La tradición por la conmemoración del 1ro de mayo en la Argentina data de 1890, con actividades que se hicieron por primera vez en simultáneo en varias ciudades del mundo.
La violencia física sobre los trabajadores y las trabajadoras que motivó la conmemoración mundial hace 133 años, era expresión de otra, sistemática, oculta, por las relaciones de explotación capitalistas, que nuestro país extendía aceleradamente, de la mano del capital externo y local, en el último cuarto del Siglo XIX.
Desde entonces se sucedieron procesos de construcción política de la identidad de la clase obrera argentina, en el inicio atravesada por la cultura anarquista, socialista y comunista de la inmigración por más de siete décadas.
Es un proceso que cambiará a mediados de los cuarenta del Siglo XX con el surgimiento del peronismo, hegemónico en el movimiento obrero y popular por casi setenta años.
Se trata de una identidad política, el “peronismo”, que perdura hasta el presente, con signos visibles de crisis política y dispersión organizacional con base en la fragmentación socio económica y política.
En efecto, los cambios en las relaciones capitalistas desde la emergencia de la dictadura genocida en 1976 supusieron mutaciones sustantivas en la relación entre el capital y el trabajo.
Son fenómenos que describen la realidad socio económica del presente con la caída de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, beneficios sociales), precariedad y flexibilización laboral y salarial, desempleo, subempleo y sobre-trabajo, agigantando la desigualdad en la apropiación del ingreso y de la riqueza.
Es un proceso estructural de desarme de derechos individuales, colectivos, sindicales y sociales ganados en la histórica lucha del movimiento obrero hasta el advenimiento de la genocida dictadura.
La fragmentación de la clase obrera es el resultado, y devino en desarticulación de la organización sindical, dando lugar a la proliferación de nuevas formas de organización socio económica autogestionaria, en movimientos sociales territoriales, emprendimientos económicos, cooperativas, empresas recuperadas, las que otorgan nueva fisonomía al movimiento de trabajadores y trabajadoras en el país.
En ese marco, surge en medio de una fortísima escalada de resistencia en el cambio del siglo, la CTA, un intento de nuevo agrupamiento del movimiento obrero bajo la novedosa fisonomía emergente de la fragmentación.
La CTA será atravesada por las nuevas representaciones políticas que disputan el gobierno del capitalismo local del nuevo siglo, que pasan del bipartidismo (radicalismo vs peronismo) al bi-coalicionismo (kirchnerismo vs macrismo), alejando la construcción de una nueva expresión política del movimiento de trabajadores y trabajadoras en la Argentina.
Ese es el desafío en este tiempo histórico, de avanzar en un nuevo reagrupamiento del movimiento obrero y popular, que le otorgue nueva identidad y organización a la lucha de la clase trabajadora, no solo por las reivindicaciones democráticas relativas al ingreso y las condiciones de trabajo y salud laboral, sino a una perspectiva de disputa del poder para la emancipación.
Se trata de un desafío similar a lo que acontece en el capitalismo contemporáneo, de fuerte ofensiva del capital en contra del trabajo, de la naturaleza y de la sociedad.
Conmemoración en el 2023
Esa fragmentación se expresó en la conmemoración del primero de mayo de este año.
Se realizaron múltiples actividades, previas incluso al 1ro, con actos el día 30, el propio 1ro, en distintas horas y lugares de la ciudad de Buenos Aires y en todo el territorio nacional. Actos que se despliegan aun este 2 de mayo en local cerrado organizado por la CGT.
Más allá de los diagnósticos que pueden ser compartidos en materia de caída del salario, la precariedad laboral, el desempleo, el sobre trabajo, el deterioro de los ingresos populares en general, sean trabajos en relación de dependencia o aquellos en situación de irregularidad por la impunidad empresarial, la diferencia está en “la política”.
El deterioro socioeconómico es algo que corroboran las cifras oficiales provistas por el Ministerio de Trabajo y difundidas por el INDEC, asumidas por las autoridades económicas y el gobierno. Lo que se debate es “la política”.
No ha habido posibilidad de unidad del movimiento obrero, social y popular para plantear un rumbo, una política en común para resolver los problemas objetivos en los que todos coinciden, que tienen un efecto e impacto socio-económico dramático y regresivo en materia de la pobreza, la indigencia, el deterioro de la condición de vida de la mayoría de la población que vive de la venta de la fuerza de trabajo.
Por eso este 1ro de mayo debe pensarse como fecha histórica que pone en evidencia la crisis política que hay en la Argentina. Que no es solo una crisis que remite a quien gobernará el país en función del proceso electoral de renovación presidencial de este año.
Asistimos a un proceso político lleno de incertidumbres, sin candidaturas que estén definidas, especialmente de quienes disputan el gobierno en el país.
El proceso político está en curso con elecciones provinciales que se vienen sucediendo hasta las “primarias” de agosto próximo, que definirá el escenario de la disputa por la gestión del capitalismo local, a resolverse en octubre y noviembre en caso de balotaje.
La crisis política no es solo en materia de quien gobernara la Argentina a partir de diciembre, también atraviesa la propuesta de acumulación de poder popular.
Dentro del poder se discute cuáles son los acuerdos que hay entre las principales coaliciones políticas que definen el gobierno de la Argentina para intentar superar la crisis.
El embajador estadounidense propuso un gran acuerdo para hacer gobernable al capitalismo local, un gran acuerdo programático, de lo que hay que hacer para superar los problemas actuales, especialmente la inflación y la estabilidad de ella derivada.
Un ejemplo de “acuerdo” estratégico ocurrió por la deuda pública, especialmente con el FMI, verdadero condicionante de la política en el país, siendo un tema que estuvo en todos los debates del 1ro de mayo.
El acuerdo con el FMI tiene en la base ser un producto del consenso estructural de las principales coaliciones que definen la hegemonía política en el país, incluso con relativa oposición de sectores de la coalición gobernante, tal como lo manifiesta públicamente la vice, que demanda revisión, contra la anulación enarbolada por variados actos de la conmemoración en el día internacional de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores.
La coalición opositora se jacta de que el acuerdo con el FMI es gracias al apoyo parlamentario que le otorgaron a la propuesta del poder ejecutivo que es quien negoció con el FMI este acuerdo incumplible. Es una realidad comprobada desde hace 40 años, ya que todos los turnos desde 1983 renegociaron la deuda con acuerdo político.
La devaluación es la demanda del poder
En la gestión de Sergio Massa desde que asumió a comienzo de julio 2022 ha visitado la sede del FMI en Washington en reiteradas ocasiones demandando flexibilizar las incumplibles metas acordadas en marzo 2022. Tarea posible por los históricos y renovados lazos del ministro con la política norteamericana.
Ahora la discusión es si el Fondo anticipará, aunque sea una parte de los recursos que tiene que desembolsar hasta fin de año para poder de alguna manera resolver la corrida cambiaria y las presiones de devaluación del poder económico y del poder político.
Un poder que construye consenso social mediático con el discurso hegemónico de profesionales, periodistas y panelistas a sueldo que pregonan como solución la devaluación del tipo de cambio, exacerbada con los delirios por la dolarización del ultra liberal Javier Milei.
Los propios economistas del oficialismo avanzan en una devaluación “micro”, cotidiana (“crawling peg”), para evitar hablar de una mega devaluación.
Esas minis devaluaciones acompañan un proceso inflacionario que crece, y que en abril superará al 7,7% de marzo. Un valor que escandalizó y motivo a una actualización del tipo de cambio oficial que afecta los ingresos populares y la capacidad de satisfacer necesidades.
Todo en el marco de una brutal especulación que disparó el dólar ilegal a casi 500 pesos y que, aun retrocediendo por acciones dispuestas desde las autoridades, la realidad es un nuevo piso en la cotización, lo que convalida una aceleración de la devaluación. Toda devaluación afecta los ingresos populares.
Por eso sostenemos que se trata de una crisis política, no solo de los que se disputan quien gobernará la Argentina, sino que hay una crisis de política de respuesta alternativa, de un movimiento obrero, social, popular, extendido y fragmentado que lleva adelante un conjunto de propuestas y actos políticos críticos que no terminan de condensar en una propuesta política alternativa que entusiasme a la población para comenzar un proceso de transformación integral en la Argentina.
Una propuesta que no privilegie la tasa de ganancia o las expectativas del poder económico, sino la necesidad de satisfacer necesidades sociales extendidas de la mayoría de la población en el país. Es el desafío político que deja el primero de mayo de 2023.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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