-M.H.: Estamos con Gustavo Lahoud, especialista en temas energéticos. ¿Qué impresión te llevaste de la audiencia de las Comisiones parlamentarias con el Ministro Aranguren del martes pasado? -G.L.: En principio creo que a ellos les faltó un protagonista, porque viendo los casi 40 minutos que habló Aranguren al comienzo, volvió a plantear que la herencia […]
-M.H.: Estamos con Gustavo Lahoud, especialista en temas energéticos. ¿Qué impresión te llevaste de la audiencia de las Comisiones parlamentarias con el Ministro Aranguren del martes pasado?
-G.L.: En principio creo que a ellos les faltó un protagonista, porque viendo los casi 40 minutos que habló Aranguren al comienzo, volvió a plantear que la herencia recibida en materia energética es insostenible y catastrófica y que, por lo tanto, había que provocar este sinceramiento brutal que entre otras cosas conlleva al tarifazo. Y un conjunto de políticas que están aplicando, que tienen que ver con volver a los criterios rectores del mercado instalado en los ´90 con la política de la desregulación.
Digo que les faltó un protagonista porque no estuvo Julio De Vido, que hubiera hecho el show mucho más grande. Coincido con el audio que escuchamos del diputado Martínez de Neuquén, que no dio datos centrales importantes.
Me quedé impresionado con la intervención de la diputada Camaño, no tanto por sus preguntas que eran esperables, que tienen que ver con los agujeros negros informativos que hay respecto del tarifazo, y que en el caso del gas tienen que ver con un precio que el gobierno redeterminó, que es el llamado «precio del gas en boca de pozo».
Lo que hizo el gobierno con estas resoluciones que hoy fueron anuladas parcialmente por la Corte Suprema, fue aumentar en más de un 100% el precio promedio de ese gas, es decir, el precio que las empresas reciben por sacarlo. Esto es importante, ante esas preguntas Aranguren dijo que no podía dar esa información en ese momento, porque dependía de muchas cuestiones, de la situación de las empresas, los proyectos productivos, de las cuencas; que en todo caso luego iba a mandar la información por escrito. Con lo cual tiene razón el diputado Martínez cuando dice que no ha abundado en información en lo absoluto.
Es central esta información en el caso del gas; la razón de por qué mucha gente recibió la factura de mayo y junio con el tarifazo que derivó en el gran problema que estamos viviendo, fue el traslado de ese aumento brutal del precio del gas en boca de pozo a la factura final. En la factura final que todos pagamos por el gas, alrededor de un 65/70% tiene que ver con ese precio que se le paga a los productores. Con lo cual, lo que han hecho es una clara maniobra de transferencia, de sostener sobre las espaldas de todos nosotros ese dinero que le han transferido por ese aumento del precio del gas en boca de pozo, que es de alrededor de entre 2.800 y 3.300 millones de dólares. Es difícil determinar el número con precisión, pero esto es lo que está detrás del debate. A tal punto que la incidencia en el transporte y la distribución en la tarifa final del gas, está más o menos en torno a un 20%, el resto son impuestos.
Desde nuestra óptica es esto lo que no se quiere plantear. La Corte Suprema definió entonces la realización de una audiencia pública y el gobierno asume el error de no haber cumplido con esta formalidad y que debe hacerse. Hay que recordar que el gobierno había dicho que estos aumentos transitorios estaban avalados por una audiencia pública que se había hecho en el año 2004. Obviamente este argumento no fue convalidado por la Corte, que dijo que las condiciones económicas, sociales del país en más de 10 años han cambiado rotundamente. A la vez, lo que estaba en discusión es que si el precio del gas estaba desregulado por la legislación vigente, se podría o no poner en discusión en audiencia pública.
Los jueces en la determinación dicen que hay que discutir todo en la audiencia, y Maqueda particularmente enfatiza en el tema de que hay que discutir también el precio del gas en boca de pozo. Hay un punto interesante ahí, porque hay que ver qué va a hacer el gobierno ante esa audiencia, qué va a transparentar. Algunos lobistas están hablando de fallo salomónico, gente como Emilio Apud que fue Secretario de energía y ahora es Director de YPF o Daniel Montamat, ex secretario de Energía del gobierno de Fernando De la Rúa.
El elemento oscuro que tiene la decisión de la Corte es que anula estas determinaciones para los usuarios residenciales, que representan más o menos un 30% del consumo de gas, para el otro 70% debemos entender que la Corte al no tratarlo, mantiene el aumento brutal. Además dice algo respecto de las acciones colectivas, porque el usuario residencial teniendo en cuenta que no estaría en condiciones de acceder a la justicia y defenderse debidamente y que de incurrir en eso podría perder más de lo que gana, entonces una acción colectiva que se instala en favor de la gente es la que la Corte está reconociendo. Pero avala en parte el fallo de la Cámara Federal de La Plata, porque la acción colectiva que es la base de ese fallo, se aplicó para todos los usuarios, residenciales, comerciales e industriales. Acá la Corte lo circunscribió a los usuarios residenciales.
En el último año se han perdido 4.260 empleos petroleros
-M.H.: Tenemos pendiente una comunicación con Marcelo García del Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano (NPEL), con quien queremos dialogar sobre un aspecto muy específico, porque lo que comenta Gustavo es muy importante, se ha pretendido transferir a los usuarios lo que es un subsidio a las empresas productoras de petróleo en boca de pozo del orden de los 3.000 millones de dólares, estamos hablando de 45.000 millones de pesos, y se pretende que lo paguen los usuarios. Esto cuando se reconoce un precio del barril del petróleo de alrededor de 70 dólares, cuando en el mundo está aproximadamente en los 40 dólares. Pero hay un aspecto sobre el cual se ha hecho hincapié, que es que esto permite de alguna manera mantener las fuentes de trabajo de los trabajadores de la industria petrolera.
Días atrás leí un artículo de Marcelo García donde señala que desde que asumió Macri se perdieron 500 empleos petroleros por mes. Alrededor de 4.000 trabajadores que supuestamente estarían protegidos por esta política que subsidia a las empresas.
-M.G.: Es así. Si bien a partir del gobierno de Macri las estadísticas están un poco retrasadas, y cuesta bastante obtener buenos datos, a partir de lo que viene publicando el Ministerio de Trabajo, se puede determinar que en el último año se han perdido 4.260 empleos petroleros, esencialmente desde la llegada de Macri a la presidencia, con su equipo especial de ceos, han generado una profundización de este proceso de destrucción del empleo en el rubro petrolero que verdaderamente es preocupante, alcanza a los 3.500 empleos destruidos en el sector del petróleo en todas las cuencas nacionales desde el mes de octubre, con un promedio que da 500 empleos mensuales, 16 diarios. Por ejemplo, en noviembre se perdieron 506 empleos, en diciembre 529, en enero 429, en febrero 175, 456 en marzo, pero este proceso se viene profundizando, en abril fueron 891, 442 en mayo que es el último dato disponible.
Hablo de «destrucción del empleo» porque hay una combinación, hay despidos por un lado, pero también hay un proceso que se viene dando hace casi un año, porque la crisis petrolera a partir de la baja del precio del barril lleva más tiempo, pero particularmente en este 2016 los sindicatos vienen discutiendo con las operadoras y empresas petroleras, el ajuste y reducción de gastos. Esto tiene que ver por un lado con la jubilación compulsiva de todos aquellos obreros petroleros que superan los 55 años. No por convencimiento, sino porque el sindicato, a partir del acuerdo que hizo con las empresas petroleras, presiona para que esos trabajadores se retiren y, por otro lado, los retiros voluntarios. Entonces, ese combo de despidos, jubilaciones y retiros voluntarios ha hecho que esto se venga produciendo, lo cual por un lado comparado con lo que estabas mencionando en torno de subsidiar a las empresas productoras de petróleo para que no se genere desocupación ni se profundicen los despidos y, por lo tanto, la crisis social, entra en un fuerte choque de definiciones.
-M.H.: A ese cuadro habría que agregar las suspensiones. Hay muchas empresas que han parado sus maquinarias.
-M.G.: Sí. Esencialmente eso se viene dando en Neuquén, donde el gremio petrolero, dirigido por Guillermo Pereyra, ha acordado con la Cámara de operaciones especiales la suspensión de equipos perforadores. En las otras cuencas, y particularmente en la del Golfo San Jorge que abarca el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut, las empresas sin haber llegado a un acuerdo de esas características, igualmente han parado equipos perforadores, cuando habían firmado acuerdos que no estaban en consonancia con eso.
En la cuenca del Golfo San Jorge hay más de 30 equipos paralizados de Panamerican Energy, YPF, Sipetrol y Tecpetrol. Esa es gente que está sin subir a trabajar y cobrando lo mínimo de su salario porque pierden un montón de adicionales que conforman los altos salarios petroleros, que sin esos plus son muy normales y parecidos al resto de los trabajadores.
-M.H.: ¿Cómo viste todo el proceso de lucha popular contra el tarifazo?
-M.G.: Lo primero que hay que decir es que el problema de la energía para muchos es un tema de vida o muerte, de dignidad o de miseria, lo cual no es poca cosa; siempre dependiendo del lugar social que uno ocupe y cómo lo toque el problema, son las consecuencias. Hoy la Corte ha decidido retrotraer todo, el problema es que una vez que se cumplimente con las audiencias públicas, lo más probable es que el gobierno lleve adelante su plan de aumento que mínimo va a ser de un 400%. Porque las audiencias son no vinculantes, eso significa que el gobierno va a acordar con las empresas el aumento que estaba previsto, lo único que se ha logrado es demorarlo. Ahora quedará en manos de los propios usuarios revertir esa situación, porque no es lógico un aumento de estas características, sí es lógico que haya aumento porque las tarifas estaban muy desfasadas, pero no en estas proporciones.
Ningún aumento podría superar el acuerdo salarial paritario que se acuerda año a año. Por un lado están las ganancias de las empresas, que inclusive en plena crisis petrolera, con esta baja del precio internacional del petróleo, vienen siendo muy abultadas. Por otro lado está el tema de los subsidios, porque el Estado sigue subsidiando a las empresas petroleras. El otro día se dio a conocer un dato que es en general muy difícil de obtener, el costo de producción de un barril de petróleo en la Argentina, es un secreto que ni las empresas ni el Estado le da a nadie. YPF en una reunión de ceos confirmó que el precio es de 20,6 dólares, 12,6 vinculados a los costos de producción y el resto a los impuestos y regalías. Eso, respecto de lo que se paga el barril en las distintas cuencas, implica que la ganancia de las petroleras en este contexto de crisis es de un 100%, ganan un 100% por cada barril de petróleo que producen. No muchos negocios dan ese nivel de rentabilidad en plena crisis.
-M.H.: Alguna vez charlando con José «Pepino» Fernández, compañero referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (Salta) y ex trabajador de YPF me contaba que una vez le preguntaron a Rockefeller cuál era la empresa que daba más ganancia y él respondió una petrolera. Y la segunda empresa que da más ganancia: una petrolera en crisis.
-M.G.: Es que las empresas tienen un plan que está siendo desarrollado con el gobierno de Macri y los ceos que están como funcionarios públicos, que es de ajuste, que tiene que ver con esto que mencionábamos anteriormente de despidos, jubilaciones y reducción de costos salariales, pero que además va por la flexibilización del trabajador petrolero, algo que no han podido imponer a lo largo de los últimos quince años producto de las enormes luchas que protagonizaron los petroleros que lograron revertir y mejorar muchísimo sus condiciones laborales. Se ha firmado un acta, hace un mes en el Ministerio de Trabajo, donde se pone en marcha una comisión de reestructuración de la industria petrolera, impulsada por el Ministro Triaca y las propias operadoras con la complicidad de los dirigentes sindicales de los gremios petroleros, en donde se pretende modificar sustancialmente todas las condiciones de trabajo, e incluir el turno de 8 horas, para reducir en un 40% el salario de los trabajadores.
El tarifazo va a depender en gran medida de lo que hagan los sectores populares y en cuanto al ajuste y la flexibilización, a lo que hagan los propios trabajadores porque los dirigentes ya han dado muestras de hacia dónde piensan ir. La situación es verdaderamente complicada y habrá que ver cómo se define en el futuro. Pero en estos dos sectores, el popular en cuanto al tarifazo, y los sectores de trabajadores petroleros en cuanto a la flexibilización y al ajuste, está cómo se defina esto, sin que el resto nos quedemos mirando.
-M.H.: El tema tarifario es mirado muy de cerca por las multinacionales energéticas internacionales, General Electric, Panamerican Energy, empresas chinas, que están a la expectativa de la aplicación de este tarifazo porque tiene que ver con la capacidad de imponer determinadas políticas, la gobernabilidad, vinculada a la política de inversiones. Al mismo tiempo un gobierno que está promocionando la posibilidad de la inversión en energías alternativas. ¿Qué nos podes comentar respecto a esto?
-G.L.: Hay dos cosas, por un lado una movida importante de muchas empresas de distintos orígenes, que a partir de todos los debates vinculados al cambio climático están empezando a trabajar en la búsqueda de inversiones vinculadas a este tipo de energías complementarias, porque detrás de eso ha habido un abaratamiento creciente de los costos de instalación de estas nuevas energías, de los costos de infraestructura, que permitirían en principio poder generar un avance interesante pero en función de reproducir lógicas empresariales transnacionales. Algunas de estas empresas se han convertido en este sentido y tienen mucho de su negocio enfocado en esto. La Argentina está entrando en esa lógica y tiene la dificultad de hacerlo bajo el paradigma de convertir a las energías renovables en un complemento más que permita mejorar la llamada competitividad y optimizar costos a las propias empresas que siguen produciendo bajo los términos extractivistas. Un ejemplo concreto es lo que está pasando en San Juan, donde se está pensando en instalar parques eólicos y solares fotovoltáicos pero vinculados a optimizar y mejorar la calidad en términos de polución ambiental a las empresas mineras.
Hay que ver para qué tipo de modelo económico van a desarrollar las energías alternativas basadas en fuentes renovables. Hay una movida empresarial muy grande vinculada a esto y que va de la mano de la movida del gas, por eso Vaca Muerta, cuando se recupere el precio, va a volver a estar en la mira.
Y en cuanto a las inversiones, te diría que la pregunta es si les van a dar la seguridad jurídica de un horizonte de aumento gradual de las tarifas que no le implique al inversor tirar todo por el aire. Porque si, como decía Marcelo, luego de octubre, pasadas las audiencias se consagra el 400% de aumento, peligra la viabilidad de esos proyectos. Capaz que hay un sector empresarial que no está dispuesto a venir bajo cualquier circunstancia, porque saben que en Argentina cuando los sectores populares se empiezan a mover se produce una gran inestabilidad y problemas graves. Se sabe que en ese sentido el criterio de seguridad jurídica no va a poder ser sostenido.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.