ME DESPIDIERON Son las 5 de la mañana, tomando mate, tratando de entender ¿por qué me despidieron? Ayer llegué a la empresa donde trabajo hace 6 años, Villa D’agri, me cambié fui al comedor a tomar un café antes de comenzar la jornada, se me acerca un compañero de vigilancia y me comunica que no […]
Vicente Ferrer, jubilado de 70 años, se estaba yendo sin pagar de una sucursal de Coto del barrio porteño de San Telmo, ubicada en Brasil 575. Sucedió el viernes pasado. Se llevaba queso, aceite y un chocolate. No sería raro que la plata no le alcanzara para pagar. Más para un hombre solo como él, jubilado y con demencia senil.
No se sabe si lo hizo intencionalmente, si intentó robar. La realidad es que no se lo dejaron explicar: los custodios del supermercado lo mataron a golpes. Le dieron una paliza que según los testigos empezó dentro del comercio. Después lo arrastraron varios metros y lo dejaron tirado en la vereda, frente a una panadería. Según testigos, también le habrían pegado patadas cuando ya estaba en el suelo, inmóvil, sin oponer ningún tipo de resistencia.
Vicente murió de un infarto después de la golpiza. Una joven estudiante de Medicina que pasaba por ahí, fue la única que trató de reanimarlo. Después de que los custodios lo dejaran solo y tirado, se acercaron varios efectivos de la Policía de la Ciudad, aparentemente advertidos por vecinos del barrio. Lejos de reaccionar rápidamente para tratar de salvarle la vida, se quedaron a su alrededor. Su única preocupación era ocultar todo. Nicolás Ramos, vecino del barrio y fotógrafo, llegó cuando la escena se presentaba de esa manera y sacó la foto que trascendió. Uno de los efectivos lo increpó y le pidió que no sacara fotos. Cuando el SAME llegó Vicente ya no presentaba signos vitales.
Los autores del asesinato están detenidos, acusados por el delito de homicidio. El caso es investigado por el juzgado Criminal y Correccional 33 a cargo de Darío Osvaldo Bonanno.
Para entender el homicidio de Vicente Ferrer después de escapar con alimentos del Coto de San Telmo es necesario comprender el sistema de castigos y maltratos a los empleados de la empresa que la socióloga Paula Abal Medina estudió durante más de una década. Uno de los entrevistados por la académica lo dice claro: «Coto nunca pierde». Cada vez que hay un faltante de mercadería en una sucursal el responsable es el jefe de sector. Si alguien se roba un queso el encargado de lácteos debe pagarlo de su sueldo y él y los miembros de su equipo pueden recibir una suspensión temporal o una degradación del cargo. Eso explica -en parte- pero no justifica la violencia con la que responden los empleados ante un intento de hurto; eso explicaría por qué dos trabajadores persiguieron a un jubilado y le pegaron hasta matarlo.
Motivado por su afán de evitar descuentos un joven empleado había desarrollado un método de tortura particular. Cada vez que le avisaban que habían agarrado a alguien robando mercadería de su sección los hacía encerrar en una cámara de frío a 21º bajo cero y les apagaba las luces. «Está oscuro, tienen miedo y frío. Ese tipo no vuelve más», explicó. Otros empleados de Coto preferían encerrarlos en cuartitos donde los golpeaban o los maltrataban. «Llega un momento en el que vos decís ‘yo no quiero perder, no quiero que me falte plata, y así es como te vas uniendo a todo eso. Después te terminás riendo, lo contás como una hazaña o como algo gracioso», explicó un ex encargado. La empresa daba vía libre para que cada uno desarrollara sus propios métodos.
Los testimonios forman parte del libro Ser sólo un número más. Trabajadores jóvenes, grandes empresas y activismos sindicales en la Argentina actual, en el que Abal Medina incluyó varias de las decenas de entrevistas en profundidad que realizó entre 2001 y 2010. «En esa empresa funciona un dispositivo que llamé de ‘exaltación de la debilidad del trabajo’ que transforma situaciones límite de este tipo en algo rutinario. Es decir: no siempre desembocan en la muerte, pero sí crean un sufrimiento y una indefensión descomunal», explicó.
El relato oficial que difundió la Policía de la Ciudad sobre la muerte de Vicente Ferrer en San Telmo dice que «una empleada de una panadería próxima al lugar indicó que previa a la detención los empleados de seguridad le habían efectuado gran cantidad de golpes de puño, en momentos que el sujeto intentó arrojar la botella de aceite que tenía en sus manos hacia uno de ellos, sin lesionarlo».
En este relato aparecen dos personas: un empleado directo de Coto y un empleado de seguridad de una empresa tercerizada que recibe órdenes de la cadena de supermercados: Gabriel de la Rosa, de 23 años. «El cumplió con el protocolo que es proteger que no se lleven las cosas. Civilmente se puede retener a un individuo que hurta, no detener: se llama arresto ciudadano eso», dijo Alejandro Broitman, abogado defensor del joven.
Don Alfredo
Alfredo Coto aprendió de su padre Joaquín los conocimientos sobre comercialización de carne. Desde 1987, cuando inauguró su primer supermercado, inició un crecimiento sostenido que convirtió a su empresa en una de las más importantes del país. Hoy la cadena tiene 120 sucursales extendidas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, otras localidades de la provincia y las principales ciudades del interior.
El estallido de diciembre de 2001 le dejó a Alfredo Coto una enseñanza: en un país de crisis frecuentes su cadena de supermercados era un blanco fácil para las masas hambrientas. «Coto es una empresa y la asistencia social no es una tarea que nos corresponde a nosotros», dijo en una entrevista en esos días. A partir de ese momento comenzó a prepararse para resistir un eventual intento de saqueo. ¿Cómo? Comprando armas en el mercado ilegal.
En 15 años la familia Coto acumuló ametralladoras, rifles, escopetas, pistolas, revólveres, armas anti-tumultos, chalecos antibala, 22 cascos, 29 escudos anti-tumulto, 227 granadas y más de 3.000 municiones que escondieron en un depósito en la casa Central de Caballito. El arsenal fue descubierto de casualidad por un grupo de inspectores de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo que controla la tenencia y comercialización de armas. Hace unos meses, la justicia lo sobreseyó a él y a su hijo Germán en la causa iniciada.
Según explicó el periodista Diego Genoud en la revista Crisis, de la declaración de los empleados se desprende que las armas eran para reprimir posibles saqueos.
«Cuando llegás a jefe tenés que ser un hijo de puta, si no, no servís; es así», le dijo a Abal Medina un ex encargado del sector de lácteos. Para mantener firmes las estructuras internas de poder la empresa fomenta la competencia y la exacerbación de diferencias jerárquicas, no sólo a través del sueldo sino también en el color de los uniformes y en la disposición de las oficinas.
«Los encargados de sector deben rendir cuentas mensualmente de sus balances en reuniones a las que a veces también asiste el dueño de la empresa. Un nivel de ventas en el sector que la empresa considera menor al esperado, desencadena una multiplicidad de sanciones: desde una disminución salarial hasta un descenso».
La facturación de Coto en 2018 fue de US$2.500 millones. Alfredo Coto es el dueño de la cadena de supermercados de capitales nacionales más importante del país y acumula una fortuna de u$s1.100 millones de acuerdo al ranking de la revista Forbes de mayo de 2018.
La cadena tiene más de 120 sucursales en distintos puntos del país, pero se concentra sobre todo en Capital y provincia de Buenos Aires. Registra ventas anuales por más de $53.000 millones y cuenta con más de 18.000 empleados propios y casi 3.000 tercerizados, fundamentalmente en tareas de limpieza y seguridad.
Tiene 77 años. Hoy es dueño de tres frigoríficos y en 2018 la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, ubicó a Coto en quinto lugar entre los mayores grupos frigoríficos del país.
Posee una planta frigorífica en La Matanza, Famaba, con capacidad de faena de entre 20.000 y 30.000 cabezas mensuales. En Esteban Echeverría tiene una planta de producción avícola en la que invirtió $90 millones. Comenzó abasteciendo la demanda de pollo de sus locales, pero hoy abastece a otras cadenas. Un 30 % de lo que produce es destinado al mercado interno y el 70 % se exporta a la región. Según Coto, «tiene capacidad para producir 6.000 pollos por hora».
En 2018 compró el frigorífico que fuera propiedad del empresario local José Mattievich, conocido como ex Fricop. Faena 15.000 cabezas mensuales y emplea a 600 personas. Vuelca alrededor del 85 % de la producción al mercado interno. Al resto lo exporta a China, Europa, Perú y Chile. Además posee cupo de la Cuota Hilton que le permite exportar carne de alta calidad a Europa.
Tiene más de 400 camiones y barcos de su propiedad. Además, 23 restaurantes ubicados en el patio de comidas Zona Z donde l os clientes acceden a la carta y hacen pedidos desde tablets. En 2014, Alfredo Coto desembolsó u$s125 millones por un terreno en la Bahía de Biscayne, en Miami. Días después invirtió alrededor de 20 millones de euros en la compra de un edificio corporativo en Madrid. Sobre el terreno que compró en los Estados Unidos, levanta una torre de 66 pisos con departamentos de lujo.
Para darse una idea, algunos de ellos cuestan 8 millones de dólares. Pero ofrece un «combo» en sociedad con la automotriz Aston Martin. Un departamento tipo penthouse y un Aston Martin Vulcan por «solo» 50 millones de dólares.
En Dubai tiene oficinas propias y montó un eCommerce. «En Shangai, China, está terminada la oficina y contamos con gente trabajando allá y estamos en Alemania y Chile», se enorgullece. Coto Shanghai le vende carne a restaurantes, hoteles y supermercados chinos. Con la filial china y la de Dubai prevé superar los US$100 millones en exportaciones este año.
Coto no edificó su imperio solo. Tampoco por sus «geniales ideas» o la «innovación». Entre otras cosas, echó mano al fraude laboral de las tercerizaciones para que su personal le cueste menos, con el aval de todos los gobiernos. Ha contado con el apoyo de la dirección del Sindicato de Comercio, que ha dejado pasar todo tipo de atropellos a sus trabajadores y trabajadoras.
Además fue uno de los beneficiados por la «Ley de Amnistía Fiscal», que permitió a los grandes empresarios blanquear millones que usaban para la evasión, la especulación y la fuga de capitales. Don Alfredo encabezó el ranking con 70.000 millones de pesos sin tener que pagar multas ni impuestos. Pero no es la única maniobra de los Coto. La investigación de los Panamá Papers descubrió que la empresa tenía tres sociedades en Panamá y otra en Islas Vírgenes.
Una de las claves de las millonarias ganancias de Coto, al igual que las otras grandes cadenas, son los precios que imponen a los productos de consumo masivo. Al inicio del gobierno de Macri, el Sindicato de Comercio de Rosario mostró con datos indiscutibles la impresionante diferencia entre los precios a los que Coto compraba al distribuidor y los que vendía al público. En el caso del arroz era del 100%. Pero además las remarcaciones eran muy altas. En el caso de la leche había pasado de un margen de 60% a uno de 125%. Esos son los precios que Vicente Ferrer no pudo pagar.
Después de las PASO Don Alfredo salió a hablar y pidió que Macri y Fernández se junten para encontrar una salida a la crítica situación que atraviesa el país. Aunque no le está yendo nada mal, tiene frescos los recuerdos de diciembre del 2001 cuando forzaba a su personal a defender los locales de los intentos de saqueo con fierros y palos de hockey.
Chubut: continúa la lucha
El viernes 23 se realizó una reunión convocada por el Gobierno provincial con la Mesa de Unidad Sindical, mientras se cortaba la ruta 3 a la altura del Aeropuerto de Trelew, los sindicatos agrupados en la Mesa de Unidad Sindical (MUS) rechazaron la propuesta de un nuevo cronograma de pago de salarios presentada por el gobierno por no responder al conjunto del reclamo. Además, el gobierno ofreció el no descuento de los días de paro, la devolución de haberes a los docentes que habían sufrido la afectación de casi el 50 % y pidió el levantamiento de los piquetes y cortes en la zona sur de la provincia (Sarmiento y Comodoro Rivadavia) donde se encuentran los pozos petroleros, corazón productivo de la economía de Chubut. Los piquetes han provocado que Pan American Energy que opera en Cerro Dragón -el principal yacimiento del país- reprograme sus actividades por los sucesivos cortes de ruta ya que impiden el normal acceso a los yacimientos de personal y contratistas de la compañía.
Otro punto importante que se dio a conocer en la reunión, es la deuda de 1.500 millones de pesos (solo de 2019) que mantiene el Estado provincial con Seros, la obra social de los trabajadores. Inexplicable, ya que hasta el día de hoy, los trabajadores estatales siguen aportando de su sueldo a la obra social. Esto demuestra una vez más que es exclusiva responsabilidad del gobierno la falta de prestaciones médicas.
El rechazó se hizo sentir en toda la provincia, por ejemplo los autoconvocados de Puerto Madryn manifestaron que: «No podemos naturalizar el #PagoEscalonado. ¡Digamos Basta! Reconocieron por otro lado deuda a la obra social, unos $1.500 millones de pesos. Obra social que hasta el día miércoles continúa cortada. No hay plan concreto con respecto al arreglo de las escuelas. ¿Pretenden seguir atándolas con alambre? Les estudiantes de Chubut merecen una educación de calidad, que sólo puede darse en condiciones dignas. ¡Necesitamos que se regularice el TEG! ¡Necesitamos una respuesta positiva a nuestros reclamos y no sólo promesas de próximas reuniones!».
En Trelew, docentes junto a estudiantes universitarios, terciarios y secundarios están organizando una Asamblea para el sábado a las 16:00 en la puerta de la Escuela Nº 747 (ex Nacional) para discutir y votar próximas medidas de lucha para la semana que se inicia el lunes 26 de agosto. En Comodoro y Sarmiento se mantienen los cortes que impiden el paso a los pozos petroleros y en el centro de la ciudad (Plaza San Martín) los trabajadores estatales se movilizaron y difundieron la lucha en el centro de la ciudad. En Esquel, luego de la gran movilización del jueves 22, se mantiene el paro y la ocupación de la sede de la obra social Seros, y en Lago Puelo hubo una masiva clase pública de docentes y estudiantes en la plaza Teresita.
La lucha contra el ajuste de Arcioni sigue firme en toda la provincia. El secretario General de ATECh provincial en Rawson ante miles de trabajadores estatales dijo que la próxima semana la CTERA convocaría a un paro nacional. Es necesario que todos los sindicatos nacionales le pongan fecha a un paro nacional. La lucha de los trabajadores de Chubut tiene que triunfar.
Mientras, el gobernador dijo que «está situación seguirá al menos 6 meses más», confirmando que mantendrá el ajuste. El jueves el ministro de Economía, Oscar Antenena, confirmó el pago de una nueva cuota salarial, pero también aseguró que el mecanismo de pago escalonado continuará al menos hasta 2020.
El 22 de agosto, aniversario de la Masacre de Trelew, en la que fueron fusilados 16 militantes en 1972, la MUS, compuesta por gremios como Atech, Sitrajuch, Sitravich, Sadop, APISSyS, Apel, Sisap, Sutap y las dos CTA, entre otros, convocó a una multitudinaria movilización, durante la cuarta semana consecutiva de conflicto en la provincia, que partió desde el Museo de la memoria (ex aeropuerto) de Trelew hacia la Casa de Gobierno en Rawson.
El día anterior, el gobernador provincial, aliado de Alberto Fernández, fue a Buenas Aires a reunirse con otros gobernadores para exigirle a Macri compensaciones por las últimas medidas que desfinanciarían las provincias. Pero la reunión más importante de la que participó fue con las empresas petroleras de Chubut y las cúpulas del sindicato petrolero. Las empresas garantizaron que seguirán invirtiendo y Arcioni les garantizó que seguirán teniendo siderales ganancias.
Al día siguiente se realizó en Buenos Aires una movilización convocada por la izquierda, el sindicalismo combativo y movimientos sociales, que luego de concentrar en el Obelisco se dirigió a la Casa de Chubut como muestra de apoyo a la lucha de los trabajadores y el pueblo chubutense. Y finalizó en Plaza de Mayo con un acto.
Tanto en esta marcha por el centro porteño como en la realizada en la provincia de Chubut existe un común denominador: la exigencia a las centrales sindicales nacionales que rompan la tregua con el gobierno de Macri y los ajustadores provinciales, y convoquen a una huelga general para enfrentar las políticas de ajuste impulsadas por el FMI que día a día empeoran la calidad de vida del pueblo trabajador, y para brindarle todo el apoyo a los chubutenses.
Jornada Nacional de Lucha: masivas asambleas populares en todo el país y Polentazo nacional
Este jueves, se realizaron Asambleas abiertas masivas, convocadas por la CTEP, CCC, «Somos» Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán. A la que se sumaron con un «polentazo» el FOL, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, MTD Aníbal Verón, Federación de Organizaciones de Base -Buenos Aires, MTD Oscar Barrios, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de abril, MRP, Frente Arde Rojo- COPA en Marabunta, MTR por la Democracia Directa, Igualdad Social.
Ambas actividades confluyeron al mediodía en el Obelisco de Buenos Aires y en las principales plazas del país.
Porque el hambre se vive y se sufre en los barrios y en las calles argentinas. Porque el 70% de la población le dijo NO a Macri en las elecciones. Porque el gobierno carece de legitimidad y poder, «por eso estamos aquí, movilizándonos y exigiendo una inmediata solución a la crisis que estamos viviendo», afirmaron los convocantes de la Asamblea Abierta.
Allí hablaron representantes de las organizaciones convocantes y tras una votación, a mano alzada, se ratificaron dos nuevas movilizaciones que se harán el 28 y 30 de agosto con motivo de la realización del Consejo del Salario, el cual establece el salario mínimo y que sirve de referencia para determinar el salario social complementario que cobran las y los trabajadores de la Economía popular, razón por la cual los movimientos sociales reclaman tener representación en dicha reunión junto a los representantes de los sindicatos tradicionales.
Vialidad Nacional avanza en la venta de inmuebles y los trabajadores hablan de privatización
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció la intención de venta de sedes distritales de Vialidad Nacional en cada provincia. Todo salió a la luz ante una circular masiva del organismo bajo el control del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en la cual directivos del organismo demandan a cada distrito copia digital de los planos y constancias de habilitación de las mismas.
«Estos hechos llevan incertidumbre y preocupación al trabajador, que ve peligrar su lugar y fuente de trabajo, y busca restringir la capacidad operativa para privatizar nuestras funciones como quieren pero no logran por la unidad y resistencia de los viales», aseguró Graciela Aleñá, secretaria General de los viales.
«Ya contamos con el antecedente de lo sucedido con la sede del 1º Distrito Buenos Aires, el 10º Distrito Corrientes, a lo que se suma el 7º Distrito Santa Fe y el 4º distrito Mendoza, donde observamos una metodología similar cuyo único objetivo fue la enajenación de los inmuebles que no son ociosos», sostuvieron los viales en una nota remitida al organismo que encabeza Patricia Gutiérrez, exigiendo que ratifiquen la intención de venta o no de las sedes ubicadas estratégicamente en cada provincia.
El STVyARA calificó así de «provocación» la acción de Dietrich ya que se emitió dicha circular en el pleno momento en que sesionaba un Plenario de Secretarios Generales de los 25 distritos con el objetivo de implementar un plan de lucha ante la pérdida de más del 30% del poder adquisitivo de los salarios durante el 2018. «Ahora arrancamos además el 2019 con la venta de nuestros lugares de trabajo que pasarían a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Lo que están haciendo es desguazar Vialidad Nacional, a pesar de las acciones de marketing que hacen por la compra de maquinarias», argumentó Aleña.
Por otro lado, los trabajadores viales celebraron el ingreso del Proyecto de Declaración de la Emergencia Vial presentado en el Senado de la Nación y bregan por su pronto tratamiento en el intento de que prospere esa declaración que «prohíbe el despido de agentes» por 24 meses.
Frente a lo que los trabajadores consideran la situación como «muy delicada», la prohibición de las desvinculaciones durante los 2 años será una «garantía» frente a los recortes y el achicamiento de la repartición.
La iniciativa que plantea el cese de despidos y la ampliación de presupuesto para Vialidad Nacional, fue presentada por Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA) a la Senadora del Frente Todos, Cristina López Valverde, quien en conjunto con un grupo de senadores, la elevó al Senado de La Nación.
«Mientras el Ministro Dietrich hace marketing electoral hablando de `rutas seguras’, la realidad es que hoy en Vialidad Nacional nuestros trabajadores no tienen recursos ni para cortar el pasto o hacer bacheo, sumado a que hay más de 100 obras paralizadas. Avanzaron a tal punto en la destrucción del organismo que hoy es urgente declarar la emergencia vial», exigió Aleñá.
El documento, que lleva la firma de los senadores Larraburu, Durango, Fuentes, Vergara, María González y López Valverde destaca que: «En los últimos años, la cantidad de obras iniciadas registra un franco descenso alcanzando su punto más bajo en 2018, año en el que solo se licitaron nueve. No se constata un número tan exiguo desde 2002, cuando la cantidad de obras licitadas fue tan solo de cinco».
Asimismo, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) anunció el quite de colaboración a nivel nacional «contra la baja salarial» y tras la decisión de la administración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de impedir el reintegro de la retención de aportes del mes de Julio a los trabajadores, tal como había dispuesto el sindicato como medida extraordinaria.
La medida votada en asamblea, afectó las tareas de las diferentes áreas y de los Distritos del interior. «Este es un nuevo atropello para los trabajadores de Vialidad Nacional. No solo se nos impuso una paritaria vergonzosa de manera unilateral y en complicidad con el sindicato patronal de UPCN, sino que además tampoco se respeta el pedido de reintegrarles a los trabajadores el descuento correspondiente a Retención de Aportes del primer mes de aumento. De no tener respuestas favorables, nos veremos en la obligación de profundizar las medidas de fuerza», sostuvo Aleñá.
El pasado 16 de agosto en un comunicado e l Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), se pronunció en relación a la paralización de las obras en la ruta 3 que conecta las localidades de Monte, Las Flores y Azul en Provincia de Buenos Aires y se solidarizó con el despido de 55 operarios, que fueron contratados bajo la modalidad del sistema de Participación Público Privada (PPP).
«Esta paralización de obras era más que previsible. Venimos denunciando que la prioridad de este Gobierno en materia de obra pública siempre fue hacer campaña electoral, hablando de que hacen rutas que finalmente no completan. Es realmente muy lamentable que por culpa de esta mala gestión haya más trabajadores que se queden hoy sin su fuente de trabajo. Debemos estar alertas porque esto mismo puede suceder en otras rutas nacionales, como en el caso de la 5 y la 7», advierten.
«El modus operandi del Ministro Dietrich es siempre el mismo: Inaugurar 3 u 8 kilómetros como si se tratase de obras faraónicas, para sacar la foto. El objetivo de esta gestión siempre ha sido claro: Desguazar Vialidad Nacional, subvencionar sus propias empresas con las PPP y sacarnos tareas y recursos a los trabajadores viales», expresó Aleñá.
Además, calificó como «irresponsable» el manejo de recursos estatales que realizó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante la gestión de Cambiemos y expresó: «Por agregar otro ejemplo, en Casa Central vemos cómo destinan entre 8.000 y 10.000 dólares por mes para alquilar una oficina, con la excusa refaccionar un piso en la sede central. Han duplicado la estructura existente con cargos de gerencias y subgerencias con sueldos exorbitantes a la par de haber girado 1.500 millones de pesos a Corredores Viales S.A, entre tantas cosas que podríamos mencionar».
«Jamás plantearon un proyecto vial serio y la situación es alarmante. Vialidad Nacional tiene que volver a ponerse de pie como organismo federal a cargo del mantenimiento de las rutas en todo el país», finalizó Aleñá.
Suschen
Desde el 11 de julio hacen permanencia pacífica en la fábrica ubicada en Manuel Estrada 295, Rafael Castillo, La Matanza. Allí se fabricaron las Mielcitas, Naranjú, las semillas Girasol, entre otros productos, que en momentos de crisis fue cuando más ventas tuvieron por su bajo precio. Son 101 trabajadores, el 80% mujeres. La mayoría son madres solteras y sostén de hogar, de entre 17 y 25 años de trabajo. La Comisión interna está integrada por cinco de ellas. Lograron pasar de operaria a operaria general y después a operaria calificada. Aunque, deberían ser «oficiales» porque como lo explican las delegadas «manejamos máquinas». También comentaron que año a año fueron exigiendo mejorar las condiciones de trabajo, de salubridad y de seguridad.
Pero todo cambió con Macri en el gobierno. Como en muchas fábricas la patronal se envalentonó. Silvia Muñoz, que trabaja desde el 2000, comentó: «la cosa cambió porque acá no se podía decir nada porque te echaban».
Las patronales que les han propuesto hacerse cargo de la planta buscan barrer a la mitad de las operarias desconociendo los años de antigüedad, lo que ha sido rechazado unánimemente por la asamblea.
En la última reunión, encabezada por Dante Sica, les dijeron ‘hasta acá llegamos’. «La gente durmió en la fábrica para resguardar las máquinas, para que no se las lleven. Es tremendo, tenemos que ver qué hacemos», comentó uno de los trabajadores.
Hoy están resistiendo y esperando novedades ante el Directorio de la empresa que desapareció. La Secretaría de Trabajo les explicó que «ya no había nada que hacer» . Por eso el 11 de julio decidieron quedarse en la fábrica haciendo «retención de tareas».
Pero recibieron una oferta en los últimos días: «Tuvimos la propuesta de un inversionista que propuso quedarse con el 50% de los trabajadores sin antigüedad y sin categoría y al otro 50% indemnizarlo con la mitad de lo que le corresponde. Pero nosotras sabemos que eso no es lo correcto porque estaríamos renunciando a nuestros derechos» , explicó Silvia Ayala.
Armaron una cuenta de Facebook « Mielcitas «Mujeres Resistiendo» , y recibieron el apoyo del municipio y diferentes gremios, entre ellos el de Alimentación al que pertenecen.
La Plata: persecución a los vendedores ambulantes
Decomisos irregulares y aprehensiones arbitrarias por resistencia a la autoridad son el resultado del nuevo operativo policial -solicitado por la Municipalidad de La Plata- contra la venta ambulante. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el viernes 26 de julio ante el Juzgado de Garantías Nº 5 un habeas corpus preventivo y colectivo: «Se está cercenando la libertad de las personas sin fundamento normativo alguno».
En la presentación, el organismo señala que «varias personas nos expresaron que se encontraban circulando con bolsas, mochilas o algún elemento similar y los agentes policiales procedieron sin orden judicial a revisar el contenido de los mismos y de manera arbitraria procedían a su secuestro; se nos expresó que hubo personas que fueron golpeadas por las fuerzas de seguridad al momento de exigir las regularidades de las actuaciones de decomiso».
El operativo contra la venta ambulante se mantuvo en la zona del centro comercial desde el lunes 22 y se extendió en los días siguientes sobre la diagonal 80. En esa zona, dos vendedores senegaleses fueron abordados por agentes de control urbano cuando salían de sus domicilios, les decomisaron la mercadería y luego fueron detenidos por las fuerzas de seguridad por «resistencia a la autoridad». Un día después, y a una cuadra de distancia, otros tres vendedores sufrieron la misma situación, cuando volvían a sus domicilios.
La mínima objeción o protesta por el decomiso irregular de la mercadería termina en un acto de criminalización, imputando a las víctimas por resistencia a la autoridad. Lamentablemente no es la primera vez que pasa: a principios de junio hubo un despliegue similar contra la feria americana que, ante la acuciante realidad económica, se había instalado en plaza San Martín. Durante más de una semana, cientos de efectivos policiales cercaron el espacio público para impedir que manteros y manteras vuelvan a instalarse.
En ese momento, la CPM también había presentado un habeas corpus que fue rechazado; según el Juez de garantías Federico Guillermo Atencio, «la mera presencia policial en su función preventora no da pie a un escenario fáctico amenazante». Los hechos demuestran que estaba equivocado.
En el marco de la presentación, la CPM pidió que se realice una audiencia pública donde se escuche a algunas de las víctimas de estos procedimientos. También en las horas siguientes a la presentación del habeas corpus, una serie de organizaciones territoriales, políticas y sindicales se acercaron al Juzgado de Garantías de turno para sumar su adhesión: Colectivo Migrantes La Plata, Colectivo Senegaleses, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Campaña Contra la Violencia Institucional La Plata, Patria Grande, Asociación Civil Manteras Plaza San Martín, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y CTA Autónoma regional La Plata-Ensenada, Grupo de Investigación sobre Migraciones Africanas de la Cátedra de Etnografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, La Maza colectivo de Abogadxs y Gastón Castagñeto, Presidente del bloque de Concejales FPV-Unidad Ciudadana.
Posteriormente, el 8 de agosto manteros y vendedores senegaleses marcharon en La Plata. Dos banderas con dos consignas encabezaron la nutrida marcha: «No al desalojo de Plaza San Martín» y «Trabajar es un derecho. Migrar no es delito». La movilización fue para pedir que los dejen trabajar, y en reclamo por la creciente criminalización de la venta callejera en la capital bonaerense, donde el intendente Julio Garro en coordinación con la Provincia desplegó un amplio despliegue policial en el centro de la ciudad. También se sumaron denuncias por persecución y acciones racistas.
La movilización convocada por la Red Multicultural y Manteros de Plaza San Martín junto a diversos organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, se produjo al día siguiente de que un grupo de vecinos evitaron la detención de un vendedor africano en el microcentro platense.
El episodio se produjo en calles 8 y 46 cuando el joven estaba siendo detenido por policías de la Provincia, y una muchedumbre intercedió, lo rescataron de las manos policiales y lo rodearon, formando un escudo humano, para evitar la detención.
Los operativos policiales y de la secretaría de Convivencia y Control Ciudadano municipal comenzaron hace dos meses, cuando durante una semana la plaza San Martín permaneció rodeada por unos 500 policías bonaerenses en fila para evitar que se asienten allí las cerca de 400 manteras que vendían y trocaban ropa usada. Con la llegada de las vacaciones de invierno las razzias se extendieron a las principales arterias comerciales (avenida 7 y calles 8 y 12), donde se produjeron varias incautaciones y algunas detenciones de vendedores por «resistencia a la autoridad».
Antes de la movilización, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos realizaron una conferencia de prensa frente al Palacio municipal donde reclamaron «por una sociedad con trabajo y sin violencia», exigieron «no a la militarización de la ciudad» y denunciaron las «reiteradas situaciones violentas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad contra trabajadoras y trabajadores ambulantes».
Yakelin, una mantera de Plaza San Martin que fue desalojada hace dos meses, apuntó contra el secretario de Seguridad municipal y candidato a primer concejal de la lista de Juntos por el Cambio , Darío Ganduglia, contra Garro y la gobernadora María Eugenia Vidal. «Estamos siendo corridas de todos lados, de todos los espacios públicos. Nos sentimos como delincuentes al caminar por las calles, creemos que nos van a agarrar y sacar las cosas, como les pasa a los manteros senegaleses. Somos iguales. Somos trabajadores y queremos trabajar», reclamó la mujer.
Martín Vargas, abogado de trabajadores senegaleses, denunció que los miembros de esa comunidad migrante están siendo víctimas de racismo: «Se han ensañado con una comunidad extranjera que está viviendo en La Plata, que son perseguidos e identificados por su raza. Los que somos blancos podemos caminar con nuestras bolsas, pero a ellos los identifican y los persiguen a las cuadras. Apelo a ustedes porque de la defensa que hagamos los ciudadanos depende que esto se frene», denunció.
El defensor remarcó además que la política de saturación policial del centro de la ciudad está desguarneciendo los barrios platenses: «Todos los policías que ven en el centro son los que faltan en los barrios. Por eso en la tapa de los diarios sale que en Gonnet hay robos, que en City Bell, en San Carlos, en Los Hornos, hay robos. En las actuaciones los testigos son todos numerarios de las comisarías de la periferia de la ciudad, para hacer este operativo marquetinero».
La Municipalidad de La Plata inició la persecución de los vendedores ambulantes, que se incrementó en la capital provincial, desde 2016. Ese mismo año las primeras manteras se instalaron en una de las veredas internas de la plaza San Martín para vender ropa usada. Dos años más tarde eran 400 mujeres. En junio, cuando el municipio rodeó la plaza con policías, otorgó una solución: la creación del Paseo de Compras 80, un predio con puestos de feria ubicado a 50 cuadras del centro de la ciudad (sic).
Daniel Ruiz, 11 meses preso por defender a los jubilados
El 12 de agosto se cumplieron 11 meses que Daniel Ruiz, obrero petrolero de Comodoro Rivadavia, está preso en el penal de Marcos Paz por haber formado parte, junto a Sebastián Romero y a miles, de la movilización que enfrentó la reforma previsional y fue duramente reprimida.
Aunque no haya argumento legal de peso para tenerlo en prisión preventiva, la Justicia le ha negado todos los recursos de excarcelación presentados y aún no ha puesto fecha al juicio.
El gobierno sangra por la herida de lo que significó aquel 18 de diciembre para sus planes, que impidió que posteriormente fuese puesta en votación la reforma laboral.
El juzgado de Garantías n° 2 a cargo de Jorge Moya Panisello denegó un nuevo pedido de sobreseimiento a Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi que están detenidos desde el 3 de abril.
Recordemos que las detenciones se dieron en el marco de un brutal operativo de la DDI, bajo la orden de la fiscal interviniente Virginia Bravo a cargo de la UFI 7. Basada en una causa por coacción agravada, que es un delito no excarcelable, en una clara demostración de arbitrariedad e intencionalidad política.
La causa que se les imputa sienta un precedente funesto y escandaloso que atenta contra las libertadas democráticas de los trabajadores que se organizan y reclaman por sus derechos.
El reciente resultado electoral mostró el rechazo masivo de los trabajadores y el pueblo argentino al plan de hambre, ajuste y represión. Por eso la pelea por la libertad de Daniel y contra la persecución y desprocesamiento de Sebastián Romero, César Arakaki, Dimas Ponce y todos los perseguidos y procesados está más planteada que nunca.
Fuentes: www.andaragencia.org, Resumen Latinoamericano, Radio Gráfica, Cosecha Roja, La Izquierda Diario, Anred.
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