La facturación de las mil empresas que más venden representa casi el 80 por ciento del producto bruto interno de la Argentina. En buen romance esto quiere decir que un millar de personas facturan ocho de cada diez pesos que producen casi cuarenta millones de argentinos. Una fenomenal concentración de riquezas en pocas manos. Matriz […]
La facturación de las mil empresas que más venden representa casi el 80 por ciento del producto bruto interno de la Argentina. En buen romance esto quiere decir que un millar de personas facturan ocho de cada diez pesos que producen casi cuarenta millones de argentinos. Una fenomenal concentración de riquezas en pocas manos. Matriz invicta de los años noventa. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, las veintiséis firmas dentro de las primeras cien que desarrollan sus actividades en el territorio, facturan 178.383 millones de pesos, dos veces y medio el producto geográfico. Es decir que veintiséis personas triplican en ventas lo que producen en un año más de tres millones de santafesinos. Los datos provienen del último número de la revista «Mercado», el número 1095, de junio de 2009 y están basados en los balances de las propias empresas del año 2008. Por detrás de estas cifras hay historias que merecen ser tenidas en cuenta para pensar un país distinto de cara a los doscientos años del sueño colectivo inconcluso parido en mayo de 1810. ¿Cuándo se producirá la famosa y cacareada distribución de riquezas?. ¿Cómo ejercen la soberanía política los gobiernos municipales, provinciales y nacional ante estas empresas?. Preguntitas sobre números obscenos. El poder económico y las historias recientes. De esto habla la siguiente nota.
La susceptibilidad de Cargill
En junio de este año, el gobierno de Hermes Binner notificó a Cargill una deuda de 570.000 pesos y no descartó embargos. La Subsecretaria de Ingresos Públicos de Santa Fe, Teresa Beren, estuvo en la planta de la multinacional en Puerto General San Martín para notificar la deuda en concepto del inmobiliario por tener 140 mil metros cuadrados en construcciones sin declarar.
Fue en relación al denominado «operativo puertos», que persigue el objetivo de detectar aquellas empresas evasoras de impuestos provinciales, el gobierno hizo un relevamiento que arrojó la existencia de 800.000 metros cuadrados sin declarar en todo el complejo del Gran Rosario.
La información incluía un análisis de la funcionaria que decía que «la empresa pagaba por año 13 mil pesos en concepto de impuestos inmobiliarios, y había muchos metros que no estaban declarados ante la provincia. Le hemos informado a la Aduana y a la AFIP, que estaban incorrectamente inscriptas en las 24 provincias argentinas, porque se declaraban exentas frente a estas provincias en los regímenes de retención y percepción».
El 9 de julio pasado, a través de una solicitada en los principales medios de comunicación del país, Cargill denunció el «incesante y discriminatorio show mediático» que la involucra a raíz del embargo trabado por el fisco provincial en reclamo de aquella deuda de 570 mil pesos en concepto de impuesto inmobiliario.
La multinacional se quejaba de «la reiteración de comentarios oficiales sobre supuestos millonarios incumplimientos» en el pago de impuestos. «Sorprende que una regular inspección impositiva por parte de la API, se haya convertido en un incesante y discriminatorio show mediático», apunta Cargill en la solicitada, y agrega: «Peor que ello es que se reclaman por el impuesto inmobiliario montos que no corresponden o que ya fueron pagados antes de las inspecciones y embargos sufridos».
El gigante estadounidense asegura, después de repasar sus inversiones y lo que paga de impuestos en Santa Fe, que «se confunde a la opinión pública al decirse que ya se abonaron esos montos, cuando en realidad la empresa sufrió intempestivos e innecesarios embargos». En ese sentido, explicó que «afrontarlos para poder seguir operando no es consentir lo reclamado».
Uno de los que salió a respaldar a la empresa fue el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, al decir que la multinacional había informado sobre la ampliación de obras.
De Grandis debería explicar, además, por qué dejó que Cargill corriera la cruz que recuerda la epopeya de la batalla de Punta Quebracho, el 4 de junio de 1846, donde decenas y decenas de familias gauchas enfrentaron a una flota inglesa a punta de lanzas y piedras. Aquel símbolo forma parte de un monumento histórico nacional que no fue respetado en lo más mínimo por la cerealera ubicada en esa cintura cósmica que dibuja el río Paraná en tierras de Puerto San Martín.
Pero más allá de las solicitadas y las complicidades, los números del último balance conocido de Cargill ubican sus ventas durante el año 2008 en el monto de 19.700 millones de pesos anuales, casi 55 millones de pesos diarios, más de dos millones por hora y 38 mil pesos cada sesenta segundos. Cargill es la firma número cuatro en el ránking de las mil empresas que más venden en la Argentina.
¿Qué hará ahora el gobierno de Hermes Binner?.
¿Insistirá o resignará su iniciativa?.
Molinos
La ciudad de San Lorenzo parece hoy el patio trasero de las monumentales obras que levantó Molinos Río de la Plata.
La empresa, varias veces denunciada por contaminación ambiental por vecinos de varios barrios de la ciudad histórica, sigue creciendo en tamaño y facturación.
De acuerdo su privilegiado puesto 14 entre las mil que más venden, Molinos llegó a facturar más de ocho mil millones de pesos durante el año 2008. A razón de 15.447 pesos cada sesenta segundos.
Por ahora los concejales de San Lorenzo no dieron permiso para la ampliación que pretende la cerealera ante la decidida posición asumida por los vecinos.
Pero después de los resultados electorales de junio es probable que la firma siga ensanchando su territorio en detrimento de la calidad de vida de los lugareños y respaldada por semejante volumen de ventas.
Minera Alumbrera
La Minera Bajo Alumbrera exporta su producción por los muelles de Terminal 6, también en Puerto General San Martín.
Nadie sabe lo que se lleva. Y nada queda en la ciudad del sur santafesino como tampoco en las aduanas regionales.
Lo que si se sabe es lo que factura.
Ubicada en el puesto 25 entre las mil empresas que más venden en la Argentina, la minera vendió por 5.750 millones de pesos durante 2008.
La nada despreciable suma de 11.034 pesos cada sesenta segundos.
De allí que sea necesario recordar la dimensión del saqueo: «Mientras las petroleras disponen del 70% de las divisas provenientes de la exportación, las mineras pueden dejar afuera el 100% de ellas. Los decretos del P.E.N. Nº 417/03 -firmado por E. Duhalde- y 753/04 -con la firma de Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Roberto Lavagna- así lo establecen. Un ingeniero de Minera Alumbrera declaraba en un programa de televisión: ‘El 100 por 100 del producido, que son 700.000 toneladas al año, 104 toneladas por hora, se exportan desde puerto propio en la localidad Puerto Gral. San Martín, al norte de Rosario. Es decir, la totalidad de la producción de 700.000 toneladas de cobre y oro son exportadas a mercados externos, Brasil, EEUU, Europa y Oceanía’. De lo que no se habla es del valor de esta riqueza: ¿cuánto representa a valores de hoy? La S.M.N. estima que Minera Alumbrera ‘espera producir 195.000 tn. de cobre y 700.000 onzas de oro durante el 2003…’. Si tomáramos estas cifras e hiciéramos un estimado a la cotización de la Bolsa de Londres de hoy -18/4/07- las 195.000 toneladas de cobre a U$S 7.830 la tn. darían U$S 1.526.850.000 y las 700.000 onzas de oro a U$S 788,50, serían U$S 481.950.000. Es decir: un total de más de 2.000 millones de dólares anuales, sin contar las decenas de otros metales que acompañan el oro y el cobre y por los que no declaran ni pagan». (Fragmento del artículo «El despojo de los metales argentinos», por Fernando ‘Pino’ Solanas (MORENO), publicado en ARGENPRESS 27 de julio de 2007).
General Motors
La empresa radicada en General Alvear facturó por 5.230 millones de pesos durante 2008. Se ubicó en el puesto 28 entre las mil que más venden en el país. Es decir que facturó a razón de más de diez mil pesos cada sesenta segundos.
¿Por qué, entonces, recibió el auxilio del estado nacional con fondos de la ANSES?.
En junio de este año, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, viene a anunciar un crédito directo con fondos de la ANSES de entre doscientos y trescientos millones de pesos para complementar los 500 millones que la multinacional de origen norteamericano necesita para desarrollar su nuevo modelo de auto, el BIBA, aunque todavía no tiene marca comercial.
Esa misma semana el estado norteamericano anunció la nacionalización de la empresa.
De tal forma se llegó al ridículo que trabajadores y jubilados argentinos están subsidiando al tesoro del imperio.
¿Le hace falta el dinero de los trabajadores y jubilados argentinos al estado norteamericano y a la mismísima planta de General Alvear que facturó más de diez mil pesos por minuto?.
El argumento fue que se garantizaban las fuentes laborales. Algo extraño porque a principios de año el propio Ministerio de Trabajo de la Nación junto al gremio SMATA y la dirección de la empresa habían firmado un compromiso de paz social de más de un año que garantizaba el no despido de empleados.
Vicentín
La empresa está radicada no solamente en el sur santafesino sino en el corazón del castigado departamento General Obligado, techo de la provincia.
En aquella región donde todavía son visibles las huellas de La Forestal, Vicentín facturó por 4.900 millones de pesos anuales.
Nada menos que casi nueve mil quinientos pesos por minuto.
Semejante cifra de ventas la ubicó en el puesto 29 entre las mil que más facturan en la Argentina.
Cada año, Vicentín genera algún tipo de conflicto que deja trabajadores en la calle en la zona de Reconquista, ciudad cabecera del departamento General Obligado.
Es la otra parte, la cara menos visible de semejante volumen de dinero.
A finales de los años noventa un informe del Servicio de Paz y Justicia del Arzobispado de Reconquista sostenía: «Los padres de familia sin trabajo, viven angustiados. Se comprobó en ellos un estado de nerviosismo y poco aprecio por si mismos, creando más a menudo situaciones de violencia en sus familias. Los jóvenes no encuentran salida laboral, no pueden estudiar; muchos de ellos a más temprana edad, se dedican con frecuencia al robo, producto de la desesperanza en que se encuentran sus familias. Los adolescentes se prostituyen, los niños van a la escuela con dificultades de aprendizaje debido a la falta de alimentación adecuada y la carencia de apoyo en las tareas escolares por parte de sus familias, dado que muchos de sus padres no completaron el ciclo básico primario. En los últimos años se ha producido un gran porcentaje de migración a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, se comprobó que muchas familias construyeron sus viviendas precarias en calles públicas y/o terrenos baldíos municipales, agravando aún más el problema de la vivienda», indicaba aquel documento.
Vicentín, mientras tanto, crece en volumen de ventas y, en forma paralela, no produce ningún tipo de desarrollo que responda a la famosa responsabilidad social del empresariado.
Acindar
La historia de Villa Constitución es también la historia de Acindar.
La empresa fundada por Arturo Acevedo a finales de los años cuarenta en la ciudad de Rosario terminó siendo un verdadero poder económico, político, social y cultural más allá de la ciudad del departamento Constitución.
En la segunda mitad de este año, los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica están preocupados por la serie de conflictos laborales y salariales que tienen como primer escenario las llamadas empresas tercerizadas que dependen de la acería.
Los últimos accidentes laborales mortales dan cuenta del nivel de precarización laboral que existe en la planta.
Pero más allá de estos apuntes de la historia reciente, hoy Acindar depende del grupo Arcelor Mittal, de Brasil, que posee el ciento por ciento de su capital. En 2008 llegó a exportar por 139 millones de dólares.
De acuerdo a los números que publica la revista «Mercado», Acindar facturó por 3.935 millones de pesos.
Más de 7.500 pesos cada sesenta segundos.
Un fenomenal poder económico que, sin embargo, no hace muchos esfuerzos por cuidar la vida de sus trabajadores.
Coherencia con los postulados desarrollados durante la gerencia que desarrolló José Alfredo Martínez de Hoz entre 1973 y 1976, cuando pagó hasta doscientos dólares a cada uno de los cuatro mil efectivos de la policía federal y otras fuerzas que coparon la ciudad obrera el 20 de marzo de 1975. Aquellos que convirtieron el albergue de solteros de Acindar en el primer centro clandestino de detención de personas en el país. Un año después, Martínez de Hoz era designado ministro de Economía de la dictadura más sangrienta de la historia argentina.
Sancor
Los pequeños productores lecheros reciben 75 centavos por litro de leche.
Algo que no tiene nada que ver con el nivel de facturación de las principales empresas del sector.
El 17 de setiembre de 1938 se constituyó la cooperativa Sancor, en la localidad de Sunchales, departamento Castellanos, casi en el límite con la provincia de Córdoba. Dos años después comenzó a funcionar la primera industria. Cuenta la historia oficial de la empresa que «había por entonces ya una buena cantidad de cooperativas tamberas, diseminadas en una vasta región que comprendía varias provincias. Los resultados satisfactorios de SanCor indujeron a muchas de ellas a sumarse al grupo fundador, mientras que también surgían otras más, respondiendo a la decisión de tamberos deseosos de incorporarse a la nueva «cooperativa de cooperativas».Así, en pocos años, SanCor alcanzó un rápido desarrollo y se expandió por toda la actualmente llamada cuenca lechera central argentina. A la primitiva elaboración de manteca, fundamento de prestigio nacional e internacional, siguieron incorporándose otras actividades industriales, que consolidaron a la empresa de los productores de leche y le confirieron el liderazgo de la lechería del país. Contribuyó también a ello la fluida interacción entre las actividades industriales y la producción primaria, que permitió a los tambos y cooperativas asociadas acompañar con crecimientos cuantitativos y cualitativos la evolución de la empresa común».
Sesenta años después los resultados de aquella original cooperativa la definen hoy como una empresa formadora de precios y reguladora del mercado lácteo.
Sancor está ubicada en el puesto 70 entre las principales mil que más venden en el país, facturó por valor de 2.104 millones de pesos durante 2008.
Más de cuatro mil pesos por minuto.
Una cifra que no guarda relación con lo que ganan los tamberos ni tampoco con lo que reciben los trabajadores de la industria.
Monsanto
El glifosato sigue impune no solamente en la provincia de Santa Fe sino en todo el país.
La multinacional facturó el año pasado por valor de 1.800 millones de pesos, ubicándose en el puesto 87 entre las primeras mil empresas que más venden en la Argentina.
Es decir casi tres mil quinientos pesos cada sesenta segundos.
A Monsanto parece no importarle la realidad de los chicos banderas de Las Petacas, en el departamento San Martín, centro oeste de la provincia.
Las Petacas se llama el exacto escenario de la zona del centro oeste del segundo estado argentino donde los pibes son usados como señales para fumigar.
Chicos que serán rociados con pesticidas mientras trabajan como postes, como banderas humanas y que luego serán reemplazados por otros nadies.
Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo que se llama esquinero.
Después, hay que contar 24 pasos hacia un costado desde el último lugar donde pasó el mosquito, desde el punto del medio de la máquina y pararse allí, dice uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de edad. El mosquito es una máquina que vuela bajo y riega una nube de plaguicida.
Para que el conductor sepa dónde tiene que fumigar, los productores agropecuarios de la zona encontraron una solución económica: chicos de menos de 16 años, se paran con una bandera en el sitio a fumigar. Los rocían con Randap, a veces 2-4 D. Tiran insecticidas y mata yuyos. Tienen un olor fuertísimo. A veces también ayudamos a cargar el tanque. Cuando hay viento en contra nos da la nube y nos moja toda la cara, describe el niño señal, el pibe que será contaminado, el número que apenas alguien tendrá en cuenta para un módico presupuesto de inversiones en el norte santafesino.
No hay protección de ningún tipo. Y cuando señalan el campo para que pase el mosquito cobran entre veinte y veinticinco centavos la hectárea y cincuenta centavos cuando el plaguicida se esparce desde un tractor que va más lerdo, dice uno de los chicos.
Con el mosquito hacen 100 o 150 hectáreas por día. Se trabaja con dos banderilleros, uno para la ida y otro para la vuelta. Trabajamos desde que sale el sol hasta la nochecita. A veces nos dan de comer ahí y otras nos traen a casa, depende del productor, agregan los entrevistados.
Uno de los chicos dice que sabe que esos líquidos le puede hacer mal: «Que tengamos cáncer, ejemplifica. Hace tres o cuatro años que trabajamos en esto. En los tiempos de calor hay que aguantárselo al rayo del sol y encima el olor de ese líquido te revienta la cabeza. A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza, dicen las voces de los pibes envenenados.
«Nos buscan dos productores. Cada uno tiene su gente, pero algunos no porque usan banderillero satelital. Hacemos un descanso al mediodía y caminamos 200 hectáreas por día. No nos cansamos mucho porque estamos acostumbrados. A mí me dolía la cabeza y temblaba todo. Fui al médico y me dijo que era por el trabajo que hacía, que estaba enfermo por eso, remarcan los niños.
El padre de los pibes ya no puede acompañar a sus hijos. No soporta más las hinchazones del estómago, contó. No tenemos otra opción. Necesitamos hacer cualquier trabajo, dice el papá cuando intenta explicar por qué sus hijos se exponen a semejante asesinato en etapas. La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Las Petacas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) habían emplazado al presidente comunal Miguel Ángel Battistelli para que elabore un programa de erradicación de actividades contaminantes relacionadas con las explotaciones agropecuarias y el uso de agroquímicos. No hubo avances.
Monsanto sigue vendiendo el glifosato y facturando miles de pesos por minuto.