La recesión económica pesa en la coyuntura y el horizonte nacional. Pese a que ya se registran aumento del desempleo, pérdida de poder adquisitivo y la consecuente caída del consumo, sectores exportadores y financieros presionan para una mayor devaluación, rechazada por el Gobierno. A la par, sindicatos y empresarios auguran un ajuste económico mayor, mientras […]
La recesión económica pesa en la coyuntura y el horizonte nacional. Pese a que ya se registran aumento del desempleo, pérdida de poder adquisitivo y la consecuente caída del consumo, sectores exportadores y financieros presionan para una mayor devaluación, rechazada por el Gobierno. A la par, sindicatos y empresarios auguran un ajuste económico mayor, mientras surgen señales de aumento de la conflictividad laboral y social. En este cuadro, cuatro coaliciones políticas burguesas ya se disputan abiertamente el futuro gobierno con la mira en las elecciones de 2015, sin contraparte en las fuerzas antimperialistas y anticapitalistas.
Argentina es el país suramericano que más sufre los efectos de la crisis económica interna combinada con la internacional. Así lo expresan distintos indicadores sociales y macroeconómicos, que lo ubican en recesión. Las cifras varían según la fuente. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) la caída del PIB será de 1,7% este año y de 1,5% el año próximo. «La producción de automóviles cayó 14% en agosto, las importaciones cayeron 20% y las exportaciones 11%», argumentó el jefe del organismo para la región al publicarse las previsiones. Consultoras privadas y analistas ligados a los grandes empresarios afirman que en términos anuales la recesión ya es mayor al 3%. Desde el Gobierno refutan estos números y se apoyan en los datos oficiales, que arrojan un aumento de 0,9% en el PIB entre el primer y el segundo trimestre tras seis meses negativos.
Las manifestaciones de esta situación atraviesan los distintos sectores económicos, con centro en la industria, que registró en agosto -por decimotercer mes consecutivo- una baja interanual del 2,9% según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). Es la caída más prolongada de la actividad industrial desde 2002 y está empujada principalmente por el sector automotriz, cuyas ventas descendieron un 30% este año. Otro rubro importante que cayó es la construcción: -2,6% en los últimos doce meses.
La consecuencia directa de estas cifras es la pérdida de empleo en ambos sectores: el Indec marcó una caída de 14 mil puestos de trabajo en las fábricas industriales para el segundo trimestre, en relación con el mismo período del año pasado; y el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción contabilizó nueve mil empleados registrados menos que un año atrás. Si se toman los segundos trimestres de 2013 y 2014, la desocupación ascendió de 7,2 a 7,5% de la población económicamente activa y era de 6,9% en 2012. La cifra no fue mayor porque el Indec registró una menor cantidad de personas que buscan trabajar. Las estimaciones privadas oscilan entre 135 mil y 500 mil los puestos de trabajo perdidos en el último año.
Para el resto de los trabajadores hubo pérdida de poder adquisitivo: según todas las consultoras privadas la inflación anualizada se ubica en torno al 40% y terminará el año como mínimo por encima del 35%, valor superior a la mayoría de los aumentos acordados en las paritarias, que rondaron el 30% y en varios casos estuvieron por debajo de ese nivel. La estanflación -estancamiento económico y alta inflación- se completa con una devaluación anual acumulada que ya superó el 50% en octubre.
Estos datos explican la caída del consumo y la contracción del mercado interno, donde las ventas minoristas, por ejemplo, cayeron un 8,2% según datos de septiembre de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), una entidad cercana al Gobierno.
Respuestas
Con este panorama, Cristina Fernández anunció una serie de medidas de corto alcance: lanzamiento de un nuevo plan de trabajo, aumento salarial para los trabajadores de las cooperativas estatales desde este mes; construcción de 500 salas para incorporar a los niños de cuatro años al sistema escolar; entrega de recursos para la construcción de tres escuelas secundarias técnicas universitarias; ampliación de prestaciones para los programas de salud Sumar y Nacer, que dan cobertura médica a niños de hasta 19 años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 64 años.
En otro orden, el gobierno entregó en lo que va del año más de 40 mil «Repro», denominación que llevan los fondos entregados a empresas en situación crítica, por un valor de 2 mil pesos por trabajador, para sostener los puestos de trabajo y evitar despidos.
Estas y otras medidas procuran paliar la recesión económica e intentar reactivar la producción y el consumo en algunos sectores clave. Pero el déficit público ya es elevado y están pendientes decisiones que tendrán mayor impacto. El ministro de Planificación, Julio de Vido, volvió a afirmar en octubre que habrá una quita de subsidios a la electricidad, como ya ocurrió con los servicios domésticos de gas y agua, donde los aumentos en las tarifas llegaron en casos extremos hasta el 600% en septiembre.
Los subsidios disponibles para la importación de combustibles que necesitan las centrales eléctricas, los destinados a la producción de gas y los destinados a mantener los precios del transporte terrestre (colectivos y trenes) y aéreo sumaban hasta mediados de octubre 132 mil millones de pesos (15 mil millones de dólares), aunque el presupuesto aprobado en el Congreso preveía menos de la mitad. La mayor parte de ese dinero es para las centrales eléctricas y por eso se esperan aumentos en las tarifas de electricidad que pagan los hogares.
Frente interno
«El futuro gobierno que venga, de acuerdo con cómo van las cosas, va a tener que hacer ajustes (económicos) muy duros», dijo Hugo Moyano, principal sindicalista opositor y secretario general de una de las dos fracciones de la Confederación General del Trabajo (CGT). El hasta hace dos años principal aliado del gobierno agregó: «Necesitará del respaldo de toda la sociedad, no solamente del movimiento obrero». Se refirió directamente a los subsidios y a «las miles de personas que (el gobierno) ha incorporado al Estado, que las pagamos entre todos». La declaración no pasó desapercibida: fue un guiño a los empresarios y a los candidatos presidenciales para el fuerte ajuste del gasto público que éstos demandan y el Gobierno intenta evitar y postergar.
Pese a este gesto de Moyano, varios gremios ya presionan con fuerza para conseguir compensaciones y eliminar el impuesto que pagan quienes cobran salarios superiores a $15000 (mal llamado impuesto a las ganancias). Los reclamos incluyen por igual a los dirigentes que se suponen «oficialistas» y a los «opositores». El secretario general de la CGT más cercana a la Casa Rosada, Antonio Caló, presentó un proyecto de ley para elevar el mínimo no imponible a 35 mil pesos. Y varios gremios ya advirtieron que exigirán a las empresas el pago de un plus salarial extraordinario en diciembre, mes en el que habitualmente aumentan los reclamos sociales y las protestas. Ambas demandas fueron rechazadas por funcionarios del Gobierno.
La fracción opositora de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que incluye al principal gremio de los trabajadores estatales, ya anunció que hará un paro este mes para reclamar el cobro de 4 mil pesos antes de fin de año. Según un informe de su instituto de investigación de las relaciones laborales, el Observatorio del Derecho Social, «este año se profundizó la caída del salario real, que ya se había verificado en 2013». Los últimos datos de agosto brindados por este organismo reportaron una caída salarial del 6,4% en 12 meses.
Desde las fracciones oficialistas de la CTA y la CGT consideran que el año pasado no hubo pérdida de poder adquisitivo, pero sí la admiten este año. «Las paritarias quedaron por debajo de la inflación entre cuatro y cinco puntos (porcentuales)», afirmó Caló. «Los salarios están perdiendo terreno en relación con los precios, van quedando atrás de los aumentos», coincidió Hugo Yasky, secretario general de la CTA kirchnerista. Referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) admitieron esta realidad, pero el Gobierno niega que la inflación anual sea mayor a los aumentos salariales.
Cuatro opciones de la burguesía para 2015
PRO: opción parda
Compuesta por ex miembros del PJ y la UCR, la organización que encabeza el alcalde de la ciudad de Buenos Aires y candidato presidencial Mauricio Macri es la expresión argentina de la Internacional Parda. Vinculado al Partido Popular de España a través del ex presidente José María Aznar y al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, ambas figuras de tinte fascista, el PRO se presenta como opción electoral de ultraderecha, pero con fachada diferente. Carente bases de apoyo y estructura partidaria, la fuerza se nutre de figuras popularmente conocidas a través de la televisión (deportistas, cómicos) para obtener votos fuera de la Capital Federal.
Como menemista declarado, Macri es afín a las políticas de libre mercado, las privatizaciones, tratados de libre comercio, flexibilización laboral, reducción de impuestos a los capitales y el conjunto de medidas habitualmente recomendadas por los organismos multilaterales para los países subdesarrollados. Como alcalde fue investigado por la existencia de una oficina ilegal de inteligencia y por la creación de una parapolicía (Ucep) para expulsar de lugares públicos a personas sin vivienda.
FA-Unen: alianza socialdemócrata
Bajo el liderazgo de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Socialista (PS), ambos miembros de la Internacional Socialista, una reedición de la Alianza que llevó a Fernando De la Rúa a la Presidencia en 1999 busca tomar forma y superar divisiones internas para presentarse en bloque a las próximas elecciones. Fuerzas autoproclamadas latinoamericanistas y progresistas conviven en un mismo espacio -aunque claramente subordinadas- con dirigentes y economistas liberales a ultranza y decididamente pro estadounidenses, que impulsan un acuerdo con el PRO, de extrema derecha.
El santafecino Hermes Binner (PS), quien aseguró que hubiera votado por Capriles en Venezuela, y el ex vicepresidente de Cristina Fernández, Julio Cobos (UCR), son los principales precandidatos presidenciales del espacio, donde también están la socialcristiana Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Ernesto Sanz (UCR), proclives a una negociación con Mauricio Macri y cercanos al Departamento de Estado. FA-Unen ya prometió bajar los impuestos a los soyeros para conseguir el apoyo de las entidades empresarias del campo.
Frente Renovador: el preferido de Washington
Sergio Massa fue Jefe de Gabinete de la presidente Cristina Fernández. Pero en 2013 lanzó el Frente Renovador (FR), fracción del Partido Justicialista (PJ) integrada por alcaldes -y aspirantes a serlo- de los municipios que forman el conurbano bonaerense que rodea a la capital. Massa, ex alcalde del pequeño municipio de Tigre, encabezó la lista del FR en las elecciones legislativas del año pasado, derrotó a nivel provincial al Frente para la Victoria (FPV) y permitió a varios dirigentes dar el salto del FPV al FR. Lo acompañan también alcaldes de la UCR en el interior de la provincia, asociados con Néstor Kirchner en 2004, cuando el ex presidente intentó una política a la que denominó «transversalidad».
Tras la resonante votación en la provincia de Buenos Aires, Massa se lanzó como aspirante presidencial y se transformó en la carta favorita del Departamento de Estado, aunque prácticamente todos los candidatos de las principales coaliciones tienen ese respaldo. Apoyado en una campaña proselitista millonaria y un resultado electoral positivo, el ex alcalde logró atraer a fracciones empresariales y sindicales a su armado político, que ofrece espacio a aspirantes de distintos Partidos burgueses, para poder proyectarse a nivel nacional.
En octubre recibió al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, elogió su supuesto éxito en la lucha contra el narcotráfico y recibió el apoyo de éste a sus propuestas.
FPV: del kirchnerismo al menemismo
Daniel Scioli encarna al término del mandato de Cristina Fernández la principal candidatura dentro del espacio que hasta hoy conforma el Frente para la Victoria. Actual gobernador de Buenos Aires y ex vicepresidente de Néstor Kirchner, Scioli desembarcó en la política de la mano del ex presidente Carlos Menem y fue ganando espacio dentro del Partido Justicialista (PJ). Desde el mando de la principal provincia del país trabajó desde el primer momento para ser Presidente en 2015 y es la carta preferida de los grandes capitales nacionales, quienes también reparten su apoyo a las otras tres coaliciones.
Scioli ha acompañado tanto a Menem como Duhalde, Kirchner y ahora a Cristina Fernández, pese a las disputas internas y a las presiones ejercidas para que saltara a la oposición en las últimas elecciones (estuvo a punto de formar un frente con Massa, abortado en las horas previas al cierre de listas en 2013). Así ha escalado posiciones y ganado fuerza al interior del PJ, aunque sufrió una derrota en los pasados comicios legislativos. Competiría en internas con funcionarios y/o gobernadores del PJ que se mantienen más cercanos a la Presidente, aunque ideológicamente no muestran diferencias claras con Scioli, quien asegura contar con un apoyo decisivo: el del Papa Francisco.
Fuente: http://americaxxi.com.ve/revista/articulo/113/p-la-econom-iacute-a-marca-el-ritmo-p