Tras la aprobación de la Ley Bases en 2024 y presionado por el FMI, el Gobierno de Javier Milei avanza con un plan de privatización para ocho empresas públicas, con estrategias diferenciadas. Nuevamente, promete «atraer inversiones sin afectar a los trabajadores». Hasta ahora, no se ha logrado.
Las empresas alcanzadas por esta etapa son: Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos (SOFSE), Belgrano Cargas y Corredores Viales. La coordinación del proceso está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, y contempla distintos mecanismos: concursos públicos, ofertas públicas en la Bolsa y concesiones.
Aunque el Gobierno descarta una venta “express”, fuentes oficiales aseguran que el objetivo es que todas las operaciones estén encaminadas o concretadas antes de fin de año. En noviembre, Argentina debe presentar al FMI una hoja de ruta detallada sobre el rediseño del sector público, por lo que el cronograma de privatizaciones es clave.
Hasta ahora, cuatro empresas —Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas— han avanzado hasta el segundo paso del proceso: el decreto presidencial que habilita su privatización. Las restantes están en etapas de evaluación y elaboración de pliegos.
El detalle del plan para cada empresa
• Enarsa: Se dividirá en 15 unidades de negocio, cada una con su propia estrategia de venta. El primer paso será la venta de las acciones de Citelec (controladora de Transener) mediante concurso nacional e internacional.
• Intercargo: Se abrirá a concurso público para actores locales e internacionales.
• AySA: Mayoritariamente será vendida por concurso; una parte minoritaria se subastará en el mercado bursátil.
• Belgrano Cargas: Se licitarán las operaciones ferroviarias con sistema de peajes, se venderá el material rodante y, una vez concluido el traspaso, se cerrará el CUIT.
• SOFSE (Trenes Argentinos): Se licitarán los servicios prestados, pero el Estado mantendría cierto grado de control.
• Corredores Viales: Se concesionarán los tramos viales y luego se procederá al cierre formal de la empresa.
• Nucleoeléctrica Argentina: El Estado pondrá a la venta hasta el 49% de las acciones mediante concurso abierto.
• Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT): A pesar de las dificultades financieras, se buscará un operador que asuma la gestión a través de un proceso de licitación.
Aunque empresas como Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Correo Argentino quedaron fuera del paquete de privatizaciones por presión opositora, el presidente Milei ha insistido públicamente en que «todo lo que pueda estar en manos del sector privado, se venderá». También avanza en desregular y eventualmente privatizar el Banco Nación, al que ya se le quitó el monopolio de la administración de sueldos estatales.
Pese a la apuesta por atraer capitales, los últimos datos del Banco Central muestran que la Inversión Extranjera Directa (IED) sigue golpeada. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, se registró una salida neta de USD 2.200 millones, atribuida a controles cambiarios aún vigentes y la inestabilidad previa al reordenamiento económico. Todas las fichas están puestas en sostener el relato del superávit y pasar las elecciones intermedias.
El gobierno inició la privatización de AySA
El gobierno de ultraderecha de Javier Milei continúa avanzando en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa estatal que abastece a más de 10 millones de personas con agua potable y es la quinta más grande en el rubro en el mundo. Un fenomenal negociado, la remake de un desastre menemista.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso la contratación de un banco público para tasar las acciones estatales de AySA y fijó un plazo de ocho meses para concretar la venta de la principal empresa estatal de agua potable del país.
De esta manera, el ministerio de Economía, a cargo del mesadinerista Luis “Toto” Caputo, formalizó el inicio del proceso de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional.
El plan de Milei y Caputo es vender el 90 % de las acciones en ocho meses. Además, incluye modificaciones al servicio, como habilitar a la empresa a cortar el servicio por falta de pago.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.(AySA) es la segunda empresa proveedora de servicios de agua más grande en Latinoamérica, y la quinta en el mundo. Abastece a más de 10 millones de personas con agua potable, más de 8 millones con servicios de saneamiento y cubre unos 3.363 km². Está certificada por las normas ISO 9001, 14001, 45001, 55001 y OHSAS 18001. Tiene 3 plantas de potabilización de aguas superficiales, cuenta con 16 plantas más chicas de aguas subterráneas y 14 estaciones elevadoras. Para saneamiento tiene 20 plantas de tratamiento con 150 estaciones de bombeo.
La empresa estatal provee los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, el 85% del AMBA.
La normativa firmada por Caputo instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario de AySA”.
Esta directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación manifestó que “se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por AySA en un plazo razonable”.
Además, se encomendó a la mencionada agencia a concretar la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de AySA a un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, “dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.
Del mismo modo, se le encargó “realizar las medidas y acciones necesarias para la venta en Bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en AySA” que no sean vendidas en la licitación.
La medida continúa la senda de saqueo trazada por los decretos 493/25, que modificó el marco regulatorio y el 494/25, que habilitó la privatización total, publicados sucesivamente los días 21 y 23 de julio pasado.
En el primero de esos decretos, Milei sustituyó más de 100 artículos del actual régimen regulatorio aprobado en 2006 y cambió las condiciones de operación de la concesionaria, autorizando a garantizar financiamiento con los fondos de la explotación, cortar el servicio en caso de mora en los pagos y comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal.
La Justicia Federal suspendió los cortes de agua y cloaca por facturas impagas a través de una medida cautelar, con vigencia por seis meses con “efecto devolutivo” (que significa que se aplica aunque sea apelada por el Gobierno).
La cautelar, firmada por la jueza Martina Forns de la Justicia Federal de San Martín, declaró la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del Decreto 493/2025 en tanto sus disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios”.
El agua es un servicio esencial para la vida humana, al igual que la provisión de redes de desagüe y sistemas de tratamiento de efluentes que resulta fundamental para el saneamiento básico. Por esta razón el marco regulatorio original de AySA no contempla ejecutar las deudas de quienes tienen saldos impagos. Pero esta disposición, junto con otros 100 artículos, fue modificada por el decreto 493/25, con el objetivo de preparar un fenomenal negociado con la anunciada privatización de la compañía estatal. Según el decreto de Milei, el régimen actual “fue diseñado para una empresa estatal y dificulta la inclusión de nuevas inversiones privadas necesarias para mejorar eficiencia, sostenibilidad y cobertura”.
El Ejecutivo está habilitado a tomar este tipo de acciones regulatorias por decreto -sin un tratamiento legislativo- a raíz de la emergencia pública vigente hasta fines de 2025 incluida en la infame Ley Bases, aprobada en un trámite plagado de denuncias de corrupción en un Congreso sitiado por fuerzas federales y feroz represión.
En el marco del proceso de privatizaciones del gobierno de Carlos Saúl Menem en los 90 -que quedó marcado en la historia por su sucesión de, similarmente, escándalos de corrupción e impunidad- se privatizó Obras Sanitarias de la Nación (OSN) otorgando los servicios de agua y desagüe al consorcio Aguas Argentinas (AASA) controlado por la multinacional de origen francés Suez por 30 años a partir del 1 de mayo de 1993.
Tras largos años de denuncias por incumplimiento de contratos, falta de inversiones y decadencia general de la infraestructura, en 2006 la concesión fue anulada cuando la empresa puso en “peligro potencial” a la sociedad por distribuir aguas contaminadas. Los afectados fueron más de 800.000 personas de los partidos bonaerenses de La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown. El hecho había sido admitido por la propia concesionaria, que recomendó a través de las facturas el no consumo de agua para embarazadas e infantes.
Antes, durante los 90, el caso “Aguas Argentinas” había sido exhibido como un modelo de privatización exitosa por los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, promotores de las reformas neoliberales en esa década.
Los datos del período demostraron que el sector privado solo aportó 2,6% de los capitales entre 1993 y 2001. Por otra parte, la empresa adoptó una estructura financiera basada en el endeudamiento, que llegó a superar 15% del total de los recursos financieros disponibles. La mayor parte de esta deuda se tomó en mercados internacionales y representó cerca de un tercio de las ganancias de la empresa calculadas sobre el patrimonio neto.
En Buenos Aires, la empresa Aguas Argentinas incrementó las tarifas 88,2% entre 1993 y 2002, período durante el cual la inflación aumentó solo 7,3%. Esto afectó particularmente a los sectores más pobres: en el Gran Buenos Aires, la tarifa pasó a representar 9% del ingreso familiar para el decil de menores ingresos, mientras que para el usuario promedio equivalía solo al 1,9%.
ABRAZO A AYSA
No a la privatización de AySA
Anulación de los decretos que autorizan la privatización (DNU 493 y 494 /2025)
Fuera Mekorot de Argentina y Palestina
Fin del genocidio en Gaza
Este abrazo forma parte de una gran ola de acciones en todo el territorio para defender el agua:
Desde Mendoza hasta Chubut contra las mineras
Los isleños del Tigre protegiendo los humedales
Las comunidades indígenas del norte defendiendo la pacha, los ríos y acuíferos
En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuidan el agua y la tierra de las consecuencias de la cría intensiva de salmones
El agua nos une. Es un bien común, público y soberano. ¡No se vende, se defiende!
Sábado 9 de agosto – 15 hs.
Riobamba y Córdoba, CABA
Campaña en contra de la privatización de AYSA
El Espacio Intercuencas “RRR”, Río Reconquista, Riachuelo, Río de la Plata, reunidos en ATE Sur Lomas de Zamora, el sábado 23 de agosto resolvieron llevar adelante una campaña en defensa de AYSA y de repudio a las medidas de privatización.
La acción se efectuará simultáneamente, el 20 de septiembre a las 11:00 en varios municipios, en el caso de Lomas de Zamora, la cita sería en la Av. Hipólito Yrigoyen y Laprida, para luego marchar hacia el edificio de AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), en Ramón Falcón e Yrigoyen.
El gobierno de Javier Milei anunció recientemente el inicio del proceso para vender el 90% del paquete accionario de Aysa. Con el propósito de hacer atractiva la compañía a los inversores privados autorizó una serie de tarifazos, también que las obras sean financiadas por los usuarios en sus boletas y habilitó el corte del servicio por falta de pago, aunque esta última medida fue suspendida por la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien ordenó al Gobierno Nacional frenar por seis meses la aplicación que permitía los cortes de agua potable y de desagües cloacales por falta de pago.
Además, el Foro Hídrico de Lomas de Zamora denunció una serie de obras que el gobierno de Javier Milei suspendió, entre ellas: 1-Colector margen izquierda del Riachuelo, 2-El río subterráneo de agua potable Bernal-Ezeiza que beneficiaría a cinco municipios 3-La red de agua potable en el barrio 17 de noviembre, 4-La red cloacal secundaria de Fiorito- Cementerio con un 75% de ejecución, 5-La red cloacal secundaria de Fiorito con un 92% de ejecución, 6- La red cloacal secundaria de Villa Albertina con un 82 % de ejecución, 7-La red secundaria cloacal Vetere con un 2,2% de ejecución, 8- La red primaria cloacal colector Banfield- Villa Centenario (obra finalizada pero no puesta en servicio), 8- Suspendió la elaboración del proyecto colector cloacal Fiorito-Lavallol
El Encuentro concluyó remarcando la importancia de seguir sosteniendo y divulgando una Educación Ambiental de todas y todos, porque somos parte del Ambiente y muchísimas conquistas de derechos nacieron desde los vecinos y vecinas que viven, caminan, sueñan, se organizan, proponen y reclaman por los derechos colectivos.
Privatizaciones: el Gobierno avanza en la venta de acciones de AySA y las hidroeléctricas
Por Eugenia Rodríguez
Javier Milei da otro paso clave en el proceso de venta de estas empresas con el traspaso de su paquete accionario.
El Gobierno de Javier Milei avanzó un paso más en su plan de privatizaciones y dio un paso clave en la venta de las acciones de la empresa sanitaria AySA. Además, ordenó la licitación de las acciones de las cuatro principales represas hidroeléctricas del país.
A través del decreto 590/2025 firmado por Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, se autorizó la transferencia y posterior licitación del paquete accionario de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, actualmente bajo la órbita de Energía Argentina S.A. (Enarsa).
Las acciones pasarán primero a la Secretaría de Energía, que tendrá a su cargo el proceso de venta mediante un concurso público nacional e internacional, en los términos de la Ley de Reforma del Estado de 1989. La convocatoria deberá lanzarse en un plazo de 60 días, bajo la coordinación del Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Hasta que se concrete la operación, las actuales concesionarias —AES Argentina, Enel Generación, Orazul Energy y Central Puerto— continuarán operando las represas, siempre que en cinco días presenten una carta de adhesión al esquema transitorio.
En ese caso, podrán seguir al frente de los complejos hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se adjudique la venta, lo que ocurra primero, gracias a que a inicios de agosto se prorrogó la concesión, ya vencida, hasta fin de año.
La privatización de estas cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia avanza luego de que, en 2023, vencieron las concesiones aprobadas por 30 años en 1993, las cuales fueron prorrogadas provisoriamente a inicios de 2024. De este modo, el Gobierno avanza con lo establecido en el decreto 718/204 de agosto pasado, publicado una semana después de la reglamentación del capítulo de privatizaciones de la Ley Bases.
Avanza la privatización de AySA
En simultáneo, se dispuso el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía. De esta manera, se inició la venta del 90% de las acciones de la compañía al sector privado. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, determinó un plazo de ocho meses para completar la operación.
Con la resolución, el Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, por medio de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria, a concretar el proceso. Además se ordenó a la Secretaría de Obras Públicas a preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.
Economía precisó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar a un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, definir la venta en el plazo de ocho meses y llevar a cabo todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.
El texto publicado hoy remarca que la tasación debe realizarse por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y, si esto no fuera posible, podrá recurrirse a entidades internacionales o privadas, que no podrán intervenir en el proceso de adjudicación. De todas formas, la tasación conservará carácter de presupuesto oficial.
Paralelamente, se informó que el Tribunal de Tasaciones manifestó su “imposibilidad” de llevar adelante una valuación completa de la empresa en un tiempo “razonable”. El esquema de venta combinará dos instrumentos, bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Mientras que sobre el 10% del capital restante, se aclaró que seguirá bajo órbita de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.
Privatización de Futaleufú: Nación ordenó el inicio del proceso de transición
El
3 de junio entró en vigencia la Resolución 231/2025 de la
Secretaría de Energía de la Nación, mediante la cual se oficializó
el inicio del período de transición para el traspaso de la represa
Futaleufú, ubicada en la cordillera de Chubut. La medida se da a
menos de dos semanas del vencimiento del contrato de concesión que
mantiene la firma Hidroeléctrica Futaleufú S.A., controlada por la
empresa ALUAR, desde el 15 de junio de 1995.
La resolución
establece que, una vez vencido el contrato, la concesionaria deberá
continuar a cargo del complejo por un plazo inicial de 90 días,
prorrogable hasta un máximo de 12 meses. En ese tiempo, se deberán
garantizar la operación del sistema, la seguridad de las
instalaciones y la entrega ordenada de los bienes al Estado Nacional.
Además, se designó a la Subsecretaría de Energía Eléctrica como
veedora del proceso y se invitó formalmente a la Provincia del
Chubut a nombrar un representante para colaborar en esta
transición.
La decisión se enmarca en un contexto de alta
tensión entre el Gobierno nacional y las provincias patagónicas por
el destino de las principales represas hidroeléctricas del país. En
Chubut, el gobernador Ignacio Torres había anticipado que no
permitiría prórrogas automáticas sin condiciones y reclamó
energía más barata para la provincia, inversión en infraestructura
y una participación efectiva en la renegociación del contrato.
El
complejo Futaleufú es clave para el sistema energético del país:
abastece con más del 90% de su producción a ALUAR, la principal
planta de aluminio de la Argentina, mientras que las localidades
cercanas -como Esquel, Trevelin y Cholila- denuncian pagar tarifas
elevadas y sufrir un déficit crónico en el suministro.
Desde
distintos sectores políticos, sociales y ambientales de Chubut se
viene exigiendo la «provincialización» de la represa, por
considerar que los beneficios de su operación no llegan al
territorio donde se genera la energía. La resolución publicada hoy
abre una nueva etapa, aunque aún no se conoce con precisión qué
ocurrirá después del período de transición.
La venta de las centrales encarecerá la energía
Por Foro Economía y Trabajo
El Gobierno nacional comenzó el proceso para la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas. Desde el Foro Economía y Trabajo plantean la necesidad que no se avance en esa dirección y que el Estado nacional y los provinciales tomen el control de la generación de energía.
El Congreso de la Nación debe actuar con urgencia para anular los decretos y resoluciones del tándem Javier Milei-Luis Caputo que determinan la venta al sector privado del 100% de las acciones de empresas constituidas para privatizar la operación y administración de centrales hidroeléctricas a cuya ejecución y financiamiento contribuimos todas y todos los argentinos.
De concretarse esta privatización progresivamente tendremos un encarecimiento irracional e injusto del precio de la energía en nuestro país, pues la hidroelectricidad genera la energía más barata. Y se profundizará la pérdida de la capacidad de planificación y regulación del Estado para potenciar un sistema energético eficaz, con precios razonables. En favor de los negocios de los grupos empresarios locales y transnacionales asociados al actual gobierno. En perjuicio de las familias, el trabajo y la producción.
En la última década del siglo pasado bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem y su ministro de economía Domingo Cavallo esas centrales fueron concesionadas por decreto y por un plazo de 30 años, en el marco de la desregulación y privatización del sector energético nacional.
El vencimiento de esas concesiones comenzó el 11 de agosto de 2023 para las centrales Alicurá, Chocón-Arroyito, Planicie Banderita y Piedra del Águila. Todas deberían haber sido formalmente revertidas al Estado de puro derecho y tal como figuraba en los contratos de concesión otorgados, con una coherente participación de las provincias de Neuquén y Río Negro donde están radicadas las centrales.
Lamentablemente el Gobierno del Frente de Todos no actuó con la coherencia y eficacia necesaria.
Con el Presidente Javier Milei las concesiones se han ido prorrogando para licitarlas. Por los Decretos 718/2024, 895/2024 y 263/2025 el actual gobierno decidió llamar a concurso público nacional e internacional con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las empresas constituidas para administrarlas.
Ahora la Resolución 1200/2025 publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, determina iniciar “…la venta de la totalidad del paquete accionario de cada una de las siguientes sociedades: Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima”.
La medida será ejecutada por ENARSA (Energía Eléctrica S.A.) con una venta abierta y sin base tanto a oferentes locales como internacionales. Se determina expresamente que no pueden presentar ofertas entes municipales o provinciales que sin duda tienen legítimo derecho a hacerlo. Las concesionarias serán remuneradas por la potencia “disponible” mensual y por la energía “asociada” a dicha potencia, el precio también estará acoplado a los índices de precios de producción y al consumidor estadounidenses, cuando debiera basarse totalmente en los costos reales en Argentina.
Al considerar esta enajenación, no podemos dejar de recordar que previamente se privatizó en favor de la estadounidense ARC Energy, la estratégica empresa IMPSA con capacidad para el diseño, construcción y mantenimiento de turbinas hidroeléctricas, incluyendo un reconocido laboratorio para validarlas.
Como arriba decimos, el Congreso de la Nación tiene que asumir la responsabilidad de anular los citados decretos y resolución, para determinar que el Estado Nacional, junto a las provincias donde están ubicadas las centrales, se haga cargo de su administración, operación y mantenimiento, garantizando los derechos y estabilidad laboral de todos sus actuales trabajadores.
Ese control público del sector energético es fundamental para modular el precio de la energía para todo el país, participar de la renta hidroeléctrica y crear un fondo para financiar futuras centrales, represas y embalses que contemplen también una adecuada regulación de las aguas involucradas.
El objetivo estratégico de aprovechar nuestros recursos hídricos debe ser revitalizado para poder suministrar energía limpia, confiable y sostenible a la matriz energética de nuestro país, aportando a la imprescindible transición energética, la transformación de nuestra matriz productiva y a la necesaria reconversión industrial.
Privatizar la energía es quitarnos a los argentinos la posibilidad de tener tarifas baratas.
Defendamos nuestra soberanía y nuestro patrimonio hidroeléctrico.
¡NO DEBEN VENDERSE!
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO
Sergio Arelovich, Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Pablo Manzanelli, Felisa Miceli, Juan Carlos Tesso, Tomás Raffo, Andrés Repar, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva. Coordinación: Eduardo Berrozpe
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la Economía Popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. [email protected]
Las cerealeras se quieren quedar con todo
Las exportadoras de cereales controlan el comercio exterior de granos y, vía la Bolsa de Comercio de Rosario, inciden en el proceso licitatorio del río Paraná. Intentan también quedarse con el tren Belgrano Cargas y la Marina Mercante. Cofco, Cargill, Bunge, Dreyfus, Viterra y AGD son algunas de las corporaciones presentes.
Históricamente el sector exportador de granos de la Argentina pugnó por tener, no solo el control del comercio exterior, sino por incidir en el resto de los eslabones de la producción y comercialización agraria. Este grupo concentrado de empresas (no son más de doce), que casi en su totalidad está en manos de capitales extranjeros, tiene desde siempre un poder de lobby gigantesco sobre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, lo que les ha permitido, prácticamente, diseñar muchos de los trazos de la infraestructura y de la inversión en obra pública en Argentina.
A partir del control del ingreso de divisas y de su asociación con los grandes dueños de la tierra en Argentina, han ejercido sistemáticamente presión y, en algunos casos, enfrentamiento sobre los gobiernos que intentaron no seguir sus designios al pie de la letra. Controlan el dólar y, por ende, el precio de nuestra moneda.
Las deudas son de nosotros, los granos son ajenos
El caso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, es paradigmático. El plan de obra pública que presentó apenas asumió está concentrado casi exclusivamente en mejorar la infraestructura a las agroexportadoras. Lo presentó en la Bolsa de Comercio de Rosario bajo el nombre de “Plan de Obras para la Competitividad Logística del Complejo Agroexportador”, junto al presidente de la entidad Miguel Simioni que, por supuesto, destacó la labor del gobernador.
Ampliación de rutas, “para que los granos lleguen mejor a los puertos”, como rezan los carteles en la traza de la autopista Rosario-Santa Fe donde se construye un tercer carril. Accesos ferroviarios a los puertos y mejoramientos de las rutas internas.
Como en la era Milei el financiamiento no es sencillo, el gobierno provincial endeudó a Santa Fe con el Banco de Desarrollo de América Latina en un crédito por 150 millones de dólares para la ejecución de obras viales estratégicas en la zona portuaria, a lo que hay que sumarle lo que la Provincia aportará; otros 37 millones de dólares.
Los 50.000 millones de pesos en los que Pullaro endeudó a Santa Fe, a un plazo de 36 meses, fueron en “coordinación” con la Bolsa de Comercio de Rosario. Y ahora el líder de la liga de gobernadores “Provincias Unidas” consiguió, de la Legislatura provincial, la venia para que la provincia tome nuevo financiamiento por 1.150 millones de dólares. Una cifra inédita para Santa Fe.
Por si fuera poco, en el mismo período el gobierno provincial se jacta de haber despedido miles de empleados públicos, de haber puesto techo bajísimo a las paritarias docentes y estatales, y llegó en las últimas semanas en medio de la paritaria a decir que “si aumentamos mucho los salarios nos quedamos sin obra pública”.
La provincia endeudada, los estatales con sueldos de miseria, pero las agroexportadoras van a mejorar sus ganancias a partir de las obras de infraestructura vial.
Por otro lado, la mayoría de estas obras fueron fueron planificadas hace años por los técnicos de la Bolsa de Cereales (solo hace falta buscar esos planes en la web de la institución) y ahora encuentran (como con Perotti, el ex gobernador del PJ), un administrador que las lleve a cabo.
Los dueños del Paraná
No es ningún secreto que estas empresas, en su mayoría estadounidenses, pero también de capitales franceses y del estado chino, son las que planifican y controlan totalmente el nuevo pliego licitatorio de la administración del Paraná.
Desde hace tres décadas, menemismo mediante, el control y la administración del río Paraná quedó en manos privadas y extranjeras. De la mano de la empresa Belga Jan de Nul, el dragado y el cobro del peaje de los más de 5.000 buques que todos los años ingresan a cargar cereales, oleaginosas y subproductos al gran Rosario, mantuvo al Estado alejado de cualquier posibilidad de ejercer soberanía sobre lo que entra y sale del país.
Este grupo de monopolios exportadores presiona para que eso se mantenga así, con el Estado argentino afuera, pero con más beneficios para el sector.
Es público el control y la presión que ejercen. La presentación del primer pliego, que terminó fracasando, la hizo el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, junto al director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio; el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta; el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Locco; y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras.
Luego de esa licitación fallida, cuestionada por estar direcccionada para que Jan De Nul sea la única posible oferente, se comenzó un nuevo proceso licitatorio en el que estas empresas dirigen las reuniones técnicas para poner las condiciones. Ya se realizaron en Buenos Aires, Rosario y Paraná y, entre otras cosas, plantean el calado del Paraná a 44 pies (ahora está en 34), lo que es cuestionado por técnicos, ambientalistas y organizaciones soberanistas por la falta absoluta de sostenibilidad social y ambiental.
No solo es eso. También existen condiciones vinculadas al costo del peaje, los tramos que debe comprender el dragado (dejando afuera al tramo Timbúes-Santa Fe, por ejemplo). Así, organizan la principal vía navegable, y palanca político económica argentina a su necesidad y beneficio. Presionan además para que no se desarrolle el proyecto del Canal Magdalena que le daría a la Argentina no solo una salida al mar directa (hoy no la tenemos, estamos presos del Canal Punta Indio que pasa por Montevideo), sino la posibilidad de mejorar los costos de navegación.
Los trenes y los barcos
Ahora también pretenden el control del ferrocarril y de la marina mercante. Pocas veces habíamos asistido a un intento de control total tan desembozado y a una entrega tan abierta de las capacidades públicas sobre resortes clave de la economía como la infraestructura y el transporte. En la era Milei la entrega es con llave en mano.
Las agroexportadoras están al acecho del anuncio del gobierno nacional para la licitación y privatización de los principales ramales ferroviarios de cargas. Pero el interés está centrado en uno, el que trae la producción desde el norte argentino a los puertos: el Belgrano Cargas.
Según aseguran esta mejora de la logística reducirá el costo del flete y promoverá el desarrollo agrícola de las regiones alejadas de los puertos. Idígoras, presidente de Ciara y del Consejo Agroindustrial Argentino (que reúne a las principales cámaras agroexportadoras), sostuvo: “El costo del flete en zonas de NOA, alejadas de los puertos, tiene una incidencia alta, es de entre el 10 y 15 % del valor de la mercadería, y eso podría reducirse a la mitad con un sistema ferroviario eficiente”. Lo que no dice Idígoras es que conociendo la historia y la relación entre el sector exportador y los productores, esa mejora seguramente nunca llegará a la producción, como sucede en el sistema impositivo.
¿Quién asegura que no se produzca una cartelización de las empresas adjudicatarias, y que esa reducción en el costo del flete quede en sus manos? Nadie.
Varias son las empresas interesadas en quedarse con el control del Belgrano Cargas. Las nacionales AGD y ACA (ambas asociadas con otras exportadoras extranjeras), la empresa del estado chino Cofco, las estadounidenses Cargill y Bunge, la francesa Dreyfus y la anglo suiza Viterra (que el año pasado se fusionó mundialmente con Bunge, lo que las transformó en la mayor exportadora de cereales y derivados de la Argentina).
Pero como sucede en la mayoría de las áreas, más allá de las licitaciones llevadas adelante “por el Estado”, las exportadoras a través de la Bolsa de Comercio de Rosario son las que dirigen los trazos de nuestra infraestructura e incluso las condiciones de esas licitaciones. Así lo explicó Idígoras: “Hay una mesa de trabajo en la cual la Bolsa de Comercio de Rosario también está coordinando encuentros técnicos porque si los pliegos no tienen la posibilidad de desarrollar un plan de inversión y de gestión, seguramente ninguna de las empresas va a participar”.
Es tal el saqueo y la entrega que en Argentina los procesos son inéditos para el mundo y, por supuesto, muy diferentes a los que suceden en los países centrales, tan admirados y referenciados por los liberales y los grandes empresarios.
Así como en la cuestión del Paraná se intenta adaptar un río interior a los barcos oceánicos a costa de destruir el ambiente y dañar a las comunidades, en lugar de adaptar los barcos al río con sistemas acorde como sucede en Estados Unidos o Europa, en el caso de la privatización del sistema ferroviario también el proceso es insólito. No se va a privatizar solamente la operación y el material rodante sino también las vías. El Estado no va a tener control de absolutamente nada, ni de las vías.
Otra cuestión son los plazos de concesión que al igual que en la entrega del Paraná, serán de 30 a 40 años, hipotecando cualquier posibilidad de desarrollo soberano futuro.
Paralelamente se consolida un modelo que se fue instalando desde el primer impulso que el kirchnerismo dio a la reconstrucción del Belgrano Cargas. El material rodante, vagones y trenes, es totalmente importado desde China, nada se fabrica acá. Perdiendo toda posibilidad de reconstrucción de la industria ferroviaria, un sector que junto con el naval son claves para la creación de empleo genuino en nuestra historia.
Las empresas ACA y Cofco recibieron el mes pasado los primeros 90 vagones comprados a una empresa china. Y están gestionando otros 90, lo que también indica que tienen asegurado quedarse con el ramal, por eso avanzan en la inversión.
No es casual que el material rodante sea de China, y es que la inversión para la reconstrucción del Belgrano, destruido durante el menemismo, se hizo a base del endeudamiento estatal con el país oriental, que viene con condiciones de compras de material chino. Hasta de durmientes y vías podrían verse inundando el puerto de Rosario provenientes de la República Popular China. No nos dejan fabricar ni un tornillo. La historia de siempre, el Estado hace la inversión importante, queda endeudado y los monopolios se quedan con el resultado para su beneficio, como en la obra pública santafesina. Raro el antiestatismo de liberales y monopolios.
Finalmente hay que decir que no solo las agroexportadoras están al acecho del Belgrano Cargas sino que las mineras también quieren colarse en la compulsa.
Como explica Idígoras: “La punta de este sistema ferroviario está en los desarrollos mineros, particularmente en el caso del cobre, del oro y del litio. Desde nuestro lado estamos abiertos a trabajar con otra industria”.
El modelo extractivo quiere consolidar el control total de cualquier palanca estratégica, sin participación alguna del Estado, que ya hizo lo que tenía que hacer, poner la parte gruesa de la inversión.
La Marina Mercante, también
Con el decreto 340/25 el gobierno de Javier Milei daba la estocada final a la Marina Mercante. Establecía entre otros cambios y modificaciones de los esquemas tarifarios en favor de las grandes empresas, permisos de navegación bajo bandera extranjera (reservado hasta el momento para bandera nacional en el caso del cabotaje) y flexibilización de las condiciones laborales de las tripulaciones argentinas, que podían pasar a estar regidas por legislaciones como las de Paraguay con muchos menos derechos y salarios. Además intentaron eliminar el derecho a huelga en el sector. Luego de un fallo, la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal frenó la aplicación del decreto, así como la Cámara Nacional del Trabajo declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del mismo decreto que limitaba los derechos de huelga.
Y el debate se trasladó al ámbito legislativo, donde las agroexportadoras, que también tienen intereses en la marina mercante, mostraron los dientes. Según afirma el medio La Política Online la multinacional francesa Dreyfus intentó evitar que la oposición derogara el decreto de Milei en la Cámara de Diputados, a través de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, que preside el CEO de Dreyfus Argentina, Luis Zubizarreta.
Pese al lobby el decreto fue rechazado en la Cámara de Diputados y, el 21 de agosto, también en Senadores. “Dreyfus logró partir varios bloques opositores, pero no le alcanzó para evitar que Diputados votara la derogación del decreto de Milei”, asegura el portal de análisis político. ¿Por qué Dreyfus tenía interés en que no se voltee este decreto? Porque en Paraguay tiene su propia empresa de transporte fluvial “Lógico Paraguay”, y con las modificaciones podría “copar” el transporte fluvial argentino, pero con la legislación laboral y tributaria paraguaya, mucho más beneficiosa para la empresa que la argentina. Pero no es solo el caso de la francesa, del total de 53 empresas inscriptas con el pabellón paraguayo, solo seis son realmente empresas de ese país.
Fuente: Germán Mangione – Revista Lanzallamas
Una licitación en disputa: Milei rediseña el negocio de la Hidrovía y busca dejar a Macri en la orilla
Por Pedro Lacour
Tras la caída del primer intento en febrero, el Gobierno impulsa un proceso con auditoría de la ONU y reglas nuevas que apuntan a cerrarle el paso al líder del PRO. Por lo bajo, en el oficialismo ven con buenos ojos una posible continuidad de Jan de Nul, dueña del negocio desde 1994.
La nueva licitación, que se abrirá después de las elecciones de octubre, forma parte de una jugada política de mayor alcance: recuperar el control sobre un negocio que mueve el 80% de las exportaciones argentinas, marcar distancia con el macrismo y blindarse frente al poder judicial y económico tradicional. Detrás del rediseño del proceso aparecen dos figuras clave: Santiago Caputo, cerebro político del mileísmo, y Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), a quien el Presidente le delegó la reconstrucción técnica del pliego.
Del escándalo a la revancha
La licitación de febrero fue un fracaso que aún resuena. Solo una empresa se presentó: DEME, la firma belga que semanas antes había denunciado irregularidades en el proceso. La histórica concesionaria Jan de Nul —dueña del negocio desde 1994— ni siquiera participó. El gobierno anuló el proceso, denunció presiones para vaciar la compulsa y pidió a la Justicia que investigue por posible asociación ilícita. Arreseygor, un funcionario hasta entonces desconocido acusó a “un grupo de vivos” de haber manipulado la licitación “en desmedro de los productores argentinos”.
Las sospechas no eran solo internas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, había detectado inconsistencias graves: falta de estudios de impacto ambiental actualizados, errores en los pliegos y criterios de evaluación que favorecían a los operadores históricos. Un dato inquietante completó el cuadro: el socio local de Jan de Nul habría admitido en la causa Cuadernos haber pagado coimas para prorrogar la concesión. Con esa combinación de presiones y antecedentes judiciales, el Gobierno decidió abortar el proceso antes de que estallara una crisis política mayor.
En el sector, sin embargo, no todos interpretaron la caída del proceso como una sorpresa. Se sabía que sólo las dragadoras multinacionales estaban en condiciones técnicas de competir, pero entre las rivales de Jan de Nul comenzó a correr una versión incómoda: empresarios cercanos a Santiago Caputo, también tenían interés en que la concesión quedara en manos de la operadora belga. Y que Arreseygor había delineado un esquema de privatización hecho a su medida.
Por lo bajo, muchos en el oficialismo reconocen que la ausencia de Jan de Nul en la compulsa no fue una buena noticia. Y no dudan en identificar a los supuestos responsables del boicot. El dedo apunta directamente a Macri y a un puñado de estudios jurídicos con llegada al poder económico. La jugada tiene dos nombres propios: Pieter Jan De Nul, hijo del dueño de la actual concesionaria, y Ezequiel Cassagne, abogado de la Sociedad Rural y de la familia Macri en la causa Correo. Ambos colaboraron en la redacción de la cautelar con la que DEME buscó suspender la licitación. En el gobierno calificaron aquella movida como “golpista”.
Pero el caso de Cassagne encierra una paradoja difícil de explicar. Su estudio no solo litigó contra la licitación de la Hidrovía: también participó activamente en la redacción del DNU 70/23 y de la Ley Bases, los dos instrumentos centrales del plan de reformas del gobierno libertario. Más aún: una de las principales figuras del oficialismo, María Ibarzábal Murphy, proviene de ese mismo bufete. Primero fue nombrada secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo; ahora, en un ascenso vertiginoso, ocupa el estratégico cargo de secretaria Legal y Técnica de la Nación. Desde allí refrenda decretos, leyes y decisiones clave del Ejecutivo. Su designación, avalada por Santiago Caputo, confirma lo que muchos en la administración de Milei prefieren no admitir: que los mismos actores que trabaron el primer pliego no dejan de tener contacto con el dispositivo de gobierno.
La nueva licitación, con sello libertario
Tras el colapso del proceso, Milei decidió relanzar la licitación con nuevas reglas. El primer paso fue reactivar un convenio con la UNCTAD —firmado en tiempos de Guillermo Dietrich pero nunca implementado— para auditar todo el procedimiento, que no solo busca garantizar estándares internacionales, sino también blindar políticamente el nuevo llamado frente a futuras impugnaciones.
Además de la auditoría externa, el Gobierno puso en marcha una serie de mesas técnicas con todos los actores del sector: cámaras empresariales, universidades, entidades regulatorias, provincias ribereñas, ambientalistas y técnicos con experiencia. Ya se realizaron dos encuentros, en Santa Fe y Buenos Aires. El tercero fue el 23 de julio en Entre Ríos. La estrategia es clara: evitar que alguien con poder real quede afuera del proceso y tenga motivos para judicializarlo. Y aunque nadie lo dice en voz alta, en el oficialismo muchos creen que un pliego técnicamente más exigente podría dejar en mejor posición a Jan de Nul frente a los nuevos aspirantes.
Es que el negocio de la Hidrovía no es menor. Según estimaciones oficiales, el cobro de peajes podría generar ingresos por unos 20.000 millones de dólares en las próximas tres décadas. Ese potencial económico es, justamente, lo que convierte al pliego en una pieza de poder. Lo que está en juego no es solo un contrato de dragado: es quién controla la llave de las exportaciones argentinas.
En las últimas horas, un grupo de entidades clave del sector agroindustrial —la UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados, CIARA–CEC y otras— difundieron un comunicado conjunto en el que respaldan con “visión positiva” el nuevo proceso liderado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Destacaron la instancia de las mesas técnicas como espacio institucional para canalizar aportes y evitar interferencias externas. “Debates que se den por fuera de estos canales entorpecen la posibilidad de alcanzar consensos”, advirtieron. Y valoraron la participación de la UNCTAD como garantía de transparencia internacional.
El pronunciamiento funcionó como señal de distensión tras meses de tirantez, ya que es la primera vez que cinco de las principales entidades empresarias vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria dan su visto bueno al proceso licitatorio. En la Casa Rosada lo leyeron como un síntoma claro: el viejo poder empresarial, aún golpeado por la pelea Milei–Macri, empieza a aceptar que ya no define las reglas, sino que se acomoda a las nuevas. Al menos, por ahora.
La motosierra no se detiene: el Gobierno comenzó la privatización total de ENARSA
A través del Decreto 286/2035, el Gobierno comenzó el viernes 25 de abril el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que se realizará mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocios. El objetivo, según las autoridades nacionales, es “mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer el rol del sector privado en el desarrollo energético del país”.
Sin embargo, el 31 de octubre de 2024, el ex subsecretario de Energía, Federico Basualdo, había advertido: «ENARSA cumple un rol fundamental en el sector energético argentino, no solamente garantizando las importaciones de combustible sino también administrando activos estratégicos del sector. Si el Estado privatiza todos esos activos no solamente pierde los activos estratégicos sino que también la política pública y la capacidad de regular mercados fundamentales, como el mercado de gas o energía eléctrica«.
¿Quiénes son los socios de Enarsa en Transener?
Transener es concesionaria de 15.408 kilómetros de líneas de transmisión y 60 estaciones transformadoras, esto le permite manejar el 86% de las líneas de alta tensión de Argentina.
La conformación del actual grupo societario de esta empresa se originó en 2007, cuando la empresa brasileña Petrobras fue obligada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a deshacerse de su participación accionaria en Citelec. El restante 50% era propiedad del Grupo Dolphin, conocido actualmente como Pampa Energía.
En ese momento, Enarsa se asoció con la empresa Electroingeniería para acceder a las acciones de Petrobras. Posteriormente, Enarsa se quedó con las acciones de Electroingeniería.
Milei avanzó en el objetivo de privatizar el Banco Nación
La medida, formalizada por Boletín Oficial, permite a organismos de la Administración pública nacional contratar bancos privados en lugar del Nación, algo que hasta hace poco era obligatorio.
El gobierno de Javier Milei adjudicó a once bancos privados el manejo del servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para empleados públicos y dio así un nuevo paso en el avance sobre el Banco de la Nación Argentina (BNA) y su privatización.
El Banco Nación –que es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad– cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Es que hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales.
Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el BNA en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.
El 19 de febrero, el Presidente convirtió por decreto a la entidad financiera estatal en sociedad anónima, abriendo la puerta a la entrada de capitales privados. Sindicatos y sectores productivos advirtieron que la medida puede ser el principio del fin de la banca pública nacional.
El Banco Nación es el principal banco de la Argentina. Tiene 17.403 empleados, 721 sucursales y 3.136 cajeros automáticos (ATM) en todas las provincias. Junto con el Correo Argentino —que también se eliminó a último momento de la lista de empresas sujetas a privatizar—, tiene presencia en las plazas de la mayoría de los pueblos y ciudades del país.
Aún con sus fallas administrativas, el Banco estatal cuenta con un valor simbólico importante para los y las argentinas, y es una herramienta de política productiva que asiste a pymes y pequeños productores afectados por contingencias climáticas a tasas bajas.
En números, es el banco con mayores activos ($48,8 billones) —todo lo que el banco posee, incluidos préstamos otorgados, inversiones y reservas— y depósitos ($ 32,09 billones), dinero que tienen los clientes en el banco y sugieren confianza en la entidad y capacidad para otorgar más préstamos ($13,91 billones).
La relevancia del Banco Nación no tiene que ver sólo con su rol social, porque atiende a jubilados y pensionados, un gran público que los bancos privados prefieren evitar. Además, tiene una presencia protagónica en el mundo de la economía productiva y a nivel geográfico.
El Banco Nación anunció el cierre de decenas de sucursales en todo el país
El Banco Nación anunció el cierre de 60 sucursales en todo el país con el objetivo de ahorrar más de $1.000 millones, a través de un «reordenamiento» que incluye «achicamiento y fusión de estructuras, la reasignación de recursos y el fortalecimiento de la presencia estratégica».
Se estima un ahorro de costos de $139.481.510,47 mensuales que, multiplicados por los meses que restan de 2025, se transforman en $836.889.063.
Por otro lado, se está llevando a cabo la transformación de 45 centros de atención PyME Nación, donde se visitará a los clientes en lugar de que se movilicen hacia el banco. «Este cambio genera un ahorro de $30 millones mensuales en alquiler, lo que proyectado al semestre del año restante se traduce en $180 millones«, aseguró la entidad financiera.
A fines de mayo pasado el 98% de las transacciones se hacían de ese modo, 7/24, sin papeles, sin horario y sin desplazarse a una sucursal. Las operaciones de Tesorería disminuyen a razón del 25% interanual», informó el Nación.
También anunció la readecuación de las Gerencias Zonales con relación a la segmentación económica definida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): pasó de un total de 33 a 29 sucursales, con el objetivo de lograr una distribución «más equitativa», lo que permitirá «seguir reduciendo gastos».
«Estas medidas buscan mantener y ratificar el liderazgo del Banco Nación en el sistema financiero cualquiera sea la medición. A través de su plan estratégico plurianual, enfrenta los desafíos de la competencia y mejora toda la eficiencia y transparencia en su funcionamiento».
La entidad financiera se mostró en sintonía con La Libertad Avanza (LLA) y el mandato del gobierno de Milei: «La promesa de inflación cero viene acompañada de abundancia de créditos y la rápida transformación del banco en sociedad anónima».
La Casa de Moneda, desguazada por decreto
Luego de haberla reconvertido en una sociedad anónima unipersonal (SAU), el gobierno de Javier Milei terminó de desguazar las funciones de la Casa de Moneda. De esta manera, la utilidad y posibilidades de producción de ese organismo serán reconvertidas y algunas puestas a disposición de terceros.
La decisión fue tomada a través de un decreto, producto del informe que la intervención a cargo del abogado Pedro Daniel Cavagnaro realizó en esa entidad.
La medida central que se tomó fue que la Casa de Moneda concentre sus funciones en la producción del dinero circulante, asista en el proceso de atesoramiento, y destruya e imprima dinero para las entidades públicas y privadas que lo requieran.
Este cambio de utilidad y funciones de la empresa del Estado deja afuera otras tareas que también se realizaban. Por ejemplo, la producción de estampillas fiscales y/o instrumentos fiscales de control (IFC) y servicio de trazabilidad; la producción de pasaportes, y la producción de chapas patente.
El decreto 442/2025 publicado en el Boletín Oficial que reestructura las funciones establece el traspaso de varias áreas operativas clave a distintos organismos estatales.
Como toda vez que desguaza un área, lo que alegó el gobierno nacional es que la entidad estaba atravesando “una grave situación financiera”. Entonces, el plan de reorganización impulsado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria transfirió tres áreas operativas estratégicas.
• La línea de Instrumentos Fiscales de Control (IFC) y trazabilidad pasará a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
• El área de producción de pasaportes será asumida por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
• La denominada “Billetera Virtual” será transferida a la empresa estatal ARSAT.
El Ejecutivo también instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer de los inmuebles en desuso y autorizó a los organismos que los reciban a incorporar el personal que trabajaba allí.
Como se dijo más arriba, el objetivo es que Casa de Moneda SAU se concentre exclusivamente en su función principal: la fabricación de dinero circulante, asistencia en procesos de atesoramiento y destrucción de billetes, y producción de impresos para entidades públicas y privadas.
Según la intervención, la deuda de esa empresa supera los 243.700 millones y la situación se habría agravado tras la rescisión de contratos con el Banco Central para la producción de billetes.
Fuentes: ANRed, Indymedia Trabajadoras/es, Resumen Latinoamericano, Infogremiales, Radio Gráfica, La Tecla Patagonia, El Destape, Página/12
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