Existe preocupación en la sociedad sobre la evolución de la economía argentina en la coyuntura. Se trata de la evolución de los precios, del empleo y los salarios, pero también relativa a cuestiones estratégicas que definen la dependencia del orden económico local al sistema mundial del capitalismo. Respecto de la dependencia es obvio que remito […]
Existe preocupación en la sociedad sobre la evolución de la economía argentina en la coyuntura.
Se trata de la evolución de los precios, del empleo y los salarios, pero también relativa a cuestiones estratégicas que definen la dependencia del orden económico local al sistema mundial del capitalismo. Respecto de la dependencia es obvio que remito a la sentencia en Nueva York ante la demanda de los fondos buitres.
Por el lado de los precios existe una gran dispersión, con tendencias a consolidar un aumento considerable para el conjunto del año, con un 15% señalado por el INDEC para el primer semestre del 2014. Constituye una incógnita todavía evaluar el impacto en el conjunto de los precios que tendrá la continuidad de rebajas o eliminación de subsidios a servicios públicos.
La evolución oficial de precios en 15% proyecta una medición anual que en la mínima varía en torno al 30% y que puede dispararse por encima, mientras que las actualizaciones de ingresos populares son menores.
Según el Ministerio de trabajo, en las negociaciones paritarias el ajuste salarial promedio alcanzó el 29,7% para todo el año 2014. Son datos que influyen, especialmente, a la hora de pensar el impacto del impuesto a las ganancias de cuarta categoría entre los trabajadores de mayores ingresos relativos.
Con datos de la Encuesta de Hogares del INDEC a fines del 2013 y actualizados con un 30%, en un estudio de la FISYP, verificamos que el 35,5% de los trabajadores de minería son sujetos del impuesto; lo mismo que un 29,1% de los trabajadores de la industria petrolera; el 27,5% del sector colchones y muebles; el 22% de otras industrias manufactureras; o el 20,7% del sector de información y comunicación. En otros casos, el alcance del impuesto varía según el nivel de ingresos salariales, con una gran dispersión para un promedio de salarios del sector formal de 5.147 pesos mensuales a diciembre del 2013. Si adicionamos un 30%, ese promedio llega a los 6.691 pesos al mes.
Hay que recordar que el impuesto se paga a partir de los $9.000, y siempre para aquellos que perciben por encima de $15.000. El Jefe de Gabinete informó que la contribución tributaria alcanza a un millón de trabajadores regularizados.
Vale mencionar que es un tema que concentra una de las preocupaciones entre las organizaciones sindicales, más allá de la cercanía o lejanía con el proyecto oficialista y es fuente de medidas de fuerza y protesta que se discuten en la coyuntura.
Más allá del injusto impuesto, es conocido que un tercio de los trabajadores están en situación no regularizada, con menor capacidad en la defensa de sus ingresos, ya que no acceden a la negociación colectiva y no siempre son considerados por las organizaciones sindicales, aunque algunos incluyen como afiliados a sus sindicatos a los contratados en condición irregular.
Ocurre algo similar en materia de deterioro de ingresos entre los jubilados y pensionados, aun cuando tienen actualización por ley. Ni hablar del conjunto de beneficiarios de planes sociales, los que cuentan con menos posibilidades de intervenir en la demanda de mejoras de ingresos.
Un dato relevante en la coyuntura es el retorno del fantasma del desempleo y la precariedad, alimentado con la desaceleración económica informada por el INDEC y evidenciado con la creciente conflictividad motivada por suspensiones y cesantías de trabajadores en los principales rubros de la economía, especialmente en la industria.
En efecto, el INDEC acaba de difundir estimaciones preocupantes, entre las que destaca la evolución de la actividad económica, de la construcción y el saldo comercial.
El estimador mensual industrial da cuenta de una tendencia declinante desde mayo del 2013, siendo la industria el sector determinante en la recuperación del empleo y los salarios luego de la crisis del 2001.
Algo similar refleja el indicador sintético de la actividad de la construcción, a la baja desde junio del 2013.
El saldo comercial disminuye y en términos absolutos existe una tendencia a la baja de las exportaciones e importaciones. Por el lado de las exportaciones, con relativo ascenso desde marzo por el ciclo de la producción primaria, no llega al máximo de un año antes. Es una situación agravada con una tendencia a la baja de los precios internacionales producto de una gran cosecha en EEUU.
Escenarios posibles sobre la crisis de la deuda
En medio de este proceso de achique y enfriamiento de la economía local que se descarga sobre los trabajadores y la mayoría empobrecida de la sociedad, se presentan las derivaciones que surgen de la sentencia del Juez Griesa en Nueva York.
No se trata solo de la coyuntura, sino de un problema estructural para afianzar la dependencia y subordinación del país al orden capitalista.
Todos los escenarios posibles sostenidos por unos y otros auguran complicaciones mayores para satisfacer demandas sociales.
Las opciones se instalaron entre pagar ya, incluso parcialmente, posición sostenida por Macri o Cobos, entre otros; o desde el comienzo del 2015 como parece derivarse del discurso oficial (pagar al 100% de los acreedores en condiciones justas y equitativas) y avalado en estos días por Lavagna que escribió «mejor un tifón que un tsunami».
Entre esas posturas, con matices, se mueve todo el oficialismo (con duras críticas a los fondos buitres y al Juez Griesa), como Massa, Sanz, o Binner, y constituyen parte importante de los argumentos mediáticos en la mayoría del periodismo y analistas.
Pagar ya puede derivar en mayores costos estimados por el gobierno entre 120.000 y 500.000 millones de dólares por la cláusula RUFO, que condiciona a pagar la mejor oferta a los ingresados al canje 2005 y 2010.
Postergar la decisión del cumplimiento de la sentencia y el pago hasta el próximo año supone superar los límites de esa cláusula. Pero compromete recursos públicos a futuro por los montos de la sentencia, unos 1.600 millones de dólares, más aquellos que aún no litigaron ni entraron a los canjes. Se estima que el total puede alcanzar unos 15.000 millones de dólares. Es una cifra que condiciona la resolución de otras demandas sociales.
Los que quieren pagar ya, la totalidad o una parte vía depósito judicial quieren evitar el default, total el costo económico social por pagos presentes y eventuales no los involucra.
Entre los demás se especula con transferir el costo potencial del default a una medida «irracional» de Griesa, apoyados en solidaridades del campo de la dominación. El Financial Times dice que el Juez no entiende cómo funciona el mercado de capitales, y como otros analistas, temen que Nueva York pueda perder negocios por el antecedente.
Un escenario alternativo que crece entre un conjunto de personalidades, sectores políticos y sociales pasa por la suspensión de los pagos ya y sustanciar una investigación con participación popular del carácter de la deuda pública.
Se pretende diferenciar la parte legítima de la ilegitima de la deuda y definir las porciones fraudulentas y odiosas.
Es la base para pensar redefiniciones de política económica, de modelo productivo y de inserciones globales que alejen al país de la dependencia a que condena el cáncer de la deuda y la subordinación al sistema financiero mundial.
El antecedente de rebeldía propiciado oportunamente por Ecuador o Islandia, incluso la Argentina con la cesación de pagos del 2001, da cuenta de un rumbo a transitar en la búsqueda de otra perspectiva.
No le fue mal a Ecuador, ni tampoco a Islandia con sus posicionamientos y decisiones.
Como no le fue mal a la Argentina liberando fondos destinados a cancelar deuda y orientándolos a resolver problemas económicos y sociales, aun cuando se discuta el sentido principal de la política económica entre 2002 y el presente.
Tampoco le fue mal al país estar afuera del mercado de préstamos y de la tormenta sufrida por aquellos países con fuerte endeudamiento en la explosión de la crisis del 2007/08.
Claro que una decisión autónoma e independiente de rechazo a la deuda y suspensión de pagos supone costos, especialmente por el boicot del poder económico y las clases dominantes, locales y globales.
Al mismo tiempo, es el punto de partida para actuar con independencia y propiciar otra articulación de relaciones internaciones, de cooperación y superación de la lógica capitalista.
Es un tema que se define en la disputa política por la movilización y organización popular.
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