«Los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores» Juan Domingo Perón El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina ha dado una sobrada muestra de la falta de respeto a las libertades y derechos de sus habitantes, así como de un atropello a las acciones privadas que para la Constitución Nacional «están […]
Juan Domingo Perón
El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina ha dado una sobrada muestra de la falta de respeto a las libertades y derechos de sus habitantes, así como de un atropello a las acciones privadas que para la Constitución Nacional «están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados». Ahora puede conocer los sitios visitados en Internet, el contenido de correos electrónicos enviados y recibidos y las intervenciones realizadas en los chateos de cualquier persona, además de las conversaciones realizadas tanto a través de la telefonía móvil como la celular.
El trámite de la modificación de tres artículos (Nº 45 bis, ter y quáter) de la Ley Nacional de Comunicaciones, Nº 19.798 del año 1972 es una confirmación del peligro al que estamos expuestos los ciudadanos cuando se legisla por imposición del Ejecutivo o bien de forma descerebrada.
Para comprender lo acaecido veamos el trámite que tuvo la Ley Nº 25.873:
Proyecto de Diputados (Expediente 3243-D-03): 15-07-2003
Comisión – Comunicaciones e Informática (HCDN): 24-09-2003
Sanción de la Cámara de Diputados: : 26-11-2003
Proyecto en el Senado (Expediente 132/03): 03-12-2003
Comisión – Comunicación y Libertad de Expresión (HCSN) 03-12-2003
Comisión de Justicia y Asuntos Penales (HCSN): 03-12-2003
Egreso de Comisiones: 17-12-2003
Sanción de la Cámara de Senadores (Ley 253873): 17-12-2003
Promulga de hecho: 06-02-2004
Reglamentación del Poder Ejecutivo (Dec. 1563): 08-11-2004
Cuando el 8 de noviembre del 2004 el presidente Néstor Kirchner -abogado- y los ministros Alberto Fernández -abogado-, Aníbal Fernández -abogado y contador público- y Julio de Vido -arquitecto- firmaron el Decreto Nº 1563/2004 sabían perfectamente que estaban desnaturalizando la Ley Nº 25.873, aún después de 276 días que estaba sin reglamentar. La condición de profesionales de los cuatro nombrados hace inexplicable el desconocimiento de la Constitución Nacional. Casi temerario éste hecho conociendo que su redacción pasó por las manos del Secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini -abogado- quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia y en dos oportunidades Convencional Constituyente en la provincia de Santa Cruz.
El proyecto original presentado por el Diputado Nacional José Díaz Bancalari -abogado- se refería exclusivamente a «la prestación de servicios de comunicaciones móviles» y para que las empresas a cargo de los mismos hagan «posible la captación y/o derivación de aquellas comunicaciones que utilizan sus redes para hacer posible su observación remota» para atender «las solicitudes de información que les curse la Dirección de Observaciones Judiciales».
La finalidad era hacer «responsables de los daños que pudiese ocasionar la utilización del servicio por personas que no hubiesen adquirido la calidad de clientes conforme al Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles».
Hasta aquí no existía la más mera mención a las «telecomunicaciones».
Luego al pasar por la Comisión de Comunicaciones e Informática de la cámara baja su texto fue cambiado por «Todo prestador de servicios de telecomunicaciones» y hacer posible que se extienda «para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público». Con un sorpresivo agregado «Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones» y además que «deberá ser conservada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones por el plazo de diez años».
Luego de su sanción en Diputados la iniciativa fue analizada por dos comisiones del Senado (ver arriba) en el exiguo tiempo de 14 días, para que en momentos de su sanción el Senador Nacional Miguel Pichetto -abogado y miembro de las comisiones de Derechos y Garantías, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales- pida su aprobación manifestando «Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo, ya sancionada por la Cámara de Diputados, que apunta a fortalecer la lucha contra el delito organizado, fundamentalmente en lo que se refiere a la logística para la captación de las líneas telefónicas en secuestros extorsivos. El Estado requiere de esta ley para que las compañías puedan actuar con celeridad en la captación de las líneas». Sin más comentarios legales de que «En cualquier esquina de esta ciudad se venden teléfonos celulares usados».
Entonces según los dichos de Pichetto no era una iniciativa de Díaz Bancalari. Un detalle no menor porque lo traicionó el subconsciente al sostener que se trataba de una iniciativa de Kirchner. Será por eso que al terminar su intervención dijo «la tarea que han realizado hoy, cumplimentando toda la agenda que era larga e importante y que contenía algunos temas de trascendencia para el país».
El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la ley extralimitándose y extendiéndola a «Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, cable eléctrico, atmósfera, radio electricidad, medios ópticos y/u otros medios electromagnéticos, o de cualquier clase existentes o a crearse en el futuro». Por si pudiera quedar alguna duda lo impone a «Todas las comunicaciones originadas en redes de telecomunicaciones, sin excepción alguna» para que «pueda ser recibida en tiempo real y en condiciones de ser interpretada por el órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones». O sea la famosa Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. O sea la SIDE. O sea el espionaje oficial.
Ahora dice Kirchner que «anulará» el decreto. Que vergüenza institucional. Es una broma más que tiene como siempre de protagonistas a los representantes del pueblo.
Seguramente debido a las presiones de las empresas de telecomunicaciones, preocupadas por las inversiones que deberían hacer para cumplir con la ley, salió a la luz pública esta aberrante cuestión que nos colocaba a todos en situación de sospechosos y que vulneraba nuestra intimidad en la correspondencia, como nuestros derechos a la privacidad.
Es por eso que cuando el presidente escribe sus discursos sobre los Derechos Humanos con la mano «izquierda» y nos gobiernan con la mano «derecha» no podemos dejar de seguir preocupados por la República Argentina porque así no se hace «Un país en serio».
12 de abril del 2005