que convergieron en un frente común, unificaron acciones y consignas y fortalecieron el llamado al conjunto social para que los respaldara en su lucha persistente. Marca un camino para desplegar un cuestionamiento integral de una política de destrucción de las condiciones de vida y los derechos de las masas populares.
Frente a los manifestantes el gobierno desplegó un operativo descomunal de las fuerzas de seguridad. Se habló de dos mil efectivos. Cambiaron de táctica: Esta vez optaron por cercar el Congreso e impedir el acceso de los manifestantes.
Tamaña contradicción. La misma gestión que esgrime los cortes de calles para justificar la represión, optó por producir un corte en pleno centro de la ciudad, de varias horas de duración. Escarnio total para el llamado protocolo antipiquetes.
Esta vez no hubo palos a mansalva o detenciones al voleo. Las fuerzas represivas quedaron más bien “a la defensiva”, en una muestra de que su entrenamiento y poder de fuego no equivale a omnipotencia. La fuerza de las multitudes en movimiento restringe su capacidad de acción.
Claro que el operativo policial fue precedido por diverso tipo de acciones intimidatorias., desde los mensajes amenazantes por altavoces en las estaciones ferroviarias a la compulsiva revisión de medios de transporte en los accesos a la ciudad.
No lograron disipar la voluntad de concurrencia. Y la ministra Patricia Bullrich esta vez no pudo administrar la abundante dosis de gases y balas de goma de otras ocasiones. Ahora intentan argumentar que recuperaron el control de la calle. No fue así, se atrincheraron en una demostración de fuerza sin un sentido claro.
Mientras tanto, en el Congreso….
Al mismo tiempo que los manifestantes se congregaban en torno al congreso nacional, la cámara de diputados desarrolló una sesión culminada con la aprobación del decreto de necesidad y urgencia que juega como aval de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto sólo se sabe que dispone la toma de más deuda, lo que derivará en un nuevo incremento de la asfixia inducida a la economía argentina.
El resultado de la votación fue la aprobación del DNU, en violación de la ley vigente que establece que las tomas de crédito externo deben ser resueltas por ley. El proceso de preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros poderes sigue en avance. Y cuenta con el consenso, entusiasta o vergonzante, de la mayoría parlamentaria.
La actuación de los diputados ayer exhibió un nuevo episodio de la inexorable degradación de la política institucional de nuestro país. Los “representantes del pueblo” aprobaron “a libro cerrado” la nueva hipoteca sobre el futuro del país. No se conoce nada del nuevo préstamo: Ni el monto, ni el plazo de pago, ni la tasa de interés, ni cuáles son las condicionalidades sobre la economía que siempre impone el FMI.
129 diputados votaron a favor de un pacto cuyas características no conocen. Buena parte de ellos son, en teoría “opositores”. Quedó demostrado una vez más que en todas las cuestiones importantes respaldan al gobierno.
Ocurre que apoyan en lo fundamental el rumbo económico regresivo. Y eso es lo que privilegian, guardando para mejor ocasión los escrúpulos “republicanos” de que hicieron gala durante muchos años. Están de acuerdo con el ajuste fiscal, con el despido de empleados públicos, con la pérdida generalizada de ingresos.
Sobre todo, se alinean con políticas que favorecen de modo directo al gran capital, su verdadero mandante. Ante la flagrante evidencia es inútil que intenten negarlo, las “desregulaciones” y “flexibilizaciones” a favor de los empresarios tienen asegurado su beneplácito.
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Para las fuerzas populares ha quedado una vez más en evidencia que sólo pueden confiar en sus propias capacidades. Desde arriba se les ofrece represión, que sólo cede parcialmente ante la presencia de multitudes. Las instituciones que pretenden representarlas están abroqueladas en contra de los intereses mayoritarios y no van a moverse de esa posición, salvo, tal vez, si ocurre algún cataclismo.
Se necesita mayor unidad popular, en la acción y en el programa. Una comunión movilizada que convierta el descontento en conciencia y organización. Lo que requerirá una conducción política que trabaje para amalgamar diversas reivindicaciones y distintas tradiciones.
Todo con una dirección propia, que rompa de una vez con las expectativas en las opciones políticas que propone la burguesía. La sociedad está dividida en clases antagónicas, por más que desde las instancias de poder se procure ocultarlo. El conjunto de los explotados y oprimidos necesita la conciencia de su propia fuerza organizada. Nos espera la lucha de clases, que además es lucha de calles.
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