Ellas no pidieron una guerra, pero igual les alcanzó: Griselda y Yosmireli, de cuatro y dos años, murieron con el cráneo perforado por las balas de los soldados. La muerte agarró también a su madre, su tía y un hermano de siete años, en un camino rural del noroeste de México. Griselda Galaviz, la madre, […]
Ellas no pidieron una guerra, pero igual les alcanzó: Griselda y Yosmireli, de cuatro y dos años, murieron con el cráneo perforado por las balas de los soldados. La muerte agarró también a su madre, su tía y un hermano de siete años, en un camino rural del noroeste de México.
Griselda Galaviz, la madre, y Gloria Alicia Esparza, la tía, eran maestras en una remota aldea del estado de Sinaloa, en la costa del Pacífico, y se desplazaban en el vehículo rústico familiar cuando éste fue abaleado por un regimiento militar. Solo sobrevivieron otras dos maestras y Adán Esparza, esposo, hermano y padre de las cinco víctimas.
Era el 1 de julio de 2007 y la matanza se convirtió en el primer caso conocido de civiles asesinados por soldados dentro de la «guerra» emprendida por el gobierno del conservador Felipe Calderón contra los carteles del tráfico de drogas, que empujó al país a una espiral imparable de violencia.
Oficialmente se reconocen 30.000 víctimas mortales en casi cuatro años de militarización del combate contra los narcos. Pero falta sumar una cantidad no cuantificada de personas huérfanas, viudas, mutiladas, exiliadas y desplazadas.
La estrategia gubernamental incluye la participación activa de las fuerzas militares y ha provocado distintos efectos en la población mexicana, de 108 millones.
Uno, muy claro, es la «invisibilización de la violencia contra las mujeres», dijo a IPS David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del Campo Algodonero por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, en que el Estado mexicano fue condenado como responsable.
«Es tal la cantidad de muertos, que no hay una diferenciación entre hombres y mujeres. Y aún peor, no hay distinción entre los motivos de los asesinatos», explicó.
«Si una muchacha es encontrada muerta en la calle con signos de violencia, pero tiene un balazo, está atada o hay a su lado un hombre muerto, entra en el cajón (rubro) de la delincuencia organizada», detalló el letrado. Un ejemplo de este fenómeno es Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, conocida mundialmente por la cadena de feminicidios iniciada en 1993.
El número de mujeres asesinadas en los últimos tres años superó el total de feminicidios de los 13 años anteriores: 575. En lo que va de 2010, los asesinatos por violencia machista suman ya 288.
«Al entrar en el gran cajón de la delincuencia organizada, las familias ya no tienen acceso al expediente ni pueden presionar a las autoridades para que se esclarezca el crimen», explicó Peña. Aseguró, además, que en estos cuatro años «se fueron para abajo» los avances que había logrado la sociedad civil en derechos humanos.
El fenómeno se extiende en todo el país. Un informe de abril de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados indica que desde 2007 se registraron 1.756 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados. De ellos tan solo en tres por ciento de los casos hay sentencia, sin que esté detallado si hubo condenados o no en ellas.
«No hay registros y los que hay son insuficientes», sintetizó la presidenta de la comisión, la diputada Teresa Incháustegui, del opositor Partido Revolucionario Democrático.
«Pero el problema no solo son las mujeres muertas o el aumento de su número», dijo a IPS Sara Lovera, pionera en México del periodismo con enfoque de género. «Está constatado históricamente: siempre que hay una guerra las mujeres son las víctimas», planteó.
«La presencia de los militares en las calles aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, las pone en riesgo, genera miedo y sobre todo, no rinden cuentas de sus abusos», explicó.
Lovera puso como ejemplo el caso de Castaños, localidad del norteño estado de Coahuila, donde en julio de 2006 fueron violadas 13 bailarinas en un centro nocturno por un grupo de soldados. De los inculpados, 80 por ciento están libres, recordó.
México es la más reciente expresión en América Latina de la vinculación entre militarismo y violencia de género, el tema que centra los 16 días de activismo contra el maltrato sexista que se abre en el mundo este jueves 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
«En cualquier circunstancia en donde participa activamente el ejército, las mujeres se convierten en botín de guerra y son las más vulnerables a las agresiones», dijo Blanca Rico, directora ejecutiva de la no gubernamental Semillas, promotora de los derechos de la mujer.
El problema, explicó, es que de parte del Estado no hay mecanismo alguno de contención o reparación del daño. Y aún las propias organizaciones están teniendo que replantear sus metas para hacer el diagnóstico que el gobierno no quiere aceptar.
«Es un fenómeno de rebase total. Semillas no había tenido nunca como tema central a las defensoras de derechos humanos porque no había pasado esto que está pasando hoy: un aumento brutal de amenazas, que es constante. Todas se están viendo acosadas, amenazadas», contó.
Los «daños colaterales» de la violencia generalizada en el país todavía no pueden cuantificarse, pero son un poliedro de muchas caras, indican los expertos.
Están, por ejemplo, los casos de encarceladas bajo la acusación de ser «mujeres de narcos», sin que haya pruebas de su participación en algún delito. O el aumento de la prostitución en lugares donde hay campamentos militares. «Es el uso y abuso de las mujeres. Algo que pasaba en regiones muy específicas donde había presencia militar, pero ahora se ha extendido», dijo Lovera.
La organización independiente internacional Human Rigths Watch (HRW) criticó al gobierno por su propuesta de reforma del sistema de justicia militar y de su fuero especial. Este martes 23 demandó que se excluya de la jurisdicción castrense delitos de agresión sexual y violación de los derechos humanos, entre otros.
El Código de Justicia Militar, que data de 1933, actúa para delitos cometidos por personal castrense activo en el desempeño de sus funciones, así estén establecidos en leyes penales ordinarias. Además, no contempla delitos perpetrados por uniformados a civiles, al estar pensado para una situación de guerra. El caso de la familia Esparza es un ejemplo. Cuando ocurrieron los hechos, las mujeres de la ranchería (aldea) Sinaloa de Leyva, donde enseñaban las maestras asesinadas, aprovecharon la llegada de periodistas a cubrir el caso, para congregarse y demandar al presidente Calderón el esclarecimiento de la matanza.
Más de tres años después, la familia no ha recibido una disculpa pública, ni siquiera un mensaje de condolencias. No hay información oficial del juicio militar contra los 19 soldados involucrados.
«Las pruebas existentes indican que los soldados dispararon sin justificación» contra el vehículo donde viajaban las cinco personas muertas y los tres sobrevivientes, asegura el informe «Impunidad uniformada», publicado en 2009 por HRW, basada en Washington.