El domingo 20 de abril se dieron cita cientos de personas, entre colectivos y habitantes de toda la ciudad, principalmente del sur, a la segunda marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México en las afueras de la estación del metrobús Fuentes Brotantes, sobre la Avenida Insurgentes, en la Alcaldía Tlalpan.
La marcha fue convocada por colectivos ciudadanos y liderada por habitantes de pueblos originarios de la CDMX, principalmente, del pueblo de Santa Úrsula Xitla. La razón de este liderazgo y de la locación de partida de la marcha se debe a una lucha entre habitantes de dicho pueblo y la Empresa de Diseño Arquitectónico y Urbano Graus, la cual inició desde septiembre de 2024, con un primer cierre de la Av. Insurgentes por parte de los vecinos del barrio originario. Los reclamos y exigencias han consistido en la detención definitiva del proyecto inmobiliario “Fuentes Brotantes 134” iniciado por Graus desde 2023 en un predio colindante al Parque Nacional Fuentes Brotantes, dentro del cual se destruyeron 11,411.91 m² de bosque nativo.
El proyecto inmobiliario en cuestión pretende, según la página de internet de Graus, construir 52 casas que se ofrecen desde los 9 millones de pesos en un terreno que, hasta hace muy poco, formaba parte del ecosistema de dicho Parque Nacional. El problema del predio es que se encuentra fuera de la zona cercada del Parque y su situación legal permanece como un misterio. Los residentes Francisco y María del Carmen cuentan que, antes, ese predio había sido prestado a los seminaristas de la Capilla de San José Buenavista y estaba bajo el cuidado de una monja. Después, durante la pandemia de COVID-19, fue rentado a la empresa automovilística Volkswagen como estacionamiento. El terreno era bosque en su mayoría, con una pequeña casa en la que vivía la monja y una pequeña parcela en la que cultivaba. Vivían allí mapaches, cacomixtles, ardillas y aves migratorias, como la garza nocturna corona negra (Nycticorax nycticorax), así como especies arbóreas nativas: sauces, encinos, cedros y ahuehuetes.
Los vecinos sospechan que ese predio sufrió un “volteo” ilegal en algún momento de esa historia e insisten mucho en que se clarifique la situación. El director de la inmobiliaria, Jorge Adrián Tapia, declaró para el medio televisivo ADN40, a inicios de noviembre del 2024, tener sus permisos en regla, pero la alcaldía de Tlalpan negó en un comunicado lanzado el 9 del mismo mes haber autorizado la construcción. Esta oscuridad en los permisos ocurrió en el contexto de cambio de mandato de la anterior alcaldesa Alfa González del Partido Acción Nacional, quien otorgó los permisos en sus últimos dos meses de administración, según la actual alcaldesa de Tlalpan (Gabriela Osorio Hernández, del partido MORENA).
Los reclamos de los pobladores iniciaron en la Avenida Insurgentes en septiembre de 2024, cuando empezaron los trabajos de demolición en el predio y los habitantes de las casas circundantes percibieron las afectaciones: comenzaron el ruido ensordecedor y la tala de árboles; los animales desaparecieron. Ahora, cada vez que llegan los camiones y las máquinas, el tráfico de la calle Camino Fuentes Brotantes demora a los automovilistas una hora en llegar a la Avenida Insurgentes (la cual se encuentra a tan solo 5 minutos caminando), pues no hay otras alternativas viales en la zona, que es una cañada. En el momento en que iniciaron estos problemas, el señor Mario, poblador inmediato a la construcción, convocó a sus vecinos, quienes comenzaron a reunirse a las afueras del predio. Entonces, descubrieron que las afectaciones trascendían las manzanas circundantes. Por ejemplo: los habitantes del Pueblo de San Andrés Totoltepec ven interrumpido su suministro de agua en cuanto las labores de construcción inician en el predio. Además de las complicaciones causadas hasta el momento por la construcción, a los tlalpenses les preocupa el futuro de la ciudad con este tipo de proyectos. Se trata de un conjunto habitacional de lujo que tendrá una casa club con alberca y que prevé consumir 114 mil litros de agua al día.
El lector entenderá mejor la relevancia de la construcción en cuestión si sabe que Fuentes Brotantes es el hogar del último manantial que queda de los 16 que habían en 1936 cuando, por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, se estableció como Parque Nacional con la finalidad de ser dedicado a la enseñanza forestal y a la recreación popular. (Camilo Ocampo, Pie de Página, 27 de noviembre de 2024). Dicho manantial proviene del escurrimiento de aguas del Ajusco y eso lo convierte en parte del gran conjunto ecosistémico conocido como Bosque de Agua (el cual abarca el sur de la Ciudad de México, el norte del Estado de Morelos y la región de Toluca de Lerdo, en el Estado de México). Este bosque conforma la principal zona de recarga para el “Acuífero Zona metropolitana de la Ciudad de México”, el cual la CONAGUA tiene declarado como sobreexplotado. Esto, según declaraciones de la licenciada en Ciencias de la Tierra con especialidad en Ciencias del Agua por la UNAM, Aurora Carreola, ha ocurrido no solo por la extracción desmedida del líquido del acuífero, sino también por la destrucción del bosque por parte de aserraderos ilegales y especuladores de tierras que buscan transformarlas en tierras de cultivo o habitacionales. Específicamente “el crecimiento desordenado de la población disminuye las zonas de recarga del agua subterránea, ya que hacen impermeable el suelo con asfalto o construcciones, aumentando el riesgo de inundaciones: si el agua, en vez de infiltrarse, escurre a las zonas bajas de la Ciudad de México, satura el sistema de drenaje”, declaró la licenciada Carreola en una conversación particular.
La situación, alarmante para nuestro país, que cuenta con uno de los menores niveles de seguridad hídrica de América Latina, ya había sido denunciada en febrero de este año por los mismos pobladores de Santa Úrsula Xitla en una reunión que tuvieron con funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México como una violación a los Acuerdos de Escazú. Estos son unos Acuerdos Regionales sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe firmado en 2018. México ratificó el acuerdo en enero de 2021. Por ello, la ley obliga a los proyectos como el de Fuentes Brotantes 134 a realizar una consulta vecinal antes de la construcción y a hacer públicos, mediante un tercero, los resultados de esa consulta y la publicación de la documentación pertinente.
A este respecto, los pobladores de Santa Úrsula Xitla han denunciado irregularidades: “No nos consultaron nada. Lo que hicieron fue ir a la iglesia de aquí a lado un día cualquiera y ofrecer reparaciones a la capilla y al arco, así como darle trabajo en la construcción a los vecinos de la colonia de allá y eso es lo que publicaron en la página. Con eso se ganaron a algunos vecinos, pero supieron a quiénes llegarle, porque esos vecinos, como viven varias manzanas más adelante, no ven la destrucción que hicieron con la naturaleza que había en el terreno”, declaró un vecino colindante al predio.
La situación, con toda su complejidad, forma parte de un fenómeno global que es el de la urbanización especulativa e implica fuertes tensiones entre un mercado inmobiliario voraz y el ordenamiento territorial de las ciudades, generando problemas de gobernabilidad no sólo para México, sino para todas las ciudades del mundo que crecen a expensas de sus habitantes más pobres y de los ecosistemas de todos los continentes. Mientras que para algunos, los bosques y cuerpos de agua dentro de la ciudad son recursos con un valor monetario que pueden generar estatus y diferenciación social, para otros son elementos identitarios, lugares que guardan memorias y que otorgan un bienestar al cual todos deberíamos tener acceso.
Mauricio E. Figueroa, tesista en la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Seminario Permanente «Observatorio del G-20», dirigido por el Dr. Alberto Betancourt.
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