El proximo 24 de marzo marcharemos a 33 años del golpe genocida junto a decenas de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y de la izquierda. Llamamos la atención de nuestros lectores sobre la importancia de participar de esta jornada para rechazar activamente la campaña profundamente reaccionaria que se ha desatado bajo el rótulo de […]
El proximo 24 de marzo marcharemos a 33 años del golpe genocida junto a decenas de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y de la izquierda. Llamamos la atención de nuestros lectores sobre la importancia de participar de esta jornada para rechazar activamente la campaña profundamente reaccionaria que se ha desatado bajo el rótulo de la demanda «contra la inseguridad».
Es, evidentemente, mucho más que una operación de «distracción» (los medios toman unos pocos casos y los amplifican hasta el cansancio) para ocultar de la escena pública que ya la clase trabajadora está comenzando a pagar la crisis con miles de despidos, suspensiones con rebaja salarial o la postergación de las paritarias. Es también una manifestación política de una derecha que levanta cabeza en las clases pudientes (y gana apoyo en sectores populares), justamente porque viene una crisis capitalista que agravará las condiciones de pobreza y desempleo. Las últimas semanas los grandes medios se hacen eco y levantan como «autoridad moral» a la farándula que se enriqueció con el menemismo, como Susana Gimenez (ex -socia del Padre Grassi) o el empresario Marcelo Tinelli, que reclaman pena de muerte o, al menos, «que se dejen de joder con los derechos humanos», y se apliquen leyes más represivas (ver Pág. 4 y 5). El gobierno que ya concedió leyes a Blumberg en el 2004, también ha tomado a «la inseguridad» como tema de la agenda política. Es una campaña funcional al objetivo, que tienen tanto el oficialista Scioli como el opositor De Narváez, de fortalecer las fuerzas policiales, popularmente odiadas y desprestigiadas por estar presente en la mayoría de los grandes delitos y practicar el «gatillo fácil» a mansalva contra la juventud. Buscan darle un poder de fuego legitimado que usarán para reprimir próximos levantamientos populares que se inscriben en la perspectiva política como una tendencia en todo el mundo.
Este es el contenido de las marchas como la de Lomas del Mirador, apoyada por el Ingeniero Blumberg, y la que convocan el próximo 18 a Plaza de Mayo. Nada menos que a días de cumplirse 33 años del golpe genocida, se reclama más acción policial, cuando sólo en la bonaerense hay en funciones más de 9.000 agentes que comenzaron con Camps y Etchecolatz. Todos los que protagonizamos luchas de resistencia a los despidos o cierres de empresas, los que reclamamos junto a los docentes por el salario, los trabajadores que como en el subte reorganizan sus herramientas sindicales para lucha, el movimiento estudiantil combativo debemos pronunciarnos con una gran manifestación popular contra esta cruzada reaccionaria. Concurrir este 24 de marzo, más que nunca, a Plaza de Mayo y a las manifestaciones en todo el país, tiene que ser la primera respuesta en la calle para frenar esta escalada. Marchamos para oponernos a los pedidos reaccionarios que quieren endurecer -aún más- la legislación penal, a la baja de la edad de imputabilidad, la militarización de las villas y los barrios más humildes.
A la demanda de «mano dura» contra el pueblo pobre, hay que oponer un programa para terminar con la miseria y degradación de la clase trabajadora. Es la descomposición del capitalismo la que empuja a sectores de los desocupados y la juventud del pueblo pobre al robo, al «pequeño delito». La lucha por trabajo para todos con un verdadero plan de obras públicas basado en impuestos a las grandes fortunas y el cese de los pagos de la deuda externa, para empezar, es una de las medidas efectivas para la ocupación en masa de todas las manos dispuestas a trabajar y, al mismo tiempo, terminar con la falta de vivienda, escuelas y hospitales.
Es de una completa hipocresía la condena de las clases dominantes a una criminalidad que se encuentra enraizada en lo más profundo de este régimen social, basado en el robo «legal» del trabajo ajeno por parte de los capitalistas, y que persistirá inevitablemente mientras éste no sea suprimido. Como develó Marx: «El crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante (…) y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población». El delito generado en el propio capitalismo, ha sido siempre, a su vez, utilizado para alimentar la industria de uniformes y armamentos, sistemas y aparatos de seguridad, como el actual negocio de las agencias de seguridad privadas, algunas de las cuales se encuentran entre las principales empleadoras del país, o las propias policías que durante la hiperdesocupación de los años ’90 se transformaron en una alternativa de «empleo» para sectores bajos en muchas provincias. Y es la misma policía a quien la campaña de mano dura busca fortalecer, la mafia protagonista del «gran delito» de los secuestros extorsivos, los desarmaderos de autos, la trata de mujeres, el narcotráfico, sin dejar ningún crimen por explorar. Lejos de pretender una reforma de estas verdaderas «asociaciones ilícitas» planteamos su disolución y la de todos los organismos de seguridad, para ser reemplazados por milicias basadas en las organizaciones de trabajadores, con participación en su dirección de integrantes de organismos de derechos humanos y victimas de la represión policial e institucional.
Una clase que nunca fue al banquillo de los acusados
En ese camino, este 24 de marzo debemos volver plantear con fuerza la lucha por el castigo a todos los genocidas y sus cómplices. Sólo fueron juzgados 38 de los miles de militares que participaron del plan de terrorismo de Estado y dirigieron cientos de centros clandestinos de detención en todo el país. Ni la Corte Suprema ni el gobierno quieren ir más allá de unos cuantos casos emblemáticos que, por otra parte, siguen gozando de privilegios. No se sostiene que la impunidad se haya mantenido porque faltaban los 36 millones que el Jefe de Gabinete Massa acaba de acordar con los miembros de la Corte para nombrar 750 nuevos funcionarios. Nuestro 24 de marzo será en rechazo a la mentira del «gobierno de los derechos humanos», pero también a los opositores que, como Elisa Carrió, reclama «reconciliación» con los militares.
Pero además, no ha sido juzgado un solo responsable civil de la clase capitalista que promovió el golpe y colaboró con el genocidio, y nunca fue puesta en el banquillo de los acusados. Las recientes elecciones en Catamarca han sido señaladas tanto como una muestra de la debacle de los Kirchner o como una mera elección provincial donde triunfa el que tiene el aparato de gobierno, ya sea que el análisis venga de la oposición o del oficialismo. Pero, ni oficialistas ni opositores señalan un hecho que pinta de cuerpo entero este régimen de impunidad: el «Frente Cívico», que le ganó la elección a las mafias de Barrionuevo y Saadi, fue fundado por Arnoldo Castillo (su hijo fue candidato en estas elecciones), gobernador que ejerció de facto en Catamarca desde 1981. El actual gobernador Brizuela ya en el 2005 decretó 3 días de duelo provincial a raíz del fallecimiento del «cívico» colaborador de la dictadura. Esto es tan «normal» para la oposición «neo-radical» que impulsó las leyes de impunidad bajo Alfonsín, como lo es para el oficialismo llevar de candidato en San Miguel a Aldo Rico que se acuarteló para imponerlas; o para la Corte Suprema permitir, como hizo, que el torturador Patti pueda ejercer la función pública «en democracia».
La misma clase capitalista que hoy pide la devaluación del peso y anuncia, como los industriales de la UIA, no menos de 200 mil nuevos desempleados en la industria para este año; o como la Sociedad Rural que junto a las patronales agrarias mantienen bajo leyes de la dictadura a gran parte de los peones rurales, mientras exigen rebajas de impuestos a las exportaciones y subsidios estatales, en 1976 conspiró y colaboró con los militares de Videla. El PTS marcha este 24 de marzo para decir, ni con los Kirchner ni con las patronales agrarias: que la crisis la paguen los patrones, banqueros y terratenientes, todos Madres de Genocidas.
Son conocidas las declaraciones de apoyo de los grandes industriales que hoy integran la UIA o solicitadas de la Sociedad Rural en apoyo a Videla, pero no tanto que el dirigente de la Federación Agraria Humberto Volando, aunque haya tenido desaparecidos en sus filas, escribió: «Las Fuerzas Armadas, en su mensaje al país al cumplirse dos años del Proceso de Reorganización Nacional, han dicho: ‘Las Fuerzas Armadas se encuentran elaborando las bases políticas que permitirán a la Nación transitar el camino a la democracia, la justicia y la libertad sin los riesgos y asechanzas que han caracterizado las últimas décadas de nuestra historia.’ Aplaudimos sin reservas, este tan sustancioso enunciado, sin duda, congruente con las más caras aspiraciones del pueblo argentino.» (FAA, Memoria y Balance 1977/78, citado en revista Razón y Revolución).
Que la crisis la paguen los capitalistas
En Plaza de Mayo y en todas las ciudades del país levantaremos una tribuna en apoyo a las luchas como la de los contratados de las automotrices de Córdoba, los papeleros que enfrentan el cierre de Massuh en la zona sur del Gran Buenos o el de Arrufat o Indugraf en la Capital, y para exigirle a los sindicatos de la CGT y la CTA un plan de lucha nacional para actuar masivamente como una sola clase en defensa del empleo y el salario. En momentos que Moyano mantiene su apoyo al plan oficial de suspensiones con rebaja salarial, al tiempo que Venegas del sindicato de peones rurales le pide al gobierno «que arregle con el campo» porque, así, se solucionarán las desgracias de los trabajadores, marcharemos para que la crisis la paguen los capitalistas. No alcanza con sostener, como reza el lema de la CTA, «que la crisis no la paguen los trabajadores» sin plantear claramente quién lo hará, con lo cual se pretende la ilusión de alguna gestión estatal para que no pierdan ni explotadores ni explotados, algo que se desenmascara como una falacia en la aceptación de la CTA en la dirección de la UOM de Villa Constitución de suspensiones con rebaja del salario.
El PTS marcha unitariamente este 24 de marzo, proponiendo el reparto de las horas de trabajo entre efectivos y contratados, y un salario acorde a la canasta familiar en detrimento de las ganancias que las patronales vienen acumulando en 6 años de superexplotación; el control obrero y la lucha por expropiación sin indemnizaciones de toda empresa que cierre, junto a la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo administración de los trabajadores, entre otras medidas para salvar a la clase trabajadora y el pueblo del desempleo y la pobreza.