Dólar a $ 40,1, cuando el dólar futuro a diciembre de este año cotiza a $ 44. Inflación del 23%, cuando la de 2018 rondará el 45%. Todos los rubros del gasto social -educación, salud, vivienda, salarios- están muy por debajo de esa cifra de inflación. Pero aumentan los recursos destinados a la deuda externa […]
Dólar a $ 40,1, cuando el dólar futuro a diciembre de este año cotiza a $ 44. Inflación del 23%, cuando la de 2018 rondará el 45%. Todos los rubros del gasto social -educación, salud, vivienda, salarios- están muy por debajo de esa cifra de inflación. Pero aumentan los recursos destinados a la deuda externa y recortan a los jubilados.
La crisis económica y la presión de los trabajadores empujaron a la CGT a convocar una huelga nacional para el martes 25. Mientras tanto, desde las CTA impulsan una medida por 36 horas que comenzará el lunes.
Con actos y cortes, se vienen jornadas en rechazo del presidente Macri, que el martes en Nueva York recibirá un galardón de manos del Atlantic Council, organización financiada por gobiernos imperialistas y por los partidos Demócrata y Republicano. Es el «2018 Global Citizen Award» (Premio Ciudadano Global 2018).
Según los propios organizadores del premio, Macri será reconocido por «su dedicación incansable y desinteresada con su país y su gente». (sic)
Frederick Kempe, director ejecutivo de la organización que entrega los premios «Global Citizen», manifestó hace algunas semanas, cuando se anunció que Macri sería uno de los ganadores de la edición 2018, que «en este período de rápido cambio global e incertidumbre, estos premios envían un mensaje particular con respecto a la marca de liderazgo consistente, de principios y decidido que nuestros tiempos requieren».
Sobre Macri, el presidente del Atlantic Council valoró su «incansable e intransigente dedicación a su país y su pueblo a través de su enfoque pragmático de política, compromiso con la reforma económica y revitalización, y la renovación de las relaciones con socios internacionales». A confesión de parte, relevo de prueba.
Fundado en 1961 en el marco de la Guerra Fría, el Atlantic Council se convirtió en una especie de «foro» donde participan activamente presidentes, primeros ministros, militares, empresarios, intelectuales y referentes de los think tank del e stablishment imperialista.
Las mayores «preocupaciones» del Consejo Atlántico, cuya sede está en Washington, refieren a la «seguridad internacional» y la «prosperidad económica mundial». Con esa perspectiva, es activo participante de las reuniones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aconsejando y proveyendo argumentos teórico-políticos para que las potencias imperialistas desarrollen, por ejemplo, sus operativos militares en Medio Oriente y África.
Desde su Centro de Seguridad Internacional Brent Scowcroft (en homenaje a quien fuera consejero de Seguridad Nacional de los presidentes Ford y Bush padre y presidente interino de la Junta Directiva de la organización hasta 2014) el Atlantic Council organiza los llamados «Commanders Series», eventos a los que convoca a dar conferencias magistrales a jerarcas militares de Estados Unidos y de los principales países de Europa.
Previsiblemente, los temas tratados en esos eventos se repiten. Entre ellos, la situación en Irak y Afganistán, las amenazas a la seguridad en Asia y África y las «nuevas amenazas» en Latinoamérica (con las que justifican los planes de intervención ofensiva) como «el narcotráfico», «el terrorismo transnacional» y la «inmigración ilegal».
Lógicamente quienes presiden el Atlantic Council no son meros consejeros académicos. Por ejemplo, en 2009 James Jones renunció a la titularidad de la organización a pedido de Barack Obama para sumarse al gabinete como asesor en «seguridad nacional». Y aunque se declare formalmente «no partidista», no solo forman parte de sus filas importantes dirigentes demócratas y republicanos sino que está comprobado que recibe «donaciones» tanto de esos dos partidos como de más de veinticinco gobiernos fuera de los Estados Unidos.
Esos son los «premiadores» de Mauricio Macri. Los que aprovecharán la oportunidad para palmearle la espalda y felicitarlo por su «incansable y desinteresada» dedicación a aplicar los planes que no dejan de hambrear y empobrecer a la población trabajadora argentina.
Por esas coincidencias de la vida, en el preciso momento en que le estén entregando el premio al «Ciudadano Global 2018», millones de trabajadoras y trabajadores habrán paralizado su país en protesta y repudio al plan de ajuste que está llevando adelante.
Paro contra el ajuste
Mientras el gobierno nacional se dispone a buscar consensos con la oposición en el Congreso para logar la aprobación del Presupuesto 2019, la crisis económica golpea el bolsillo de la sociedad que se refleja en inflación, tarifazos, desocupación y hambre. En este marco, ante infinitos reclamos de trabajadores y desocupados para obtener mejores condiciones laborales y salarios que le ganen a la suba de precios, la CGT corre de atrás . Por ese motivo, más allá de mostrarse crítica al macrismo en lo discursivo, se vio obligada a convocar a regañadientes un paro nacional para el martes 25.
Por su parte, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, construye su propio espacio, diferenciado de la conducción de la central obrera, acompañado por Ricardo Pignanelli (Smata), Sergio Palazzo (Bancarios), Pablo Biró (Pilotos) y Omar Plaini (Canillitas) . Con un tono más beligerante se pliega a la medida y mostró un claro repudio a las políticas de Cambiemos.
Mientras tanto, la CTA Autónoma junto a CTA de los Trabajadores convocaron a un paro de 36 horas que comenzará el lunes .
Los movimientos sociales participarán de las jornadas de protesta de ambos días. La Ctep, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, participarán de un acto unificado junto a sectores de izquierda como el Frente de Organizaciones en Lucha, Frente Popular Darío Santillán y Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional . Esta actividad será el lunes a las 10:00 en el Puente Pueyrredón junto a la CTA Autónoma que responde a Ricardo Peidro para luego movilizar hacia Plaza de Mayo.
Hugo Godoy de ATE señaló que este plan de lucha continuará en octubre cuando durante la primera semana se instale una carpa frente al Congreso de la Nación para decirle no al presupuesto que entrega la soberanía.
En tanto que a partir de las 15:00 las CTA que conducen Hugo Yasky y Pablo Micheli junto a los gremios cegetistas que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) movilizarán hasta Plaza de Mayo donde realizarán su propio acto de protesta contra el modelo económico del Gobierno de Cambiemos.
El jueves pasado, durante un plenario de regionales de la CGT que realizó el FSMN estuvieron presentes Yasky, Micheli y Roberto Baradel. En ese acto, Moyano anunció que el frente participará de la movilización del lunes. Este sector de la CGT informó que sus principales dirigentes se reunirán a las 13:00 en el gremio de Smata para encabezar la columna. Antes, los camioneros se reunirán en Piedras y Avenida Belgrano en tanto que los sindicatos de la Corriente Federal de los Trabajadores se concentrarán en Avenida de Mayo y Piedras.
El martes , los integrantes del Plenario del Sindicalismo Combativo impulsarán medidas de acción para diferenciarse del «paro dominguero» convocado por la CGT y espacios a los que consideran «burocráticos». Las mismas prevén piquetes en los puentes Pueyrredón, Avellaneda, La Noria, Panamericana y 197, bajada de autopista en La Plata, entre otros puntos. También se movilizará el 24 a Plaza de Mayo en una columna independiente de los convocantes y luego realizará un acto propio.
Durante el martes no habrá transporte público por lo tanto trenes, colectivos y subtes no funcionarán al igual que los micros de larga distancia y los vuelos. Asimismo, la medida afectará la atención en bancos, hospitales públicos y actividad portuaria.
En la provincia de Buenos Aires , el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB y Udocba anunciaron que se pliegan a las medidas de fuerza de la CTA del lunes y de la CGT el martes. En ese sentido, la medida de fuerza será de 36 horas, ya que comenzará desde el mediodía del lunes.
Mientras, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina informan que los aceiteros y desmotadores, comisiones gremiales internas, delegados de base y sindicatos resolvieron el inicio de un Plan de Lucha mediante la realización de una Huelga Nacional el próximo lunes 24.
Además, reafirmaron la adhesión al Paro General dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo martes 25 de septiembre.
Van a la Huelga Nacional para exigir la suspensión de los despidos por 180 días, en defensa de los puestos de trabajo, reafirmando la política gremial del Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición legal en el 14 bis de la Constitución Nacional y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, y por la plena vigencia de todos los legítimos derechos laborales y sindicales de los trabajadores argentinos.
Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron una serie de actividades de cara al paro convocado por la CGT para el 24 y 25 y también para repudiar el secuestro y las torturas que sufrió la docente Corina de Bonis, en el partido bonaerense de Moreno, ya que durante su lucha también sufrieron ataques similares.
El miércoles hicieron una olla popular en la puerta del Parque Tecnológico Migueletes de San Martín. «Realizamos un combo de actividades de cara al paro del 24 y 25, más allá de que la CGT convocó a parar sin movilización, nosotros vamos a realizar cortes en la General Paz, con el fin de seguir visibilizando la lucha de las mujeres y hombres del INTI», sostuvieron.
Presupuesto 2019
Lejos de «eliminar el impuesto a las ganancias» para los trabajadores, como había sido la promesa de campaña de Macri, el proyecto de Presupuesto 2019 que presentó el oficialismo propone que trabajadores en relación de dependencia y jubilados paguen más impuesto a las Ganancias.
Así, intentan seguir robando a los trabajadores y a los jubilados aumentando la carga fiscal sobre sus ingresos, por un monto adicional que podría equivaler a $ 25.000 millones en la recaudación.
En contraste, al mantener la exención de Ganancias para los funcionarios del Poder Judicial, perderá ingresos tributarios por este concepto de $ 7.337 millones en 2018 y de $ 9.854 millones en 2019.
El cambio referido se observa en el articulado del Proyecto de ley que elimina exenciones en el impuesto a las Ganancias aprobadas en leyes nacionales -a excepción de la ley de impuesto a las Ganancias-, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía mediante las cuales esté establecido o se establezca en el futuro, la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto.
Un ejemplo es el caso del ítem denominado «material didáctico» que perciben los maestros porteños y que se había considerado exento de Ganancias gracias a la lucha gremial.
Así también, en el proyecto de Presupuesto se insiste con la intención de derogar la exención en el impuesto a las ganancias que gozan las cooperativas y las mutuales que desarrollen actividades de crédito y/o financieras o de seguros y/o reaseguros.
Por otro lado, el artículo 38 vuelve incompatible la percepción de la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo, con el desarrollo de una actividad remunerada, sea en relación de dependencia o por cuenta propia. La mal llamada Reparación Histórica en 2016, permitía a los jubilados que la cobrasen seguir en actividad a fin de completar los años de aporte y así pasar a cobrar la jubilación mínima completa.
Otra propuesta de ajuste a los jubilados es a través de la reducción del 50 % del plus por zona austral, que por ahora solo aplicaría para los nuevos miembros de la clase pasiva. Además, solo lo cobrarán los jubilados cuyos «haberes no superen dos veces el haber mínimo», es decir, $ 17.300.
El texto también reduce en un 25% el plus destinado a las Asignaciones Familiares para la Patagonia.
Así como el proyecto de Presupuesto perjudica de manera directa los ingresos de trabajadores y jubilados, consolida y mejora los ingresos de petroleras, bancos y constructoras, entre otras empresas.
Las petroleras que extraen gas no convencional del yacimiento neuquino de Vaca Muerta percibirán $ 27.904,4 millones, un 160% más que los $ 10.738,6 millones presupuestados en 2018.
El subsidio a la producción de gas juega así un rol fundamental en la economía de las petroleras, las que además se han visto beneficiadas por la creación de un convenio laboral específico que redujo sus costos.
El esquema se completa con la autorización para exportar gas que se espera que comience a ejecutarse en octubre. Mientras tanto, seguirá la importación de gas licuado, que es más caro que la producción local.
En lo que hace a educación y cultura, el incremento de las partidas para el año próximo es de 13,7%, muy por debajo de la inflación promedio esperada por el gobierno, del 34,8%. De aprobarse la educación perderá dinero por más de 20 puntos porcentuales.
El área de Ciencia y Técnica recibirá un aumento de 27,7%, también por debajo de la inflación promedio.
Con la educación universitaria sucede algo similar. El Poder Ejecutivo pretende asignar $ 144.650 millones, pero $ 21.000 millones quedan en manos del Ejecutivo. Los $ 123.507 millones restantes incluyen rubros que no figuraron en presupuestos anteriores como la previsión para aumentos salariales, que se incorporan aparte durante el año fiscal.
Además, el Presupuesto 2019 congela el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por el cual cada docente percibe $ 1.210 como complemento salarial.
Para Claudio Lozano del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyPP), «mientras el gasto social cae un 20% en términos reales durante el 2018, el gobierno propone dos bonos miserables que ni siquiera compensan el poder adquisitivo perdido por la Asignación Universal por Hijo. La sobreactuación gubernamental del ajuste en la negociación con el FMI resulta indignante. Mientras se incrementa en un 50% los pagos por intereses de deuda, la intervención social del gobierno frente a la emergencia es inferior a la que el propio Fondo autoriza «.
Se contempla para los próximos meses del año la realización de una transferencia en concepto de dos bonos pagados por única vez que se harán efectivos en septiembre y diciembre para las prestaciones sociales de la AUH y AUE.
Cabe resaltar, en primer lugar, que esta ampliación del gasto social significa un adicional de $ 10.490,1 millones para lo que resta del año. Recordemos que la Carta de entendimiento con el FMI firmada hace unos meses ya incorporaba una salvaguarda social de hasta $ 13.500 millones para el 2018 y del 0,2% en los años siguientes, para actuar frente a la emergencia social durante la ejecución del programa sobre la base de la extensión de los programas de asignaciones universales. Es decir, la intervención social de emergencia que aplicará el oficialismo es aún más escueta que la contemplada inicialmente a pesar del evidente deterioro experimentado en las condiciones materiales de vida de la población durante los últimos meses.
Por otra parte, debe recordarse que el deterioro de las prestaciones sociales es de larga data. Luego del golpe distributivo del año 2016 (-5,5%), durante el año siguiente, la tibia recuperación no logró recomponer los niveles del año 2015 (2,5%). La reforma previsional aprobada en diciembre de ese año incorporó un desplazamiento en el tiempo de actualización que impactó negativamente en la capacidad de reacción de la fórmula ante contexto de alta inflación. De esta manera se observa que en el año 2017 la inflación del 25% permitió un aumento de las prestaciones sociales del 28,1%. En cambio, para el corriente año, en el cual se proyecta una tasa anual del 42%, la fórmula de movilidad prevé tan sólo un aumento de 28,5%. De manera simultánea, y a diferencia de lo sucedido en los años anteriores, la canasta de alimentos viene creciendo a un ritmo superior al nivel general de precios. Por lo tanto, durante el 2018 se proyecta que la caída del nivel real de la AUH será del orden -9,5% que, considerando la inflación del rubro alimentos y bebidas, se profundiza al -13,2%. En suma, el recorte del valor real de las asignaciones universales se ubica entre el -9% y el -12,4%.
El «colchón» de financiamiento autorizado por el FMI para destinar a la emergencia social durante el corriente año asciende a $ 21.669 millones. No obstante lo anterior, el gobierno sólo ha reforzado las partidas del gasto social en $ 10.500 millones, por debajo del 50% de sus posibilidades. Es decir, que así como sobre cumple las metas macroeconómicas demandadas por los acreedores, desperdicia oportunidad y recursos (que incluso están contenidos en el marco del acuerdo con el FMI) para atender las crecientes necesidades de la población.
Tocando fondo
Entre abril y junio, una fuerte corrida bancaria hizo bajar las reservas en 15.000 millones de dólares. Mientras, el peso se devaluó casi un 20% en menos de 90 días. Con reservas que perforaron el piso de los 50.000 millones, el Gobierno macrista decidió activar un acuerdo con el FMI.
La primera transferencia del organismo internacional fue el 25 de junio por 15.000 millones de dólares. La moneda norteamericana, por esos días, cerró en torno a los $ 28. ¿Cuál es la situación tres meses después? Prácticamente ya se fugaron esos 15.000 millones que mandó el FMI. Así las cosas, en 90 días las reservas bajaron de 63.000 millones a 49.000 millones. Por día hábil, el Central dilapida entre 150 y 400 millones de dólares.
Además, apareció otra luz amarilla en el tablero de comandos del Central: la caída de los depósitos privados en dólares del sistema financiero. Los pequeños y medianos ahorristas empezaron a retirar sus ahorros en dólares de los bancos por miedo a un corralito o riesgo similar. Desde la última corrida de fines de agosto, se fueron de los bancos casi U$S 2.000 millones, a pesar de las restricciones de las entidades para retirar el efectivo (en general se exige una «reserva» con 48 a 72 horas de antelación). Esa sangría por goteo no se detiene, aunque muchos especialistas destacan que todavía no impacta sobre el monto total de los depósitos de U$S 25.000 millones.
El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) informó que por la menor actividad fabril y en la construcción, por séptimo mes consecutivo, el empleo volvió a caer en la industria.
El empleo registrado en el sector manufacturero se redujo en junio 2018 (último dato disponible) en 5.834 puestos de trabajo, según el informe. Así, con relación a junio de 2017, la industria acumula 25.051 trabajadores formales y 55.716 puestos menos que en junio de 2016.
Se explica, en gran medida, por el retroceso de la producción: según la UIA, en julio el sector presentó una contracción interanual de -4,4%.
Uno de los sectores más afectados son las manufacturas de cuero. Según Ariel Aguilar, «desde diciembre de 2015 cerraron 80 empresas con 3.000 despidos. En calzado otras 300 fábricas con 7.000 despidos y tenemos 25 curtiembres que bajaron las persianas. La cadena del cuero ya perdió 13.000 puestos de empleo».
Otro sector afectado es el textil, que espera redondear 2018 con una pérdida de 30.000 empleos solo en la rama de confección. En el sector de los sweaters ya cerró el 30 % de las empresas.
Sin embargo, en medio de la caída de la economía, el rubro financiero tuvo un espectacular crecimiento del 8,7%, de acuerdo a los datos del INDEC. Retrocedieron el agro, la pesca, la industria, el comercio, transporte y comunicaciones y hoteles y restaurantes, pero volvió a destacarse y avanzar con más fuerza el rubro «intermediación financiera».
Se trata de un sector que engloba al conjunto de los bancos, entidades de tarjetas de crédito, casas de cambio, agentes de Bolsa, cooperativas de crédito, compañías de seguro y demás agentes financieros.
Conflictos gremiales
La ocupación pacífica del CCK por trabajadores de Télam se desarrolló 48 horas después de que personal jerárquico de la agencia nacional decidiera emitir cables el jueves a través de una Télam fantasma con sede en Tecnópolis, que no cumple con los mínimos requisitos de profesionalidad ni rigor periodístico y que, dada sus escasas cualidades informativas, puso al aire con carácter gratuito para los abonados. Reclaman la apertura de una mesa de negociación formal en la que intervenga el Ministerio de Trabajo y en la que se negocie de manera certera una solución al conflicto por la reincorporación de 357 despedidos.
Los judiciales de la Ciudad de Buenos Aires lograron reabrir las paritarias y sellaron un nuevo acuerdo. Tras un conflicto que se agudizó al finalizar la feria de invierno, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad (SITRAJU) acordó con el Consejo de la Magistratura porteño recomponer el salario de los casi 6.000 trabajadores que representa.
El aumento adicional es del 13% a cobrarse en tres tramos, y se le agrega un aumento de la suma adicional vigente a $ 3.300 desde el mes de septiembre (13,5% de aumento).
Además, lograron imponer un esquema de paritarias abiertas, ya que en el acuerdo se incluyó una cláusula de revisión para finales de noviembre a los fines de «evaluar futuras correcciones salariales».
Renault suspenderá 1.800 empleados desde esta semana y Fiat 2.300. Según informaron las firmas los empleados cobrarán solo el 75% de los salarios.
Estas nuevas suspensiones en Córdoba, se suman a las ya anunciadas 1.400 en la fábrica de General Motors en la provincia de Santa Fe y otros 1.400 en Volkswagen.
La noticia fue confirmada por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) de Córdoba y Santa Fe que no mencionaron medidas concretas para frenar este nuevo ataque a los trabajadores. Desde Renault advirtieron que «todo lo implementado está acordado con el sindicato Smata» e intentaron justificar la medida por la caída de la demanda.
El caso de Fiat será el peor, porque afecta a 2.300 trabajadores de la planta, que no podrán ir a trabajar entre el lunes 24 y el viernes 28 de este mes. Curiosamente, el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, alentó la corrida del dólar.
Renault suspenderá en los mismos días a unos 1.800 operarios del complejo industrial que tiene en la localidad de Santa Isabel, también en la provincia de Córdoba.
Por su parte General Motors puso en marcha la semana pasada un cronograma de suspensiones rotativas en la planta que tiene la empresa en General Alvear, al sur de la ciudad de Rosario. La medida afecta a 1.400 operarios.
También por la acumulación de stock, la firma estadounidense bajó un turno de producción en la planta hasta fines de enero del año próximo. Los trabajadores afectados cobrarán un 70 % del salario.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Clarín, La Nación, Anred, APU, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, marcha.org.ar, Tiempo Argentino, Prensa F.T.C.I.O.D y A.R.A., www.infogremiales.com.ar.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.