En diciembre pasado se cumplió el primer año del gobierno de la Cuarta Transformación (4t) de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La cascada de comentarios producida inundó la televisión, la radio y la red, se expresó por igual en los múltiples medios impresos y, por supuesto, en las pláticas de los mexicanos y mexicanas atosigados […]
En diciembre pasado se cumplió el primer año del gobierno de la Cuarta Transformación (4t) de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La cascada de comentarios producida inundó la televisión, la radio y la red, se expresó por igual en los múltiples medios impresos y, por supuesto, en las pláticas de los mexicanos y mexicanas atosigados por el tsunami verbal de las conferencias mañaneras cotidianas del propio presidente. Para éste la situación en México es la de un «pueblo feliz, feliz, feliz», así lo ha dicho textualmente reiterando su enorme satisfacción por haber realizado «un cambio de régimen de manera pacífica […] apenas un año ha bastado para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo; por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México.» (AMLO, Hacia una economía moral, Planeta, Ciudad de México, 2019.)
Pero, ¿cuánto hay que celebrar de acuerdo a los discursos de AMLO?, ¿cuánto de la euforia presidencial resiste a la realidad cruda vivida por la abrumadora mayoría de la población? Ciertamente no el descenso de la violencia en el país con las estadísticas que señalan que 2019 fue el año de la década con más homicidios y feminicidios. Los periodistas tampoco podrían estar «felices» con la cuota de asesinatos de sus colegas que no cesa y que hace de México junto con Siria los dos países en donde es más peligroso ejercer el trabajo de periodistas. Y qué decir de la Guardia Nacional que más que perseguir a los delincuentes está ocupada en vigilar las fronteras del norte y el sur, deteniendo a decenas de miles de emigrantes centroamericanos, caribeños e incluso africanos para impedirles llegar a su meta deseada en Estados Unidos para gran satisfacción de Trump. Es verdad que en algunos otros (pocos) momentos de sinceridad el mismo AMLO ha reconocido que su primer año de gobierno ha dejado mucho que desear con respecto a sus promesas de campaña y ha pedido que le den otra oportunidad en 2020. Y de nuevo surge la pregunta: ¿cuál es la perspectiva que tiene AMLO de cumplir sus promesas?
Una economía estancada
Al nivel económico la perspectiva no es muy optimista para 2020. Lo dicen una gran mayoría de encuestas, los inversionistas y los financieros, tanto en los medios nacionales como internacionales. Con muy pocas excepciones, en la que destaca la industria automotriz, los pronósticos para el año que comienza, no son favorables a la industria manufacturera y la de construcción. Se prevé una gran volatilidad en las inversiones nacionales y extranjeras. Y en su primer año ha demostrado un fracaso rotundo como pronosticador económico pues a pesar de sus vehementes declaraciones sobre su creencia de que el índice de crecimiento económico en 2019 sería del 4 por ciento, los indicadores del Banco de México y del Inegi son contundentes en concluir que en realidad hubo una caída de la actividad económica del 0.5 por ciento negativo. Todo ello con el agravante de que una de las causas más importantes de esa caída fue la política económica del propio gobierno, caracterizada por un subejercicio escandaloso de las finanzas gubernamentales que golpearon fuertemente el gasto social. La inversión de la infraestructura (en los rubros de protección social, ciencia, tecnología, innovación) descendió un 14 por ciento con respecto a 2018. (La Jornada, 05.01.2020). Este resultado es la consecuencia de la concepción central típicamente neoliberal que ha sido erigida por el presidente como el eje de su política económica: la austeridad disfrazada de lucha contra la corrupción.
Ahora bien, dicha austeridad se ha aplicado en detrimento del empleo gubernamental con el aumento notable de los desempleados del sector y el recorte del gasto en áreas sensibles como la salud y la ecología ejemplos especialmente notorios. La austeridad en los aparatos represivos no se aplicó de la misma manera, cuyo testimonio es la creación con un altísimo costo de la Guardia Nacional la cual, no obstante, todavía está muy lejos de abatir la violencia asesina como lo reconocen sus propios dirigentes. Una austeridad que no porque se le agregue el calificativo de pieza clave de una «economía moral» es menos integrante de una política económica austericida prevaleciente como patrón económico neoliberal hegemónico del capitalismo.
El modesto aumento del salario mínimo era una necesidad más que anunciada después de haberlo mantenido prácticamente estancado al precio del empobrecimiento en picada de los trabajadores en los últimos treinta años. Un aumento al que por supuesto muchos patrones se han opuesto y que, dadas las condiciones de estancamiento, va a ser rápidamente superado por la inflación. A la cual también contribuye la multiplicación fenomenal del asistencialismo de tarjetas, principalmente para el consumo de alimentos, a los jóvenes, a las personas de la tercera edad y a las familias en situación precaria. La inflación, a pesar de la apuesta del presidente firmemente partidario de mantenerla controlada, se puede disparar incontenible dada la situación de estancamiento de la actividad económica. O sea estamos entrando a un círculo vicioso que lejos de sacarnos de los lineamientos del «antiguo régimen» los reproducirá con creces.
«En mi gobierno no habrá reforma fiscal», tajantemente lo ha repetido AMLO muchas veces. Y sin embargo, una reforma fiscal que vaya contra la concentración enorme del ingreso nacional y promueva una redistribución de la riqueza sería precisamente una de las formas más eficientes para darle al mercado interno los recursos suficientes para promover el crecimiento económico. Pero ella se topa, como lo ha hecho durante décadas, con el muro de la oposición de una burguesía mexicana acostumbrada a gozar de los privilegios de un estado que le ha concedido enormes privilegios y con empresas imperialistas, en especial estadounidenses, que han invertido sus capitales con las promesas de exención de impuestos y de concesión de facilidades innumerables.
Los ecoicidios que vienen
Ante todo lo anterior, precisamente en las celebraciones del primer año de la 4t, emergió de modo inesperado para el gran público, la catástrofe ecológica en ciernes con los megaproyectos estrellas en el sureste del país. Cuestiones ecológicas candentes que hasta hoy sólo habían aparecido brevemente y casi a escondidas en las agendas de AMLO pero que ya definen y definirán aún más el destino de su gobierno. Dicha catástrofe confronta a la población de esa vasta región a tremendos retos de devastación ecológica y destrucción de tejidos sociales comunitarios: se trata de tres megaproyectos la refinería de Dos bocas en Tabasco, del Tren Maya y del tren en el Corredor Interoceánico -o Transistmico-en el istmo de Tehuantepec.
La ya iniciada construcción del Tren Maya atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cuales constituyen junto con los estados sureños de Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, la amplia región en donde se asienta la abrumadora mayoría de la población indígena de México, aproximadamente un 10 por ciento del total (125 millones). Se trata de 1500 kms de vías férreas que tendrán un costo según el gobierno de 7 mil millones de dólares. Ya de por sí el director del proyecto del Tren Maya apunta a los reales objetivos del mismo: Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional del Turismo (Fonatur).
En efecto, de eso se trata, en profundizar todavía más el carácter de emporio turístico de la ya visitadísima península de Yucatán para que pueda recibir en 2030 de 60 a 70 millones de turistas. Teniendo como ejemplo lo sucedido en Cancún, que hace 50 años era un paraíso tropical y hoy es un remedo subdesarrollado de Miami, esta perspectiva no es muy gratificante. Así el tren atravesará una de las regiones más visitadas del mundo, entre las que están Cancún y Playa del Carmen o importantes ruinas arqueológicas mayas como Tulum, Palenque, Kalakmul, Chichén Itzá, Bacalar, Campeche o Mérida. Ciertamente este proyecto es un manjar para capitalistas que por supuesto invertirán millonadas en hoteles y centros comerciales en los alrededores de cada estación.
Para muchos que votaron por AMLO comienza a haber una gran decepción, muchas de sus esperanzas en «una gran transformación» se están disipando o de plano ya se esfumaron. Su concepción energética del país se basa en modelos de los años 70 fundamentados en el carbón y el petróleo. Sólo la construcción de la refinería de Dos bocas ha supuesto talar 300 hectáreas de selva y manglares sin la realización de ningún estudio de las consecuencias del impacto ambiental. Para los ambientalistas, la construcción más dañina será precisamente el Tren Maya que atraerá la inversión más grande que se haga en un sexenio en materia turística. La constatación de la indiferencia obradorista de los problemas candentes de la ecología, de las amenazas del medio ambiente se expresa de modo elocuente en el recorte del 20 por ciento del presupuesto de la secretaria gubernamental del ramo.
La resistencia popular
Ante este panorama es más que comprensible la resistencia y la oposición que se ha levantado en la región con el EZLN destacándose como uno de sus principales impulsores. En diciembre pasado el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) realizaron su Cuarta Asamblea Nacional en los territorios de los «caracoles» en la que participaron los habitantes de los mismos (muy especialmente destacó la presencia de miles de mujeres zapatistas), acompañados de cientos de representantes de organizaciones nacionales y extranjeras. En ella delinearon su estrategia contra el Tren Maya. Reconocieron su reacción tardía ante las iniciativas del gobierno, por lo cual se comprometieron a forjar con toda firmeza y determinación una fuerte resistencia a su construcción, pacífica subrayaron, basada en la organización social de las comunidades, la denuncia en los medios y las instancias de derechos humanos nacionales e internacionales y el recurso de los medios legales (amparos, etc.) sin tregua alguna.
Aunque tardía dicha resistencia ya molesta mucho a AMLO. En su visita a la región descalificó a quienes se oponen a la construcción del Tren Maya. Ante una audiencia de representantes de los pueblos mazahua, matlazinca, nahua, otomí y tlahuica, sin referirse expresamente al EZLN, no se mordió la lengua para criticar a sus opositores que le señalan como el Tren Maya profundizará la destrucción de la selva como ejemplo de la devastación que se anuncia. Dijo él: «No se va a tumbar un solo árbol […] los opositores quieren que quedemos mal. Actúan como conservadores; la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan». Y concluía: «no se puede hacer oposición a un gobierno que está trabajando para servir al pueblo; si fuera un gobierno corrupto, opresor, se tendrían razones, pero estamos representando uno democrático, humanista. No vamos a cometer ninguna arbitrariedad». (La Jornada, 06.01.2020).
¿»Ninguna arbitrariedad»? El mismo día en que AMLO declaraba lo anterior se reportaba que su gobierno había dado decenas de contratos de cientos de millones de pesos a compañías mexicanas y extranjeras un año antes de que se efectuaran las consultas a las comunidades de indígenas afectadas por el megaproyecto. Situación que no había sucedido así antes de la construcción, finalmente abortada, del aeropuerto en Texcoco, ni tampoco con el proyectado corredor en el istmo de Tehuantepec. (Idem).
La consulta que AMLO considera el aval de las comunidades indígenas a su megaproyecto del Tren Maya depredador en gran escala de ecosistemas y de destrucción arqueológica se realizó el 15 de diciembre ante la indiferencia generalizada de la abrumadora mayoría de la población de los 84 municipios donde se instalaron las casillas. Las boletas de votación registradas, de acuerdo con los datos oficiales, fueron un poco más de 100 mil, o sea, no más del 3.0 por ciento del padrón electoral de la población mencionada. El resultado de la consulta favorecía con más del 90 por ciento la construcción del Tren Maya.
En una situación mundial tan evidentemente contradictoria y en la que están de juego numerosas y candentes cuestiones medioambientalistas de todo tipo que explotaron en el escenario mundial en 2019, el año en que se incendió la Amazonia, en que otro incendio devastó, sin que se haya podido apagarse hasta la fecha, el sureste de Australia y en el que tuvieron lugar las mayores movilizaciones masivas de la historia en defensa del planeta amenazado por el cambio climático, la consulta de AMLO no podía dejar de tener repercusiones internacionales. Así fue como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) se pronunció días después de la misma con una lapidaria declaración que tampoco fue, por supuesto, del agrado del gobierno mexicano. Consideraba que la consulta «no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia». «Con un tono cauteloso pero sin equívocos, el organismo cuestionó el cumplimiento de la consulta con cada uno de los elementos básicos del Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo]; es decir, determinó que no fue totalmente ‘previa’, ni ‘libre’ ni ‘informada’ ni ‘culturalmente adecuada'». En su declaración el ONUDH destacó como los procedimientos de la consulta mostraron que el gobierno consideraba que el Tren Maya se construiría independientemente del resultado de la misma. Finalmente deploró que el Fonatur solamente dio a conocer los «posibles beneficios» del proyecto» sin mencionar «los impactos negativos que pudiera ocasionar». Conclusión: los participantes de la consulta no tuvieron la información requerida para definir sus posiciones, los interlocutores del gobierno fueron «unilateralmente escogidos» -autoridades ejidales, principalmente-se dio un periodo «demasiado corto» para deliberar y no se proporcionaron » traducciones adecuadas». (Proceso, 05.01.2020).
La moral obradorista
La voz de quienes rechazan los megaproyectos del sureste fue escuchada fuerte y sin miramientos en la mencionada Cuarta Asamblea Nacional del CNI y el EZLN. De «engaño», de regalo al «gran capital industrial y turístico», de «consulta simulada» así fue definido el megaproyecto y la consulta gubernamental sobre el Tren Maya, oposición que encontró en el subcomandante Moíses su vocero: «Sólo quien es un imbécil puede decir que son buenos los megaproyectos». Y refiriéndose a AMLO no escatimó las duras críticas: «El capataz no se quedó ahí, también retó a todos los pueblos originarios y dijo que no le importa lo que pensamos y sentimos que ‘les guste o no les guste’ a los indígenas, él va a hacer lo que le ordenó su patrón, o sea, el mandón, o sea, el gran capital». Así comienzan a detectarse por arriba de los discursos y las maniobras políticas diversionistas los verdaderos objetivos de un gobierno que supuestamente lucha contra el neoliberalismo, expresión actual dominante del capitalismo realmente existente, pero que en la práctica sigue plenamente al servicio del capital, conformándose apenas con limar algunos de sus perfiles más crudos y excesivos así como los abusos de explotadores más descarados.
El propio presidente en el libro publicado a fines de 2019 para celebrar el primer año de la 4t, titulado significativamente Hacia una economía moral nos proporciona los elementos para ir desenredando los enigmas de un proceso que desde el triunfo electoral aplastante de julio de 2018 han desafiado una caracterización política precisa. En las cuatro breves páginas (pp.183-186) del epílogo de su libro AMLO define claramente sus objetivos. El mismo título del libro ya anuncia la concepción obradorista de la economía y la política. Se trata de desarrollar no una economía política, sino moral, lo cual tiene implicaciones importantes. Para AMLO «la economía moral» no «debe ser orientada a alcanzar a otros países; a multiplicar de manera irracional y acrítica la producción, la distribución y el consumo; ni mucho menos a concentrar la riqueza en unas cuantas manos». Para él es el bienestar de la población la meta fundamental, prioritaria de la economía moral. «En dicha tarea hay lugar para empresarios y campesinos, para artistas y comerciantes, para trabajadores y profesionistas, para jóvenes y viejos, para hombres y mujeres, para indígenas y mestizos, para norteños y sureños, para potentados y desempleados. Nada humano es ajeno y nadie debe faltar a la cita que tenemos para saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo.» Todo lo cual reúne «las inmejorables condiciones» que pueden convertir a México «en el laboratorio social y cultural del mundo» (¡¡!!).
En el primer año de la 4t se «ha puesto en marcha un proceso de regeneración pública» que ya no es posible detener. La transformación de 2019 se ha dado «de manera profunda y sin violencia, a tal punto que ni aún regresando al poder el conservadorismo faccioso y corrupto pueda darse marcha atrás a lo establecido y logrado en beneficio del pueblo.» Aunque no han desaparecido, «las protestas de nuestros adversarios, los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están como fuera de quicio […] no han podido constituir un grupo o facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos […] Además, están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo de prostitución y oprovio [sic] neoliberal, que ha pasado a ser una de las épocas más vergonzosas en la historia de México».
Y concluye triunfalmente diciendo: «Afortunadamente, mientras que los opositores viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de la gente está contenta y apoya la transformación, hasta empresarios están cooperando: invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones. Todo ello me mantiene optimista y feliz.» Y cierra el libro con las frases siguientes: «solo con libertad, dignidad, justicia, soberanía, cultura, democracia, respeto a la naturaleza y moralización, habrá una patria nueva […] la obra de transformación que ahora estamos consumando desde abajo y entre todos, en bien del pueblo y de las futuras generaciones. Así sea. Somos dichosos».
Hacia la liberación nacional y la emancipación social
Ciertamente hay en México una mayoría que tal vez no esté tan feliz como AMLO pero que no ha adoptado una postura de oposición y aprueba o se mantiene a la expectativa con respecto a su gobierno, autoproclamado como firme adversario de los nefastos gobiernos anteriores de Fox, Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, el primer año de la 4t ha demostrado ya que mucho del discurso obradorista no se mantiene ante la realidad social y económica de precariedad, injusticia y de peligrosas muestras de represión que se ha ejercido contra defensores de territorios y derechos en todo el país. En realidad no hay lugar para una actitud de felicidad en México como AMLO considera es y debe ser el sentimiento imperante en la república. De hecho los sectores en oposición (calculada en una tercera parte de la población) se han moderadamente incrementado con los desengañados y desilusionados en este primer año de la 4t.
La dignidad y la soberanía nacionales han sido pisoteadas con la subordinación a los dictados de Trump que ha exigido que el gobierno mexicano colabore como asistente decisivo de la detención del flujo migratorio hacia Estados Unidos, convirtiéndose en un factor coadyuvante de la «Border Patrol» del país vecino.
Los megaproyectos mencionados arriba son señales inequívocas que en los planes del gobierno no tiene mucha importancia «el respeto a la naturaleza». La ciencia y la cultura no están entre los rubros prioritarios de la política gubernamental como lo ejemplifican los numerosos recortes en las dependencias respectivas.
En el rubro de la justicia las cosas son incluso más complejas y preocupantes. En el año transcurrido no se ha avanzado nada o muy poco en la concesión de justicia a los miles de familiares de los desaparecidos, destaca en especial el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, prácticamente estancado. Tampoco ha habido justicia para el pueblo mexicano que sigue esperando el castigo a los culpables mayores de los crímenes de estado de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. El juicio que está por comenzar en Nueva York contra Genaro García Luna quien fue el policía mayor del gobierno de Calderón, preso y acusado de ser cómplice de los cárteles del tráfico de la droga, será la oportunidad, ha dicho AMLO de «que se permita conocer toda la verdad y se señale a todos los involucrados». Para él se trata de un proceso legal más grave incluso que el caso Oderbrecht, por lo que implica con respecto a la seguridad nacional y a la pérdida de vidas. Y agregó: «Nada de quedarse a medias, no a las medias tintas. Justicia. Nada de simulación, nada de sólo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas [se debe] decir todo, hablar con libertad». (La Jornada, 08.01.2020).
Estos acontecimientos demuestran que la política obradorista del «perdón y no venganza» hacia los principales culpables de los crímenes de estado abominables cometidos por los gobiernos anteriores no puede «ser cómplice ni tapadera de nadie» y que es necesaria la procuración de una verdadera justicia ante las demandas populares que exigen castigo para los verdugos mayores de los mismos. Pero la iniciativa del cambio no ha venido del gobierno mexicano sino que fue necesaria la detención en Estados Unidos de García Luna para que AMLO reconozca que su política de «perdón, de no venganza» se quedaba corta ante la enormidad de los crímenes cometidos. Y él mismo se ha planteado las preguntas que millones de mexicanos y mexicanas nos hemos hecho cuando declaró: «¿Cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país?, ¿cuáles son los acuerdos?, ¿qué arreglos?, si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios». (La Jornada, idem.) Preguntas pertinentes que sólo les faltó mencionar si estaban o no involucrados algunos militares del ejército mexicano. Mucho dependerá de las respuestas a tales preguntas la procuración de justicia en México.
Finalmente, «la moralización». AMLO ha sellado una alianza tácita con miembros de iglesias evangélicas, tan dogmáticas y reaccionarias como la iglesia católica. Con ellos planea realizar una operación «política-religiosa» que ya se concretó en la distribución de una «Cartilla Moral» en varias dependencias gubernamentales, por ejemplo la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Entre sus planes está el convocar a una reunión para elaborar una Constitución Moral en donde se codifiquen las normas que presidan la búsqueda de la felicidad a través del bienestar material pero sobre todo del alma. Esta operación ha significado la alerta entre sectores que consideran que estos coqueteos obradoristas con grupos evangélicos tienden a la constitución de una iglesia de Estado, al fin de la separación entre el Estado e iglesias y al desarrollo de sensibilidades teocráticas. En el libro AMLO y la religión. El Estado laico bajo amenaza, los autores escriben: «el mismo combate a la corrupción se convierte en un lucha religiosa […] Mezclada además con posturas económicas nacionalistas. Como si quisiera construir una alianza católica-cristiana-nacionalista en la que el jefe del Ejecutivo es una especie de supremo que conduce al pueblo a su salvación tanto material como espiritual». («Una amenaza para el Estado laico», en Proceso, 08.12.2019)
El entorno latinoamericano
Al irse desarrollando estas profundas contradicciones, en 2020 se ha iniciado así un año de pronósticos reservados. Un año en que también múltiples contradicciones se presentan en el entorno latinoamericano y mundial. El trágico destino de los gobiernos y procesos progresistas en los más de quince años pasados en América del sur, en Ecuador, Brasil, Uruguay y Bolivia, junto con las traumáticas experiencias fallidas del chavismo y en especial del madurismo en Venezuela y las peronistas y neoperonistas en Argentina, todas ellas son experiencias que representan una lección fundamental para los pueblos de la región. Para no hablar de Brasil, el país más importante del subcontinente, en donde la experiencia insignia del progresismo latinoamericano con las victorias de Lula y su Partido de los Trabajadores terminó trágicamente con el triunfo de la extrema derecha encabezada por un líder superreaccionario, cuasifascista, como lo es Bolsonaro.
Las circunstancias nacionales actuales nos exigen en México una evaluación profunda de ellas así como de sus importantísimas lecciones para nuestra situación específica actual. Todas ellas fueron procesos en que la movilización popular y su lucha por la liberación nacional y la emancipación social fueron encabezadas por direcciones y gobiernos que nunca rompieron con el capitalismo, ni con la dependencia con respecto al imperialismo mundial. En todos estos casos los conservadores «moralmente derrotados» volvían con más ínfulas represivas pues sus acervos capitalistas seguían siendo los dominantes y así terminaban siendo finalmente «económicamente victoriosos».
Los acontecimientos de 2019 en Ecuador, Colombia y ante todo en Chile, las enormes movilizaciones semiinsurrecionales presenciadas en estos países así como los acontecimientos del golpe de estado blando en Bolivia y la derrota contundente de Macri en Argentina, apuntan hacia un panorama latinoamericano complejo en el que más que nunca se impondrán como necesarias las decisiones de nuevos liderazgos revolucionarios más audaces. Un gran tsunami continental se perfila ya en el horizonte latinoamericano, en México también y no será sólo de carácter electoral como el del 1° de julio de 2018.
La alternativa socialista revolucionaria
El empuje de las masas populares que se ha manifestado con la estrepitosa derrota electoral del PRI y el PAN, los dos partidos burgueses dominantes durante décadas, ha impuesto una situación en que la libertad de expresión y la de acción se están ejerciendo sin las limitaciones prevalecientes durante los gobiernos del priismo y el panismo. Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), la amplia y heterogénea coalición que sirvió a AMLO para conquistar la presidencia de la República no tiene ni de lejos las características de un partido como lo era el PRI, para ser el fundamento estable de un largo gobierno. Las dificultades que se han presentado en la organización de su próximo Congreso así lo demuestran: una lucha de facciones en su abrumadora mayoría oportunistas, corriendo tras las prerrogativas millonarias que le corresponden por ley a Morena como «partido» super mayoritario del Congreso de la Unión, todas ellas dirigidas con personajes proveniente de las organizaciones más diversas: antiguos miembros del PRI y el PAN, antiguos comunistas e izquierdistas de todos los matices, sectores de los grupos cristianos como los cada vez más importantes de las iglesias protestantes y simples ciudadanos virginalmente obradoristas. Resultado: los genes autoritarios muy evidentes en AMLO están siempre en potencia pronto a desarrollarse rápidamente en esta ausencia política de formaciones estables y definidas. Los exabruptos que le surgen de repente en situaciones en que se enfrenta a embriones de oposición son testimonio de ello. Hasta ahora el ejemplo más notorio de esto es su declaración frente a grupos que se oponían a la construcción del Tren Maya cuando dijo:»Les guste o no les guste el Tren Maya va». Es la actitud en que surge de inmediato la represión como el recurso siempre a punto de convertirse de potencia en acto. Ya ha habido casos en que así ha ocurrido.
La inevitable evolución de la crisis tenderá a acelerarse. En los tiempos que vienen muchos de los millones de hombres y mujeres que en julio de 2018 abrieron una puerta que sin embargo todavía no los conduce a las metas del país democrático, igualitario, independiente e internacionalista, el único que puede satisfacer sus necesidades de bienestar (la meta prioritaria de sus luchas y esperanzas), entenderán que no será a través de una «república amorosa» que lo conseguirán. Qué es necesario un gobierno democrático, independiente surgido de las luchas de los trabajadores, mujeres, campesinos, jóvenes y del pueblo oprimido y explotado, para enfrenta al capitalismo. En su libro sobre «la economía moral» así como en sus discursos, AMLO no dedica una sola línea, ni menciona nunca las palabras de capital, de capitalismo. Y no obstante es el capitalismo aquí en México y en el mundo entero el sistema que nos ha llevado a la crisis histórica que atravesamos. Según él lo que necesitamos no es menos sino más capitalismo, más oportunidades de inversiones expoliadoras y devastadoras del medio ambiente y de la fuerza de trabajo barata tan abundante en nuestro país.
En efecto en México es necesaria una «gran transformación», una ruptura social como las grandes revoluciones de su pasado histórico, en el siglo XIX y en el XX. Pero la pomposamente denominada «Cuarta Transformación» obradorista no se parece en nada a ellas. Se trata más bien de una operación ideológica y política forjada para superar la crisis de estado tan grave acaecida durante las tres décadas de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto y que representa un peligro para todo el sistema capitalista en su conjunto. Pero su objetivo no es desmontar las estructuras podridas dominantes del aparato estatal forjado en los años del imperio del PRI que el nuevo gobierno mantiene. El personal humano del estado mexicano (gobiernos, tribunales, ejército) sigue siendo fundamentalmente el mismo existente antes de 2018, con el agravante que AMLO expresamente se comprometió a no tocar a los más altos exponentes del mismo o sea los ex presidentes y sus ministros de estado. Por eso la prisión de García Luna en Estados Unidos, el primer personaje de la cumbre estatal mexicana tras las rejas, es tan importante. Pero su encarcelamiento fue ejecutado por no sabemos exactamente cuales razones, por el aparato judicial estadounidense aunque sus repercusiones en México son ya enormes.
Esa gran transformación necesaria sólo puede ser la obra de la movilización en las calles, en las huelgas, en las manifestaciones, de las masas populares con su decisión radical de cambio y su capacidad de autoorganización en todos los niveles: político, económico, educativo, cultural. El actual gobierno como los anteriores teme y hace todo lo posible por evitar ese despertar de rebeldía y de toma de consciencia de los trabajadores y los sectores oprimidos, canalizando siempre todas las iniciativas hacia las instancias políticas establecidas y dominadas por ese estado, cuya pieza fundamental es precisamente el centro de poder entorno al presidente de la República.
Los socialistas debemos permanecer firmes propagando el programa y las metas socialistas y forjando desde hoy la organización revolucionaria democrática, independiente, feminista, medioambientalista e internacionalista necesaria para participar y garantizar el triunfo de esas luchas proletarias y libertarias que se avecinan y su consecuente culminación con la instauración de un gobierno de los trabajadores, mujeres, indígenas y de los demás explotados y oprimidos del pueblo de México.
Manuel Aguilar Mora es militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS). Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), En 1968 integró el Comité de lucha de Filosofía y Letras al lado de José Revueltas. Fue fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Autor de numerosos libros sobre la historia política y social de México.