El Consejo Directivo de la CGT acordó realizar una movilización hacia el Ministerio de la Producción el próximo 7 de marzo y un paro nacional a fines de ese mes, sin fecha precisa, como consecuencia del «incumplimiento» por parte del gobierno nacional y las cámaras empresarias de lo pactado en la decretada Mesa de Diálogo, […]
El Consejo Directivo de la CGT acordó realizar una movilización hacia el Ministerio de la Producción el próximo 7 de marzo y un paro nacional a fines de ese mes, sin fecha precisa, como consecuencia del «incumplimiento» por parte del gobierno nacional y las cámaras empresarias de lo pactado en la decretada Mesa de Diálogo, que nació tras el veto a la ley antidespidos.
Mientras se espera una catarata de amparos en la justicia, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) inaugurará nueve sedes de comisiones médicas en el Gran Buenos Aires para intervenir en casos de accidentes de trabajo, de acuerdo al DNU de Mauricio Macri, dentro de un plan de descentralización de la atención, ya que la Ciudad de Buenos Aires concentra el 80% de los trámites que se originan en la Provincia de Buenos Aires. Dicho decreto establece que, ante un accidente laboral, o una enfermedad profesional, sea obligatorio recurrir a una Comisión Médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial. En paralelo, en las últimas horas se presentó el pedido de «per saltum» ante la Corte Suprema de Justicia contra el DNU de Macri. La iniciativa fue del abogado Daniel Igolnicov y lo recibió la Secretaría N° 1 del máximo tribunal. Se espera que sea el primero de una seguidilla de amparos en el mismo sentido. En su presentación ante la Corte, Igolnicov solicitó al máximo Tribunal que considere al DNU una cuestión que reporta «gravedad institucional» por afectar los derechos laborales de los abogados, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. «Esta vulneración al derecho de trabajar no se circunscribe a los conciliadores, sino que abarca a la decena de miles de trabajadores que todos los años, siendo víctimas del incumplimiento de las normas laborales, consiguieron justa reparación por una vía legítima y eficaz y que se viene a derogar por ‘una necesidad y urgencia’ inventada abusivamente para encubrir la maniobra política de eludir el camino parlamentario», remarcó.
Estos reclamos habían sido anticipados por Jorge Sola, secretario gremial del sindicato del Seguro y de Comunicación de la CGT, pero aclarando que ésta no irá a la Justicia: «No es que la CGT vaya a ir a la Justicia, lo que sí entiendo es que muchos abogados laboralistas no están de acuerdo con este decreto y pueden interponer recursos judiciales».
Recordemos que el proyecto estaba muerto en el Senado a fines de noviembre y fue reflotado por el Gobierno y la CGT a principios de diciembre. No obstante, el que finalmente el gobierno envió y obtuvo media sanción en el Senado, no fue el borrador discutido con los gremialistas que contemplaba la convocatoria inmediata al Consejo Consultivo Permanente integrado por el Estado, Cámaras Empresarias y la CGT y que debía avanzar en un plazo máximo de seis meses en una nueva Ley de prevención de accidentes de trabajo.
Finalmente, Macri evitó el tratamiento en Diputados y firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Este es uno de los puntos que busca el Ejecutivo para bajar los costos laborales. El otro es la adecuación de los Convenios colectivos de trabajo en un esquema similar al acordado con empresas y sindicatos en Vaca Muerta.
Paritarias: docentes y bancarios a la cabeza de los reclamos
Respecto de las paritarias, la CGT y algunos gremios estatales como los docentes bonaerenses ya anticiparon que quieren una compensación por lo que consideran una pérdida del poder de compra durante 2016 antes de discutir los aumentos para 2017. El Gobierno dio una señal con la marcha atrás de una suba del orden del 19% para los bancarios hasta abril para después volver a discutir.
El Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, oficializará la convocatoria a paritarias para el próximo lunes 6 de febrero.
Para Roberto Baradel, el titular del SUTEBA, «en primer lugar vamos a tener que discutir la pérdida del nivel adquisitivo del salario del año pasado, que está entre un 8 y un 10%. Y a eso hay que sumarle lo necesario para poder afrontar la inflación de este año, que rondará un 25%. Por eso la demanda que vamos a llevar los docentes al ámbito de Paritarias será de un piso no menor al 35%. La meta del 17% que fijó el gobierno para este año es ficticia y tiene como objetivo bajar los salarios de los trabajadores argentinos. Nosotros no vamos a aceptar que nos pongan un techo a la paritaria».
Por otro lado, los gremios nacionales cono la CONADU, amenazan con medidas de fuerza si el Ministerio de Educación no convoca a una paritaria nacional.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados, que conduce Mario Almirón, señaló en un documento, que el Consejo Directivo deliberará el 7 de febrero próximo, y el Congreso Nacional el 15 y 16 de ese mes para determinar «las medidas de acción a adoptar si persiste la decisión oficial de no convocar a la paritaria 2017».
«Lamentablemente, y de no haber una respuesta satisfactoria, habrá paros y diversas expresiones de conflicto», aseguró Almirón.
Los gobernadores también quieren un techo del 17% de aumento. Alberto Weretilneck, de Río Negro, confirmó que su previsión salarial es 17% y que si los gremios no aceptan, él dará el aumento por decreto.
En esa provincia, la Minera Sierra Grande, confirmó más de 250 despidos. La firma de capitales chinos cerraría definitivamente.
La Asociación Bancaria (AB), la Justicia laboral por un lado y el Gobierno junto a las Cámaras empresarias en el otro flanco, chocaron de frente respecto del acuerdo paritario del sector. Con aval de la Cámara Nacional de Apelaciones el sindicato exige cobrar el acuerdo del 24,12% y caso contrario irá al paro. La AB de Sergio Palazzo logró sentar precedente judicial sobre una certeza no siempre real: las paritarias libres. El fracaso de la reunión que las partes mantuvieron el miércoles en la cartera laboral, se selló con el abrupto retiro de las Cámaras, horas después de que una Sala de la Cámara Nacional Laboral refrendó la validez del preacuerdo. Ante el desaire de los banqueros en la sede ministerial de la avenida Callao, Palazzo anunció que la semana próxima su organización podría definir medidas de fuerza.
La UOM, el gremio más golpeado por los despidos y las suspensiones, además de la inminente apertura de importaciones de computadoras, convocó para el 14 de febrero a una movilización junto con otros sindicatos de la industria en el marco del vencimiento ese día de la conciliación obligatoria en Banghó.
En Córdoba, la UOM denunció 40 despidos en la empresa Servicios Industriales, cuya propietaria es la presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, Isabel Martínez. En el gremio de Antonio Caló advierten que desde el año pasado acumulan 9.000 despidos y 14.000 suspensiones, en gran parte por efecto de la apertura de importaciones.
Alza de tarifas aumentaría la inflación
El alza de tarifas eléctricas promedia el 68%, pero llega hasta el 148%, dependiendo del consumo de los hogares. Pero no será el único aumento. Esta semana también subieron los peajes (promedio 40%), la medicina privada (6%) y en los próximos días se conocerá el del agua, donde Aysa tiene previsto aplicar aumentos del 25% como mínimo, tras subas de 300% en 2016. En marzo será el turno del gas. En abril el boleto de tren se elevaría de $ 2 a $ 4 y los colectivos de $ 6 a $ 9. La nafta aumentó durante la primera semana del año un 8%.
A pesar del tarifazo eléctrico, según el Presupuesto 2017, las empresas recibirán subsidios por 114.000.000.000 millones de pesos, cifra superior a los 60 mil millones de la AUH, los 27 mil millones de la rebaja en el impuesto a las ganancias, y los 10 mil millones al año que recibirán los movimientos sociales por la «Emergencia Social».
Según las consultoras privadas el aumento de la luz incidirá en la inflación de enero, febrero y marzo. Nicolás Alonso, del estudio de Orlando Ferreres, estimó un promedio mensual de 1,9% para el primer trimestre del año. Elypsis estima una inflación de 1,7%, 2% y 2% para enero, febrero y marzo. Ambas alejadas de la meta oficial del 1,5%.
Los últimos ajustes serían en abril, antes de las elecciones primarias de agosto y las legislativas de octubre. En noviembre, pasadas las elecciones habrá otro ajuste.
¿La recuperación ya empezó?
Un informe reservado del Gobierno, titulado «Monitor de la economía real. Evolución de los principales indicadores de la actividad económica», asegura que en el último trimestre del año el PBI habría registrado un alza del 0,9%. Y prevé un alza de la actividad del 3,9% para este año.
Define seis ejes que explicarían la situación. En primer lugar destaca que los despachos de cemento crecieron 1,3% y los de asfalto 55%, a la vez que aumentó la producción de maquinaria agrícola (68%), la inversión extranjera directa (93%) y las importaciones de bienes de capital (3%).
El segundo habla del agro donde la cosecha de soja dejaría un saldo exportable adicional de U$S 1.500 millones, mientras que la vendimia fue un 23% mayor y la producción de maní creció 29%.
El tercer título es «Brasil comienza a recuperarse e impulsa a la debilitada industria local», señalando que la producción automotriz aumentó en diciembre 27% impulsada por las importaciones brasileñas, también alimentos y bebidas (+ 3,9%) y productos químicos (+ 0,4%).
Continúa «El consumo muestra signos de recuperación, aunque sigue demorado». Allí plantea que el patentamiento de motos creció 35% respecto de diciembre del 2015, y que el mes pasado fue el mejor del Programa Ahora 12.
El siguiente punto es el blanqueo, que «finalizó exitosamente», incrementando un 90% la recaudación nominal en noviembre y representando un alza del 212% en la base del impuesto a los Bienes Personales.
El último de los seis puntos habla del mencionado crecimiento del PBI en el último trimestre (0,9%).
Aunque algunos datos parecen darle la razón, habría que hilar más fino. Desde agosto, los puestos de trabajo declarados por las empresas de la construcción fueron aumentando, pero todavía se ubicaron un 7,3% por debajo de noviembre de 2015. Son 33.000 puestos de trabajo menos que un año atrás.
El mismo escenario muestran los permisos de edificación para la ejecución de obras privadas. En diciembre, ese rubro registró una suba de 13,7% con relación al mes anterior, pero la acumulada durante 2016 marcó una baja de 5,3%, siempre de acuerdo a las cifras oficiales.
En 2016, con un retroceso de la construcción del 12,7% y de la industria del 4,6%, de acuerdo a las cifras del INDEC, la actividad económica habría caído en torno del 2,5%, un punto más abajo que la previsión original del Gobierno, aunque las expectativas en la construcción mejoran por el impulso a la obra pública que implementó el Gobierno.
En diciembre, se destacó una mejora de la producción automotriz del 31,4% con relación a igual mes de 2015, impulsada por el segmento de utilitarios que registró un incremento de 82,3%, lo que no impidió que 2016 concluyera con una disminución del 8,3% respecto de 2015.
También en diciembre continuaron caídas muy fuertes en acero crudo y en textiles. Los hilados de algodón un 45,7% y la elaboración de tejidos un 23,3%, lo cual ha originado la paralización en varias plantas.
Ahora es el turno de Pampero, la fábrica radicada en Fontana (Chaco) desde hace tres años. Hasta el martes, diez trabajadores habían recibido telegramas de despido, y a los restantes 27 les aseguraron que en los próximos días les llegaría la notificación.
Pampero, del Grupo Cardón, fue instalada en Fontana para producir prendas de tejido plano: ropa de denim, bombachas de campo y equipo de ropa de trabajo. El proyecto, que se radicó con una inversión de 15 millones de pesos, tenía como meta abarcar desde la confección y fabricación, hasta la distribución y comercialización de los productos.
En un comunicado las trabajadoras de Textil Neuquén, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad, relataron que se enteraron que «la patronal estaba retirando las máquinas de la planta». Se acercaron a la fábrica y no pudieron ingresar ya que había custodia policial. «Las obreras decidimos en asamblea permanecer en una vigilia en los portones durante toda la noche, acompañadas por nuestras familias y organizaciones solidarias», explicaron.
A la mañana, cuando lograron ingresar se encontraron con que solo quedaba la máquina bordeadora (porque para sacarla hay que romper la pared del cuarto donde está) y una computadora personal.
Con datos positivos se destacaron la molienda de cereales y oleaginosas, yerba mate y té, químicos y agroquímicos, materias primas plásticas y caucho y vidrio, pero no llegaron a compensar los números adversos en acero (- 17,8%), lácteos (- 13,7%), fibras sintéticas y artificiales (- 11,3%) y detergentes y jabones (- 10,1%).
Tras el golpe que dio Trump al frenar el acuerdo que permitía el ingreso de los limones argentinos a su país, la alarma se extendió sobre otras producciones regionales, desde el biodiesel (90% de las exportaciones tienen como destino los Estados Unidos) a los arándanos (65%), pasando por el té negro (42%), aceites de limón (50%), jugos de citrus, manzana y uva (40%), miel (40%), peras, manzanas, tabaco, ajo y madera de pino. En una situación similar están las exportaciones de aluminio, que en 2016 acumularon ventas a ese país por U$S 180 millones, un monto que representa más de la mitad de las ventas externas del sector. En total estas exportaciones representan el 20% del intercambio con EE. UU., nuestro tercer socio comercial, detrás de Brasil y China.
Fuentes: www.infogremiales.com.ar, Resumen Latinoamericano, Clarín, Tiempo Argentino, www.ambito.com, www.cronista.com, www.diarionorte.com.
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