Las últimas medidas tomadas por el gobierno ante la necesidad de obtener dólares para las descendientes reservas del Banco Central, el arreglo para pagar juicios del CIADI y acelerar los préstamos del Banco Mundial, las reuniones con organismos financieros internacionales y el representante del tesoro norteamericano, son todos hechos que ya no dejan dudas respecto […]
Las últimas medidas tomadas por el gobierno ante la necesidad de obtener dólares para las descendientes reservas del Banco Central, el arreglo para pagar juicios del CIADI y acelerar los préstamos del Banco Mundial, las reuniones con organismos financieros internacionales y el representante del tesoro norteamericano, son todos hechos que ya no dejan dudas respecto a lo que venimos afirmando: este modelo no se sostiene si no es con el retorno al endeudamiento externo.
A fines de 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 9.810 millones de dólares, y declaraba el inicio de un camino independiente para la toma de decisiones económicas más allá de las recetas que el organismo nos había impuesto durante décadas. Afirmó entonces que dicho pago serviría para «ganar grados de libertad para la decisión nacional».
Siete años después, en agosto de 2012, el actual ministro de Economía Hernán Lorenzino proclamó una nueva independencia al pagar los últimos bonos del corralito, los BODEN 2012. Los tenedores eran en su mayoría bancos privados y fondos de inversión internacionales que se los compraron a pequeños ahorristas a mucho menor valor de lo que entonces recibieron por parte del Estado.
«Desendeudamiento» es el concepto que instaló el gobierno basado en el pago sistemático (o refinanciación o canje) de la deuda pública mientras crecía la deuda con organismos del Estado (en especial la ANSeS) por sobre el endeudamiento privado.
«Pesificar» era la consigna para que los argentinos cambien la cultura del dólar. Fue la convocatoria que lanzó por cadena nacional la presidenta -presionando en ese discurso al entonces Jefe de gabinete, hoy senador, Aníbal Fernández para que siguiera sus pasos- cuando afirmó que cambiaría sus ahorros en dólares por pesos.
Finalmente la realidad superó este «relato». La caída de las reservas internacionales del Banco Central (que con la modificación de su carta orgánica habilitó el uso de las mismas para pagar deuda) trajo la primera medida de restricción a la compra de dólares que se popularizó como cepo cambiario (hoy más vigente que nunca).
Pero no fue suficiente porque el problema de la falta de dividas (a pesar de la apelación presidencial a cambiar la cultura del billete verde por la moneda nacional, dirigida en especial a la clase media con capacidad de ahorro) se fue agravando.
Vino entonces el Blanqueo por medio del cual se podían exteriorizar dólares no declarados -ya sea trayéndolos del exterior como los que se ocultaban en el mercado local- sin que se preguntara su origen, sin pagar ni un peso de impuesto ni tener penalidades de ningún tipo. Dos de los instrumentos obligados a que se tomaran a cambio de la moneda fueron el CEDIN (Certificado cuyos fondos son destinados principalmente a operaciones inmobiliarias) y el BAADE (Bono cuyos fondos son para inversión en infraestructura e hidrocarburos). Las expectativas que entraran a las arcas del Banco Central 4.000 millones de dólares se desvanecieron a fines de setiembre -fecha en que vencía el plazo- con el blanqueo de solo un 400 millones. Por eso se prorrogó hasta fin de este año.
Ni el cepo, ni el blanqueo oxigenaron las reservas del Banco Central que desde principio de este año cayeron en 10.000 millones de dólares. A fines de 2011 la entidad tenía reservas valuadas en alrededor de 52.000 millones de dólares. Hoy llegan a poco más de 34.000 millones, no constituidos en su totalidad por divisas sino que por una gran parte en títulos, bonos y dinero de los bancos.
«Las divisas se van de la Argentina por pagos de deuda, por fuga de capitales y por las condiciones de la inserción subordinada de la Argentina en la economía capitalista mundial. Se trata de un activo externo demandado por los principales actores económicos y ello explica su precio en ascenso, sea del tipo de cambio oficial o paralelo», afirma el economista Julio Gambina.
El gobierno y los sectores concentrados de la economía (exportadores e importadores) son los principales demandantes de divisas. Hace dos meses, cuando defendió el proyecto de ley de Presupuesto 2014 en el Congreso, el viceministro de economía, Axel Kicillof, criticó a los agoreros del ajuste y el re-endeudamiento.
Entendemos que se refería a ajustar el gasto social y a quienes piden la devaluación de la moneda acercando el tipo de cambio oficial al del mercado paralelo (superior en más de un 65 %). Sin embargo el ajuste ya existe. La inflación negada por los índices de Moreno es tal, la baja de planes sociales o el no incremento de sus valores también es ajuste, la eliminación paulatina de los subsidios a las tarifas de servicios públicos también lo son, aumentar la jubilación dos veces al año por un coeficiente compuesto por una inflación irreal también es ajuste.
El re-endeudamiento cuestionado por Kicillof se constituyó, sin embargo, en objetivo de los esfuerzos del gobierno que se acrecentaron en las últimas semanas. El BAADE nueva versión, la cancelación con bonos de las deudas por juicios que Argentina tenía en el CIADI y la concreción de un préstamo del Banco Mundial (BM) significan -más allá de las culpas lanzadas por el viceministro- volver a los mercados externos y al sector privado para re endeudarnos.
Hernán Lorenzino participó entre el 9 y el 13 de octubre del V Encuentro de Ministros de Hacienda de América y el Caribe en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (en Washington) y de las reuniones anuales del FMI y del BM. En esos días también se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con la directora gerente del FMI, con el presidente del BID y con el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (todos ellos integrantes de lo que sería el núcleo del «Consenso de Washington» altamente criticado, y con razón, por el gobierno y varios de sus funcionarios).
No solo fueron reuniones, también hubo acuerdos con el fin de abrir las puertas a los préstamos internacionales en el mercado internacional de endeudamiento:
1- El pago de los juicios a cinco empresas que nos demandaron ante el tribunal del BM, el CIADI, por 500 millones de dólares (a cambio se les darán bonos, o sea que se cambia una deuda en litigio por una obligación cierta por parte del Estado, generando deuda en firme a futuro).
2- Las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que nos apoye ante el litigio con los fondos buitres.
3- El tratamiento con el Banco Mundial -luego del arreglo con su tribunal CIADI- de un préstamo por 3.000 millones de dólares proveniente del «Acuerdo Estratégico 2014-2016». En una nota publicada por el sitio iProfesional.com se asegura que el ingreso neto será de 700 millones de dólares porque el resto se destinará al pago de obligaciones financieras pendientes.
4- Avances en la relación con el FMI para el reemplazo del actual índice que mide la inflación por el Índice de Precios al Consumidor Nacional, que remontaría la «moción de censura» que nos hizo el organismo en febrero pasado. Este índice estaría casi listo para ser aplicado y con el pago de la deuda al Club de París cerraríamos estas «cuentas pendientes» con el Fondo.
A esto se suman las nuevas reglas de juego que el gobierno reglamentó para el BAADE y que posibilitan al sector privado endeudarse en el exterior y traer las divisas al país comprando estos bonos para inversión energética (antes de la prórroga del blanqueo, a este bono solo era posible adquirirlo con dólares «no declarados»). Por otra parte, a quienes los adquieran les será posible venderlos en un mercado secundario a un valor que seguramente será más cercano al valor del dólar paralelo (a diferencia del BAADE del blanqueo).
Esta nueva herramienta de endeudamiento, ahora con los privados, ya tuvo su primer aportante. El Grupo Bridas (de los hermanos Bulgheroni) anunció que ingresará 500 millones de dólares para invertir en Vaca Muerta. Otros 68 millones vendrían de las empresas que ganaron el juicio del CIADI. Alrededor de 300 millones aportarían las cerealeras, y el sector automotriz sería persuadido para que también haga un aporte como devolución de gentileza, ante tanto beneficio que tiene su actividad en nuestro país.
En síntesis, el gobierno busca, más allá de lo que dice, normalizar las relaciones con los organismos internacionales de crédito e insertarse nuevamente en el mercado mundial de préstamos para palear la caída de reservas y financiar el déficit de sus cuentas públicas. Pero además ingresa en el peligroso camino del aumento de la deuda externa del sector privado. Y tal como recuerda Julio Gambina: «Ya sabemos que cuando la deuda privada externa es alta y se torna impagable, las presiones empresarias acuden sobre el Estado para socializar su cancelación o renovación a costa del presupuesto público».
Acuerdos con los actores del varias veces rechazado Consenso de Washington, recomposición de relaciones con los organismos financieros internacionales con el objetivo de conseguir préstamos, deuda privada externa en ascenso y aumento de deuda pública, presupuestos que cierran solo con endeudamiento y donde se destina más recursos para pagar deuda que para salud y educación, tercer reapertura para un canje de deuda que se afirmaba estaba cerrado…
Quizás nunca debimos olvidar lo que en el año 2006, el presidente Néstor Kirchner dijo cuando tocó la campanita de Wall Street , dando comienzo oficialmente a la rueda bursátil más grande del mundo: «Volvimos al lugar del que nunca debimos haber salido».
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Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=11917&Itemid=130