No se corrompe lo mediocre. Se corrompe lo excelso, lo que consideramos a priori, por definición, digno de confianza. Sin embargo, así como admitimos de antemano la posible corrupción de políticos, concejales, comerciantes, abogados, notarios o policías, por la propia naturaleza de sus actividades, nos resulta mucho más difícil aceptar la de un juez o un periodista. Hasta que conocemos uno o varios casos, tendemos a pensar que ni la justicia ni el periodismo se prestan fácilmente a la corrupción. Presumíamos, como en otro tiempo presumíamos de la Iglesia católica y de sus sacerdotes, que esas instituciones y quienes las ejercen eran, por principio, impecables.
Sin embargo, desde el régimen democrático establecido en España en 1978 y, sobre todo, durante la última década, por presuntas razones políticas, la corrupción ha penetrado, a mi juicio, también en la justicia y en el periodismo, y lo hace descaradamente a la fácil vista de todos.
La corrupción se está convirtiendo así en un comportamiento que invierte la presunción. Es decir, ya no se presume la honestidad de cualquier actividad hasta que se demuestre lo contrario: empieza a presumirse la corrupción hasta que persista la normalidad. Y eso es una verdadera degradación social.
En España, en este periodo de su historia, ninguna actividad parece estar completamente a salvo de ella. Ni siquiera la noble profesión de la enseñanza, en la que se conocen casos de títulos académicos obtenidos mediante precio o prácticas fraudulentas. Y tampoco, por supuesto, el periodismo.
Precisamente porque el periodismo —como la medicina, el sacerdocio, la judicatura o la enseñanza— nos parece una profesión que exige una especial integridad, tendemos a considerar excepcional su corrupción. Pero el periodismo dispone de formas de corromperse que no consisten únicamente en publicar una noticia falsa, la llamada fakenews. En un país tan politizado como España hay, al menos, otras dos: una es ocultar aquello cuya divulgación perjudica a un partido político determinado. La otra consiste en presentar como escandaloso, desde el mismo titular y sin necesidad de mentir, un comportamiento banal —político o común— cuando quien lo protagoniza pertenece al partido adversario.
Ya en 2005, El País publicó un editorial en respuesta al proyecto del Congreso de los Diputados para elaborar un Estatuto del Periodista. El periódico reconocía entonces una “lista de males” y afirmaba que el periodismo español atravesaba “uno de los momentos más críticos de su historia reciente”. Pero, al mismo tiempo, sostenía que debía ser el propio periodismo el único legitimado para corregir sus lacras y controlar su ejercicio.
Han pasado más de veinte años. Y nada esencial parece haber cambiado. Más bien al contrario: la politización de una parte del periodismo ha hecho más visible y más intensa su degradación.
Hay un episodio de aquella época que puede considerarse un hito —casi infantil por su evidencia— en este proceso. En 2004, gobernando el PP, El País atribuyó en su primera plana del día siguiente el atentado del 11-M, el de Atocha, a ETA. La explicación fue que el presidente del Gobierno había telefoneado al director del periódico, Jesús Ceberio, para comunicarle la “noticia»”
¿Incompetencia o corrupción?
El referente del Watergate ayuda a responder. Un periodista puede recibir información de una fuente política, incluso de la máxima autoridad del Estado; lo que no puede hacer es convertir sin la debida comprobación esa información en una verdad periodística cuando se trata de un asunto de semejante trascendencia. Un atentado terrorista exige investigación, contraste y cautela. Aceptar como fuente prácticamente única la afirmación de un presidente del Gobierno y llevarla a primera plana equivale a abdicar de una de las obligaciones esenciales del periodismo: comprobar aquello que se publica.
Desde entonces, una parte del periodismo español no solo no ha mejorado. En los últimos años ha llegado a confluir con un sector de la justicia en una estrategia política, destinada, según sus críticos, a debilitar o incluso a desalojar al Gobierno actual mediante una sucesión de informaciones, acusaciones, filtraciones y tratamientos desiguales de hechos semejantes.
No se trata ya únicamente de mentir. La corrupción periodística puede ser mucho más sutil: seleccionar qué se cuenta y qué se calla; decidir qué merece un titular y qué merece el silencio; convertir una anécdota en escándalo cuando afecta al adversario y reducir un escándalo a anécdota cuando afecta al propio; y, finalmente, hacer pasar por información lo que en realidad es una determinada posición política.
Eso es lo verdaderamente peligroso.
Porque cuando el periodismo deja de tener como principal objetivo la verdad y la sustituye por la lealtad política, deja de ser contrapoder para convertirse en poder. Y cuando el ciudadano ya no puede distinguir entre información, propaganda e interés partidista, la democracia conserva sus instituciones, pero pierde uno de sus principales instrumentos de defensa. No extraña en absoluto que un escritor y periodista polaco. Kapuscinsky, dijera que “cuando se descubrió que la información es un negocio, dejó de tener importancia la verdad.
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