En el mecanismo del poder global la relevancia del engranaje Argentina no viene dado por su riqueza potencial, como debería ser, porque el sentido de giro, tracción y efectividad son controlados por otras piezas. Uno de los desafíos más complejos que tiene la sociedad actual es comprender el mundo que la cobija. Estamos ya acostumbrados […]
En el mecanismo del poder global la relevancia del engranaje Argentina no viene dado por su riqueza potencial, como debería ser, porque el sentido de giro, tracción y efectividad son controlados por otras piezas.
Uno de los desafíos más complejos que tiene la sociedad actual es comprender el mundo que la cobija. Estamos ya acostumbrados a la inmediatez de las comunicaciones, la pluralidad de medios y la libertad para acceder bajo demanda a contenidos multimediáticos por diversas vías, sin embargo, como sociedad sabemos poco de muchos temas. A pesar de todas las ventajas que ofrece el mundo globalizado es prácticamente imposible al ciudadano medio estar al tanto de los pormenores del entramado político internacional que afecta en forma directa pero solapadamente a sus intereses más profundos como la soberanía territorial, los recursos naturales y la previsibilidad alimentaria. Un ejemplo de esta conjunción de factores es la pesca industrial que se maneja bajo un manto de misterio a no ser por lo disruptivo de algún conflicto. Si bien estas cuestiones no se tratan en la agenda pública diaria de la Argentina y el ciudadano tiene derecho a desentenderse de estos temas confiando en el sistema representativo no está demás advertir que el mundo da suficientes señales como para no dejar al azar estas cuestiones.
La suerte argentina en política pesquera se basa en el cumplimiento parcial de la Ley 24.922 donde se establece el Régimen Federal de Pesca. Y por parcial me refiero al escaso apego al Artículo 1 de dicha ley cuando enumera virtuosos pero olvidados objetivos como «máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos», «la protección efectiva de los intereses nacionales», «la conservación a largo plazo de los recursos» y «la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina». Por otra parte, nuestro país es miembro del Mercosur y se están llevando a cabo negociaciones para acordar a nivel regional una mayor integración económica con la Unión Europea. Pero como si eso fuese poco, también tenemos la Ley 24.315, aún vigente desde 1994, que establece el Acuerdo sobre las relaciones en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea con clara desventaja al interés nacional.
Con respecto a la pesca el referente natural dentro de la UE es España y deberíamos atender cómo se vincula nuestra precaria política pesquera con los lineamientos estratégicos que emergen de la península ibérica porque no hablamos de hipotéticos negocios a futuro sino de una relación económica asimétrica bien establecida que viene dando fruto hace décadas. Si hubo algún momento clave para develar a la sociedad la danza de poderes es ahora y si queda alguna duda hay que remitirse a la totalidad de la nota brindada a la cadena ABC en la quinta de Olivos por el presidente Macri donde se refirió a las relaciones argentino españolas como a «de dos amantes que se han vuelto a encontrar». Dejando de lado el carácter romántico y clandestino de la alusión hay que saber que la política pesquera que se traza desde Europa con sede en España y con proyección mundial contempla la explotación en caladeros en terceros países y la utilización de sociedades mixtas en naciones como Argentina, Chile, Perú, Namibia, Malvinas, Sudáfrica, Marruecos, etc.
Somos de tercera
Respecto a las sociedades mixtas hay que hacer una aclaración semántica ya que desde la tipificación legislativa, tanto aquí como en otras parte del mundo, esta expresión se refiere normalmente a las personas jurídicas cuyo capital se compone de una parte pública y otra privada, hablando con propiedad, eso es una sociedad de capital mixto. Por otra parte cuando se habla de sociedades mixtas de pesca se refiere a acuerdos entre privados para explotar los recursos pesqueros de modo transnacional y maximizar la producción más allá de los marcos institucionales, jurisdiccionales y soberanos de cada país donde se desenvuelven las partes. Estamos hablando de una zona gris del derecho porque no está debidamente regulado a pesar de ser una herramienta vigente y efectiva. Este tipo de acuerdos a pesar de ser entre privados no quita que deba ser regulado y atendido por el Estado ya que hablamos de suficientes elementos de interés público para que así sea, a saber: el recurso alimentario, las zonas económicas exclusivas y los beneficios sociales de la explotación industrial. Para entender este fenómeno y a falta de tratamiento local es conveniente mirarlo de allá para acá, hay que ver las sociedades españolas que lo impulsan para generar presión tanto en sus legisladores como la opinión pública y así justificar su accionar. Esta necesidad de estudiar el caso desde el exterior es el principal motivo por el cual esta práctica se mantiene intacta, el tema a nivel nacional no se menciona, discute o trata haciendo la vista gorda conformandonos con un beneficio exiguo como la mano de obra ocupada.
Un caso emblemático de la promoción y defensa de este tipo de acuerdos es la Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca (ACEMIX) que argumentan su constitución bajo una supuesta «necesidad» y justifican así que los miembros armadores de buques congeladores «han tenido que constituir sociedades mixtas en los países terceros, de todo el mundo». Esta historia no tiene un par de semanas, cuando en el 2012 el Estado Nacional expropió YPF a REPSOL de España y se habían tensado las relaciones comerciales, este tipo de organizaciones pesqueras de España recomendaron moverse con suma cautela para evitar sanciones económicas desde la eurozona hacia Argentina. No temían nuevas expropiaciones porque las filiales pesqueras estaban constituidas como argentinas sin embargo temían aranceles en Europa. Si, estas empresas se llaman españolas y pescan acá usando la bandera de terceros países pero no tienen una verdadera bandera, no defienden el interés europeo ni mucho menos, tan solo defienden la posición dominante a nivel global en el sector ictícola.
Tenemos una legislación débil que fomenta la explotación sin criterio cierto a largo plazo, tenemos vigente aquellas normas que lograron la importación de flota pesquera obsoleta dando un crecimiento exponencial de las empresas que concentran la captura pero que no se responsabilizan por el daño social o biológico, tenemos permisos de pesca a buques fantasma, tenemos una zona económica que de exclusiva no tiene nada y tenemos un mar que sigue a las espaldas de una sociedad que se acuerda del pescado solo en Semana Santa.
César Briatore. Técnico Superior en Administración Portuaria, Obrero en la Industria Naval, miembro del Sindicato de la Actividad Naval Mar del Plata y autor del libro Economía a la Criolla.
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