Plan motosierra: más despidos y tope salarial

Aerolíneas Argentinas se ha convertido en uno de los objetivos del plan motosierra de Milei. Desde que asumió prometió su privatización, montó una campaña de mentiras sobre gastos y salarios, atacó a los gremios, quiere licuar los salarios y también habilita despidos en empresas ligadas a la aerolínea de bandera.

Una de ellas es GPS, que realiza importantes tareas en Aeroparque y Ezeiza. La empresa lanzó una tanda de 39 despidos. El martes 12 se conocieron otros más.

El sindicato que representa a los trabajadores de GPS se mantiene en silencio. Los delegados, que son parte de los sectores antiburocráticos y combativos, comenzaron a organizar el reclamo por la reincorporación. Pero además marcaron que no se trata solo un ataque a ellos. «El ataque en GPS es el principio del plan privatizador del gobierno hacia la aerolínea de bandera empezando por el sector más vulnerable, los tercerizados», señalaron. Justamente la misma semana de los despidos la gerencia de Aerolíneas envió a sus 12.000 empleados efectivos la apertura de retiros voluntarios con condiciones extorsivas.

Por eso la lucha de Aerolíneas-GPS es una lucha testigo.

Firmá el petitorio: Aerolíneas no se vende, ningún despido en GPS

Así lo vieron la importante cantidad de trabajadores, trabajadoras, delegados, estudiantes, asambleístas que se reunieron el lunes 11 en Aeroparque, ante la convocatoria de los despedidos y su Comisión Interna.

Estaban presentes trabajadores de Aerolíneas Argentinas, ex LATAM, GPS Ezeiza, delegados de Aerolíneas rampa y APA, Ademys (docentes), Astillero Río Santiago, Pilkington, JI Garraham, delegados y minoría de FOETRA telefónicos, Secretaría de Cultura de Nación, Alternativa estatal, Posta de Salud, Madygraf, Cicop Hospital Posadas, estatales ATE La Marrón, AGD UBA, Unidos por la Cultura, Secretaria general del CEFYL, estudiantes de FADU, Exactas, Sociales, Psicología, Medicina, centros de estudiantes terciarios Joaquín V. González, Normal 5 y Alicia Moreau, SUBTE, CNA, Conicet, Correo Argentino. También muchas asambleas barriales (Villa Luro, Parque Saavedra, La Boca, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa Ortuzar, Autoconvocados Echeverría, Ezeiza, Guernica, Flores, San Martin, Balvanera, Plaza Almagro, Caballito, Barracas, Parque Patricios, Boedo, Quinta de Olivos, Lugano, San Telmo, Morón y asambleas del Oeste). También estuvieron Alejandro Vilca diputado nacional FITU, Gisela Zamora y Cecilia Ferreyra concejalas del partido de Tigre, y organizaciones como el PTS, PO, MST, Izquierda Socialista.

Allí discutieron defender los puestos de trabajo en GPS y todo Aerolíneas, rechazar los intentos de privatización, realizar una gran campaña nacional, coordinar a los distintos sectores en lucha, impulsar el fondo de lucha y realizar acciones en los próximos días. Mientras tanto, siguen participando de distintas actividades, apoyando otros conflictos y forjando la unidad con las asambleas barriales, con las que fueron parte de las históricas jornadas contra la Ley Ómnibus.

Paros, quite de firmas y cese de tareas por reclamo salarial en prensa

El jueves 14 de marzo se llevó adelante una nueva jornada de lucha de las y los trabajadores enrolados en el SiPreBA por reclamo salarial. Las acciones son paros quite de firmas, cese de tareas y asambleas en las diferentes redacciones.

Hay que decir que estas medidas de lucha se dan en el marco de las acciones que están llevando adelante las y los trabajadores de Télam, junto a su sindicato, en defensa de sus puestos de trabajo y que cuenta con la solidaridad de numerosos sectores de trabajadores y organizaciones sociales y políticas.

El pasado lunes, se realizó una asamblea en la CGT en la que se resolvió, por unanimidad, rechazar el programa de retiros voluntarios, mantener el acampe en sus dos sedes y una serie de acciones para esta semana.

También el sindicato de Televisión se encuentra llevando adelante un plan de lucha por recomposición salarial. En represalia a dichas medidas, América TV realizó el despido de gran parte de sus trabajadores.

El gremio avícola cerró un nuevo aumento salarial

En medio de un contexto económico adverso, donde la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación marca el ritmo de las negociaciones salariales, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) anunció un importante acuerdo salarial.

Tras las negociaciones, se acordó una suba bimestral que eleva a 313% el acumulado para el período paritario de abril de 2023 a marzo del 2024. Este número se estableció después de las negociaciones entre la FTIA y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), representante del sector avícola.

En virtud de este acuerdo, los trabajadores amparados por el Convenio Colectivo de Trabajo 783/20, especializados en el procesamiento de aves, experimentarán aumentos del 18% y 13% para los meses de febrero y marzo, respectivamente. 

Con miras a mantenerse al día con la situación inflacionaria y económica del país, se ha acordado, a su vez, una cláusula de revisión programada para el 19 de marzo. Esta medida tiene como objetivo evaluar los porcentajes acordados y, si es necesario, ajustarlos en función de las condiciones económicas.

Numerosos conflictos obreros

La combativa clase obrera del norte salteño reaccionó de forma inmediata con un fuerte paro total de actividades por tiempo indeterminado en el Ingenio San Martín del Tabacal, manejado por la empresa norteamericana Seaboard Corporation, ante el despido directo de 38 trabajadores y otras 44 reubicaciones, que son el preanuncio de futuras cesantías.

Apenas se tomó conocimiento de la situación el Sindicato del Azúcar convocó a asamblea general, donde un muy nutrido cuerpo de afiliados votó de forma unánime el paro por tiempo indeterminado hasta lograr la reincorporación de los despedidos. También se votó un plan de lucha que incluye movilizaciones por la ciudad de Hipólito Yrigoyen, acampe en el ingreso a la planta industrial y no se descartan que se amplíe la protesta con corte de la ruta nacional 50 que une la ciudad de Orán con la ruta 34 en la localidad de Pichanal.

La empresa norteamericana tienen ganancias millonarias por la venta de un alimento de primera necesidad y la sub producción de bioetanol, pagando sueldos miserables en pesos devaluados que no superan los 300 dólares mensuales, explotando más de 50.000 hectáreas en producción de caña de azúcar, monopolizando el agua de los ríos con la consiguiente contaminación ambiental, con menos de 900 empleados entre planta y temporarios, con un alto registro de personal precarizado en las subcontratistas y los denominados “fuera de convenio».

Al cierre de esta nota, ciento de personas, obreros y sus familias comenzaban a acampar en las puertas de la fábrica, la solidaridad del pueblo asistiendo con agua y alimentos garantizará el triunfo de los trabajadores.

Conflicto minero

Mineros de la empresa YCRT se están manifestando en mina 5. Hasta la fecha no han percibido sus haberes del mes de febrero y no tienen respuestas.

Paro total en AySA

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) realizó el lunes un paro total de actividades ante la ola de despidos aplicada en la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos).

El gremio que conduce José Luis Lingeri activó medidas de fuerza tras confirmarse la desvinculación de cientos de trabajadores de la firma estatal.

«Hoy necesitamos la unidad, el acompañamiento y la solidaridad», arengó Lingeri a los trabajadores durante una asamblea masiva donde los convocó a adherirse a la protesta.

El paro comenzó a la medianoche y afecta las actividades en la empresa estatal encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Conurbano bonaerense.

Por la medida, sólo funcionarán guardias mínimas con la provisión de agua y recolección de cloacas aseguradas.

El plan de lucha del SGBATOS

El plan de lucha fue aprobado en una asamblea realizada la semana pasada con participación de la Comisión Directiva y más de 300 delegados gremiales.

El gremio denunció cientos de despidos y acciones intimidatorias a trabajadores de AySA. Además, hay temor por la privatización de la empresa.

«El Gobierno desde diciembre a la fecha no ha realizado ninguna transferencia del Tesoro para cubrir gastos operativos, frenando todas las obras que estaban en marcha. Este accionar ocasionó la desvinculación de más de 2.000 trabajadores de cooperativas que se encontraban bajo los programas Agua y Cloaca + Trabajo que eran financiados por organismos internacionales de crédito para dar los servicios a barrios vulnerables. Esto es asfixiar a la empresa», denunció Lingeri.

Apoyo de FENTOS

La Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS) respaldó la medida de fuerza del SGBATOS en defensa de los puestos de empleo en AySA.

«Los trabajadores no somos un costo, somo parte de la empresa, somos quienes hacemos posible que día a día llegue agua a los hogares de todo el país», señaló la entidad.

En un comunicado, la entidad nacional que nuclea a todos los sindicatos de base de Obras Sanitarias apoyó «incondicionalmente» las acciones del gremio de Gran Buenos Aires.

La UOM activa el segundo paro nacional

La UOM llevará a cabo un paro de 48 horas en todas las plantas siderúrgicas del país, en el marco de la frustrada negociación paritaria con las Cámaras empresariales del sector. El gobierno ya agotó los plazos de conciliación obligatoria, que aún rige para la paritaria metalúrgica, y el gremio se prepara para replicar la medida la semana próxima.

La negociación, entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Cámara Argentina del Acero, por la paritaria de la Rama 21 (siderúrgica), continúa estancada y el gremio realizará el segundo paro, de tres, por 48 horas en todas las plantas del país, con especial foco en Ternium y Acindar, además de un Congreso de delegados en Siderca, Campana.

El conflicto entre la organización sindical que lidera Abel Furlán y las empresas del sector continúa acentuándose ya que las partes no logran acercar posiciones. Desde UOM exigen una recomposición salarial inmediata, ya que el último acuerdo fue rubricado en noviembre del año 2023.

El paro, que es una continuidad de la medida de fuerza aplicada el miércoles pasado en el marco de la primera etapa del plan de acciones directas del gremio, será por 48 horas y comenzará a las 6 de la mañana del jueves, dándose por concluido a las 6 am del viernes.

La negociación agotó sus instancias de diálogo, puesto que la conciliación obligatoria ya fue prorrogada y sus plazos están vencidos. El gremio tiene programado un nuevo paro de 72 horas la semana próxima, entre el martes y el jueves. Cabe destacar que el paro no afectará a las actividades con procesos “ininterrumpibles” como altos hornos, coquerías, acerías y materias primas. Además, se mantendrán las guardias mínimas de mantenimiento.

La UOM encuentra dificultades para avanzar en las paritarias de las distintas ramas, como la 17 (metalúrgicos), que se encuentra actualmente en período de conciliación obligatoria.

El sindicato exigió un aumento salarial del 35% a partir de febrero, incorporando una cláusula gatillo “mes a mes”, en base a los datos otorgados por el Indec.

Desde la representación empresarial, donde el grupo Techint tiene un peso superlativo, la propuesta alcanzaba un aumento acumulado del 62,4% en tres tramos del 15% (diciembre), 13% (enero) y 25% (febrero), más de 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación para ese trimestre que alcanza un 75,6%.

Ola de despidos en Topper

Entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo, la planta de la empresa textil en Tucumán efectivizó más de 100 despidos. La enorme mayoría de quienes se quedaron sin trabajo son mujeres.

Los empleados de la planta de Topper en Aguilares, Tucumán, atraviesan un momento de máxima tensión tras lo que fue una ola masiva de despidos en los últimos días. En las últimas dos semanas fueron desvinculados de la empresa 85 empleados y empleadas con contratos temporarios y 32 de poca antigüedad en el puesto.

Según informaron, el recorte apuntó a trabajadores temporales que fueron tomados por la empresa de calzado e indumentaria deportiva, y que contaban con menos de un año en sus puestos.

«Estas últimas 32 desvinculaciones responden a la necesidad de terminar de adecuar el esquema al nuevo contexto. De esta manera, ya contamos con el equipo necesario para nuestro plan 2024», explicó Topper.

Cerca de un centenar de los despidos corresponden a empleadas mujeres, un dato que tiene que ver con la feminización y precarización -a la vez- del sector de confección de la industria textil, en el que la mayoría de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres.

La planta en cuestión es la ex Alpargatas, una de las fábricas de zapatillas más grandes del país, que cuenta con 1.061 trabajadores y tiene historial de despidos masivos.

En 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, echó a 500 empleados, un tercio de los trabajadores, según lo informado por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

La situación de Topper Tucumán

El representante provincial de UTICRA, Jorge Fugaracho, confirmó que les informaron del despido a los trabajadores una vez que se presentaron a prestar servicios en la planta de Tucumán.

En idéntico sentido, destacó que la empresa «está actuando dentro del marco legal» y que cumple con las indemnizaciones y se les paga la liquidación correspondiente a los trabajadores despedidos.

Por otra parte, sí llamó la atención que, durante la primera tanda de despidos, de los 85 operarios despedidos, 80 eran mujeres.

«Todas mis compañeras están destruidas. No hemos podido ni sacar nuestras pertenencias. Hemos tenido que esperar en la puerta una hora y todas las chicas lloraban desconsoladamente, es injusto cómo nos han corrido», declaró Marcela Rodríguez, una de las empleadas -y madre- despedidas. Antes de ingresar hace casi un año, había dejado de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Y agregó: «Cuando nos llamaron por grupos nos pusimos felices porque íbamos a cumplir un año y pensamos que nos iban a hacer firmar contrato, pero nos dejaron sin laburo».

Varias de las mujeres despedidas habían denunciado que ni siquiera se comunicaron con ellas desde el sindicato. Aseguran que la situación no les interesa del todo ya que se tratan de contratos no renovados o personal transitorio.

Los números de la empresa

En 2021, Topper invirtió $ 500 millones en su fábrica de la localidad tucumana de Aguilares, donde se produjeron todos los despidos.  Parte del desembolso implicó una erogación de $ 80 millones para volver a producir indumentaria en esta instalación que se dedica exclusivamente a desarrollar artículos de Topper.

Fue la primera vez en sus 50 años de trayectoria que activó una línea para producir ropa íntegramente a nivel local, además de calzado (botines y zapatillas). El lanzamiento requirió la incorporación y la capacitación de 30 personas; así como la adopción de maquinarias y la adecuación de un predio de 1.000 metros cuadrados.

Según anticipó Topper, no planea «inversiones grandes para 2024, sino que será un año de consolidar volumen», especialmente en el negocio de calzado deportivo, donde falta oferta de botines. Mientras tanto, la brutal reducción fue el primer paso para lo que viene en el año.

ATE movilizó el viernes al “Ministerio del Desguace del Estado”

En un multitudinario plenario federal, más de 1.000 delegadas y delegados votaron la medida por unanimidad. “Las y los estatales hemos decidido profundizar nuestro plan de lucha. Nos vamos a movilizar para ponerle freno a este intento de reducir el Estado a su mínima expresión”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE a nivel nacional. El sindicato se declaró en alerta máxima por más de 70.000 trabajadores que podrían ser despedidos el 31 de marzo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió movilizar este viernes a las 12 al ministerio de Capital Humano en alerta por los más de 70.000 vínculos laborales que el Gobierno podría finalizar el 31 de marzo. “El que conduce Sandra Pettovello es el ministerio del Desguace del Estado, de Destrucción de la Gente. En realidad, es el Ministerio Inhumano”, señaló el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.

“En un plenario multitudinario y por unanimidad, las y los estatales hemos decidido profundizar nuestro plan de lucha. Nos vamos a movilizar para ponerle freno a este intento de reducir el Estado a su mínima expresión. El 31 de marzo vencen más de 70.000 vínculos laborales. Exigimos su continuidad y regularización”, explicó el dirigente.

Se trata de contratos que cuando asumió la actual gestión fueron extendidos por un plazo sólo de 90 días, el cual finaliza a final de mes, y desde el sindicato se exige la renovación automática de la totalidad de las y los trabajadores ya que cuentan con 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad en el Estado.

“Que nadie piense que desde ATE salimos a las calles a hacer defensas corporativas o a cuidar privilegios. En la defensa de cada puesto de empleo, lo que defendemos en realidad son políticas públicas. Defendemos un Estado que en épocas de crisis profunda como la que estamos atravesando, resulta más necesario que nunca”, indicó el referente estatal.

Aguiar aseguró que “el Estado no está superpoblado de trabajadores” y detalló: “Lo que sí existen son unos pocos vivos que quieren vivir de él, y un ejemplo es lo que ocurrió el fin de semana con una planta política que jugando a las escondidas quería aumentarse sus ingresos millonarios. Esa es la verdadera casta que, encabezada por el presidente, empieza a aparecer”.

“Todas las medidas económicas del Gobierno están provocando un empobrecimiento acelerado de las y los trabajadores del sector público y de las y los jubilados. Demandamos una recomposición salarial que se ubique por encima de la evolución de los precios. Está claro que la política del Gobierno es la erradicación de derechos, eliminación de puestos de empleo y la destrucción de los ingresos de toda la población. Y a eso no se lo enfrenta con diálogo, se lo enfrenta luchando en la calle. Fin”, concluyó el dirigente nacional parafraseando al vocero presidencial, Manuel Adorni.

La decisión de movilizar al ministerio de Capital Humano surge a partir de los distintos anuncios de esta cartera que atentan contra la funcionalidad plena del Estado, como los recortes en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la amenaza de cierre del INADI, de Télam, de los 57 Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, y de otras empresas del Estado.

Monotributistas del INDEC reclaman por salario y rechazan cualquier despido

Trabajadoras y trabajadores monotributistas que prestan tareas a diario, bajo una relación de dependencia encubierta con el Instituto, alzaron su voz en una carta abierta. Allí interpelan a las autoridades del INDEC -al mando de Marcos Lavagna que continúa desde la anterior gestión- a quienes piden solicitar «las respuestas necesarias al gobierno por el cual fueron designados».

Titulan Estadísticas en riesgo. Si bien indican que, por el momento, «la calidad de la información producida está garantizada», advierten que «puede verse afectada en el futuro si las condiciones de empleo no presentan mejoras que nos permitan continuar dedicándonos a nuestras tareas». Y enfatizan en la importancia que tiene para el pueblo trabajador contar con estadísticas certeras: «sin Índice de Precios al Consumidor no hay negociación paritaria, sin Canastas Básicas no hay índices de pobreza e indigencia», etc.

Además, se pronuncian «contra cualquier despido». En un momento donde el Gobierno nacional deja miles de familias en la calle, por la vía de no renovar contratos en distintas dependencias del Estado; apoyándose en la precariedad laboral que dejaron las anteriores gestiones. Aun así, sin dejarse amedrentar, reclaman derechos laborales y aumento de salario urgente, ya que, entre otras vulneraciones, están por fuera de las negociaciones paritarias.

Se trata de un reclamo que surgió desde las bases y creció en organización. Es que el congelamiento de los ingresos se tornó insostenible. Y se combinó con un malestar general por el tono de apriete de las autoridades, vía oficina de Personal (recursos humanos), por días de enfermedad, o ante la necesidad de retirarse del trabajo para atender a los hijos, entre otros problemas que abrieron la herida de la falta de derechos laborales. «¡Nos demandan obligaciones, pero no tenemos derechos!», fue la reflexión lógica.

«Somos profesionales, pero con lo que nos pagan acá adentro, en pocos meses nos va a convenir manejar un UBER, porque el sueldo no nos alcanza» -expresó una trabajadora durante la última asamblea de ATE-INDEC. Previo a esta instancia, se venía debatiendo la situación de los trabajadores y trabajadoras monotributistas en las oficinas.

En estos intercambios, se definió llevar los reclamos a dicha asamblea, junto a la propuesta de crear una comisión de base, para que participen tanto afiliados a ATE, como a UPCN o no afiliados, con la intención de unir a los trabajadores monotributistas. De la misma participaron más de 50 empleadas y empleados, profesionales, técnicos, informáticos y administrativos; quienes, en un trabajo de redacción cooperativa, lograron sintetizar sus reclamos en la carta difundida. El espacio está abierto a que se sigan sumando más trabajadoras y trabajadores.

La Junta Interna de ATE-INDEC se hizo eco del reclamo planteado en asamblea, participó de la comisión y también difundió la carta en medios de comunicación.

Ajena a este proceso, la conducción de UPCN (que a diferencia de ATE decide no afiliar monotributistas) envió un mail con el compromiso de plantear el problema del aumento de salario a las autoridades. Esto fue entendido por muchos trabajadores como una lavada de cara; aunque no deja de significar un reconocimiento a las fuerzas que se empezaron a organizar por abajo.

Enfrentar despidos y mantener en alto los reclamos

La primera reunión de monotributistas coincidió en fechas con una nueva tanda de despidos en el Estado nacional que ejecutó el gobierno de Javier Milei junto al ministro Luis Caputo. En cada lugar atacado, los trabajadores y trabajadoras resisten, se organizan, y empieza a crecer la necesidad de coordinarse entre sí.

En el INDEC todavía no hubo despidos. Pero la alerta frente a esta posibilidad se debate tanto entre el personal contratado en relación de dependencia, como entre los monotributistas, y también los que son planta permanente. Es una alerta que distingue poco entre condiciones de contratación, categorías, gremios, edades o antigüedad; tiende a unir lo que la patronal (y muchas veces también los sindicatos) dividen. Por esto se empieza a escuchar en las bases, también la propuesta de que ambos sindicatos actúen en común, y hasta que impulsen una asamblea para tratar el tema.

Entre los más precarizados, con los peores sueldos o con los ingresos congelados, el miedo que se quiere infundir por la amenaza de perder el puesto de laburo, compite con la necesidad de pelear por salario y derechos laborales, porque el ajuste y la crisis se hacen realmente insostenibles.

«Que auditen todos los contratos una vez cada tres meses, también es una forma de meternos miedo. Pero si siempre nos quedamos quietos por si nos echan, tampoco va a haber sueldo que aguante«, se reflexiona.

Muchos jóvenes del Instituto a la par se preguntan si podrán continuar estudiando, algunos han saltado molinetes en protesta por los aumentos de tarifas, junto a Centros de estudiantes. Entre todas las edades hay quienes cacerolean con asambleas de sus barrios. También se ha adherido al paro nacional; se ha participado de las jornadas de movilización contra la Ley ómnibus que terminó fracasando. Y sin dudas, les trabajadorxs del INDEC también fueron parte de la marea que desbordó las calles el 8M. Fuerzas hay.

Para defenderse de los despidos y fortalecer la lucha por salario, derechos y condiciones de trabajo, es indispensable que crezca adentro del INDEC también la solidaridad con los despedidos de Télam, de INCAA, de AYSA, de Discapacidad, de la tercerizada de Aerolíneas Argentinas GPS. Estas y otras dependencias del Estado se están organizando para resistir y se empieza a plantear la necesidad de coordinar todos los sectores en lucha. También los trabajadores del sector privado enfrentan ataques y despidos, como los metalúrgicos de Acindar o en fábricas del neumático.

Se puede enfrentar los despidos y defender el trabajo. Así se demostró en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), que en dos meses de lucha lograron la reincorporación de varios trabajadores y esperan una nueva tanda de ingresos. También hubo reincorporaciones en Cultura. Son de los primeros ejemplos, en poco tiempo.

Pero, además, es necesario que defender cada puesto de trabajo, como parte de una resistencia más grande al plan motosierra auspiciado por el FMI, que el Gobierno recién empieza a desplegar y que buscar transar con los gobernadores en el Pacto de Mayo.

Cada puesto de laburo, cada barrio, cada medio de transporte, cada escuela, cada hospital, es también una trinchera desde donde podemos construir la fuerza social para tirar abajo este plan. Organizarse en cada lugar y coordinarse, es la vía para imponer la huelga general y un plan de lucha unificado, a todas las centrales sindicales.

Techint se mete en la secretaría de Trabajo para ejecutar reforma laboral

La inminente designación de Julio Cordero como nuevo secretario de Trabajo encendió las alarmas en la CGT, ya que descuentan que el abogado del Grupo Techint será la mano ejecutora de Javier Milei para reflotar la reforma laboral flexibilizadora que por el momento está frenada en la Justicia, pero que el presidente sigue considerando indispensable.

En cuanto comenzó a sonar el nombre de quien elegiría Javier Milei para reemplazar al despedido Omar Yasín, en los pasillos de la calle Azopardo surgió el malestar: «Cordero es Techint. Es uno de los creadores y defensores del capítulo 4 del DNU 70/2023. Así que, si va al Gobierno, irá a eso».

Como se sabe, la CGT no tiene ningún canal de diálogo con el Gobierno nacional. Y en los últimos días los popes de la central obrera se concentraron en estrechar lazos con los gobernadores del peronismo y los legisladores de los bloques de Unión por la Patria.

La designación de Cordero sería una declaración definitiva de guerra del Gobierno a la CGT. El año pasado, cuando se debatía la reducción de la jornada laboral en el Congreso de la Nación, el abogado de Techint llegó a cuestionar la idea de que los trabajadores trabajen menos horas preguntándose «¿para hacer qué?».

Después de eso, con el cambio de gobierno y la asunción de Milei, Cordero fue un apellido que desde el día uno estuvo dando vueltas para asumir algún cargo dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano.

El cruce entre Daer y Cordero

El objetivo es el de armar una estrategia defensiva frente a la chance que viene sonando fuerte de que el Ejecutivo insista en un nuevo decreto que, entre los principales puntos, contenga la pretendida modificación de las leyes de Trabajo, en una reforma laboral ultra flexibilizadora.

En este contexto fue que generó mucha preocupación la casi segura designación del abogado vinculado, justamente, con la redacción de los capítulos de la reforma laboral del DNU que fue frenado por los amparos presentados por dirigentes gremiales.

Cordero, quien también es vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), tiene un perfil pro-empresario corporativo, por lo que se descuenta que su nombramiento generará un rechazo masivo en el ámbito sindical.

Y hay que recordar que en el último Consejo del Salario participó como representante de la parte empresarial, protagonizando un fuerte cruce con Héctor Daer, quien le preguntó en calidad de qué estaba sentado en esa mesa.

Además, su nombre ya estuvo envuelto en polémicas meses atrás, por sus palabras durante el debate en el Congreso del proyecto de ley para reducir la jornada laboral.

En ese momento el empresario y hombre de confianza de Paolo Rocca se opuso terminantemente a la iniciativa. «Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué?», planteó.

Y completó: «Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales».

Otros nombres para la misma reforma laboral

Más allá de la chance de Cordero, que es la más firme, otros dos nombres que vuelven a estar en consideración son Miguel Ponte y Federico Belleze, como ya sucedió en noviembre pasado luego del triunfo en el balotaje de Milei.

Ponte fue secretario de Empleo durante el gobierno de Mauricio Macri, y cuenta con pasado en Siderar, una de las firmas del Grupo Techint. Su nombre estuvo vinculado en 2017 a la iniciativa de reforma laboral, con una frase también muy recordada: «La posibilidad de entrar y salir del mercado de trabajo hace a su esencia, como comer y descomer».

Bellezze, en tanto, fue jefe de gabinete del ministerio de Trabajo durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y cuenta con el apoyo de sectores vinculados directamente con Macri y otros ámbitos empresariales.

Caputo impone un tope a los aumentos salariales: 14% en marzo y 9% en abril

Antes de ser echado de la Secretaría de Trabajo por el aumento de sueldos al presidente Javier Milei y los demás altos cargos, Omar Yasin había recibido la orden del ministro de Economía, Luis Caputo, de rechazar cualquier paritaria que permitiera aumentar los salarios por encima del 14% en marzo y del 9% en abril. Yasin, abogado laboralista del PRO, no sólo aceptó el tope, sino que estuvo muy de acuerdo en aplicarlo. Veremos quién lo ejecuta de ahora en más: no se sabe aún el nombre del futuro secretario de Trabajo en un Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello y en que ya cayeron nueve funcionarios de relevancia en apenas tres meses de gestión.

El máximo impuesto por Caputo llevó a no se homologara todavía la paritaria de Camioneros, que estableció un alza salarial del 25% en marzo y 16% en abril, un 45% en este segundo bimestre. Este incremento se suma a otro 25% ya otorgado en enero y 16% en febrero, en un sector clave para la economía como es el transporte de mercaderías. Antes del despido, Yasin negociaba una rebaja de las subas de marzo y abril. Los gráficos pactaron en marzo 20% y el gremio de carga y descarga -el que rige en Mercado Libre-, un 17% ajustable por inflación. Los primeros habían conseguido 10% y 25% en los primeros dos meses del año y los segundos, 25% y 20%, respectivamente. Los encargados de edificios arreglaron 45% en marzo, el alza que más irritó al Gobierno por su impacto en las expensas.

Caputo considera que aumentos mayores de sueldos pueden elevar los costos de las empresas y elevar más la inflación, una preocupación que lo llevó a reunirse en los últimos días con fabricantes de alimentos y bebidas y supermercadistas. El ministro quiere que la comida no se encarezca más del 9% en marzo y pide a las empresas que, en lugar de ofrecer descuentos del 50% en la compra de una segunda unidad, aplique la oferta en la adquisición de la primera. Caputo también negó una nueva devaluación del peso oficial, como en diciembre, ya que recalentaría la inflación. Claro que sin devaluar los precios en dólares en la Argentina van quedando caros, para perjuicio de la producción de bienes industriales y servicios como la economía del conocimiento o el turismo. Lo que le advirtieron las compañías al jefe del Palacio de Hacienda es que las ventas están derrumbándose: en parte porque ellas subieron los precios, pero porque se les incrementaron los costos, aunque también porque los salarios en general de la economía están por el piso.

En los primeros dos meses de gestión de Javier Milei, en diciembre y enero, las remuneraciones del sector formal cayeron 20,7%, es decir todo lo que derraparon en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y el cuádruple de lo que bajaron en la administración de Alberto Fernández (-5%). En enero, el salario registrado subió 14,7% frente a una inflación del 20%. Hubo paritarias que cerraron el primer mes del año con subas muy por encima del índice de precios al consumidor (IPC), como aceiteros (41%), calzado (31%), mecánicos (38%), comercio (33%), textiles (31%) o seguros (32%), pero venía a compensar el descalabro que provocó la devaluación de diciembre. Además, hay otros sindicatos y trabajadores que no consiguieron ningún alza en enero, como las empleadas domésticas, o que lograron subas por debajo del IPC, como los colectiveros (11%) o los de clubes (12%).

Sin tregua para la inflación

La inflación acumuló 36,6% en el primer bimestre del año, el rubro de alimentos y bebidas escaló 34,7%. En los últimos doce meses la inflación en alimentos fue superior al nivel general, 303,8% versus 276,2%. Las grandes empresas remarcaron precios que hasta Domingo Cavallo cuestionó y dijo que hubo “aumentos excesivos”.

Milei celebró la inflación de febrero, aunque se mantiene en niveles elevados, y afirmó que “el trabajo de Caputo es formidable. Es digno de admiración”, en una entrevista.

No hay nada de formidable en mantener una inflación de dos dígitos que destroza salarios, jubilaciones, y programas sociales.

En las últimas semanas el Gobierno se reunió con representantes de Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Las Tres Niñas, Quickfood SA, Establecimiento Las Marías, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Arcor, Mondelez, Mastellone, L’Oreal, Danone, Unilever, Coca Cola, Nestlé Compañía Industrial Cervecera, y Quilmes para discutir sobre los precios. También el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con los dueños de los principales supermercados (Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día). Al final parece que la inflación no era solo causa de la emisión como les gusta repetir a los liberales. Caputo convocó a las grandes patronales para prometerles que no habrá nueva devaluación y evitar nuevas remarcaciones, también para suplicarles que dejen de ofrecer promociones tipo “2×1” o “segunda unidad al 50%”, y que deberían reducir sus precios de lista.

Una vez más las patronales respondieron con el bolsillo. Según la consultora LCG, los alimentos aumentaron 3,6% semanal en marzo, lo que equivale a un incremento de 2,3 puntos porcentuales respecto a la semana previa. En tanto, FIEL registró una suba del 5,7% en la última semana en su relevamiento de precios de CABA.

Las principales empresas de la alimentación como Arcor, Molinos y Unilever aumentaron sus precios antes de la asunción de Milei 35, 40 y 40% respectivamente sus listas de precios para anticiparse a la devaluación esperada, según publicó Alejandro Bercovich en DiarioAr. Luego siguió la remarcación de precios de las grandes empresas.

El Gobierno, además, les dio mayor libertad a las empresas para subir precios, así se derogaron las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Observatorio de Precios y Regulación para los ingenios azucareros. Si bien estas normas no lograron frenar la suba de precios, ahora los grandes empresarios multiplican sus ganancias.

Los grandes grupos económicos que cuentan con mayor concentración en la producción y comercialización de las mercancías llevan las de ganar en la carrera por preservar los márgenes de rentabilidad. Ellos pueden incidir en la fijación de los precios y sacar así ventajas. La concentración en las esferas de la producción y comercialización es un factor que amplifica el aumento acelerado de precios. Según un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA), nueve empresas tienen una fuerte concentración (si se considera solamente los productos de primera necesidad): Cervecería y Maltería Quilmes, (concentra el 78% de la facturación), Coca Cola Company, concentra el 78% de las ventas de su sector y Molinos Río de la Plata en la categoría fideos, con el 79%.

Hasta Cavallo dice que fue mucho aumento

Domingo Cavallo, exfuncionario del gobierno de Carlos Menem y Fernando De la Rúa en diálogo con TN advirtió sobre la suba de precios. El ídolo de Milei afirmó «se han liberado todos los precios, algo que siempre quiso el sector privado y que es necesario para que una economía funcione normalmente» y agregó que «no puede ser que las empresas aprovechen eso para pegar un saque exagerado a los precios».

Según el economista, «en muchos casos las empresas dijeron ’bueno, el dólar no está en $880, está en $1.200 o $1.300 y aumentaron los precios en ese nivel» y añadió que el sector privado «tiene que colaborar más» si quiere «que la economía funcione bien, abierta, con libertad en todos los mercados, sin que el Estado intervenga».

Cavallo aclaró (por si hubiese alguna duda) que su propuesta no implica «un acuerdo de precios», «digo que Milei y el ministro de Economía tienen que lograr que el sector privado, los fijadores de precios, de naftas, alimentos, medicamentos, tienen que colaborar para que el gobierno pueda bajar la inflación sin provocar tanta recesión», enfatizó. El Gobierno escuchó al exministro y se reunió con los principales empresarios.

La inflación se aceleró gracias a las medidas de Milei y Caputo como la devaluación, la suba de combustibles y prepagas, la derogación de la Ley de alquileres, entre otras. Las consecuencias de la escalada de precios recaen sobre la clase trabajadora. Se licuaron salarios, jubilaciones y programas sociales y por eso es urgente un aumento de emergencia.

Es necesario comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados, entre otras medidas. Así, se podría impedir que las grandes cadenas de supermercados e hipermercados remarquen los precios sin control. También se necesita imponer la apertura de los registros contables para verificar las ganancias reales de las grandes empresas.

La canasta básica subió 15,8 % en febrero y un hogar necesitó casi $ 700.000 para no ser pobre

La inflación está destruyendo los ingresos de las familias trabajadoras. Mientras en promedio los precios aumentaron a nivel nacional 13,2 % mensual en febrero, los productos que integran la canasta básica (línea de pobreza, según el Indec) treparon 15,8 % y la canasta alimentaria (línea de indigencia) un 13,1 %.

De esta forma, un hogar conformado por dos adultos y dos menores de edad necesitó un ingreso de $ 690.901,51 para no ser considerada en pobre, un 15,8 %, según el informe que publicó el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Y este valor no incluye el costo de alquilar una vivienda.

Por su parte, una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores requiriera ingresos por $ 322.851,20 para cubrir las necesidades mínimas alimentarias y no estar en la indigencia. La «licuadora» que festeja Milei y Caputo para garantizar el «déficit cero» y contentar a «los mercados» y el FMI, no es otra cosa que una máquina de arrastrar millones de personas a la pobreza.

Entre diciembre y febrero la canasta básica trepó 77,1% (27% en diciembre, 20,4% en enero y 15,8% en febrero) y la canasta alimentaria subió 74,5% (30,1%, 18,6% y 13,1% respectivamente).

¿Qué miden las canastas? La canasta básica total se utiliza para medir el umbral de pobreza por ingresos, estableciendo que aquellos individuos o familias que perciban ingresos inferiores son considerados pobres. Mientras que la canasta básica alimentaria estable el límite de la indigencia, son aquellos individuos y familias que no llegan a completar las 4 comidas diarias, pasan hambre.

Si contemplamos que las canastas del Indec no incluyen un gasto tan importante como el alquiler podemos deducir que el costo de vida real es aún mayor. Una medición alternativa de consumos mínimos (para una familia de 4 integrantes) realizada por la Junta Interna de Ate-Indec sostiene que ningún trabajador debería haber ganado menos de $ 931.323 en el mes de enero.

En los últimos 12 meses, tanto la canasta básica como la alimentaria estuvieron muy arriba de la inflación acumulada. La primera escaló un 290,2%, mientras que la segunda se cuadriplicó: se disparó un 301,14%, frente a un IPC de 276,2% en ese mismo lapso.

Un informe de la consultora EcoGo estimó que las tarifas de luz, gas y transporte público (trenes y colectivos), junto a los precios de los combustibles y las cuotas de las prepagas sumarán unos 11,5 puntos porcentuales a la inflación del trimestre marzo-mayo.

Entre el 18% y el 30% del número de inflación de los primeros cinco meses del año estaría explicado por la incidencia de estos precios regulados, proyectó la entidad dirigida por Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi.

Alimentos ya se venden más caros que en Estados Unidos y Europa

Ocipex es colectivo comprometido con el estudio y el seguimiento de la política exterior argentina. En un nuevo hilo en la red social X/Twitter se refirió a las subas en los alimentos. Precios de Europa con salarios deprimidos…

1. En Argentina, se estima que más del 70% de la facturación de los supermercados se concentra en pocas empresas, las cuales, a su vez, se integran verticalmente dominando el mercado de consumo masivo. ¿Qué pasa al derogar de la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas?

En 🇦🇷, se estima que más del 70% de la facturación de los supermercados se concentra en pocas empresas, las cuales, a su vez, se integran verticalmente dominando el #mercado de consumo masivo.

¿Qué pasa al derogar de la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas?
2. En el juego de la “libre competencia”, las pymes corren en desventaja. Las corporaciones, por su estructura, poseen una infinidad de herramientas para crecer y consolidarse como plazos de pago extensos y más espacios publicitarios en los supermercados.

3. A su vez, entre los grandes grupos se establecen alianzas estratégicas con el fin de optimizar recursos y capacidades operativas. Bajo una misma marca, cada corporación presenta un universo de productos de consumo masivo.

4. Sin normativas reguladoras, las grandes firmas ya no están limitadas a ceder o a compartir el espacio en estanterías con productos elaborados por pymes. La Ley de Góndolas, por ejemplo, establecía que ninguna empresa debía ocupar más del 30%.

5. Otro efecto, son los alimentos a precio internacional. En este contexto, muchos productos básicos se acoplaron a valores externos. Esto significa que los alimentos y bebidas que se producen en Argentina cuestan en góndola lo mismo que en los supermercados de EE. UU. o Europa.

6. Sin una norma que estipule condiciones justas para todos los productores, se vuelve más difícil la tarea de encontrar marcas alternativas a precios razonables en un contexto donde desde diciembre a la fecha, los precios a nivel minorista subieron un 60%.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Perfil, Mundo Gremial, Gestión Sindical, Indymedia Trabajadoras/es

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