La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires estuvo realizando trabajos de mantenimiento en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield. Tras la oposición de las organizaciones que conforman la Multisectorial Chau Pozo, la Justicia dictó la orden de no innovar. El Pozo de Banfield […]
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires estuvo realizando trabajos de mantenimiento en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield. Tras la oposición de las organizaciones que conforman la Multisectorial Chau Pozo, la Justicia dictó la orden de no innovar.
El Pozo de Banfield dejó en 2006 de ser una dependencia de la Dirección de Homicidios y el área de Logística de la Dirección General de Servicios de Custodias de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos perteneciente a la Policía Bonaerense, institución que la había mantenido bajo su poder desde 1983. Muestra palpable de una política estatal que, con sus omisiones y medidas, permitió aquí también la continuidad del aparato represivo.
Las paredes externas del pozo con sus pintadas y su repudio simbolizan la lucha que durante años han dado las organizaciones nucleadas en la multisectorial Chau Pozo para cerrar ese espacio que funcionó como campo de concentración. En los últimos días de agosto, el medio Inforegión publicó que la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense había llevado adelante trabajos de «mantenimiento y preservación». Rápidamente, el director de promoción de esa secretaría, Matías Manuele, aclaró que «no se pueden realizar modificaciones porque entorpecería el proceso judicial» y especificó que se habían limitado a la parte exterior del pozo.
Tal como reproduce ese medio, el Pozo habría sido «acondicionado exteriormente»: se limpió y cerró el terreno baldío lindero, se iluminó el frente del edificio, se podaron los árboles y se arreglaron las veredas. Además, el funcionario adelantó que próximamente se pintarían las paredes externas del edificio y se colocarían vidrios nuevos. A raíz de estos dichos, la Multisectorial Chau Pozo presentó ante el juez Arnaldo Corazza un pedido de no innovar. El magistrado hizo lugar a la solicitud de las organizaciones y le libró oficio a la Secretaría de Derechos Humanos diciendo que las paredes exteriores del centro clandestino de detención no podrían ser «blanqueadas».
«Sostenemos que el Gobierno quiere blanquear el frente del Pozo para ocultar una parte de la memoria historia, que son los más de diez años de lucha de la Multisectorial por cerrar el lugar», le confió Sergio Smietniansky a ANRed. Las organizaciones llevaron adelante una batalla para que se vacíe el Pozo de Banfield y quede como testimonio del plan genocida llevado adelante por la dictadura militar. Por allí pasaron alrededor de 250 secuestrados. Entre ellos, hubo muchas mujeres que allí dieron a luz y sus bebés les fueron robados; de esos niños, hay cuatro que todavía se siguen buscando. Si bien la represión fue la función principal del campo de concentración ubicado a dos cuadras del Camino Negro, sus objetivos fueron variando en el tiempo. De 1974 a 1976 fue usado para la «obtención de información» a través de la tortura. De 1976 a 1978, sirvió como depósito de prisioneros que provenían de otros centros clandestinos de detención del denominado circuito Camps. Sin embargo, su última etapa fue la más aberrante: fue un centro de exterminio.
«Si con lucha lo cerramos, que quede en manos de los que luchan»
No han sido pocos los intentos de la gobernación por dar un sentido diferente al que le otorgan las organizaciones que lucharon por el cierre del Pozo de Banfield. «Ni baúl de los recuerdos ni lavada de cara del Gobierno», es una de las consignas que referencia a la Multisectorial Chau Pozo que llevará adelante una movilización el martes 16 al cumplirse un nuevo aniversario de la Noche de los lápices. En tanto, el gobierno de Daniel Scioli decidió posponer el acto que preveía para esa fecha en el exterior del centro clandestino.