«(…) Son documentos que los hemos encontrado diseminados en el Estado. ¿Saben que hay una CONAREPA residual? Una oficinita -esas cosas extrañas que suceden en la administración pública- llena de telarañas, donde hay un señor y una empleada nada más y donde están todos los expedientes (…) En la CONAREPA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, […]
«(…) Son documentos que los hemos encontrado diseminados en el Estado. ¿Saben que hay una CONAREPA residual? Una oficinita -esas cosas extrañas que suceden en la administración pública- llena de telarañas, donde hay un señor y una empleada nada más y donde están todos los expedientes (…) En la CONAREPA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, y en las Actas de Responsabilidad Institucional, los Graiver estuvieron en el ’77 (…)» (Discurso de Cristina de Kirchner presentando el informe Papel Prensa – La Verdad, 24-08-10)
El domingo 5 de setiembre, el diario kirchnerista Tiempo Argentino salió a la carga con nuevas pruebas sobre los estrechos vínculos que mantuvieron los directivos de Clarín y La Nación con la dictadura, para quedarse con Papel Prensa.
La nota, escrita por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso, es destacada como la principal de tapa, ocupa las páginas 2, 3,4 y 5, y lleva por titulo: «Papel Prensa: la alianza entre los tres diarios y las tres armas. Las pruebas que vinculan a Magnetto con el interrogador de los Graiver». En la bajada señala que «Tiempo Argentino accedió a expedientes secretos del Ejército: la burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba ‘los interrogatorios’ a los detenidos en los campos de exterminio»
Los periodistas publican una detallada documentación que prueba las reuniones que mantuvieron en 1977, Héctor Magnetto (Clarín), Bartolomé Mitre (La Nación) y Patricio Peralta Ramos (La Razón), con el ‘salvaje’ genocida General de Brigada Oscar Gallino, quien fuera subdirector del centro clandestino de detención «El Tolueno» en Campo de Mayo, y el responsable de los «interrogatorios» del «Caso Graiver». La desclasificación publicada por Tiempo Argentino resulta otra prueba de peso en el caso «Papel Prensa». Desde hace algunos meses, este diario junto al periódico semanal Miradas al Sur – ambos del empresario ‘K’ Sergio Spolsky – vienen dedicando una importante cantidad de notas sobre el tema. Incluso publicaron un libro: «Silencio por Sangre» de los periodistas Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli.
La hasta ahora silenciada historia de Papel Prensa, también ha sido retratada durante estos meses, con informes y reportajes televisivos emitidos por Canal 7 y el programa «Bajada de Línea» conducido por Víctor Hugo Morales en Canal 9; entre otros. Y por supuesto, hay que sumar el extenso informe «Papel Prensa – La Verdad» presentado por la presidenta el 24 de agosto pasado.
Sin embargo, este nuevo hallazgo de Tiempo Argentino vuelve a relucir una vez más, otra gran verdad. Y es que los archivos están intactos. Que actualmente en las «oficinitas llenas de telarañas» del Estado Argentino, esos documentos siguen escondidos y sólo son manejados a discreción por el gobierno para utilizarlos a conveniencia en sus pujas de poder. En este caso, lo hace contra el Grupo de Noble-Magnetto; pero otras veces en disputas políticas menores. Como cuando el kirchnerismo sacó a relucir el pasado de «Juanjo» Álvarez como miembro de la SIDE en la dictadura. Vaya vueltas de la vida que hoy el ex funcionario Duhaldista es asiduo visitante de Kirchner en Olivos y está preparando un «programa integral contra la inseguridad» para colaborar con Scioli en la provincia. (Revista La Tecla Nº 337, 26 de agosto de 2010)
Esta repentina aparición de documentos y «expedientes secretos» al alcance de periodistas y empresas de medios alineadas con el gobierno de los Kirchner, nos abren varios interrogantes
¿Por qué el gobierno y su prensa afín no dan a conocer los legajos de todos y cada uno de los que participaron en la SIDE y actuaron como agentes de inteligencia durante la dictadura? ¿Por qué no se conocen más datos sobre el destino de centenares de niños apropiados por los genocidas? ¿Por que no buscan cómo cada grupo empresario hizo manejos para llenarse de deuda que luego pasaría a manos del estado, para que hoy la sigan pagando el conjunto de los trabajadores y el pueblo argentino? ¿Por qué no se destapan las reuniones que mantuvieron y qué acuerdos hubo entre empresarios, burócratas sindicales y milicos para desarticular y aniquilar las comisiones internas, los cuerpos de delegados que, como dijera el dirigente radical Ricardo Balbín, conformaban la «guerrilla fabril» a la que había que eliminar? ¿Por qué no se sabe todavía a dónde fueron a parar los miles de desaparecidos, quiénes los secuestraron, los torturaron, cocieron las capuchas y se las colocaron, los cargaron a los aviones, los ejecutaron y los tiraron a fosas o al Río de La Plata? ¿Por qué se entregan sólo los nombres del Batallón 601 y no se hace una apertura completa e irrestricta de los archivos de la represión? Una respuesta se anima a salir de nuestro razonamiento: porque el gobierno no quiere.
No quiere abrir una «caja de pandora» que dejaría al desnudo la historia y la «naturaleza» criminal de una clase social, la clase capitalista, su estado y sus instituciones.
Los Magnetto, los Mitre, los Peralta Ramos, no son una excepción; sino claros exponentes de una clase social que puso a los militares para que ejecutaran el golpe.
En definitiva, la misma la clases social para la cual, también gobiernan los Kirchner.
Por eso, la impostura de un gobierno que podrá conseguir que se juzguen algunos genocidas viejitos y emblemáticos, o disparar denuncias rabiosas contra algunos empresarios; pero jamás podrá lograr justicia hasta final, exponiendo toda la verdad y encarcelando a todos y cada uno de los protagonistas -militares y civiles- del último de los genocidios de la historia argentina.