La recesión genera preocupaciones múltiples, tanto al sector privado como al público, más aún, al conjunto social empobrecido, afectado por un regresivo impacto social ante la disímil capacidad de asimilación de las personas, según sea su capacidad de ingreso regular o por la riqueza acumulada.
En este sentido, no es lo mismo ser parte en la Argentina de la docena de millones de personas que solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos mensuales, que integrar la cúpula privilegiada de las 12.000 fortunas apuntadas como potenciales sujetos de un tributo especial para atender la emergencia. Resulta interesante la comparación ya que el estimado de recaudación del impuesto sobre 12.000 fortunas alcanzaría para satisfacer el IFE por 2 meses de 12 millones de personas.
Así visto el tema, la preocupación por la recesión tiene sentidos diferentes, según el papel que se ocupe en la organización de la producción, en la propiedad de los medios de producción o no, tanto como el lugar que se ocupa en la distribución del ingreso, definitorio a la hora de resolver la capacidad de consumo y por ende satisfacer necesidades. En la gestión del asunto se encuentra el Gobierno, que intenta mostrarse equidistante de las diferentes presiones para resolver un tema complejo y contradictorio, que llevó a la falsa dicotomía entre salud o economía. La insustentable crítica a la ausencia de respuestas económicas por privilegio a la salud no incluye las consideraciones más generales de una recesión que trasciende y precede a la pandemia, tanto como que el deterioro de la salud responde a procesos deliberados de destrucción del derecho a la salud por décadas, desde una concepción que privilegió el negocio de la salud vía privatización y mercantilización de la misma.
Un interrogante remite a por donde pasa la preocupación gubernamental, la que puede intuirse en los variados encuentros, algunos ampliamente publicitados, con diferentes actores económicos y políticos. Se privilegia entre los primeros a principales referentes del gremialismo empresario (rural, industrial, servicios) y sindical (CGT), pero también entre los segundos, con responsables de la gestión provincial, sean oficialistas o de la oposición. ¿Qué pasa con la sociedad no expresada en la representatividad (cuestionada y cuestionable) empresarial y sindical, incluso política? Es cierto que el sistema republicano supone los procesos electores y la institucionalidad vigente, incluso en el ámbito social empresarial y sindical, fuertemente criticado por millones que nos sugieren una crisis de representación política y social.
La reflexión apunta a no quedarse solo en consideraciones de evolución negativa de las cuentas públicas, sino a atender un clima social de crítica política, que admite proyectos confrontados entre quienes defienden la lógica de la propiedad privada, la apropiación concentrada del producto social y quienes sustentan la potencialidad de un rumbo alternativo, incluso de confrontación con el régimen del capital. Los descontentos son diferentes según el punto de partida que se defiende. No es lo mismo quien demanda superar la cuarentena para restablecer la condición de posibilidad para normalizar la producción de ganancia, que aquellos que sustentamos transformaciones orientadas a una nueva normalidad con base en la autogestión y la organización comunitaria, social y no lucrativa de la actividad económica, pensada en resolver necesidades de la población más empobrecida.
El COVID19 se extiende en la región y agrava la crisis económica
Todo ocurre en el marco del agravamiento de la pandemia en el país y en la región. América es el epicentro del coronavirus en el presente, con EEUU encabezando los registros de infección y muerte, y creciente protagonismo de la región latinoamericana. Brasil se destaca detrás de EEUU, segundo en infectados y fallecidos, pero Perú y Chile con poca población ocupan los primeros lugares por cantidad de infectados y México sobresale por los fallecidos. Entre los 15 países con mayor cantidad de fallecidos por COVID19 cada 100.000 habitantes, 7 son americanos: EEUU (41,15), Chile (36,21), Perú (35,95), Brasil (33,61), Ecuador (29,45), México (27,09) y Canadá (23,8). Encabezan el listado: Bélgica, Reino Unido, España, Italia, Suecia y Francia. [1]
Argentina ya superó en contagios a China y a limitado con medidas preventivas los casos fatales, pero sin el pico de afectación las restricciones económicas generan las preocupaciones ya señaladas. El problema a dilucidar es por donde se sale de la situación económico y por eso no alcanza con la relevancia y profundidad de la recesión económica, sino se apunta a una fuerte consideración crítica del modelo productivo y de desarrollo para reorientarlo en otro rumbo, que intentando superar la coyuntura de miseria e incertidumbre en una parte importante de la sociedad, pueda encaminar un nuevo camino de organización económica de la sociedad.
Los datos oficiales provistos por el Instituto de Estadísticas del país son elocuentes sobre la realidad.[2] Si bien los indicadores de mayo del 2020 de producción industrial manufacturera mejoran un 9% sobre los de abril, acumulan un -16,3% entre enero y mayo del 2020 respecto al mismo periodo de un año atrás, y un -26,4% respecto del mes de mayo del 2019. Aun creciendo la actividad industrial en mayo, algo que incluso puede reiterarse en junio, ante aperturas parciales en varios territorios del país derivadas del levantamiento progresivo de las políticas de “aislamiento”, la situación es grave.
Esos repuntes son en el marco de una profunda caída de la producción industrial, que podría ser momento adecuado para re-pensar el sector productivo manufacturero en el país. Mucho más si se asume el otro dato ofrecido por el INDEC relativo a la situación “cualitativa” del sector industrial.[3] En la encuesta cualitativa se señala que 4 de cada 10 establecimientos industriales operaron con normalidad, por lo que los otros 6 tuvieron distintos tipos de anormalidades. Algunos, pudiendo abrir no tuvieron condiciones para la asistencia de sus trabajadores y trabajadoras; otros presentaron inconvenientes de abastecimiento de insumos; otros con dificultades para colocar la producción. Son situaciones de logística, de mercado o financieras. Los inconvenientes ocurren más allá de las facilidades crediticias, fiscales e incluso asistencia salarial proveniente del sector estatal.
El marco internacional
No son buenas las señales que provienen del mundo, muy especialmente en lo que atañe a las discusiones locales sobre la inserción internacional de la Argentina. Una cuestión es la negociación relativa al endeudamiento público del país con acreedores privados y otra con el FMI. El propio gobierno condicionó toda política económica a la resolución de un acuerdo con los Fondos financieros que gestionan inversiones en deuda pública en divisas y de legislación extranjera. De hecho, no hay presupuesto 2020 y la gestión funciona en el marco de la emergencia sanitaria y económica, dónde los destinos a satisfacer vencimientos de deuda, aun en default, son cuantiosos, superando los desembolsos orientados a paliar la crítica emergencia de millones de personas.
Las declaraciones públicas sugieren disposición negociadora entre el Gobierno y el FMI, que como sabemos, EEUU es el principal socio, quien en definitiva resuelve. Así ocurrió para otorgar el insustentable préstamo por 57.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, y todo indica que desde allí viene el registro favorable para un acuerdo de negociación de las condiciones de cancelación de los desembolsos por 41.500 millones de dólares. De todas maneras, es una cuestión a develar más adelante, luego que finalicen las negociaciones con los fondos financieros, toda una incógnita. Con estos, lo concreto es la dilación. Se anunció que en marzo pasado estaría todo resuelto. Pasado un trimestre el tema sigue abierto, por ahora hasta el 4 de agosto próximo y quién sabe si habrá “fumata”.
Argentina negocia y consuma la cesación de pagos parcial, mientras cancela una parte de la deuda, que según la información oficial alcanza a más de 3.200 millones de dólares en el primer trimestre del 2020. En estos meses de negociación la propuesta de pago es cada vez más favorable a los tenedores de los títulos de la deuda, pese a una situación de incertidumbre en el mercado mundial y una deuda pública en suba inusitada. Entre los más duros negociadores externos se encuentra el Fondo Black Rock, que actúa como agente financiero del Tesoro estadounidense, el Ministerio de Economía de la potencia imperialista.
Lo curioso es este doble juego de la burocracia estadounidense, favorable a una negociación desde el FMI y cuestionadora desde los acreedores privados.
En rigor, es un trabajo en pinza sobre el país, que termina en ajuste económico de las cuentas públicas de la Argentina. Los del Fondo quieren cobrar y no tienen problema de inducir quitas a los tenedores privados de la deuda, al tiempo que estimulan cambios estructurales favorables a la inversión privada en términos generales, sean las reaccionarias reformas laboral o previsional.
La política de EEUU sostiene su interés de dominación en el organismo internacional, ahora trasladado al BID, con una Argentina que no validó la propuesta estadounidense, que por primera vez aspira a presidir la organización de financiamiento. Una movida que evitó que el candidato argentino, Gustavo Béliz, vinculado históricamente a la Iglesia, pudiera disputar el máximo cargo de gestión del Banco regional.
Más aún, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador tuvieron su bilateral, con foto y declaraciones amigables que no favorecen una estrategia crítica a desplegar desde Nuestramérica hacia EEUU, algo que tuvo su auge hace una década, con procesos de integración alternativos que excluyeron a EEUU y Canadá de la integración regional.
Incertidumbres políticas
Sean las señales locales de recesión e impacto social regresivo en la mayoría de la población empobrecida, o por la dinámica desfavorable de una situación mundial, también recesiva, agravada con una pandemia sin vacuna en el horizonte cercano, la incertidumbre crece en el país.
El dato relevante es una Argentina rodeada por gobiernos de derecha en el marco de una fuerte ofensiva del capital, que incluso se apresta a reformar, a favor de las patronales, la media sanción de la legislación sobre teletrabajo, que curiosamente se aplicaría 90 días después de levantada la cuarentena, poniendo en duda la urgencia de su necesidad y confirmando la necesidad de condicionar cambios regresivos en la relación laboral.
Crece el descontento y habilita el interrogante sobre que desconformidades se atenderán en primer lugar. El interrogante no es solo para las autoridades, sino en el marco del conflicto social, latente o explicito, remite a la sociedad en su conjunto.
¿Qué presión pesa más, la de los banderazos, ampliamente publicitados por medios de comunicación hegemónicos, en defensa de la propiedad ante amenazas de intervención a Vicentín, o las de aquellos, ninguneadas por los medios, que demandan desalojar de la gestión empresarial a los delincuentes que estafaron a productores agrarios y al fisco?
¿Qué pesa más en las definiciones políticas, la voluntad negociadora y de pago de una deuda odiosa, ilegitima, e ilegal, o la suspensión de pagos y una auditoria con participación popular?
Se trata de pensar la economía y la política entrelazados, en un momento complejo donde las opciones ante la incertidumbre exigen definir marcos de alianzas adecuados para resolver problemas históricos, de la coyuntura y más allá, todo un gran desafío para quienes imaginamos la posibilidad de rumbos alternativos, en contra y más allá del orden capitalista.
Notas:
[1] rtve. Coronavirus, en: https://www.rtve.es/noticias/20200709/paises-muertos-coronavirus-poblacion/2012350.shtml (consultada el 11/07/2020)
[2] INDEC. Índice de producción industrial manufacturero. Mayo de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipi_manufacturero_07_201822E20A12.pdf (consultado el 12/07/2020)
[3] INDEC. Encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria. Mayo de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/encuesta_cualitativa_industria_covid_07_20.pdf (consultada el 12/07/2020)
Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP