Hace apenas unas semanas el presidente Alberto Fernández inició una gira por Europa acompañado de su ministro de Economía, Martín Guzmán (quien había viajado el pasado mes de abril), en el marco de diálogos y búsqueda de apoyo para la negociación con el Club de París y el FMI, reuniéndose con Emmanuel Macron, presidente francés, el Papa Francisco, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, António Luís Santos Da Costa, primer Ministro de Portugal, entre otros.
La búsqueda de apoyo se da en los días previos al vencimiento de la deuda que mantiene la Argentina con el Club de París (deuda que tiene orígenes en las dictaduras de 1955 y 1976 y cuyo próximo vencimiento es de US$2.400 millones el 30 de mayo). El organismo establece en su Estatuto como requisito que el deudor tiene que tener un acuerdo firmado con el FMI para refinanciar los saldos pendientes. En este marco, el gobierno nacional busca lograr con el FMI el acuerdo para un Programa de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en Inglés), en lugar del Stand by[1] firmado por el gobierno macrista, que le permita estirar los vencimientos de deuda inminentes en un plazo de hasta 10 años.
Resulta central entender el conflicto de la deuda externa, y de la política económica general de Argentina, a la luz de la disputa entre dos grandes proyectos que ordenan el escenario nacional: por un lado el Macrismo (Juntos Por el Cambio), con sus alianzas: AEA (Asociación Empresarial Argentina) como un actor central (encabezada por Clarín, Techint, Mercado Libre, entre otros), el Foro de Convergencia Empresarial, la Mesa de Enlace, y como su base, la clase media reaccionaria.
Por el otro, el Peronismo-Kirchnerismo (Frente de Todos), con sus alianzas: Consejo Agroindustrial Argentino, al Vaticano, la mesa de unidad PYMES y como su base, los movimientos sociales alineados detrás de la consigna TTT (Tierra, Techo y Trabajo) y sindicatos que se encuentran encolumnados en la CGT, CTA, además de CTEP, entre otros. En esta situación de empate catastrófico – en términos gramscianos – es que se desenlaza la política nacional, en relación también a los intereses de los programas globales que se debaten actualmente.
La división de aguas entre proyectos en disputa en relación al conflicto de la deuda es muy clara desde el año pasado. Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, es la figura que definitivamente marca el pulso, principalmente en sus declaraciones públicas, que van determinando el clima de la agenda pública, tensionando hacia una estrategia de soberanía nacional.
La relación con el FMI, que venía siendo caracterizada por Kristalina Georgieva, Martín Guzmán y Alberto Fernández como de “entendimiento mutuo” y “muy constructiva”, tuvo momentos de tensión desde febrero del 2020, cuando Cristina Fernández declaró en Cuba, en el marco de la presentación de su libro “Sinceramente”, que el préstamo otorgado por el FMI al gobierno de Mauricio Macri había financiado la fuga de capitales, lo que está prohibido por el estatuto del Fondo, y por ello se debía solicitar una quita de deuda.
En ese marco el gobierno solicitó la revisión del préstamo y su cumplimiento del artículo VI del Fondo, proceso que se vio interrumpido por los cierres en el marco de la pandemia por Covid-19. El organismo (FMI) señaló que la deuda de Argentina era «insostenible» y exhortó a que ambas partes (bonistas privados de la deuda emitida bajo ley extranjera y el gobierno argentino) arriben a un «proceso colaborativo de compromiso con los acreedores privados para maximizar su participación en la operación de la deuda».
Esta situación derivó, luego de varios meses de negociación teniendo al fondo de inversión Blackrock como acreedor privado reaccionario a las propuestas del Gobierno Argentino, en un acuerdo firmado en agosto de 2020.
El 2021. Entre presentaciones judiciales, vencimientos y búsqueda de acuerdos.
Entrado el año 2021, las disputas no cesaron. El 1° de marzo de 2021, en la apertura de las sesiones legislativas, Alberto Fernández arremetió contra el macrismo, y anunció el inicio de una querella criminal tendiente a determinar los autores y partícipes de “la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra”, llevada adelante por medio de “una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”.
En este contexto, unos días después, el presidente promulgó la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece, entre otros puntos, que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera requerirá autorización del Congreso de la Nación. Es a partir de allí, que los voceros de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos instalan en la agenda pública dos ejes de debate: si la deuda debe tomarse en pesos o dólares, y si los acreedores deben ser públicos, privados u organismos multilaterales.
En este marco, es interesante repasar algunos datos que ponen en evidencia el tratamiento que se le da a la toma de deuda en uno y otro proyecto.[2]
Estas disputas que se ponen en agenda pública a través de los medios de comunicación y redes sociales, se inscriben en un año de elecciones legislativas de medio término en el país, factor que también va dilatando o apurando los tiempos de las negociaciones, según se trate de oficialismo u oposición, jugando con el ánimo de la gente, que ve su microeconomía en crisis y una incertidumbre de la que se aprovecha el aparato mediático alineado con la derecha local para su estrategia de desestabilización.
El 24 de marzo, en el acto del “Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia”, nuevamente Cristina Fernández marcó la cancha: «resulta una paradoja que los que están en contra del Estado, de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas». Luego, sobre el rol de Estados Unidos y el FMI dijo: “Bancaron el golpe, bancaron a los ingleses en Malvinas y fueron centrales en que el FMI violara todos los artículos de su estatuto” y sentenció “¿no podríamos pedir, con toda la dulzura del mundo, que nos hagan algún gestito?”. En estas declaraciones, dejó en claro que el proyecto de Juntos por el Cambio también se encuentra alineado a un proyecto económico-financiero internacional que históricamente ha golpeado sobre los procesos políticos de democracia, independencia económica y soberanía política en toda la región, en alianza con las derechas locales.
El 25 de mayo, fecha de nuestra victoriosa Revolución de Mayo, más de 2000 dirigentes sociales, sindicales, políticos, empresariales e institucionales de los ámbitos estatales y educativos, publicaron una proclama con la consigna “Primero la salud y la vida, después la deuda”, donde piden al FMI flexibilizar las condiciones en el arreglo de la deuda en el contexto de crisis económica y sanitaria del COVID-19, y también propusieron que los Derechos Especiales de Giro (DEG), se utilicen para frenar la pandemia y no para pagar la deuda, en sintonía con el proyecto presentado por el Frente de Todos en la Cámara de Senadores.
En este contexto la apuesta del Gobierno argentino para la continua negociación con el FMI, se cierne en dos principales mecanismos: por un lado la reducción de intereses de la deuda contraída por el gobierno macrista, situación que indirectamente disminuye la deuda total; y por otro lado modificación del standby contraído por un “Programa de Facilidades Extendidas” lo que se traduciría en una extensión en los vencimientos de pago en hasta 10 años según cómo sea el acuerdo.
La vieja historia conocida de la deuda pública y la crisis económica actual.
Las asfixiantes deudas públicas son casi tan viejas como los mismos Estados Nación. Recordemos que Argentina nace como Nación prácticamente de la mano de la deuda con la Baring Brothers en tiempos de Rivadavia (1824), deuda que tomó más de un siglo pagar y que fue alimentada por los gobiernos cómplices de los intereses económicos privados.
Entrando a la historia más reciente, los cuatro años de macrismo y su proyecto neoliberal, dejaron una “pesada herencia” en términos de endeudamiento público. A comienzos de 2018 el gobierno recurrió al FMI, que le otorgó un préstamo inicial de US$ 57.000 millones, el más grande de la historia del organismo y equivalente a un 13% del PBI de la Argentina en 2018, préstamo que se dio luego de un fuerte proceso de fuga de capitales, donde en una semana la moneda nacional se devaluó un 15% y el BCRA perdió US$ 5.000 millones; en este contexto la deuda en dólares llegó a representar casi el 80% de la deuda total.
Ya con Alberto Fernández y Cristina Fernández en la presidencia, se inició en marzo de 2020 un difícil proceso de renegociación de deuda pública emitida bajo ley extranjera, cuyos principales acreedores privados estaban comandados por BlackRock (Fondo de inversión), quien rechazó cada una de las propuestas de reestructuración del gobierno y presionó fuertemente, impulsando incluso la fuerte corrida bancaria que tuvo su punto álgido el 15 de mayo. Dicho golpe contó además con la complicidad de las tres grandes calificadoras de riesgo globales (Moody´s, Standard & Poors y Fitch Ratings), que se sumaron a la estrategia de desestabilización.
Asfixia por endeudamiento: un síntoma regional. ¿Quién paga la deuda?
El sistema de crédito y endeudamiento de los actores financieros son herramientas centrales de poder y extorsión, afectando el destino de millones de trabajadores en el mundo, y especialmente hoy en la región de América Latina. Estos mecanismos de coacción y coerción, y la violencia con la que se imponen, nos da elementos para comprender la época actual. Violencia económica y violencia política.
Actualmente asistimos un momento de crisis estructural del sistema capitalista, profundizada por el impacto de la pandemia de Covid-19 y el confinamiento social consecuente, pero que viene golpeando sobre el mundo entero desde el año 2008 con el crack de las hipotecas subprime, momento en el que comenzó el proceso de digitalización y financiarización de la economía o que ofrece elementos para pensar en el tránsito a una nueva fase.
Ante esto, no todos los actores en el mundo perdieron; algunos, como los Fondos de Inversión BlackRock, Vanguard, State Street (llamados Big Three) fueron los principales ganadores y comenzaron con un crecimiento ininterrumpido, a través de una estrategia de inversión pasiva, con una gran diversificación en sus inversiones, apuntadas a las empresas tecnológicas y que incluyen las deudas de los gobiernos nacionales. Las condiciones generales cambian, pero el mecanismo extorsivo es el mismo.
Esta situación de asfixia en Argentina y América Latina provocada por los organismos de crédito y actores de las finanzas y la especulación es más que evidente en la actualidad y tiene una larga trayectoria histórica. Los estallidos sociales de las últimas décadas tuvieron como estandarte el repudio al FMI y sus políticas de ajuste, como el Caracazo de 1989, la Argentina del 2001 o el impuestazo en Bolivia en el 2003.
La historia se repite hoy en otro contexto, agravado por la emergencia sanitaria y económica, donde los pueblos de Chile, Ecuador, Perú y Colombia han ocupado y ocupan las calles exigiendo el fin de los gobiernos neoliberales y sus medidas digitadas por intereses extranjeros, que sumen a miles en situación de extrema pobreza, y llevan adelante un saqueo sistemático de nuestros recursos estratégicos.
Frente a este estado de cosas es necesario discutir quién paga la deuda, que marca también las tensiones al interior del gobierno argentino. Ante una profunda crisis sistémica global, las pérdidas nuevamente se intentan imponer sobre las espaldas de los millones de trabajadores, mientras el 1% de la humanidad se lleva las riquezas socialmente producidas.
Debemos generar las herramientas de organización que sostengan un proyecto de soberanía regional. Debates como la ley de entidades financieras, el control de la Cuenca del Plata y del Paraná, el control de los mercados de capitales y cambiarios, se tornan centrales, ya que estos se constituyen en vehículos para la extracción de nuestros recursos y la fuga de capitales.
Los pueblos en las calles en cada punto de América Latina ponen en evidencia un sistema para unos pocos que ya no puede sostenerse. Desnudan una situación de miseria y desigualdad que tiene claros responsables, y que las operaciones mediáticas se encargan de ocultar. Tenemos dos opciones, que la deuda se pague con ajuste, ya sea por medio de programas del FMI o corridas cambiarias encabezadas por Blackrock, o avanzamos en la construcción de poder popular para imponer un proyecto soberano y que de una vez por todas, el pueblo no pague los platos rotos ni las fiestas ajenas.
Notas
[1] Es un mecanismo por el cual permite al FMI responder rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de los países. Vence dentro de 3¼-5 años de efectuado el desembolso, lo que significa que cada desembolso se reintegra en ocho cuotas trimestrales iguales a partir de los 3¼ años posteriores a la fecha de cada desembolso. https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/33/Stand-By-Arrangement
[2] Datos obtenidos del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET).
Matías Caciabue. Licenciado en Ciencia Política, Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF ) en Argentina e Investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).