La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entró en plena vigencia en Argentina al declarar la Corte Suprema su constitucionalidad cuatro años después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. La ley, según encuestas, tiene el apoyo de la mayoría de la población argentina y su aplicación es exigida por activistas y organizaciones que […]
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entró en plena vigencia en Argentina al declarar la Corte Suprema su constitucionalidad cuatro años después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. La ley, según encuestas, tiene el apoyo de la mayoría de la población argentina y su aplicación es exigida por activistas y organizaciones que abogan por la democratización de la información. Su refrendo constitucional ha sido recibido con el mayor regocijo entre sus homólogos de América Latina y el Caribe.
La dilatada sentencia del máximo órgano judicial puso fin a un prolongado pugilato del grupo oligopólico multimedia Clarín (suerte de Televisa rioplatense por su control de la pantalla chica pero poseedor también del diario de igual nombre con un tiraje de medio millón de ejemplares) ante complacientes tribunales, que hasta hace unos días había logrado paralizar la entrada en vigor de la ley a la vez que recrudecía sus descocadas calumnias e improperios contra el gobierno kirchnerista, apoyado por la jauría mediática local e internacional del Pentágono y la CIA.
Destacadamente, los diarios de la Sociedad Interamericana de Prensa, sus hermanos gemelos madrileños, CNN en español y sus homólogas de los países de América Latina. Merece mención especial en esta comparsa el diario bonaerense La Nación, perteneciente a la oligárquica dinastía Mitre desde hace dos siglos así como el conglomerado de medios que ha llegado a amasar. La Nación es célebre por su hoja de servicios en pro del imperio británico y la libertad de comercio así como su odio feroz a las ideas de confederación latinoamericana de Bolívar, San Martín y Artigas. Más recientemente, al igual que Clarín, practica el mismo servilismo ante Washington y una rabiosa hostilidad contra los gobiernos y movimientos que se oponen a las políticas neoliberales.
Ambos se revolcaron en el lecho con las sangrientas dictaduras militares de los setentas de las que fueron fervientes defensores. Más aún, la justicia argentina ha abierto una causa contra ellos por existir evidencias de que aprovecharon sus estrechos nexos con las juntas militares fascistas para apoderarse del pingüe negocio de la empresa Papel Prensa, propiedad del Grupo Graiver. Esa empresa controla la distribución del papel periódico y en manos de estos grupos se ha convertido en un temible instrumento de chantaje contra los diarios de provincia. Según fiscales federales pudieron haber existido delitos de «lesa humanidad» en el traspaso accionario de Papel Prensa, presuntamente realizado mediante presiones, amenazas, secuestros y torturas que sufrieron integrantes del citado grupo, entre ellos la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo (http://tiempo.infonews.com/notas/clarin-y-nacion-complices-de-dictadura-opositores-democracia).
Pero no sólo en Argentina se cuecen habas. Al otro lado de la cordillera, en Chile, otro santo varón y jefe del clan oligárquico propietario desde el siglo XIX del diario El Mercurio está en apuros con la justicia. El Mercurio goza de merecida reputación por su obsecuencia ante la política imperialista de Inglaterra en esa época como luego ante la de Estados Unidos así como su congénita postura contra las causas populares.
Hete aquí que el actual patriarca del emporio mediático, don Agustín Edwards, es investigado por el juez Mario Carroza como parte de una indagación mayor sobre la participación de El Mercurio y sus diarios afiliados en la Operación Colombo, enmarcada dentro de la Operación Cóndor para encubrir la desaparición forzada en Argentina de 119 opositores a la dictadura de Pinochet.
De Edwards está documentado un largo historial de colaboración con la CIA antes, durante y después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1993 contra el presidente Salvador Allende. Ante el juez Carroza reconoció su vínculo con la CIA y haber sostenido una reunión inmediatamente después de la toma de posesión de Allende con los entonces secretario de Estado Henry Kissinger y director de la CIA Richard Helms, pero negó toda participación en el golpe. El prestigioso investigador Peter Kormbluth demuestra lo contrario en esta entrevista: http://www.elmostrador.cl/pais/2013/10/04/edwards-presiono-a-estados-unidos-por-un-golpe-militar/ .
Enemigos de nuestros pueblos, en cada país hay Mitres y Edwards que vierten veneno a raudales contra Venezuela y contra los líderes, fuerzas y gobiernos que luchan por la segunda independencia de América Latina.
Twitter: @aguerraguerra
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