Sobre la necesidad de empezar a formular algunas preguntas incómodas. Los actos de violencia policial son comunicados por los medios con la simpleza de un resultado deportivo o con la certeza de lo inevitable del pronóstico del tiempo Con el tiempo hay preguntas que se van haciendo inevitables. Y hay hechos que, al repetirse, nos […]
Sobre la necesidad de empezar a formular algunas preguntas incómodas. Los actos de violencia policial son comunicados por los medios con la simpleza de un resultado deportivo o con la certeza de lo inevitable del pronóstico del tiempo
Con el tiempo hay preguntas que se van haciendo inevitables. Y hay hechos que, al repetirse, nos traen con insistencia al presente esos cuestionamientos que venimos negando. Y el cuerpo social no escapa a estas situaciones propias de la vida privada de los hombres.
Docentes y estatales del Chaco fueron arrasados por un grupo de gauchos a caballo cuando cortaban la Ruta Nº4, el último martes 26 de julio, ante la atenta mirada de la policía local.
La «Cabalgata de la Fe», que se trasladaba hacia la Virgen de San Pantaleón, se encontró con que cerca de la localidad de Quitilipi, un piquete de docentes impedía su peregrinación. Unas 200 personas lograron sortear el bloqueo desviándose pacíficamente por un costado del asfalto. Cuando desde el fondo de la columna de fieles arremetió al grito del sapukay una cuadrilla de jinetes que se abrió paso rebenque en mano. Tamaña fue la sorpresa de los maestros que desde el día anterior cortaban la ruta como parte del plan de lucha nacional de la CTERA. Tanto éstos como los agremiados de ATE que participaban del piquete, en apoyo a la medida, no pudieron enfrentar el embate, mientras la policía observaba con pasmosa tolerancia. El galope sobre los manifestantes fue implacable: los obstáculos que daban cuerpo al corte fueron pasados por encima junto con quienes allí reclamaban. Mujeres y chicos corrieron hasta ser encerrados y castigados como al ganado: a rebencazo limpio.
Si bien la forma fue lo que sorprendió a los manifestantes, la acción en sí, no. Estos esperaban que de alguna manera el gobernador de la provincia, Roy Nikisch, trataría de romper la protesta. No hay pruebas concretas de que haya sido el caudillo provincial quien organizó el ataque. Pero la pasividad policial, la brutalidad del accionar, más lo injustificado, teniendo en cuenta que el resto de quienes peregrinaban no tuvieron roces con quienes se manifestaban, hace imaginar un trasfondo destinado a callar voces inconvenientes en épocas de campaña.
Tanto el resultado -manifestantes reprimidos- como algunas características -acción o inacción policial junto al mandato o complicidad del gobierno local- se encuentra dentro del marco con el que se vienen tratando las últimas protestas callejeras.
Como ejemplos de esta tendencia se suman el violento desalojo que trabajadores del frigorífico Tango Meat sufrieron por parte de la policía, el domingo 24 de julio, en la localidad bonaerense de Pacheco. O la represión y el encarcelamiento de más de 50 manifestantes que habían tomado una planta de Repsol-YPF reclamando puestos de trabajo en la localidad de Cañadón Seco en la provincia de Santa Cruz, el 20 del mismo mes. Estos últimos hechos se suman a la emboscada que sufrieron semanas atrás trabajadores del gremio bancario opuestos a la conducción de Zanola por parte de matones de la barra brava de Huracán, enviados por el líder del sindicato.
Todos estos actos de violencia son comunicados por los medios con la simpleza de un resultado deportivo o con la certeza de lo inevitable del pronóstico del tiempo. «Lloverán bastonazos a quienes marchen hoy por la tarde, recomendamos a los manifestantes salir con paraguas y calzón de lata», faltaría que diga la pronosticadora de turno. Ahora ante la insistencia de esta metodología es inevitable comenzar a hacerse algunas preguntas: ¿Qué poder concreto tiene la ciudadanía en la actual sociedad? ¿Cómo puede participar de los mecanismos democráticos alguien que no tiene a quien hacerle paro y que pretende protestar por su situación económica? Pero si además los gobiernos tratan de ilegalizar los paros de quienes sí tienen trabajo, como el bonaerense con respecto del plan de lucha docente; o los reprimen en el momento de la protesta, como en el caso ya mencionado del Chaco; ¿qué prácticas democráticas quedan para ejercer, además del voto cada dos años?
Finalmente, si los medios actúan como voz de la clase media y condenan permanentemente toda medida de fuerza, como el caso de la lucha de los trabajadores del Instituto Malbrán, ¿esto no demuestra que el efectivo ejercicio de la democracia le importa a muy pocas personas en este país?
Si, basándonos en el dicho popular, la violencia sólo engendra más violencia ¿qué monstruo estarán intentando gestar las autoridades en el campo popular? ¿Qué buscan provocar…?
Preguntas, sólo preguntas. Muchas preguntas. Preguntas que deben hacerse las autoridades y la sociedad en su conjunto. Preguntas que, por incómodas y peligrosas, no dejan de ser necesarias.