A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, la localidad de Susques es parte del llamado «triángulo del Litio», zona que abarca el sur de Bolivia y el norte de Chile y Argentina y que concentra más del 80% de este mineral. Si bien Bolivia tiene las mayores reservas mundiales, Argentina cuenta con los […]
Un proyecto de ley presentado en abril 2014 -impulsado por los diputados nacionales del Partido Solidario, Carlos Heller y Juan Carlos Junio, junto a otros diputados oficialistas- declara las reservas minerales de litio como «recurso natural de carácter estratégico». Califica de interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y demás actos consiguientes del litio y sus derivados, con el objetivo de garantizar «el desarrollo sustentable en los aspectos económicos, sociales y ambientales». Este proyecto prevé la creación de la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado, empresa estatal con participación de las provincias, la que le otorgará al Estado la posibilidad de tener la primera opción para adquirir el litio y sus derivados producidos en el país.
Hoy, en el «triángulo del litio», con la anuencia de los Gobiernos nacional y provincial, las empresas multinacionales se llevan el mineral y destruyen las fuentes de agua. Como contracara, las comunidades de pueblos originarios reunidas en el Colectivo Apacheta resisten por la vía judicial a esta depredación mercantilista de la naturaleza.
Durante el programa de la RNMA, Enredando las Mañanas, conversamos con Jorge Iglesias, abogado de este Colectivo, sobre la situación en la zona, las causas legales que llevan más de cinco años de iniciadas y las expectativas sobre este proyecto de ley.
Iglesias comenzó agradeciendo nuestra llamada porque, según comentó, en Jujuy la mayoría de los medios de comunicación pertenecen al vicegobernador, a diputados y empresarios con lo cual se hace dificultoso poder hablar de ciertos temas. «Y todo lo que sea visibilizar la situación que se da con el litio en Argentina nos parece bien», dijo.
«Nosotros venimos desde el año 2010 planteando esta problemática. En la región tenemos dos empresas asentadas Exar S.A y Sales de Jujuy que tienen relación con empresas que son de Canadá, de Estados Unidos y de Australia, y que están en sociedad con las empresas automotrices Mitsubishi y Toyota. Y ahora se suma el Grupo Posco que es de Corea del Sur», detalló.
Según pudieron ver en su viaje del fin de semana pasado a esa localidad, se está avanzando con la instalación de las líneas de media tensión para el proyecto de montar un parque industrial que, según nos explicó Iglesias, no solo será para acopiar litio sino también minerales de otras regiones como los que vienen de las minas Pirquita y El Aguilar. Estos tendidos los están haciendo pasando dentro de los campos de las comunidades a quien el abogado representa, sin pedir autorización.
Mientras estas empresas trabajan intensamente en la región el Gobierno de la provincia «se presta a negociados» sin haber hecho en ningún momento consulta alguna, como debería. «No realizó ningún procedimiento administrativo. Se ha llevado por delante los talleres productores que pertenecen a las comunidades originarias de Susques», afirmó.
«Nosotros venimos planteando en reuniones con el Gobierno -aunque mucho sentido no tiene reunirse con el Gobierno- que tampoco nos han dado participación ni nos han mostrado los papeles ni los planos del parque industrial que quieren realizar a 3 o 4 km del pueblo, cercano a los campos de las personas a quien yo represento», dijo Iglesias.
«La gente, por donde ya pasó la línea de media tensión, no estaba al tanto de lo que sucedía. Les llevaron un papel que se lo hicieron firmar. Y cuando preguntan si van a tener que pagar algo o si eso va a contaminar, se los trata de ignorantes. Se les dice que eso va a llevar el progreso a la región y que encima que le llevan la luz lo tratan de esa forma», explicó.
En realidad el tendido de los cables responde a la necesidad de la construcción del parque industrial y no porque se esté pensando en mejorar las condiciones de los lugareños.
Volviendo sobre el proyecto de ley, el tema más preocupante es el del agua. «Datos oficiales de una empresa en Jujuy que nos ha recibido hace más o menos un año y medio, decían que están sacando 13 millones de litros de agua de salmuera por día y 2 millones de litros de agua dulce que toman del río Archibarc. Nosotros hemos firmado un acta pidiendo que la gente originaria participe del control efectivo, o sea ir al contador de agua, poder determinar si la están contando bien; pero nunca se puede llegar a esa etapa de participación. La participación es nula entonces no sabemos si sacan más. Y estamos hablando solo de una empresa», detalló el abogado.
¿Esa cantidad que ellos declaran afectaría la cría de ganado y la poca o mucha agricultura que puedan tener allí, en el altiplano?, fue nuestra pregunta.
La respuesta de Iglesias vino desde lo que pudieron conversar con una Doctora en Biología del CONICET y de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Dra. Erika Cuyckens que fue a la región un par de veces para poder hacer informes que tengan sustento científico: la conclusión es que ya se está afectando la región.
Iglesias comentó que en los campos de los pequeños productores que se nuclean en el Colectivo Apacheta se han realizado mediciones de los niveles de agua, trabajando sobre las lagunas, los ojos de agua, en los ríos que atraviesan en muchos casos el territorio de los habitantes del lugar. También han trabajado sobre la vegetación y sobre los animales.
«Nosotros estamos viendo que estos pequeños productores quieren seguir con su modo de vida, quieren mantener su campo, su ganado, como lo vienen haciendo sus abuelos», comentó.
Iglesias también contó que ellos están en juicio con el Estado provincial. «No tenemos mucha confianza en la Justicia de acá porque se da una situación parecida al tema de los medios. El hermano del vicegobernador es parte del Superior Tribunal de Justicia y los demás integrantes son del palo del oficialismo. Esto no nos da para nada confianza en la Justicia. No creemos que lleguemos a un resultado positivo», afirmó.
Casi cerrando la entrevista, nuestra reflexión se trasladó de la situación local hacia la nacional donde vemos que el proyecto minero es sostenido como modelo de producción. Y por lo tanto, cualquier cosa que lo afecte no creemos que tenga mucho destino.
Iglesias acordó sobre esta idea y afirmó: «Nosotros creemos que la Nación tendría que haber intervenido acá hace rato. Esto es una mesa de tres patas en la que tiene que intervenir la Nación, el Gobierno de la provincia y las comunidades originarias. Yo pude leer algunos artículos del proyecto. Y espero que se le de participación a las comunidades originarias. También espero que con carácter urgente se pueda llevar adelante. Yo no se si es la herramienta idónea. Pero tenemos una situación de que las empresas multinacionales ya están sacando por el Pacífico para Asia todo el mineral de litio a gran escala, siendo un recurso no renovable».
Las empresas están explotando el litio de manera intensiva y esto es así porque si bien están autorizados los emprendimientos por 40 años, están al tanto de los cambios en la legislación que se pueden dar y que por eso se les pudiese restringir o terminar ese negocio.
Nadie sabe con certeza cuánto mineral está saliendo por la Aduana. Solo se tiene al respecto los datos de las mineras. «Y el Estado siempre atrás, aprobando, sin contratar seguros de garantías, falsificando firmas, escaneando documentación que no corresponde», se indignó Iglesias.
Las regalías que deben pagar las mineras por su actividad en la provincia son de apenas el 3%. Si se suma a esto todos los beneficios y exenciones impositivas que tienen estas empresas resultará que, tal como cerró Iglesias esta entrevista, «prácticamente les estamos pagando nosotros para que se lleven todo el mineral».
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