Diferentes grupos defensores de los derechos civiles han mostrado su preocupación ante el Proyecto Indect, que pretende crear una red automatizada de vigilancia en toda Europa
Según un reportaje publicado por el diario británico Telegraph, la Unión Europea ha invertido 11 millones de euros en la financiación de un proyecto conocido como Proyecto Indect. En él trabaja la policía norirlandesa e investigadores de universidades de diez países europeos, entre ellos la Carlos III de Madrid.
Básicamente, el proyecto, que ha comenzado a funcionar este año y tendrá una duración de 60 meses, consiste en crear una infraestructura para el registro e intercambio de datos y contenido multimedia, y el procesamiento inteligente de esa información para detectar automáticamente «amenazas, comportamientos anormales o violencia».
El sistema se nutriría principalmente de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en múltiples espacios públicos, por ejemplo para facilitar a la policía de los diferentes países de la UE la localización y seguimiento de vehículos sospechosos.
Pero lo realmente inquietante es comprobar como entre sus potenciales logros, el proyecto también promete la construcción de agentes encargados de la monitorización automática de páginas web, foros de discusión, grupos UseNet, redes P2P e incluso ordenadores particulares.
El plan ha sido calificado como «orwelliano» por diferentes organizaciones defensoras de los derechos civiles, que se plantean la necesidad de desarrollar semejante infraestructura y la conveniencia de gastar los fondos comunitarios en este tipo de iniciativas.
Por ejemplo, Shami Chakrabarti, que dirige la ONG humanitaria Liberty, lo califica como «un paso siniestro». «Un proyecto semejante creado en un solo país ya sería grave, pero a nivel europeo realmente asusta», afirma.
El caso es que la Unión Europea parece cada vez más decidida a invertir en este tipo de programas de vigilancia masiva. Este año incrementará un 13% los presupuestos dedicados a combatir delitos y terrorismo y el control de la inmigración, hasta destinar más de 1.000 millones de euros a estas partidas.
http://www.cubaperiodistas.cu/noticias/septiembre09/29/08.htm