Cómo de pronto nuestra vida se convirtió en una pelic serie b La mañana del miércoles 22 de abril, como todos los días, abrí en mi navegador web los principales medios periodísticos mexicanos. El catálogo de encabezados incuía noticias como la disolución de un grupo civil que buscaba la distención entre una de las […]
Cómo de pronto nuestra vida se convirtió en una pelic serie b
La mañana del miércoles 22 de abril, como todos los días, abrí en mi navegador web los principales medios periodísticos mexicanos. El catálogo de encabezados incuía noticias como la disolución de un grupo civil que buscaba la distención entre una de las principales guerrillas y el gobierno, así como la aparición junto a dos militares ejecutados de un narcomensaje que, según El Universal, señalaba «Ni gobierno ni sacerdotes van a poder con El Chapo». En un país con un promedio de 18 ejecuciones diarias relacionadas con el crimen organizado parecían exageradas las 8 columnas del periódico Reforma que consignaban: «Golpea influenza al DF». El diario reportaba que tan sólo el fin de semana del 18 y 19 de abril habían fallecido 5 personas en hospitales del DF. Ese fue el principio de una historia cuyo final aún ni siquiera intuimos.
Al día siguiente incluso Reforma dividió en dos su encabezado principal y junto a la información de que se había impuesto un cerco sanitario a los hospitales del DF, dio cuenta de una iniciativa de reformas legales enviadas por Felipe Calderón al congreso para crear la figura de «declaratoria de afectación a la seguridad interior» lo cual en realidad es una manera de decretar estados de emergencia sin necesidad de consultar al congreso. En esa misma semana fue aprobada la Ley de la Policía Federal que la faculta para interceptar comunicaciones y realizar cateos. Por su parte la Secretaria de Salud aceptaba que existía un problema grave en los 20 fallecimientos por influenza en el país, la mayor parte ocurridos en el DF. Una cierta inquietud empezaba a surgir entre la población informada.
Pero fue la noche de ese jueves cuando la bomba del miedo explotó en las televisiones de todo el país. De manera intempestiva y sin que mediara una mínima insinuación previa, el gobierno federal anunciaba su decisión de suspender clases en todo el DF y el Estado de México. La medida incluía escuelas públicas y privadas de todos los niveles, incluso universidades y guarderías. El problema es que el anuncio se dio a las 23:00 hrs cuando muchas familias ya estaban dormidas. La mañana siguiente muchos niños llegaron a la escuela y tuvieron que regresar. También significó la puerta de entrada a una semana de pánico y ansiedad alimentada, en primer término, por una política de comunicación social precipitada y errática ¿Por qué no anunciar la suspensión de clases a las 20:00 o a las 22:00? ¿En realidad hubo un cambio cualitativo en la información para retrasar el anuncio hasta esa hora?
Los primeros días del pánico a la negligencia, pasando por las teorías de la conspiración
Como menciona el blog sobre música En g bemol, en su post The Future, las reacciones ante la decisión del gobierno pasaron de las complicaciones para las familias que no tienen margen para las contingencias (muchas, hay que decirlo, en estos tiempos de crisis permanente) a quienes pudieron tomar providencia y simplemente trataron de seguir las recomendaciones. Pero ademas de los negligentes crónicos (quienes que de por sí no se cuidan ni a ellos ni a las personas de su entorno), surgió desde el primer momento un variopinto arcoiris de seguidores de la teoría de la conspiración. Previsible para una ciudad que pudo salvar a muchas personas tras el terremoto de 1985 al desoir el llamado presidencial a quedarse en sus hogares porque todo está bajo control . Previsible para un país en donde la última declaración presidencial antes de la severa crisis financiera conocida como «efecto tequila» en 1994 fue que todo estaba bajo control .
La desconfianza en el anuncio gubernamental generó teorías de que en realidad no sucedía nada y sólo se pretendía desviar la atención. Lo cierto es que el martes 28 el Congreso aprobó el dictamen de la polémica ley de seguridad nacional enviada por Calderón. Los legisladores dispensaron la lectura del dictamen por la emergencia sanitaria y tan sólo votaron. En el otro extremo se situaban quienes creían que se trataba de una conspiración de los gobiernos para asustar y poder controlar a la población civil. En este sentido tan sólo cabe recordar que el miércoles 29 de abril Human Rigths Watch presentó en México su informe «Impunidad uniformada» en el que documenta 17 casos de violaciones graves a los derechos humanos en el marco de los operativos militarizados en contra del narcotráfico que han sido el sello del actual gobierno federal, mismos que han sido denunciados como inconstitucionales por organismos civiles mexicanos por realizar de manera generalizada cateos y detenciones sin orden judicial. Es decir las prácticas extralegales del Estado se han agudizado desde el principio de la actual administración, no con el virus.
Sin embargo, es evidente que existe un grave problema de salud pública que ha dejado ya una gran cantidad de víctimas. Conforme avanzan los días nos encontramos con que en realidad el Estado mexicano no ha tenido claro lo que sucede. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que mientras el 24 de abril el secretario de salud informó que iban 20 decesos «confirmados», durante la conferencia de prensa del martes 28 realizó malabares retóricos para tratar de explicar cómo esos 20 casos habían disminuido a sólo 7. El 2 de mayo diversos medios empezaron a destacar la guerra de cifras entre gobierno federal, los gobiernos estatales y la OMS. Los hechos son que hasta el 29 de abril se informó de la existencia de 159 muertos relacionados con la epidemia. Si fueron víctimas de influenza es bastante preocupante, pero si no lo fueron es más preocupante aún.
Influenza: ¿Un tema de derechos humanos?
Como sabemos, los derechos humanos son las garantías que los estados están comprometidos a cumplir a las personas en su territorio. Están consignados en las leyes locales y en los tratados internacionales firmados y ratificados por cada estado. No son concesiones ni gestos de buena voluntad: son la razón de ser de los estados modernos. El derecho más claramente vinculado a esta epidemia es el derecho a la salud. Según el Diagnóstico que realizó en 2003 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México (OACNUDH) en la «política social» mexicana «como la educación y la salud, se encuentran programas novedosos y bien pensados y diseñados». Sin embargo subraya que hay «escasísimos recursos y falta de presupuesto»; «riesgos constantes de regresión en cobertura y calidad»; «Paralización de las acciones por excesiva normatividad»; «Sobrecarga de trabajo»; «corporativismo sindical» y «pérdida de mística de servicio público».
El artículo 12 del PIDESC, que obliga a México, toma una noción positiva como criterio al reconocer el «derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental». Ello implica «sano desarrollo de los niños»; «mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente»; » La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas»; y » La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad».
La vivencia de la epidemia como marco del derecho a la salud
Vianey, una joven del DF entrevistada por el medio web Reporte Índigo, cuenta su historia yendo de uno a otro médicos para que le diagnosticaran esa molesta enfermedad, hasta que el 18 de abril ella y su familia fueron internados de emergencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), uno de los epicentros de esta emergencia sanitaria. Ella logró salir con bien, por lo que la reportera de Índigo califica al caso de «emblema de esperanza» en medio de una crisis «no sólo de salud pública, sino de confianza en la capacidad del Estado mexicano para enfrentar la Epidemia».
En El Universal del 29 de abril, Edith Martínez había contado la historia de la familia Pérez González de Veracruz. Alejandro, esposo de Mónica y padre de un hijo de un año había contraido el mal. Mónica señalaba que habían tardado una semana en darle el diagnóstico preciso, ya que antes «Sólo nos decían que eran anginas». Devastada por la tragedia familiar siente resentimiento con el nosocomio porque «no lo detuvieron (al virus)» y porque le dijeron «que sólo era gripa».
Aún antes en el tiempo, la revista Proceso 1695 del 26 de abril señala que el gobierno ya esperaba un brote de influenza desde hace tiempo. El escenario de la previsión era grave: «35% de la población infectada, 200 mil muertes, 25 millones de consultas y 500 mil desplazados». A pesar de ello, señala el reportero Daniel Lizárraga, «cuando éste llegó, no pudo contenerlo de inmediato».
A la reportera Marcela Turatti, del mismo medio, la madre de la niña Paola Osnaya le indica que hubo un diagnóstico errático en el que al final le dijeron que la niña no tenía influenza, pese a lo cual en la puerta de su habitación había un letrero que decía «persona con virus de inluenza». La reportera también recibió una llamada anónima en la que un supuesto trabajador del INER le revelaba que la crisis se había salido de control en el hospital. Turatti, mesurada, relativiza tal aseveración, pero es contundente al contar la historia de Ricardo Jarquín. Él también peregrinó por muchos lugares: el»Hospital General»; el «Doctor Simi» (una cadena trasnacional mexicana de medicamentos genéricos que tiene consultorios); y finalmente «el INER».
La esposa de Ricardo aventura 2 posibles factores para que su esposo se enfermara. Por un lado dice que fue a realizar un trabajo a un gallinero «en Veracruz» que todavia «tenía desperdicios». Por la otra dice que su esposo estaba muy deprimido porque tenía tiempo desempleado.
Como se ve en este breve recuento, todos los incisos del art. 12 del PIDESC están incumplidos al menos parcialmente como lo ducumentaron organismos de la Sociedad civil en su informe alternativo al PIDESC 1997-2006, en donde destacan como rezagos en el cumplimiento del derecho a la salud la «desigualdad», la fragmentación y deterioro del Sistema de Salud (ya diagnosticado por la OACNUDH tres años antes) y falta de transparencia en cuanto a cobertura y otros indicadores que demuestran, al menos, ineficacia en la política de salud.
Los tapabocas y el futuro próximo
Señala la BBC que una de sus reporteras se sorprendió al llegar a una conferencia de prensa oficial y ver a todos los funcionarios de salud sin el tapabocas que ha hecho famosos a los mexicanos por el mundo en estos días. Miguel Ángel Lezana, director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades confeso que se prescribieron por «una demanda de la población. La gente se siente más segura llevándolas, más tranquila, y no les hace ningún daño». No sabemos si el funcionario piense que esa es una política pública eficiente.
En cualquier caso las previsiones indican que tendremos que aprender a sobrevivir con este virus y con lo que quiera que sea que halla matado a tantas personas en los últimos días. El siguiente reto para el mundo será durante el periodo de noviembre-diciembre, cuando la temporada estacional de influenza se presente nuevamente. Las medidas más cercanas a las personas y familias apuntan al fortalecimiento del sistema inmunológico mediante el consumo de comida sana (cítricos, frutas, verduras) y el mejoramiento de nuestros hábitos de salud en general.
En términos de políticas públicas no parece que podamos esperar un cambio radical, dado que el gobierno ha abdicado de sus obligaciones y todo parece indicar que están buscando la manera de minimizar el impacto en su popularidad de cara a las próximas elecciones. Esta semana seguramente oscilará entre la polémica pues la OMS ha roto lanzas con el gobierno mexicano y ha señalado públicamente que desoyó una alerta temprana del organismo internacional.
Queda claro que el reto que como sociedad nos queda es fortalecer democráticamente al Estado desde el ejercicio civil de nuestros derechos. No olvidemos que estos son principios emanados de la experiencia humana tras la barbarie que nuestra especie generó, especialmente en el siglo pasado. Esto, en el marco de una crisis global que ya no sólo es ambiental y económica, sino también epidemiológica, implica necesariamente una transformación del modelo político y económico a uno que de verdad se interese positivamente por el bien de las personas y las familias.
Los mexicanos no tenemos la culpa de la pandemia de influenza, pero sí la tenemos por permitir que nuestro Estado se deteriore tanto como para no ser capaz de cumplir con su único objetivo posible: protegernos. Somos responsables de un sistema que dejó de ver a las personas y sólo protege los intereses corporativos para asegurar el control del poder público. Pero en eso el resto del mundo es tan responsable como nosotros.