Con el título «¿Quién está retrasando la publicación de la investigación de la OMS sobre los bebés nacidos en Iraq con malformaciones genéticas?» la periodista estadounidense Kelley Vlahos ha escrito un minucioso relevamiento acerca de ese sospechoso retraso. Todo lleva a pensar que hay una corriente, subterránea, no expresa, de presiones para que tal informe […]
Con el título «¿Quién está retrasando la publicación de la investigación de la OMS sobre los bebés nacidos en Iraq con malformaciones genéticas?» la periodista estadounidense Kelley Vlahos ha escrito un minucioso relevamiento acerca de ese sospechoso retraso. Todo lleva a pensar que hay una corriente, subterránea, no expresa, de presiones para que tal informe no salga a la luz. Vlahos revela como médicos iraquíes son remisos a declarar o prefieren hacerlo desde el anonimato y cómo un oncólogo de mucho renombre, iraquí, habló claro, desde Basora, una de las ciudades-regiones más afectadas, y fue despedido por el gobierno marioneta de Yalal Talabani.
A comienzos de 2013 simultáneas ediciones de Tiempo Argentino y Clarín (del 6 de enero) se descargaban con media docena de artículos en sendos «informes» sobre la contaminación química a través de la soja.
Remito, a quien le interese, a mi abordaje y análisis de todos esos textos (y a tales textos propiamente dichos) y a las limitaciones que entendí tenían y que procuré desentrañar.1
Con fecha 24 de agosto ha sido subido a internet el texto principal de aquellos seis publicados en enero, una nota de Silvina Heguy, bajo el título «Historias de una tierra herida». En realidad, se trata de un nuevo texto con tramos del de enero, algo ampliado (de unos 15 mil espacios pasa a 20 mil), que a grandes rasgos mantiene el mismo enfoque (totalmente compartible en la denuncia de cómo se están afectando las vidas particulares y concretas de seres humanos, aunque no pasa lo mismo con sus propuestas políticas).
La nueva edición del trabajo de Heguy se destaca en varios aspectos que procuraremos relevar:
En primer lugar, la edición de agosto resulta más bien un trabajo integrado de texto e imagen, difundido por Getty Images. El artículo de enero también contaba con alguna foto de apoyo −cuatro−, pero carecía de la fuerza testimonial que presenta ahora el trabajo, donde la galería de imágenes -más de cuarenta− es lo que realmente vertebra el alegato. Al cual es difícil encarar con frialdad. La crudeza de la realidad producida por la agroindustria es sobrecogedora.
La presentación de agosto, bajo el título «Historias de una tierra herida» (el artículo de enero se titulaba, mucho más restrictivamente: «Mal uso y falta de control: el drama de los chicos que crecen en pueblos fumigados») tiene una introducción donde se denuncia precisamente la política editorial de Clarín, afirmando que «albergó» el artículo de su redactora buscando «la forma de limitar el alcance del informe publicándolo solamente en el Clarín zonal del Norte y no en la edición nacional. Ninguno de los medios del multimedios Clarín hicieron eco del revelador informe», nos aclaran ahora en la introducción. Se trata de política «interna» de Clarín que desconocíamos en enero de 2013. Pero el mero dato aritmético, del número de fotos habla a las claras de la voluntad de asordinar el mensaje.
El enfoque del trabajo de Heguy era «remediacionista», como se revela en el título transcripto de enero 2013. Estructura su crítica sobre la base del mal uso de agrotóxicos, que generalmente sus productores y cultores… terminan descargando sobre el operario que trajina con los venenos.2 Heguy llega a citar in extenso a CASAFE para refrendar su crítica al «mal uso». CASAFE es la cámara empresaria de los que se autodefinen, humildemente, como «Industria de la Ciencia de los Cultivos», que agrupa a laboratorios dedicados a la agroindustria y consiguiente elaboración de agrotóxicos y cámaras empresarias de rubros afines (como la de química y petroquímica). CASAFE está sin duda al frente de la expansión de agrotóxicos en todo el país desde hace ya muchos años.
Afortunadamente, Heguy suprime la incalificable «voz» de CASAFE en su versión de agosto. Nos parece un avance, aunque no lo podamos calificar de «franco avance» porque falta una razón, una explicitación para tal supresión.
Si algo tenía de excelente el trabajo de Heguy en enero era precisamente destacar la odisea personal de víctimas de la fumigación agroquímica. El trabajo presentado ahora por Getty Images realza ese mensaje con la batería de fotos, muchas de pequeñuelos afectados por las más atroces dolencias y con las expresiones de sus cuerpos y rostros acordes con la tortura que los modernosos de CASAFE, Monsanto, Dow Chemical, etcétera, junto con las «autoridades públicas» (es decir, elencos políticos tan especializados en demagogia), han dispuesto para ellos.
Heguy insiste en la responsabilidad de las autoridades, remisas en dar cumplimiento a tareas de control. Lo cual es correctísimo. Aunque más importante, tal vez, tendrían que ser las instancias públicas de previsión, prevención, programación. Y el rechazo terminante a adoptar las maravillas de la biotecnología sólo porque un laboratorio estadounidense, japonés o suizo nos lo «brinda», aunque venga refrendado por las instancias públicas de EE.UU., por ejemplo, que ya deberíamos saber que no se trata de ciencia pura ni de verdad desinteresada sino de planteos, siempre geopolíticos, a la búsqueda de la «preponderancia»… de los que tienen la sartén… y el mango.
También destaca el papel cómplice o cobarde de las instancias médicas ante los diversos casos. Muchos médicos llegan incluso a declarar off the record que el origen de tantas situaciones atroces son sencillamente los agrotóxicos, pero no están dispuestos a jugárselas. A veces, puede ser el puesto… público. (¿algo más?).
La penosa situación de Irak roza a Argentina.
En lo que tiene que ver con el control, Heguy nos recuerda los sucesivos fallos del estado argentino para su implementación y la retahíla de omisiones es tan alta que uno no puede dejar de considerarlas sintomáticas y sistémicas. Heguy habla de carencia absoluta de controles públicos, es decir del estado, y para remate, de generalizada falta de asistencia ante las intoxicaciones que van arrasando a los habitantes de los campos.
Lamentablemente ni en la versión de enero citando «el centro de epidemiología del país» ni en la de agosto refiriéndose al «Centro de Epidemiología provincial» podemos ubicar el bendito organismo, al que Heguy acusa directamente de desidia absoluta, eso sí perfectamente creíble. Heguy nos informa que dicho centro se opuso a resoluciones judiciales en El Chaco que atribuían el daño sobre muchos pobladores en La Leonesa y en Las Palmas a agrotóxicos (cánceres triplicados, malformaciones congénitas cuadruplicadas…), pero que jamás presentaron informe alguno «alternativo»…
Uno de los núcleos duros de la cuestión es la presencia naturalizada de agrotóxicos. Según Heguy, son «las fumigaciones descontroladas» las que provocan daños. La pregunta obvia es plantearse las consecuencias de fumigaciones controladas. Es indudable que hay una diferencia como bien señala Heguy. No es lo mismo fumigar con viento que sin él. Con viento nos aseguramos una deriva más bien fuera de control o con repercursiones en sitios que de ninguna manera están programados. En calma, la fumigación tendrá un destino más previsible y manejable.
Entiendo, sin embargo, que hay un planteo previo, que deberíamos afrontar: ¿tiene sentido una agricultura basado en el envenenamiento?
Recordemos que hasta la década del ’20 del siglo pasado, «los plaguicidas» eran recursos suaves (frutos, cadenas alimentarias, el caldo bordelés…) y que fue tras la llamada Primera Guerra Mundial (o «Gran Guerra»), en que se usaron gases mortales como armas «entre humanos», en que los laboratorios volcaron sus «saberes» acerca de cómo eliminar enemigos, pasando de humanos a insectos, como resultado del «estallido de la paz» que los dejara desocupados en el rubro inicial.
A ojos de quien esto escribe, ese origen de los agrotóxicos aplicados a insectos, orugas y otras «sabandijas» del campo (insecticidas, nematicidas, fungicidas, acaricidas, una larga lista de biocidas) no ha resultado sino un camino problemático; cargado de venenos y por lo tanto de enfermedades.3 Y con una coda tal vez inesperada y más grave: los laboratorios, productores de medicamentos para curar enfermedades (¿o vivir de ellas?) han pasado a controlar cada vez más la agricultura mundial, adueñándose de las semillas comestibles, por ejemplo y patentando todos los pasos con lo cual se va impidiendo a los campesinos su autonomía histórica, milenaria.
Estas consideraciones parecen totalmente ajenas al universo mental de Heguy. Pero entiendo constituyen una pregunta inseparable de las fotos que presenta el trabajo de Getty Images.
Le recuerdo al paciente lector que hasta aquí haya llegado que hace poco comencé otra nota con un acápite que puede parecer risueño pero que es literal,4 donde planteaba que si alguien provoca un incendio en los campos, es lógicamente tratado como piromaníaco (o empresario que invierte con métodos no convencionales…) y por tales delitos merece una pena; si alguien roba las patas que andan por encima de los campos (y esas patas tienen dueño), se lo condena por abigeato, pero si alguien desparrama venenos por campos cultivados… es premiado -particularmente en Argentina− con una montaña de dólares…
El avance de los dueños de los agrotóxicos sobre los alimentos para la población, es decir, genéricamente todos nosotros, se ve mucho más claramente en determinadas circunstancias políticas, militares.
Hagamos un sucinto repaso por lo actuado en algunos países, apenas. Países cuyo destino se ha ido configurando militarmente, aun con grandes variaciones entre sí, como Colombia e Irak. En ellos, las redes laboratoriles se han adueñado de todos o de lo principal de los circuitos industriales.
Nos dice Carmelo Ruiz Marrero: «La apropiación de la biodiversidad llegó a un nuevo nivel de sofisticación en la posguerra fría con la novedosa modalidad del imperialismo conocida como globalización. En la década de los ’80, EE.UU. y sus aliados empujaron una ronda de negociaciones de comercio global conocida como la Ronda de Uruguay, la cual incluía un nefasto tratado de propiedades intelectuales (TRIPS, por su sigla en inglés) que viabiliza la privatización de la biodiversidad mediante patentes sobre la vida.» 5
Ruiz Marrero nos brinda algo escalofriante del caso iraquí, que debería ser leído in extenso, aquí me limito a citarlo: «Cuando Paul Bremer, ex administrador civil estadounidense en Irak, dejó su puesto el pasado junio en la supuesta entrega de soberanía, dejó en efecto unas cien órdenes que siguen vigentes hoy con fuerza de ley. Una de éstas, la 81, le prohíbe a los agricultores iraquíes guardar semillas […]; tendrán que comprarla todos los años a agroempresas […].» 6
Porque la invasión de EE.UU. y vasallos/aliados [táchese lo que no corresponda] a Irak no significó solamente la reapropiación del petróleo para «Occidente» sino también la oportunidad para implantar manu militari la «revolución agroalimentaria y agroindustrial» que EE.UU. ha ido llevando adelante por medios políticos (o «por las buenas», si se quiere) en los mismos EE.UU. y en Argentina. De ese modo, la disposición nro. 81 del administrador plenipotenciario Paul Bremer estableció prohibición absoluta a los campesinos iraquíes -decanos de la agricultura humana y mundial− a seguir atesorando sus semillas para proseguir la milenaria resiembra; con el país ocupado están obligados a comprárselas a Monsanto, bajo pena de cárcel. Como bien resume nuestra ya citado Ruiz Marrero, glosando a su vez a GRAIN , «Irak es uno de varios escenarios donde las corporaciones transnacionales procuran imponer monopolios sobre las semillas para así controlar a escala mundial la agricultura y la alimentación de la humanidad.» (ibídem)
Vemos aquí una suerte de salto geopolítico del imperio centrado en EE.UU. que hasta principios del siglo XXI, había estado implantando su política mediante persuasión, colusión, coincidencia, identificación, como es el caso de los dos primeros estados donde se difundieron masivamente los alimentos GM (EE.UU. y Argentina). Desde 2004 «amplían» tal difusión también mediante decretos militares (algo que también se ha practicado, aunque en un modelo más mezclado, en Paraguay). El excelente Peter Rosset (de Food First), también citado por Ruiz Marrero, aclara: «Con la guerra contra Irak y con las nuevas bases militares en países del Sur, EE.UU. busca la ventaja frente a sus competidores en la nueva guerra de colonización del Tercer Mundo.» (ibídem).
Si el avasallamiento en Irak constituye un leading case para los planes imperiales «globales», la geopolítica del dólar y el garrote tienen muchas más y diversas aplicaciones. Recientemente, destacamentos militares colombianos requisaron toneladas de arroz que los campesinos habían guardado como de costumbre para la próxima cosecha (generalmente los mejores granos, autoasignándose consumir los menos «lucidos») y las vertieron directamente en basurales, malográndolos completamente (ya que se lo condenó a no ser usado ni como semilla ni como grano comestible). ¿El motivo? Tales campesinos estaban incurriendo en «delito» violando las leyes imperiales que exigen, de acuerdo con las demandas de los consorcios estadounidenses, que se recompre todo grano para nuevas siembras. Bajo apercibimiento de multa y cárcel. Esto, que es del máximo provecho para las exportaciones de EE.UU. es directamente la ruina para las producciones locales: en el caso del arroz, Colombia después de haber alcanzado la autonomía alimentaria a mediados del siglo XX, ha sido minada año a año por los subsidios estadounidenses que «invitan» a colombianos a consumir arroz casi regalado, hasta quebrar la producción local y entonces sí, realzar los precios. A comienzos del s. XXI los colombianos están con una dependencia alimentaria del Hermano Mayor que ha pulverizado el esfuerzo autóctono para reafirmar su autonomía alimentaria.7
En países con el régimen llamado «del barco a la boca»,8 como p. ej. Egipto, la fragilidad alimentaria es tan grande como para que haya habido decenas de muertos en las colas de las panaderías en 2008, cuando hubo retrasos en el suministro: a tales países son llevadas cosechas agroindustriales por los grandes consorcios, ya que la agricultura local ha sido sistemáticamente dislocada y destruida.
En otros países, donde la penetración de los consorcios agroindustriales ha sido hecha de consuno con sectores locales, como es el caso de Argentina, con sojeros y otras agroindustrias representadas mediáticamente por La Nación y Clarín, el control de las semillas también avanza, pero con «mejores modales».
Los ejemplos apenas esbozados de diversas situaciones nacionales nos revelan los planes de dominio absoluto mundial, los afanes de ciertos elencos para cumplir aquel aforismo de Henry Kissinger consejero de varios gobiernos imperiales: ‘que quien domina el petróleo, domina los países, quien domina los alimentos domina las poblaciones.’
Y sobre todo, nos revelan el escaso cuidado que los titulares del poder mundial y las autoridades públicas nacionales tienen con la salud de los seres humanos comunes.
Extracto de «Maten al trabajador», de Guillermo Torres
El autor repasa las normas para el uso de agrotóxicos y concluye que son absolutamente abstractas e incumplibles. Remata: «No se puede frenar la contaminación emergente del modelo. Se haga lo que se hiciere. Por lo tanto, lo que se hace es hacer como que se hace. Y en esto consiste toda la llamada legislación ambiental, de la que nosotros esperamos protección.»
Un ejemplo pone Torres que gráfica ese enfoque abstracto y puramente retórico. Refiriéndose al Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas (versión revisada) adoptado por el 123º período de sesiones del Consejo de la FAO (noviembre 2002) nos señala:
«1.3 El Código describe la responsabilidad compartida de varios sectores de la sociedad para trabajar conjuntamente, de modo que los beneficios que derivan del uso necesario y aceptable de plaguicidas, sean logrados sin efectos adversos significativos a la salud humana o al medio ambiente. Para tal fin, todas las referencias en este Código a uno o varios gobiernos se aplican igualmente a los grupos regionales de gobiernos en asuntos referidos a sus áreas de competencia.
1.4 El Código plantea la necesidad de un esfuerzo de cooperación entre los gobiernos y los países exportadores e importadores de plaguicidas para promover prácticas que, reduzcan al mínimo los posibles riesgos para la salud […].
1.5 Las entidades a las que se dirige el presente Código son, entre otras: las organizaciones internacionales los gobiernos de los países exportadores e importadores, la industria de plaguicidas y de equipos de aplicación, los comerciantes, la industria alimentaria, los usuarios, y organizaciones del sector público tales como grupos ecologistas, grupos de consumidores y sindicatos.
1.6 El Código reconoce que la capacitación, a todos los niveles apropiados, constituye un requisito esencial para la aplicación y el cumplimiento de sus disposiciones. Por consiguiente los gobiernos, la industria de los plaguicidas, los usuarios de plaguicidas, las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras partes interesadas deben otorgar alta prioridad a las actividades de capacitación […]»
Nadie imaginaría leyendo estos textos, que existiese siquiera una leve «asimetría » entre los poderosos del AGRONEGOCIO, los grandes laboratorios con su poder económico que se convierte en un poder corruptor casi ilimitado, los grandes productores asociados y su poderío territorial, el poder de la propia OMC, pugnando −con éxito− para imponer la «libertad de comercio» por sobre cualquier otra consideración (vida, salud, ambiente), y los débiles campesinos empobrecidos, sometidos −en las zonas marginales− a la violencia y a la expropiación de sus tierras, o bien inmigrantes ilegales, en estado de sumisión y hasta de esclavitud, obligados a trabajar en las condiciones que se le impongan.
La conclusión de Torres es nítida: «A los organismos internacionales, parece afectarlos poco y nada la realidad: Suiza y Haití en un pie de igualdad, Suecia y Paraguay, es todo lo mismo […]. Más claro, échele glifosato.»
Notas:
1 «¿La soja tiene críticos en Argentina? ¡Eureka!», que ha sido subida a indymedia, rebelión, kaosenlared, El Abasto y otros medios-e.
2 Véase al respecto el preciso análisis de Guillermo Torres en su análisis, «Maten al trabajador», que glosamos en recuadro aparte.
3 Como con la medicina, en que los medicamentos se han constituido en el capítulo mayor de las enfermedades, «las curas del campo» mediante agrotòxicos se han convertido en la principal fuente de enfermedad y muerte en el área respectiva.
4 «Mercado mundial aparente, provincianismo real». Monsanto: poder detrás del trono, difundido-e, ALAI, kaosenlared, argenpress y otros.
5 «Semillas del imperio», ALAI, rebelión, entre otros, 9 mayo 2012.
6 «Golpe a la cuna mundial de la agricultura: Irak, basurero de EE.UU», 2004; argenpress.info; boletín-e UITA, www.bioseguridad.tk
7 Véase, entre tantos otros, el abordaje de Hernán Pérez Zapata, quien presidiera a fines del siglo pasado la asociación colombiana de agrónomos.
8 Se trata de sociedades que han perdido la capacidad de autoalimentarse, una dependencia que ha sido «sabiamente» estimulada por los centros de poder articulados desde EE.UU., incluso con amparos «ideológicos» como la teoría de las ventajas comparativas. Y que por ello, sus alimentos básicos suelen llegar al país en barco. De allí la imagen.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.