El 2 de agosto comenzó en Mendoza un nuevo juicio por los delitos cometidos en la dictadura genocida, procesos que caracterizan al país de la memoria y la justicia. La justicia más allá de las condenas; la verdad como reescritura del pasado reciente; la memoria que orienta los conflictos del presente. Está en marcha el […]
El 2 de agosto comenzó en Mendoza un nuevo juicio por los delitos cometidos en la dictadura genocida, procesos que caracterizan al país de la memoria y la justicia. La justicia más allá de las condenas; la verdad como reescritura del pasado reciente; la memoria que orienta los conflictos del presente.
Está en marcha el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia. Diez represores deberán dar cuenta de las desapariciones, secuestros y torturas sufridos por veintiocho militantes durante los oscuros años del terror genocida. Pero más allá del tenor punitivo de las condenas que dictará el Tribunal, las audiencias introducen sobre la superficie del sentido común las claves del debate cultural en el actual escenario político.
Los testimonios de las víctimas, los documentos probatorios del horror y la puesta en evidencia del plan sistemático de exterminio impactan no sólo en el esclarecimiento de lo ocurrido hace tres décadas. En la revelación de un pasado mil veces ocultado está la matriz de las transformaciones en curso, aquellas que se hacen visibles desde hace casi diez años y esas otras que aún deben producirse.
La relación de la memoria colectiva con los proyectos políticos es evidente. En los años de la impunidad, la cultura del olvido y el perdón sirvieron de base para la profundización de un modelo de feroz exclusión social y vergonzosa entrega nacional. El relato dominante -articulado desde la recuperación democrática en 1983- explicó la etapa dictatorial desde el mito de los dos demonios y desembocó en el plano jurídico en los indultos y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ese relato fue la clave cultural para ejecutar las reformas estructurales más regresivas que recuerda nuestra historia por su brutal impacto sobre las condiciones de vida de las grandes mayorías.
Un nuevo relato, asentado sobre los valores democráticos y la verdad histórica, emergió en Argentina al calor de la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos y las esquirlas del estallido social y económico de 2001. Desde entonces, la construcción de un proyecto popular requirió, como premisa fundante, una profunda reescritura de la historia. La historia, digámoslo de una vez, es un terreno en disputa, un lugar donde los distintos proyectos políticos que intervienen en el presente pujan por establecer los márgenes de la representación de los hechos del pasado.
Hacer memoria, entonces, no es el acto mecánico e individual de recordar. Es, más bien, participar de una dinámica colectiva y compleja en la que se juegan los valores que constituyen el orden social presente.
Desde este enfoque, las instancias judiciales que se abren alrededor de los crímenes del Terrorismo de Estado son mucho más que un acto de reparación y de justicia.
La política de derechos humanos del gobierno nacional fue la clave para avanzar en las medidas redistributivas, de ampliación de derechos y de soberanía política y económica: desde la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF); desde el matrimonio igualitario hasta el desendeudamiento; desde la Ley de Medios hasta los millones de nuevos puestos de trabajo.
La agenda política mendocina debe pensarse en ese sentido y en ese contexto. La sustanciación del tercer juicio abre nuevos espacios y renovadas posibilidades para pensar los temas más complejos y deslegitimar los planteos más reaccionarios.
Así, la seguridad ciudadana no puede resolverse al margen de su relación con los derechos humanos. El paradigma de la seguridad democrática no es un capricho garantista, es la constatación, surgida de una mirada sobre nuestro pasado, de que el endurecimiento del margen represivo es la puerta de ingreso a los abusos y los tormentos ejercidos desde el poder estatal. Los testimonios que se podrán escuchar en el juicio que acaba de comenzar serán una cruda muestra de los límites que no debemos atravesar. La llamada Ley Petri, por ejemplo, va en ese oscuro camino.
Las políticas sociales no deben ubicarse como simples paliativos, tal como se las entendió años atrás. Son, como se las está ejecutando, una herramienta de inclusión para terminar con los resabios de la marginalidad estructural heredada del neoliberalismo. El trabajo digno, entonces, debe ser el objetivo final, porque es en él donde se reconstruye el tejido social desmembrado desde la dictadura y donde se recupera la expectativa en un futuro mejor. Quedará plasmado en los juicios que uno de los objetivos del plan genocida fue desarticular los ámbitos de organización colectiva, uno de los cuales, sin dudas, era el espacio laboral.
El sistema productivo-industrial tendrá que continuar su recuperación. El eje central del plan represivo fue la implantación de un modelo basado en la especulación financiera y el desmantelamiento de la industria nacional. Será tarea de las autoridades nacionales y provinciales seguir promoviendo la asociatividad y los modelos solidarios de gestión productiva.
Una reforma constitucional que revalorice la participación ciudadana irá, seguramente, en el sentido virtuoso de recuperación de la actividad política por parte de las nuevas generaciones. Por décadas, el horror de la represión, y el desencanto en los años que le siguieron, alejaron a la política de sus ámbitos naturales de desarrollo y la subordinaron a las necesidades del poder económico.
Son múltiples las consecuencias de la revisión de nuestro pasado reciente. En el debate actual, urgente y cotidiano, las diferentes miradas y perspectivas no pueden disociarse de un modo particular de explicar la etapa más oscura de la historia argentina. En esa puja, cada causa que avanza, cada represor condenado y cada nuevo dato que se sale a la luz debilita a la reacción conservadora y fortalece al proyecto nacional, popular y democrático que se abre paso desde 2003.
El contraste es elocuente: los gobiernos provincial y nacional participan como querellantes en el juicio y altos funcionarios presencian las audiencias; mientras, radicales, demócratas y gran parte del arco opositor cuestionan la legitimidad de estos procesos, o menoscaban su relevancia histórica.
Si no comprendemos la relación entre memoria y proyecto político, podemos quedar empantanados en serias contradicciones; es un riesgo que no nos debemos permitir si aspiramos a continuar el rumbo de la transformación.
Fuente: http://www.apasdigital.org/apas/nota_completa.php?idnota=5634