El suceso se comprende como un acto de violencia extrema encaminado a dejar un claro mensaje, haciendo publico el corrupto sistema político mexicano y la penetración del narco en todos los planos sociales. Además, deja en claro que la militarización y las políticas punitivas no están dando los resultados esperados. Mientras tanto en Uruguay se […]
El suceso se comprende como un acto de violencia extrema encaminado a dejar un claro mensaje, haciendo publico el corrupto sistema político mexicano y la penetración del narco en todos los planos sociales.
Además, deja en claro que la militarización y las políticas punitivas no están dando los resultados esperados. Mientras tanto en Uruguay se está transitando un nuevo camino respecto de la problemática de la droga y la lucha contra el narco.
La Escuela Normal de Ayotzinapa ha sido objeto constante de represión por parte de los Gobiernos local y federal, ya que cuenta con una fuerte tendencia de izquierda y es conocida como semillero de luchadores sociales y disidentes.
Ante el avance de grupos paramilitares, los múltiples enfrentamientos armados entre las organizaciones narco por el control de zonas y la militarización del conflicto impuesta por el estado nacional, hacen que en determinadas regiones surjan «Grupos de Autodefensa Comunitaria», o mejor conocidos como «Policía Popular» o «Policía Comunitaria», una organización de autodefensa popular surgida entre los años de 2012 y 2013, en las regiones del Golfo y Sur de México, que actualmente están en proceso de regularización para actuar como Policías Rurales, con el fin de evitar enfrentamientos entre las autodefensas y los mismos militares.
Respecto del hecho particular de la desaparición de los estudiantes, una de las hipótesis que circula es que los señores del narco en colaboración con las autoridades locales, policías y un presidente municipal -que milita en las filas del Partido de la Revolución Democrática- hoy en fuga y vinculado al cartel narco «Guerreros Unidos», no están dispuestos a tolerar otro grupo armado en la región, es decir el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), una guerrilla que dicen, recluta sus cuadros en este tipo de establecimientos. Así, el ataque, asesinato y desaparición de los estudiantes es un «mensaje» del narco-estado a la guerrilla.
El saldo que deja el caso de «Ayotzinapa» es: la desaparición forzada de 43 estudiantes; un gobernante municipal en fuga, un gobernador al filo de la navaja (tanto política como legalmente), un Palacio de Gobierno incendiado en una importante manifestación y la figura de la presidencia terriblemente cuestionada ya no solo por los mexicanos, sino además por la comunidad internacional.
La aparición de fosas clandestinas fueron convirtiéndose en noticia cotidiana, 69 cuerpos en una, 15 en otra, 11 en una más; como si se tratara de accidentes geográficos, lo cierto es que desde el 2007 y sólo en tres estados, Tamaulipas, Guerrero y Jalisco, 460 cuerpos han sido «recuperados» de estas fosas.
Entre diciembre de 2006 y enero de 2012 se estima que han muerto alrededor de 60.000 personas mediante ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. Otras estimaciones llegan a contabilizar hasta 150 mil muertos. En lo concreto desconoce con precisión el número de asesinatos de personas en relación con actividades delictivas, que son llamadas «daños colaterales» por el Gobierno.
En diversos sectores del país se ha observado un incremento en los indicadores de violencia y delito. Juárez se ha convertido en la ciudad más insegura del mundo, donde se cometieron más asesinatos que en todo el territorio de Afganistán durante el año 2009.
Pero el conflicto con el narcotráfico se ve aun mas agravado por la forma en que se intenta solucionar, la militarización del conflicto no demuestra un avance real en la lucha contra los narcos. Si no que más bien responde a una lógica, que se está implementando desde los inicios del conflicto y que no demuestra tener grandes avances.
El 1 de diciembre de 2006 Felipe Calderón se hace cargo del ejecutivo y siete días después lanzó el «Operativo Conjunto Michoacán» (OCM) en el que participaron 10 corporaciones federales estatales y municipales con la intención de combatir el narcotráfico «por cielo, mar y tierra».
El Gobierno Federal envío a 4 mil 200 militares, mil marinos, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público a la entidad (OCM) con la misión de acabar con el crimen organizado. La estrategia fracasó rotundamente, y resulta arto evidente que durante el mandato de Calderón se implementó un modelo de seguridad militarizado y punitivo en donde la violencia es el común denominador y en términos reales no demuestra poner un freno al problema en cuestión sino que más bien todo lo contrario.
La incursión de militares en los mandos medios de las jerarquías policiales, junto con el nombramiento de Generales retirados a cargo de las policías estatales, pretende introducir disciplina y lealtad en las fuerzas policiales, características más destacadas del Ejército Mexicano.
Por otra parte, se han sumado miles de soldados a la Policía Federal, en tanto que en la actualidad, se ha dejado al Ejército la responsabilidad de patrullar las calles de aquellas ciudades azotadas por la violencia, sustituyendo en algunos casos prácticamente a las policías civiles.
La guerra contra las drogas ha creado una industria ilegal que actualmente genera más de 330 mil millones de dólares cada año.
Un análisis económico básico puede demostrar por qué la prohibición absoluta nunca funcionará. En términos simples, donde existe una demanda alta aparejada con una prohibición se crea, inevitablemente, una oportunidad de ganancia criminal. Los intentos de interceptar la producción y el suministro de drogas están condenados a fracasar, ya que su efecto (incluso si tienen éxito, lo cual es extremadamente raro) será un incremento en los precios. En consecuencia, ello vuelve al mercado más atractivo para que ingresen nuevos productores y vendedores, lo cual siempre ocurre.
Sin importar cuántos vendedores detengamos o cuántas redes de contrabando aplastemos, el vacío siempre es llenado por una fila de reemplazos disponibles, ansiosos por recibir las extraordinarias ganancias que la prohibición les ofrece.
Por estos motivos las experiencias que se están comenzando a implementar en el continente respecto de la temática drogas y el problema narco que trae consigo, resultan más que interesantes, fundamentalmente porque las políticas punitivas y militaristas no demuestran un verdadero avance en la solución de la problemática, sino que agudizan aun mas una situación que de por si es violenta.
Los estados unidos son el principal mercado, los principales consumidores de estupefacientes en todo el continente y mediante la imposición de las políticas de lucha contra el narco busca – y obtiene – una injerencia directa en los asuntos internos de los estados, el entrenamiento de efectivos militares y el financiamiento son algunos de los instrumentos desplegados por la casa blanca para lograr sus cometidos (en términos prácticos el Plan Colombia es una muestra de estos esfuerzos)
Con esto no quiero decir que la despenalización sea la solución mágica para el problema del narcotráfico en la región, pero es claramente un cambio en la metodología de acción estatal en cuanto intentar dar una solución al conflicto.
La experiencia Uruguaya puede servir para demostrar que la punición y las armas no son la única alternativa a la hora de hacer frente a una problemática que está comenzando a expandirse poco a poco en todo el continente.
Gerardo Leclercq es miembro del Colectivo Sur Global.