MADRID.- La ex canciller Ana Palacio dio un nuevo giro en la controversia desatada entre el juez Baltasar Garzón y el gobierno de Néstor Kirchner por el fracaso de la extradición de 40 militares de nuestro país al afirmar que, en comunicación privada, se le «planteó» que esos oficiales «serían juzgados en la Argentina». La […]
MADRID.- La ex canciller Ana Palacio dio un nuevo giro en la controversia desatada entre el juez Baltasar Garzón y el gobierno de Néstor Kirchner por el fracaso de la extradición de 40 militares de nuestro país al afirmar que, en comunicación privada, se le «planteó» que esos oficiales «serían juzgados en la Argentina».
La ex ministra precisó que el planteo le fue transmitido, en diálogo telefónico, por el canciller Rafael Bielsa. Y que ocurrió antes de que el gobierno de José María Aznar anunciara, en agosto de 2003, que desistía de impulsar la solicitud del juez de la Audiencia Nacional para que le remitieran a su juzgado a los militares argentinos.
Tras confirmar que esa comunicación sí existió, explicó su alcance con el razonamiento de que si un país informa categóricamente que va a juzgar a determinados nacionales carece de sustento lógico que otro extranjero los requiera al mismo tiempo con idéntico fin. Lo hizo eligiendo con cautela las palabras que usaba.
«Lo que a nosotros el gobierno argentino nos planteó es que esas personas reclamadas por la justicia española iban a ser juzgadas por la justicia argentina. Y que, en ese caso, no tenía sentido (se corrige)… no ha lugar la extradición», dijo.
El jueves último, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó en conferencia de prensa que la decisión de no llevar adelante las mentadas extradiciones «fue del ex presidente Aznar» y que el gobierno argentino «no tuvo nada que ver».
Esa fue su reacción luego de conocer afirmaciones del juez Garzón según las cuales Aznar no accedió a su demanda sobre los militares porque el gobierno argentino «había pedido tiempo para poder desarrollar la acción contra la impunidad», a partir de la derogación parlamentaria de las leyes de obediencia debida y de punto final, que antes de ello lo impedían.
Las extradiciones quedaron en suspenso hasta verificar si los procesos efectivamente empezaban en nuestro país.
Incluían, entre otros, a ex integrantes de las juntas militares y a un listado de oficiales acusados por el juez español de violaciones de los derechos humanos.
En aquel momento, y luego de conocida la decisión de Aznar, hubo conjeturas coincidentes en el sentido de que el gobierno de Néstor Kirchner prefería que esos procesos se llevaran a cabo en tribunales de nuestro país y no en los españoles, luego del profundo cambio que había impulsado en el escenario legal.
Libro polémico
Pero hasta la reciente publicación del libro «Un mundo sin miedo», del juez Garzón, nadie había afirmado en forma explícita la decisión del Gobierno.
En ese texto -que también ha levantado ampollas en España- el magistrado más famoso del país asegura que la explicación sobre lo sucedido con su demanda sobre los militares argentinos se la dio el entonces ministro de Justicia, José María Michavila, en una conversación que reprodujo de este modo:
-Baltasar, en este tema hemos hecho lo que nos ha pedido el gobierno argentino. Nos han pedido tiempo para poder desarrollar la acción contra la impunidad.
-¿Es eso cierto? -pregunta Garzón, «un poco sorprendido por la información».
-Ana Palacio, la canciller, ha estado en constante contacto con su colega argentino a lo largo del mes de agosto -contesta Michavila.
Garzón calificó tal episodio como «un nuevo punto final» en la Argentina. Y afirmó que lo «llenó de angustia» saber que había sido firmado por España «en cooperación intergubernamental» con nuestro país.
Ni Michavila ni Aznar han querido volver sobre la cuestión. Ayer, la mujer que manejó las relaciones exteriores de España durante aquellos delicados momentos confirmó que los contactos existieron.
Pero se cuidó mucho al explicar su sentido y los términos utilizados en su transcurso para no caer -dijo- «en eso de que una verdad a medias es peor que una mentira».
Así, precisó: «No es que [Bielsa] me pidiera que esos militares no se extraditaran. El asunto es que si se juzgan en la Argentina, no se extraditan».
Fuente: La Nación