Persecución judicial del Gobierno contra los movimientos sociales

Ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, Belliboni negó que su organización presione a la gente para que concurra a las marchas bajo la amenaza de que perderán el Plan o el bolsón de alimentos. También rechazó que alguna de las facturas presentadas al ministerio de Capital Humano para rendir gastos haya sido trucha. “Estamos frente a una persecución política”, sostuvo sobre la causa judicial, y denunció que desde el juzgado “fueron filtradas noticias falsas a los medios, funcionales a la política del gobierno de atacar a las organizaciones sociales y sindicales para aplicar su plan económico”.

Mientras se realizaba la indagatoria, en la puerta de los tribunales de Comodoro Py hubo una concentración en su apoyo y el de los otros militantes que, como él, durante la jornada debieron prestar declaración.

La indagatoria a Belliboni se extendió durante casi tres horas. A la salida, el dirigente dijo que presentaron al juez tres biblioratos con documentos sobre el funcionamiento de las cooperativas y comedores del Polo Obrero, para desmentir que haya un delito en el cobro de aportes a sus integrantes.

“Todas nuestras organizaciones cumplen una enorme función social que el Estado ha abandonado. ¿Saben cuánto cuesta poner un comedor en funcionamiento? Seis millones de pesos. Los ponen los compañeros que están acá y que aportan conscientemente”.

Por otra parte, el dirigente explicó por qué considera que la causa es política. “Esta persecución se inició el 20 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prohibió las movilizaciones de reclamo y de protesta. Lógicamente iba a haberlas, porque hay una población golpeada por la inflación, que además es una población a la que se le sacó la comida. Después nos enteramos de que los alimentos estaban escondidos, que no se le daba la comida a esa población para castigarla por pertenecer a un movimiento; todo esto en medio de un proceso de inflación brutal que llevó a un millón de personas más por mes a la pobreza y a otros tantos a la indigencia”.

“Esta situación se debe invertir: los que deben estar en el banquillo de los acusados son los que escondieron los alimentos, son los que le sacaron los planes sociales a la gente por cruzar la frontera de La Quiaca a Villazón, por hacer tres cuadras. Es una vergüenza lo que hizo el gobierno, tanto este como el anterior”, planteó el dirigente.

Este martes también fue indagada María Isolda Dotti, una militante del Polo Obrero a la que en un operativo -el 13 de mayo, cuando la justicia realizó 27 allanamientos a integrantes y activistas de los movimientos sociales- la policía le secuestró en su casa 54.000 dólares. Dotti señaló que se trata de dinero que tenía por la venta de una casa que heredó de su padre; en el momento del allanamiento ella tenía la documentación que lo respaldaba, pese a lo que igualmente le secuestraron ese dinero. La noticia fue filtrada a los medios sin ninguna mención de que esa suma estaba justificada, como si se tratara de un indicio de un hecho de corrupción. Dotti, que es una activista de clase media que para militar a tiempo completo se fue a vivir a Villa Soldati, donde trabaja como portera de una escuela, tuvo una sanción en su trabajo a raíz del allanamiento y en medio de la campaña de estigmatización.

El interés de esta causa judicial reside en que la fiscalía interpreta como pruebas de que se cometieron delitos una serie de prácticas organizativas de los movimientos sociales, como usar un sistema de puntajes interno para distribuir alimentos o acceder a un plan social, cobrar aportes a sus integrantes o tomar asistencia a las actividades de la organización, entre ellas ir a una marcha. A su vez, el hecho de que dentro de la organización haya personas que reciben más asistencia (por ejemplo, un Plan Potenciar más un Nexo) que otras, fue considerado por la fiscalía un indicio de que se estaba frente a una organización que tenía entre sus objetivos quedarse con la plata destinada a los pobres.

Con las declaraciones de este martes se completaron los llamados a indagatoria de los 23 imputados. Dentro del plazo de diez días, el juez Casanello deberá resolver si los procesa, sobresee o les dicta la falta de mérito. 

El derecho de los trabajadores a luchar y organizarse políticamente

En el marco de las causas truchas con las que el Estado persigue al movimiento piquetero, declaró en los tribunales de Comodoro Py el dirigente del Polo Obrero y el Partido Obrero, Eduardo Belliboni. Ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, quienes hasta intimidan testigos para que abonen a las acusaciones de Bullrich y Pettovello, el referente piquetero no solo refutó las infamias dirigidas contra su organización y todos los que son perseguidos por luchar, sino que hizo una defensa del derecho de los trabajadores a organizarse para pelear por mejores condiciones de vida y agruparse políticamente por sus intereses más profundos.

El hecho de que los pobres pueden tener y tienen conciencia política fue uno de los puntos nodales de la declaración indagatoria de Belliboni. Esta cuestión tan básica refuta toda la concepción racista en que se basa la acusación por extorsión o desvío de fondos hacia el Polo Obrero y otras organizaciones sociales, cuyo punto de partida es que las familias trabajadoras no se agrupan y movilizan por decisión propia, sino que son arriados como si fueran ganado.

“Chiquito” Belliboni explicó a los funcionarios judiciales que llevan adelante esta causa manipulada cómo nació el Polo Obrero hace más de dos décadas al calor de las grandes luchas de los desocupados hacia finales de los 90 que recorrieron la Argentina, cómo se organiza en base a asambleas en los barrios y elección de delegados revocables, e incluso contó su historia personal que lo llevó a la militancia socialista en el Partido Obrero. Explicó que los socialistas pelean por ganar la conciencia de los trabajadores, sea en un gremio o en un barrio, lo que excluye cualquier método de imposición u extorsión.

Desnudó así cómo la acusación de llevar a la gente de las narices responde a prejuicios de clase, fundados en la concepción de que “porque somos pobres no nos podemos organizar, no podemos pensar, no podemos debatir políticamente”.

Sobre el intento del gobierno y la Justicia de juzgar la extorsión y coacción como forma de organizar manifestaciones bajo amenaza de quitar programas sociales, Belliboni recurrió a un ejemplo que muestra cómo la acusación se cae sola: durante el gobierno de Macri se sucedían grandes movilizaciones en todo el país para reclamar asistencia social y trabajo genuino, pero no había contraprestación alguna en los programas, sino que el requisito era avanzar en los estudios primarios o secundarios.

Más aún, refutó el verso de que el Polo Obrero diera bajas con el hecho comprobable de que cuando el Estado permitió los pases de los beneficiarios de planes sociales hacia otras unidades de gestión la principal recepcionista fue justamente el Polo, con más de 15.000 nuevos compañeros, alejándose de los punteros de los partidos capitalistas para agruparse con quienes se organizan democráticamente en asambleas y defienden a cada uno ante los ataques y las arbitrariedades de los gobiernos.

El extorsionador es en cambio el Estado, que incluso luego cortó la posibilidad de pases de beneficiarios y hoy advierte que “el que marcha, no cobra”. Para ilustrar la defensa de los compañeros, en la indagatoria Belliboni presentó una enorme cantidad de correos enviados a las autoridades ministeriales ante la quita de planes sociales a migrantes que por motivos personales o familiares debieron salir del país momentáneamente; lo cual en su momento dio origen también a la presentación de un amparo en sede judicial.

En total la declaración fue respaldada con tres biblioratos llenos de pruebas que rebaten todas las acusaciones acerca del desvío de fondos públicos, por el simple hecho que demuestran cómo en la realidad sostener un comedor en un barrio implica un enorme esfuerzo tanto económico como militante. Esto porque el Estado en el mejor de los casos apenas enviaba alimentos secos, pero las organizaciones se encargan de su distribución, de complementarlos con verduras o carne, de alquilar locales, comprar garrafas y elementos de cocina, además de destinar las horas de trabajo necesarias para cocinar, servir y limpiar.

Tanto es así que contó que mientras él declaraba el ministerio de Capital Humano realizaba dos inspecciones a comedores de La Matanza donde pueden constatarse el avance de las obras comprometidas y la rendición de todas las facturas que prueban el uso de las partidas para los fines proyectados.

En definitiva, ante la persecución política del Estado capitalista Eduardo Belliboni respondió como un revolucionario, defendiendo el derecho de los trabajadores a organizarse no solo contra el hambre y por trabajo sino además políticamente para terminar con este régimen social de explotación que condena a millones a tener la panza vacía y padecer la desocupación. Las causas truchas contra el movimiento piquetero van a ser derrotadas con la movilización popular, al igual que todos los ataques de Milei y sus cómplices contra las libertades democráticas y las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Comunicado de la Coordinadora por el Cambio Social

·         Hoy estuvimos acompañando a nuestros compañerxs del Polo Obrero en la última ronda de indagatorias que se dan el marco de la causa armada contra los movimientos sociales.
La persecución política que estamos sufriendo el conjunto de las organizaciones del campo popular tienen una sola explicación: hacer pasar el ajuste sea como sea. Cuestión que también se observa en las detenciones arbitrarias durante las protestas contra la Ley Bases.
¡Por eso la solidaridad de lxs de abajo y la unidad son fundamentales para no permitir este avasallamiento!
¡Los verdaderos delincuentes que hambrean y empobrecen al pueblo son Milei, Pettovello y todxs sus funcionarios!
¡No nos van a callar!
¡Que repartan la comida!
¡Basta de persecución!
¡Libertad a todxs lxs detenidxs de la Ley Bases!

Declararon Eduardo Belliboni y “Tango” Dotti en las causas armadas para perseguir a los piqueteros

Este martes 25 tuvieron lugar las declaraciones de Eduardo “Chiquito” Belliboni, María “Tango” Isolda Dotti y otros activistas del Polo Obrero en Comodoro Py, en la causa armada por el gobierno nacional contra las organizaciones piqueteras que se organizan y luchan contra el ajuste. A su término, se realizó una conferencia de prensa frente a los tribunales para denunciar la operación mediática y judicial contra los piqueteros.

Estas declaraciones vienen a cerrar la tanda de indagatorias ordenadas por el Juez Sebastián Casanello, en una causa plagada de arbitrariedades e irregularidades, que comenzó con la intimidación oficial contra los manifestantes que se expresaron en las calles el pasado 20 de diciembre contra el protocolo represivo de Bullrich y Milei.

El Polo Obrero, sus militantes y las organizaciones sociales y piqueteras en general vienen siendo víctimas de un ataque mediático y judicial que busca criminalizar la organización independiente de los trabajadores.

La causa, que inició con supuestas denuncias de “extorsión” sobre un puñado de testimonios endebles y sin pruebas, luego fue reorientada por supuesto “desvío de fondos” del Potenciar Trabajo, con los mismos métodos acusatorios y probatorios truchos de una fiscalía que solo busca amedrentar a los trabajadores atacando a los principales sectores que organizan la lucha contra el gobierno.

Belliboni señaló que “todas nuestras organizaciones cumplen un enorme rol social, que el Estado ha abandonado”, agregando que el sostén de los comedores populares recae principalmente en los trabajadores desocupados y que el costo de su mantención asciende a alrededor de los $6 millones, de los cuales el Estado no pone ni un peso y se financian con el aporte solidario de los trabajadores y vecinos.

Todos los imputados por el juez Casanello se han presentado rigurosamente a declarar, para desmentir las mentiras vertidas contra ellos y su organización, particularmente las difundidas desde los medios de comunicación del gobierno y el poder, mientras que el gobierno nacional y sus funcionarios se manejan impunemente luego del escándalo del acopio de alimentos y los sobresueldos en la cartera que conduce Sandra Pettovello.

“Si hay justicia acá se debe invertir esta situación: los que deben estar en el banquillo son los que escondieron los alimentos; son los que les sacaron los programas sociales a la gente por decir que pasaron la frontera, de La Quiaca a Villazón”, concluyó Belliboni, en medio de una conferencia donde fue acompañado por diversos sectores sindicales, políticos, sociales y de derechos humanos para derrotar la intentona criminalizadora de este gobierno antiobrero y antipopular.

Entrevista a una de las dirigentes del Polo Obrero que es blanco de la persecución política de Patricia Bullrich

María Isolda Dotti milita en la organización desde los ’90.

Tango contó cómo vivió el allanamiento, respondió a las acusaciones que inundaron los medios de comunicación, y explicó cómo se organiza el Polo Obrero.

Al inicio de la entrevista, Eduardo Salas hace referencia al graph con el que la señalaron todos los medios: “la piquetera de los 50.000 dólares”. Tango aprovechó para desarrollar su trayectoria militante dentro del Polo Obrero, denunciando que esto último fue lo que motivó la persecución por parte del gobierno, y aclaró: “Durante el allanamiento lo único que encontraron fue una cantidad de dinero que es producto de una herencia familiar que se había realizado hace poco. Las pruebas de eso se lo llevaron en el mismo allanamiento, por lo que el juez ya tiene la prueba de dónde salieron esos famosos 50.000 dólares”.

Sobre la acusación de extorsión mediante la quita de planes y de comida, Tango afirmó: “El Polo Obrero nació como una agrupación que se opone a los métodos punteriles, de manipulación y malversación de la ayuda social, de los alimentos, de los comedores. Nosotros no vamos a decir que podemos poner las manos en el fuego por todos los que administran planes en este país, justamente el Polo Obrero lucha contra prácticas que lamentablemente son usuales. Nosotros tenemos una enorme pelea no solo contra el Estado para garantizar la subsistencia de miles de desocupados que se organizan en nuestras filas sino también una gran batalla cotidiana por los métodos: una organización democrática, transparente, que no permita ni el cobro de multas ni el cobro de alimentos, ni la extorsión; justamente el origen de nuestra organización es con ideas de transformación social, no solo la lucha inmediata sino por la generación de conciencia de los trabajadores”.

Y agregó: “Dicen que tenemos a la gente en listas de espera como si eso fuera parte de una manipulación perversa con el desocupado, pero las crea el gobierno. Hay lista de espera por las políticas del gobierno. Si cada desocupado que necesita ayuda social o cada familia que necesita un plato de comida, mientras los gobiernos no resuelvan los problemas de fondo que es la generación de trabajo, pudiera acceder de manera directa, se solucionaría el problema y nosotros solo nos dedicaríamos a luchar. Ojalá se universalizara la ayuda social. Ojalá el Estado cada vez que le mandamos un listado de gente que necesita comer les diera a esas personas los alimentos necesarios o la inscripción a un programa social”.

Por último, María finalizó: “Este es el gobierno más represivo que yo recuerde. Hace meses que salimos a la calle y nos reprimen fuertemente, sin embargo, seguimos saliendo a la calle porque no queda otra y sabemos que esta situación lamentablemente lo más probable es que se agrave. Por eso nos vamos a preparar con más fuerza para enfrentarla, para defender el derecho a la organización de todos los trabajadores y para defender lo que hemos construido”.

Reclamo en Comodoro Py contra persecución a organizaciones sociales

Organizaciones sociales y políticas, junto a referentes de distintos sectores, realizaron el martes una concentración en los tribunales federales de Comodoro Py. Lo hicieron para acompañar a Eduardo Belliboni, María “Tango” Isolda Dotti y otros militantes y activistas del Polo Obrero, todos citados a declarar en el marco de una causa con la que el Gobierno nacional persigue a las organizaciones sociales.

Estas declaraciones en sede judicial son parte de las indagatorias ordenadas por el juez Casanello. La causa, como vienen denunciando las mismas organizaciones, está llena de irregularidades y claramente está direccionada contra esas mismas organizaciones, que denuncian el ajuste a las familias más humildes.

La misma se inició con una serie de allanamientos ilegales y se continuó en las semanas siguientes, buscando demonizar a las organizaciones sociales que luchan contra el hambre. El Gobierno contó con el apoyo activo del poder mediático, que desató una campaña de calumnias contra distintos agrupamientos del movimiento de desocupados.

Acompañando la concentración estuvieron presentes los diputados nacionales del Frente de Izquierda Romina del Plá y Alejandro Vilca; dirigentes de Ademys y Sutna; la legisladora porteña Celeste Fierro (Frente de Izquierda); Jorge Adaro (IS); Guillo Pistonesi y Ruth Werner por la Dirección Nacional del PTS-FITU.

Las organizaciones y referentes presentes convocaron a movilizarse el miércoles 26 de junio, a 22 años de la Masacre de Avellaneda al Puente Pueyrredón, como parte de una jornada nacional de lucha.

Pettovello sigue sin presentarle a la justicia el cronograma para la distribución de los alimentos

Por Miguel Jorquera

Al filo del plazo legal que le había impuesto el juez Casanello, la ministra de Capital Humano afirmó en un escrito que trabaja en un “convenio de cooperación” con las provincias, que recién podría firmarse a partir del 28 de junio. Recién entonces definirá cómo repartirá los productos retenidos. Mientras tanto, solo aparecen excusas. 

Sobre el límite de los plazos legales, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entregó este lunes al juez federal Sebastián Casanello una declaración de intención para la distribución de los alimentos acaparados por su cartera en los depósitos de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). Lejos de presentar un “cronograma de distribución” –como reclamó Casanello y ratificó la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones–, Pettovello describe en su presentación ante la Justicia que celebrará un “convenio de cooperación” con los ministerios de Acción Social de las provincias: “Una vez vencido el plazo otorgado a las provincias para la adhesión (24 al 28 del corriente) y en el transcurso de la semana siguiente, pondremos en conocimiento de V.S. las jurisdicciones que manifestaron su voluntad de distribuir alimentos y los porcentajes que les corresponden del stock total”, sostiene el escrito.

Mientras, la ministra continúa retrasando la entrega de alimentos en un contexto social por demás complejo, insiste en el escrito presentado ante el Juez que los alimentos fueron comprados y “nos distribuidos” por el Gobierno anterior, que los mismos estaban destinados a situaciones de catástrofe, que su ministerio tiene la potestad constitucional para definir su distribución y hasta transcribe un informe del FMI que destaca los “esfuerzos” del Gobierno para “proteger a los más vulnerables”.

Pero más allá de las excusas, hasta ahora Pettovello sólo mostró en su presentación ante la Justicia una intención de repartir los alimentos retenidos por su ministerio y no un “cronograma” ni criterios para su distribución. Una medida que solicitó Casanello ante el amparo presentado por el dirigente social Juan Grabois para el reparto de la mercadería y ratificada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que de manera unánime dispusieron un plazo para cumplir con esta exigencia frente a la apelación del propio ministerio.

En escrito firmado por Leila Gianni, como subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, se detallan los remitos de la distribución –tras la intimación judicial– de más de 1.000 toneladas de leche en polvo próxima a vencer que se realizaron a través de la Fundación CONIN. Una distribución que se hizo en base a la capacidad de la propia Fundación, sin criterio de proporcionalidad poblacional y que dejó marginada a tres provincias en la que CONIN no tiene sedes. Allí también se detalla que la distribución de la harina de maíz, próxima a vencer, se realizó en un solo municipio, Capitán Sarmiento, y no en San Isidro y Hurlingham como había dispuesto el propio ministerio de “acuerdo” con CONIN.

Gianni, que también desfiló por distintos sets de TV para criticar la calidad de la yerba mate que estaba almacenada en los depósitos, también le dedicó unos párrafos en su escrito. Allí volvió a cuestionar la calidad del producto, aunque admite que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que de acuerdo a las muestras suministradas el producto “cumplirían con los parámetros establecidos en el Capítulo XV del CAA”. De todas maneras, le pide a Casanello que defina con el SENASSA la autorización para la distribución de la yerba mate en “las escuelas vulnerables”.

La abogada tampoco ahorró en el escrito sus cuestionamientos a la decisión judicial. Giani había asegurado que no iban a permitir que “ningún juez militante” le dijera al gobierno de Javier Milei cómo manejar la política pública. Aunque esta vez –y tras la sanción que le impuso la Cámara de Apelaciones por su comportamiento en la audiencia que compartió con los querellantes— eligió disfrazar sus críticas en términos legales: “Como V.S. podrá advertir, los loables propósitos perseguidos por el Tribunal mediante su auto de fecha 26 de mayo, fueron siempre coincidentes con los objetivos trazados por este Ministerio, divergiendo únicamente con la mirada puesta sobre las facultades de oportunidad y conveniencia que entendemos reservadas a esta sede administrativa”.

La representante legal del ministerio de Pettovello dedicó gran parte de su escrito al respaldo del FMI al plan económico de Milei: “también se están realizando esfuerzos (…) para aumentar la asistencia social con el fin de proteger a los más vulnerables y garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras”, transcribe Gianni del Informe del organismo de crédito internacional al que Argentina le adeuda 45.000 millones de dólares. Pero los alimentos siguen sin repartirse.

Fuente: Página 12

La auditoría interna que deja al descubierto las mentiras del Gobierno

Por Jeremías Batagelj

“Cuando nos hicimos cargo del Gobierno no había ni un elemento en los depósitos de Desarrollo Social”. La frase en cuestión la dijo el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Corría el 10 de enero, y el por entonces ministro del Interior se presentó en el Congreso y, con cámaras grabando, le mintió sin parpadear a los diputados que lo miraban en las sillas de la Comisión. Que faltó a la verdad es algo que se conoció en las últimas semanas, cuando el escándalo por los alimentos retenidos salió a la luz y generó un tsunami de denuncias y operaciones cruzadas en el ministerio de Capital Humano. Lo que no se sabía, hasta ahora, era que el Gobierno tomó nota de los stocks en los depósitos desde el inicio de gestión y que, desde esa fecha, el Ejecutivo no hizo otra cosa que retener, no solo víveres, sino también ropa, electrodomésticos y colchones tanto para emergencias (la inundación de Bahía Blanca) como para las necesidades de la población vulnerable.

La fecha en la que el Gobierno supo lo que había en los sitios de almacenamiento de Villa Martelli, Tucumán, Palermo y El Palomar (y en la Aduana de La Boca) fue el 19 de diciembre. Así consta en la auditoría interna que la cartera de Sandra Pettovello realizó. En el documento se detalla el listado de empleados y contrataciones -bajo cualquier modalidad-, el arqueo de fondos y la lista completa de stock que dijo la gestión anterior dejar almacenada y el chequeo que hizo el propio equipo auditor de los depósitos en cuestión pasados el 10 de diciembre. Todo con la firma de los responsables de la auditoría.

En concreto, al 12 de diciembre -según estipula el Gobierno nacional- había en Villa Martelli, 462.539 litros de leche en polvo, 406.868 kilos de pan dulce, 452.097 litros de aceite, 559.780 kilos de pasta de maní, más de un millón y medio de kilos de yerba mate (1.770.618, para ser exactos) por solo nombrar algunas cifras de un listado que se completa con arroz con carne y con hortalizas, arvejas, budín, fideos, guiso de lenteja, harina -de maíz y trigo-, locro, huevo en polvo, lentejas  y puré de tomate.

Pero en el depósito no solo había alimentos: también yacían desde frazadas, colchones, elementos de limpieza y juguetes a anafes, inodoros, heladeras y hasta hornos pizzeros y pasteleros. Todo está detallado en el anexo 9.1 de la auditoría.

En Tafí Viejo (Tucumán), en tanto, permanecía gran parte del stock restante. En el apartado alimentos figuraban, por caso, 94.006 litros de aceite, 152.965 kilos de yerba mate, 228.100 kilos de garbanzos y 817.849 litros de leche en polvo.

También se guardaban para repartir decenas de lavarropas, tanques de agua, miles de kits escolares, colchones y frazadas, por solo aclarar alguno de los ítems que figuran en este listado.

Las actualizaciones de diciembre a mayo

Cuando estalló el escándalo de los alimentos retenidos, el Gobierno debió dar explicaciones en la Justicia. De ahí que, del 12 de diciembre al 29 de mayo, el stock sufrió modificaciones. Por caso, en el Centro Operativo de Villa Martelli, una parte de la mercadería ingresada al depósito en lo que va de 2024 corresponde a órdenes de compra emitidas en 2023, según consta en los registros públicos de Capital Humano.

En cuanto a la entrega, se repartieron apenas un millón de litros de alimentos a organizaciones no gubernamentales, la mayor parte fue destinada a organizaciones religiosas, parroquias, iglesias y obispados. Uno de los más beneficiados fue Conin, que preside el médico oscurantista Abel Albino; recibió 43.000 kilos de comida. Ahora es la misma organización que se encarga de distribuir gran parte del stock restante.

Por fuera de estas instituciones religiosas, la organización más beneficiada fue la Cooperativa de Trabajo del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD), que conduce el dirigente Raúl Castells. Esta cooperativa recibió 213.000 kilos de alimentos desde la asunción de Milei. A las provincias y municipios, en tanto, el ministerio de Capital Humano entregó 198.000 kilos: a provincia de Salta fue la más beneficiada. La siguen el municipio de Pinamar y la provincia de Corrientes.

Sobre el vencimiento de los alimentos, el Gobierno salió a aclarar que 40 kilos de arroz y hortalizas pasaron su fecha y ya no pueden ser consumidos. En tanto, los productos con fecha cercana de vencimiento, el mayor apuro está en Villa Martelli. Hay más de 30.000 kilos de leche en polvo que vencen el 7 de julio próximo, es decir, dentro de poco más de un mes, y más de 300.000 kilos, también de leche en polvo, en este caso de marca “Vidalac”, que vencen a fin de julio. En Tafí Viejo hay 466 kilos de leche en polvo que también vencen a fin de julio.

El resto de los alimentos vence entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

Mentira la verdad

Lo que evidencia la auditoría interna es que el cúmulo de mentiras que esgrimió el Gobierno no solo no conforman una verdad ni a medias, sino que podrían traer consecuencias legales. A continuación, un repaso por las veces que el gobierno quiso desconocer el stock existente en los depósitos:

·         El 16 de diciembre un temporal arrasó parte de la Provincia de Buenos Aires. En especial, Bahía Blanca. Fue una tragedia que dejó como saldo 13 muertos y cientos de destrozos en casas y calles. Milei recorrió la ciudad recién después de dar su voto en la Bombonera en una visita fugaz. A pedido de Nación, el intendente Federico Susbielles una lista con los pedidos más urgentes, focalizado en alimentos y en lo habitacional. De acuerdo a las crónicas locales, la ayuda se redujo a 110 efectivos de fuerzas federales y varios vehículos para emergencia. De comida, bebidas, colchones o electrodomésticos, nada.

·         El 10 de enero, Francos se presentó en el Congreso de la Nación. Eran tiempos en los que se debatía el primer borrador de la Ley Bases. Fue uno de los pocos funcionarios en dar la cara ante los diputados y al momento de detallar la pesada herencia, dijo que “del gobierno anterior no hubo ni un peso ni un elemento en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social”. La auditoría interna ya estaba hecha y el Gobierno sabía que más de cinco toneladas de alimentos estaban prontos para ser repartidos.

·         En la noche del 19 de marzo y la madrugada del 20 del mismo mes, un temporal azotó, de nuevo, a la Provincia de Buenos Aires. Alrededor de 68 distritos sufrieron destrozos. El ministro de Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, firmó una carta solicitando asistencia a Nación luego de que casi cien mil personas quedaron sin luz. “No tuvimos respuesta”, explicó el funcionario, adjuntando los documentos que juntaron polvo en el Ministerio de Capital Humano.

·         Doscientas familias fueron evacuadas a mediados de mayo en Paso de los Libres, Corrientes, como consecuencia de las inundaciones cauce arriba en Río Grande do Sul en Brasil. El intendente Martín Ascúa pidió ayuda directamente al ministerio que conduce Sandra Pettovello por vía de esta nota. De acuerdo al testimonio del jefe comunal, desde Nación no solo no enviaron alimentos, frazadas o ropa, sino que ni siquiera acusaron recibo de la notificación.

·         El 23 de mayo, cuando se reveló que había cinco mil toneladas de comida guardadas sin repartir y a punto de vencerse el vocero presidencial Adorni acusó a las organizaciones sociales y las responsabilizó de la falta. “Con respecto a los alimentos, no es como se menciona. Efectivamente, esos alimentos existen, tienen diferentes fechas de vencimiento. No están por vencerse”

·         Solo al día siguiente de la primera declaración, el argumento de Adorni fue otro: los alimentos sólo se usan en caso de emergencias. “Efectivamente había alimentos comprados gran parte en la gestión anterior, que efectivamente tienen el destino de asistir crisis o catástrofes”, apuntó en su habitual conferencia de prensa. Extrañamente hizo omisión a que cuando se solicitó ayuda tanto en Bahía Blanca como Corrientes, el Gobierno no giró ni un solo alimento.

·         El 27 de mayo la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, sumó un curioso argumento más a la catarata de justificaciones: dijo que la mayoría de los alimentos sin repartir eran paquetes de yerba mate. Lo curioso es que la propia cartera hizo la auditoria en 19 de diciembre y en el que aclara que había más de una tonelada de leche en polvo, 546.103 litros de aceite, 797.847 kilos de pasta de maíz, 228.100 kilos de garbanzos, 44.162 kilos de fideos, entre otras cosas. Y que una parte importante de ese stock está próximo a vencer. 

Fuentes: Página/12, Resumen Latinoamericano, Perfil, La Izquierda Diario, Prensa Obrera

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