Con el macrismo los dueños de la Argentina vinieron por la revancha. Con la lujuria del patrón de estancia, han regresado para sentarse sobre sus dominios. Son los vestigios de la antigua oligarquía ligada por parentesco o dinero con los nombres más visibles de la alcurnia corporativa. Si no fuese porque sus intereses están representados […]
Con el macrismo los dueños de la Argentina vinieron por la revancha. Con la lujuria del patrón de estancia, han regresado para sentarse sobre sus dominios. Son los vestigios de la antigua oligarquía ligada por parentesco o dinero con los nombres más visibles de la alcurnia corporativa. Si no fuese porque sus intereses están representados en el actual gobierno de Mauricio Macri, podría decirse que el presidente y todos los ministros funcionan como sus distinguidos subalternos.
Maltratados en la última década por la desafiante Argentina plebeya, volvieron por el desquite. Y, con menos sutilezas que apuro, van por todo: devaluación, eliminación de retenciones, tarifazos, ajuste, liberación del mercado de las telecomunicaciones, endeudamiento descomunal, apertura comercial, especulación financiera, reducción del impuesto a los bienes personales, a los autos de alta gama, a los aviones y a las embarcaciones. Y van también por una flexibilización laboral que atenúe el costo y el riesgo empresario en detrimento de los trabajadores. Esto último, con la complicidad y la inoperancia de un puñado de gremialistas, tal como ocurrió en los años noventa.
La sutileza suele ser del orden de la seducción; en cambio, la provocación es obscena. No tienen ni el más mínimo reparo por las formas. Decididos a recuperar lo que consideran suyo, lo hacen a la vista de todos, con una contenida arrogancia. Los episodios judiciales y políticos de las últimas semanas en la Argentina revelan una provocación de la que no debería ser ajeno ni el más incrédulo de los ciudadanos.
Las Navidades de Clarín
Cada fin de año el poderoso grupo mediático Clarín se acostumbró a recibir los mejores regalos de Navidad. En diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri nombró polémicamente por decreto a dos jueces de la Corte Suprema: uno de ellos es Carlos Rosenkrantz, que entre otras cosas fue abogado de un estudio jurídico que representaba a Clarín en litigios contra el Estado. Ese mismo año, la víspera de Nochebuena, el gobierno modificó con otro decreto la Ley de Medios, medida que benefició claramente al Grupo, que aquel 24 de diciembre tituló: «Intervienen la AFSCA y denuncian a Sabbatella por resistir la medida«. Pasaban por alto la ilegitimidad de la maniobra que los benefició y, de paso, acusaron al ex presidente de la AFSCA por resistencia a la autoridad.
En diciembre de 2016 Papá Noel cargó sobre sus hombros nuevas gratificaciones para el grupo. Días previos a la Navidad, el juez Ercolini sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre por la compra irregular de Papel Prensa durante la dictadura, sin siquiera llamarlos -aunque más no fuera por pudor- a indagatoria. Una provocación. Días después, el mismo juez procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita. Apenas algunas horas más tarde, se aprobó la reapertura de la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex mandataria. Entre misas de gallos y medianoche, la salida de Alfonso Prat-Gay del ministerio de Hacienda y Finanzas colocó a Nicolás Dujovne -un protegido del establishment y columnista de La Nación y Clarín- al frente de Hacienda, una de las dos carteras en que se desdobló el ministerio que conducía el titular saliente.
Clarín es el actual rey de la pauta oficial y, encima, el gobierno acaba de favorecerlo una vez más mediante su primer decreto del año para que ingrese al mercado de las telecomunicaciones y pueda brindar servicios de cuádruple play: video, telefonía básica, celular e Internet. Lo cual le da ventaja sobre sus competidores para ofrecer el servicio. El macrismo había prometido que en el transcurso del año pasado enviaría al Congreso un proyecto de ley de Convergencia, pero todo se hizo sin debate y con la sola firma del Presidente. Si el más despistado de los compatriotas todavía no se dio cuenta, es porque no quiso.
Más provocaciones
Un caso de impunidad para los propios fue el decreto presidencial que flexibilizó el blanqueo de capitales para los familiares de funcionarios, cuando la Ley 27.260 -que fue sancionada a mitad del año pasado- aseguraba la inhabilitación para todo funcionario público, y en su artículo 83 se extendía la prohibición a cónyuges, padres e hijos menores emancipados. Un decreto por el que Macri, Marcos Peña y Prat-Gay ya fueron imputados. Una vez más, sin ningún tipo de recato, se animaron a modificar una ley a través de un decreto para beneficiar a propios y allegados. Como queda claro, la sutileza por las formas no es su fuerte, aunque hablen de transparencia y verdad.
Pero además necesitan favorecer a otros amigos: en El Bolsón fue aprobada una cesión de tierras protegidas para un emprendimiento vinculado al magnate británico Joe Lewis, allegado al presidente. El holding del empresario posee inversiones en Pampa Energía, propietaria de Edenor y Transener. Y aunque las tarifas eléctricas ya subieron -en tanto para 2017 se espera otro fuerte incremento- el gobierno condonó diecinueve millones de pesos a las empresas de energía eléctrica, entre las cuales se encuentra la del amigo Lewis. Y también la de otro dilecto compañero de ruta del presidente: Nicolás Caputo, que es accionista de Edesur y, además, beneficiario directo de la obra pública del gobierno.
En donde también la revancha se conjuga con la impunidad es en la provincia de Jujuy. Allí, los fueros de clase -según palabras de la legisladora del PTS, Myriam Bregman- parecen estar muy sólidos: «hay empresarios como Blaquier, del Ingenio Ledesma, que hasta participaron de un genocidio y están absolutamente impunes«, expresó la diputada, y reafirmó que aquella provincia «es un laboratorio de la impunidad y la represión, donde fueron reprimidos los obreros de Ledesma por reclamar por sus puestos de trabajo, donde se persigue a los trabajadores que luchan y en donde Milagro Sala está detenida por encabezar una protesta contra el gobierno de Morales«.
El nuevo Ministro de Finanzas, Luis Andrés Caputo (primo de Nicolás) es miembro de la familia más cercana al presidente. Hasta su reciente nombramiento, ejercía el cargo de Secretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda. A él no solo le debemos el acuerdo con los Fondos Buitres, sino también el sobreendeudamiento de la Argentina. Ex hombre del Deutsche Bank, posee una sólida fortuna y participación en numerosas sociedades. A su vez, Nicolás Dujovne, el flamante ministro de Hacienda, es un militante del achicamiento del Estado, aunque cobraba desde 2012 un sueldo del Senado de la Nación en el bloque radical. Fue consultor del Banco Mundial, cercano a Trump, director de Papel Prensa y columnista de TN, e integra la lista de funcionarios oficialistas compradores de dólar futuro.
En todos los casos de corrupción, desde los Panamá Papers hasta el más reciente de la constructora brasileña Odebrecht, se repiten los nombres de funcionarios, socios o adherentes del actual gobierno. Sospechas de sobornos, dinero negro para la campaña, conflicto de intereses por la avanzada de los grandes grupos económicos en la incorporación de CEOs como funcionarios públicos: todo lo hacen sin maquillaje, sabedores de que los asiste una renovada impunidad. El único límite, de haberlo, son las próximas elecciones.
Falsa política
No hay decisión política estimulada por el gobierno en la que no resulte beneficiado algún representante del poder económico local: contratos de la obra pública, negocios energéticos, aéreos, financieros, beneficiarios del dólar futuro, nombramientos estratégicos en el Estado, exenciones impositivas, incentivos para fugar divisas, etc. El nuevo ministro de Hacienda y el titular de la cartera de Trabajo promueven bajar las cargas sociales de las empresas -la reducción de aportes patronales son un guiño a sus compadres de la elite- con la supuesta intención (nunca probada) de generar más empleo formal. Asimismo, el gobierno le reabrió las puertas a los capitales golondrinas, eliminando el plazo de 120 días para poder sacar divisas ingresadas al país.
Cada medida política constituye un privilegio cedido a los de su propia clase. Como el reciente anuncio de una reducción en los costos laborales a cambio de dinamizar la llegada de inversiones al yacimiento de Vaca Muerta, que se suma al comunicado de la quita de retenciones para el sector petrolero: el presidente presentó el anuncio como una verdadera Revolución del Trabajo, cuando lo que se esconde es un principio de flexibilización.
En cada declaración de los funcionarios y aliados del gobierno está la confirmación de su sello de pertenencia, la huella de quienes se sienten depositarios de todos los derechos y privilegios. Como salidas de un libro de historia argentina del siglo XIX, las palabras del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay habrían hecho empalidecer a los mismísimos hombres de casaca negra, como llamaba Lavalle a los unitarios. «Cada diez años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, o del sur -había expresado Prat-Gay- (…) con un currículum prácticamente desconocido. No vaya a ser que en 2020 un fulano de tal que vino de Santiago del Estero, que no lo conocíamos (…) apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder«. Arrogancia que ni el propio Rivadavia se hubiese permitido en público.
De esta forma se expresan quienes se sienten los verdaderos dueños del país. Y lo hacen con una retórica insustancial que desnuda su falta de escrúpulos. Más aun cuando tienen alineados a los medios de comunicación hegemónicos, que representan sus mismos intereses. Hay aquí un indicio de lo que el economista Paul Krugman llama la falsa política: la toma de medidas irrelevantes que conciten la atención de los medios y desplacen la información sobre la política real. Es que para Krugman, «la verdadera agenda política pasa por realizar enormes reducciones de impuestos a los multimillonarios y salvajes recortes de programas públicos, incluidos los que son esenciales para muchos de sus votantes«. Se refería a Donald Trump, aunque no es coincidencia el parecido con el caso argentino.
Han venido para recuperar y multiplicar sus negocios. No entienden ni entendieron nunca al trabajador pero, lo que es peor aún, no les interesa hacerlo. Constituyen una elite angurrienta de revancha y engolosinada con sacar ventajas contra reloj, como si la sombra populista acechase a la vuelta de cualquier esquina.
Gabriel Cocimano (Buenos Aires, 1961) Periodista y escritor. Todos sus trabajos en el sitio web www.gabrielcocimano.
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