La política laboral es uno de los aspectos en los que los gobiernos kirchneristas han alcanzado sus mejores logros. La recuperación masiva del empleo, el regreso de las convenciones colectivas, la activación del Consejo del Salario mínimo, el aumento progresivo de los ingresos de los trabajadores y el reemplazo de la ominosa ley laboral de […]
La política laboral es uno de los aspectos en los que los gobiernos kirchneristas han alcanzado sus mejores logros. La recuperación masiva del empleo, el regreso de las convenciones colectivas, la activación del Consejo del Salario mínimo, el aumento progresivo de los ingresos de los trabajadores y el reemplazo de la ominosa ley laboral de escandalosa aprobación durante el gobierno de Fernando De la Rúa por otra que recupera derechos laborales perdidos en aquel período, aparecen como datos centrales de esa política. Como expresión de la quiebra de las concepciones neoliberales, el trabajo dejó de ser una variable dependiente de las políticas macroeconómicas para constituirse en un motor central del crecimiento económico, basado principalmente en el estímulo de la demanda interna, particularmente entre los sectores populares.
No es extraño, en consecuencia, que el movimiento sindical, en sus fracciones más representativas, forme parte de la coalición social de apoyo al Gobierno. Y tampoco puede llamar la atención que los sectores que encabezan ese respaldo -la CGT liderada por Hugo Moyano y la CTA de Hugo Yasky- sean los mismos que encabezaron, junto a los movimientos de desocupados, la más importante resistencia social al programa económico que rigió durante toda la década del noventa.
Sin embargo, las relaciones entre el Gobierno y la conducción de la CGT atraviesan un período de visibles turbulencias. En curioso movimiento pendular, la dirección cegetista alterna enérgicas declaraciones de apoyo al proyecto en marcha con posiciones fuertemente críticas a diversas posiciones y medidas impulsadas por el Gobierno. En marzo de este año, las tensiones entre el Gobierno y la central obrera subieron a su punto máximo, cuando en respuesta a un exhorto de la justicia suiza que pedía informes a la justicia argentina relacionados con un supuesto involucramiento de Moyano en casos de lavado de dinero, la conducción cegetista amenazó con un paro general de transportes con movilizaciones callejeras. Finalmente, la medida de fuerza no se concretó, pero los vínculos entre el Gobierno y Moyano se debilitaron notoriamente desde entonces. Una expresión muy precisa de ese debilitamiento fue la casi nula presencia de dirigentes de origen sindical en las listas del Frente para la Victoria, definidas con una decisiva participación de la propia Presidenta.
Moyano suele repetir una frase que permite entrever las razones profundas del forcejeo. Dice que los trabajadores no deben conformarse con satisfacer reivindicaciones laborales: deben aspirar a estar en el poder. Si hubo abogados, ingenieros y médicos en la presidencia, pregunta públicamente, por qué no puede ocuparla un trabajador. Difícilmente un líder formado y experimentado políticamente como el camionero pueda desconocer el nítido desplazamiento que atraviesa esas afirmaciones: de la condición social y la pertenencia corporativa a la representación política no hay un tránsito lineal. Ningún presidente en la historia ejerció su cargo en nombre del colegio de abogados o de alguna gremial médica; todos debieron recorrer una trayectoria específicamente política.
Nadie puede negar el derecho del grupo político que hoy conduce la CGT a organizarse políticamente para defender sus pretensiones de poder. La condición movimientista de la actual fuerza gobernante, plenamente en sintonía con la tradición del peronismo, habilita la existencia de corrientes internas y pujas posicionales en su interior. El problema, obviamente, no está ahí. Tampoco puede censurarse que esta corriente político-sindical utilice el peso corporativo del gremialismo para sus batallas en el interior del movimiento. La discusión no tiene por qué situarse en el plano de la pretensión institucionalista de un deslindamiento absoluto entre representación corporativa y política: en un país con la tradición de intervención política de las corporaciones que tiene el nuestro, ese límite tendría el sello de la pura ingenuidad o del lamento de aquéllos que no logran influir en las estructuras de representación social.
Lo que merece ser discutido es la oportunidad del enunciado de ciertos desafíos políticos. La demanda de que al movimiento obrero le debe seguir siendo reconocido su lugar de «columna vertebral» del peronismo, bajo la forma de cuotas de poder y de representación es la premisa clave del problema. En primer lugar, porque en política los espacios no se «merecen» sino que se conquistan. Y los modos de esa conquista son siempre políticos. La pretensión de poder puede apoyarse en protestas y movilizaciones, pero tarde o temprano deberá, para tener éxito, expresarse en votos (o en la expectativa de conseguirlos). No sería justo ignorar que en la elección del último 23 de octubre Cristina Kirchner obtuvo una buena proporción de sus votos en los sectores obreros y populares. Tampoco que la influencia orgánica de la CGT y su liderazgo han dado su contribución a esa cosecha electoral. Pero entre esa influencia y ese aporte y la ocupación de espacios de poder hay un pasaje que ninguna declaración de intenciones puede eludir. También los intendentes del conurbano y los gobernadores aportaron lo suyo. Y también, aunque lógicamente en menor medida, lo hicieron otros actores sociales y políticos que forman parte de la coalición gobernante. Nadie puede deducir de esa realidad la existencia de otros centros y otros liderazgos diferentes al que hoy existe, en condiciones de asegurar un resultado de ese tipo.
Planteado así el problema, los líderes sindicales tienen que definir una estrategia política. La primera definición es si siguen apoyando al Gobierno y formando parte de la coalición o buscan otros rumbos. Todo indica que un viraje opositor no forma parte de la hoja de ruta del moyanismo; mucho menos a poco de salir de una consagración plebiscitaria como la obtenida por Cristina. Definida esa opción, se trata de saber qué conductas son las que habilitan una lucha eficaz por crecer en influencia interna en el dispositivo de gobierno. El primer recurso valioso del que dispone la conducción sindical es, justamente, su incidencia en una de las cuestiones clave del nuevo período presidencial que se inicia: la negociación salarial que se avecina y de la que el Gobierno espera razonabilidad y espíritu favorable al acuerdo entre sindicalistas y empresarios. En el actual tenso estado de ánimo del estado mayor sindical circula un clima de preocupación por lo que, entienden, son señales del gobierno favorables a algunas posiciones empresariales, en un momento en que lo que fue un bloque adversario de las patronales ha girado hacia una posición mucho más amistosa con el Gobierno y su política. Así creen deducirlo de la falta de respaldo oficial al proyecto de ley de participación obrera en las ganancias empresarias y en gestos simbólicos de valoración a la conducta de la actual dirección de la UIA. Es completamente previsible que la corporación empresaria trate de utilizar este clima propicio en su favor, a la hora de negociar salarios. Pero más claro todavía es que en un clima de tensión en su relación con el gobierno, la CGT tendrá un horizonte más complejo en esas negociaciones.
¿Se prepara la conducción de la central obrera para aplicar el principio concebido por el mítico dirigente metalúrgico Augusto Vandor de «golpear y negociar»? Ningún miembro del secretariado cegetista lo aceptará públicamente, pero una serie de pronunciamientos críticos al accionar del Gobierno -el del rechazo a la intervención del gremio aeronáutico que encabeza el conflicto en Aerolíneas es el más reciente y uno de los más significativos- parecen insinuarlo. No parece un camino adecuado por el tipo de liderazgo que deberían enfrentar y las circunstancias en que deberían hacerlo. El contexto de la amenaza que la grave crisis mundial dibuja para la economía argentina, el volumen de la reciente victoria de Cristina, sus reiteradas apelaciones a la unidad nacional y a no sabotear al país y el estilo de su liderazgo, poco propicio a prestarse a negociaciones inducidas por aprietes, podrían hacer de una eventual conducta confrontacionista un camino hacia la derrota y el aislamiento de la cúpula cegetista.
Claro está que sería igualmente desgraciado que desde el Gobierno no se hicieran todos los esfuerzos para recomponer la relación con el sindicalismo. Se trata de una pieza decisiva en una coalición nacional-popular de índole industrialista y favorable a la redistribución de la renta. Perfectamente sabe el Gobierno que los relevos potenciales de Moyano y su sector no lucen en principio como sólidas garantías para el respaldo activo a la continuidad y profundización del proyecto en curso. Una vez más está en juego la cuestión hegemónica: cómo conducir en unidad la diversidad y hasta la contradicción.
Fuente: http://www.revistadebate.com.ar//2011/11/18/4711.php