El discurso de Cristina Fernández de Kirchner en una reunión de la CTA de los Trabajadores dio lugar a réplicas del presidente Alberto Fernández. Tomaron relieve asimismo otros destinatarios de la palabra vicepresidencial: Los movimientos “piqueteros”, con el Evita al frente.
Las reacciones en el interior del gobierno, comenzaron por las palabras del propio presidente. Las que se llevaron la mayor atención de su parte fueron las observaciones críticas de la vicepresidenta hacia las organizaciones sociales y al sistema de “planes”.
Alberto Fernández salió directo a desmentirla, valorando el aporte de esas organizaciones. Por cierto lo hizo en la clave del modo de “administración del conflicto” que lleva adelante su gestión. Así consideró que hay que agradecer a las organizaciones que trabajaron “para que la Argentina no explote”.
Y que si no se cumplieron los vaticinios de que en nuestro país se produciría un “estallido social” se debió a que “estuvieron al lado nuestro, ayudándonos a contener a los sectores vulnerables, llevando solidaridad donde la solidaridad no existía, llevando compromiso donde el compromiso no existió”.
Queda así de manifiesto una vez más cuál es la concepción política que da sustento a la relación, más que cordial, entre la cabeza del ejecutivo y las organizaciones que hasta ahora lo respaldan a pleno.
El peronismo en el gobierno no impulsa la movilización, sino que intenta contenerla. A lo sumo con la “válvula de escape” de alguna protesta episódica. De paso, le ofrenda una garantía de “paz social” a las clases dominantes. Ese rol lo ocupan los sindicatos desde hace décadas, tesitura a la que se han integrado un conjunto de organizaciones sociales en tiempos más recientes.
Entre los menguados dispositivos que dan hoy sustento al gobierno, las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ocupan un lugar destacado.
A modo de contrapartida detentan cargos en el elenco gubernamental. Si bien no han alcanzado todavía el rango ministerial, que reclaman, sí tienen inserción en el nivel de secretaría, como la de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, que ocupa Fernando “Chino” Navarro y la de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en la que se desempeña Emilio Pérsico. Cargos a los que hay que sumar varios en niveles de subsecretaría o dirección nacional.
Los dirigentes sociales aportaron sus respuestas y lo mínimo que le imputaron a Cristina Fernández fue “…un desconocimiento muy grande”. El secretario general de la UTEP, Esteban Castro afirmó que “Hay cantidad de cosas que suceden en los movimientos populares en los barrios, y en relación con todas las fuerzas vivas de la comunidad, que, si no lo vivís, es muy difícil.”
Entre las declaraciones más duras estuvo la de Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): “La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado, sino creación heroica de los excluidos donde el Estado solo llega en patrullero, y el mercado, con descarte.” Luis D’Elía optó por ser más gráfico; consideró que la vicepresidenta le declaró la guerra a las organizaciones sociales.
El presidente no se privó de adherir a los cuestionamientos a que las organizaciones sociales pidan algún aporte a los beneficiarios de planes, alrededor de lo que se intentó tejer un escándalo en los últimos días. Aludió a que había que impedir que se hicieran “picardías”.
Apuntó así contra las organizaciones que no se amparan en el gobierno, entre las cuales se halla el Polo Obrero, cuestionado de modo directo en los últimos tiempos.
¿Qué dijo Cristina?
La vicepresidenta dedicó pasajes de su discurso a criticar el elevado número de planes en vigencia, que no se justificaría con el actual nivel de desocupación. También incitó a que estos planes no se “tercericen”, un modo de apuntar a las organizaciones como un intermediario innecesario.
Enmarcado como alegato contra la profusión de asignaciones y de defensa de políticas universales y de la siempre postergada creación de “trabajo legítimo”, CFK apuntó a agrupaciones con las que mantiene una relación casi inexistente, en parte por el apoyo que le brindan al presidente.
Al mismo tiempo, la crítica a los planes puede ser interpretada como una exhortación a revisar el reparto de recursos e influencias, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Bajo la apariencia de dejar de “tercerizar” podría transferirse el poder de entidades como el movimiento Evita a lxs intendentes del área y a grupaciones no “piqueteras” del núcleo kirchnerista, como La Cámpora.
Asimismo da que pensar en torno a si la presidenta del senado no formula un guiño a sectores a los que la llamada economía popular y el pago de planes con recursos estatales no le son simpáticos. Los planes no serían “peronistas” sino un producto de períodos neoliberales, según la vicepresidenta.
La diferenciación podría formar parte de una política de recuperación de lazos con sectores del movimiento obrero celosos de los “piqueteros”, algo facilitado porque su alocución se produjo en el acto convocado por una central obrera.
Lo que parece quedar claro es que se halla en curso una puja por la “administración de la pobreza”, y sus réditos políticos Lo que no incluye medidas serias para combatir el trabajo precario y la desocupación, la creación de empleos formales y el cumplimiento de la tan reiterada como fallida promesa del reemplazo de los planes por “trabajo genuino”.
Políticas con un potencial de eficacia como la reducción de la jornada laboral para generar más puestos de trabajo no entran en la agenda del aparato estatal. Ello se debe a un acuerdo tácito entre los que llevan adelante políticas públicas en la materia: No incurrir en el desagrado del empresariado.
A lo máximo que se atreven es a no dar cauce al programa de máxima de aquéllos: Una reforma laboral que destruya los derechos que aún poseen las trabajadoras y trabajadores y los deje sin protección frente al arbitrio patronal.
Es indudable que las soluciones para la pobreza y la carencia de empleo o el trabajo de mala calidad, no vendrán del lado de quienes ejercen el gobierno ni, menos aún, de los que pretenden reemplazarlo con las reivindicaciones del gran capital como bandera.
Son las organizaciones independientes del Estado y de las patronales las que pueden dar la pelea en las calles, para que el conflicto que se pretende convertir en un episodio “administrativo”, adquiera a pleno el carácter político que en realidad tiene.
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