Un juez de Bariloche dijo que el derecho de los indígenas es constitucional y anterior a la existencia del Estado. Las tierras las cedió a los aborígenes Julio A. Roca, por decreto, en 1900. Un juez rechazó un pedido de desalojo contra pobladores de una comunidad mapuche, formulado por supuestos dueños de un campo ubicado […]
Un juez de Bariloche dijo que el derecho de los indígenas es constitucional y anterior a la existencia del Estado. Las tierras las cedió a los aborígenes Julio A. Roca, por decreto, en 1900. Un juez rechazó un pedido de desalojo contra pobladores de una comunidad mapuche, formulado por supuestos dueños de un campo ubicado al sur de la provincia de Río Negro, al considerar que los indígenas son los legítimos poseedores de esas tierras aun desde antes de la formación del Estado argentino.
El fallo es totalmente novedoso, porque las personas que presentaron el pedido de desalojo tenían un título de propiedad que les había sido otorgado durante la gestión de Horacio Masaccessi como gobernador de la provincia de Río Negro. Pero el juez desestimó esos papeles al considerar que la posesión de los demandados mapuche era anterior a los títulos de los estancieros.
El magistrado, en una medida que sembró alegría en todas las comunidades aborígenes del país, consideró incluso a la posesión «anterior a la formación misma del Estado que los confirió».
Esta es la primera vez que son reconocidos en la Patagonia los derechos de los pueblos originarios, tal como lo señala la Constitución Nacional, por sobre el Código Civil.
El caso se resolvió en el Juzgado 5 en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, a cargo de Emilio Riat. A ese juzgado, que tiene una amplia jurisdicción en la provincia de Río negro, concurrió una familia de apellido Sede. Esa familia vive en la localidad de Ñorquinco, un pueblo ubicado en medio de la estepa patagónica, unos 130 kilómetros al sur de Bariloche.
Los Sede pidieron que se ordene el desalojo de una familia mapuche encabezada por Ernesto Napal y Herminia Vila. Estos pobladores y sus familiares forman parte de la comunidad mapuche Kom Kiñé Mu, que vive en el paraje denominado Arroyo Las Minas.
Los Sede dijeron que habían mantenido una relación laboral con Ernesto Napal pero que, como ese vínculo ya no existía, los mapuche debían abandonar el lugar. Pero los demandados negaron que esa fuese la situación: argumentaron que su comunidad integra la Reserva Indígena Ancalao, y que tiene derecho a la propiedad comunitaria y ancestral de esas tierras.
El abogado que representó a los mapuche, Darío Dutch, dijo a Clarín que, basados en esas pautas, le pidieron al juez que no lleve adelante el proceso de desalojo por que no estaban en discusión «derechos personales» sino que la comunidad indígena tenía la «posesión ancestral» de ese lugar, y la familia Sede sólo podía mostrar «títulos nulos».
Dutch solicitó al magistrado que, teniendo en cuenta estos datos, resuelva un «proceso posesorio», es decir, que determine quiénes deben poseer esas tierras. Tras estudiar la documentación existente, el juez Riat determinó que una ley provincial de 1993 reconoce la antigua ocupación de esas tierras por parte de la Reserva Ancalao. En ese sentido el juez dijo que esa ley -la 2.641- deroga a una anterior que reconoce a esa comunidad la posesión de 28.383 hectáreas.
Según indicó el magistrado, esas dos leyes provinciales son consecuencia de un decreto nacional de 1900 cuyo original había sido firmado por el presidente Julio Argentino Roca, quien habría premiado al cacique Ancalao con la cesión de tierras por haber colaborado con la Campaña del Desierto.
Otro de los fundamentos fue que la Constitución rionegrina admite la preexistencia de la cultura aborigen y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Por último, Riat señaló que la propia Constitución Nacional también admite desde 1994 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. El juez determinó además que Herminia Vila y Ernesto Napal integran con su familia la comunidad indígena que ocupa históricamente esos campos.
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NATIVOS: DESDE LA CAMPAÑA DEL DESIERTO HASTA HOY
Una comunidad históricamente castigada
El caso de la comunidad mapuche Kom Kiñé Mu se repite en toda la Argentina, y, generalmente, con un resultado adverso para los pueblos originarios. La comunidad mapuche, en particular, fue históricamente víctima del despojo de sus tierras y de su cultura.
Las modalidades que se registraron después de la Campaña del Desierto impulsada por el general Julio A. Roca son innumerables.
En muchos casos se les hizo firmar papeles de cesión de sus posesiones aprovechando su condición de analfabetos. En otros, autoridades provinciales «ayudaron» a gestionar títulos de propiedad a privados, basados en que las comunidades mapuche generalmente no logran tener papeles de sus propiedades sino permisos provisorios para habitarlas.
También hubo casos en que los dueños de campos vecinos simplemente corrieron sus alambrados a punta de escopeta y los confinaron en un rincón o los echaron. Los consejos indígenas denuncian que muchas de estas maniobras fueron perpetradas con la complicidad de jueces de turno.
Hace dos meses y medio hubo un caso resonante que enfrentó a una familia mapuche con los hermanos Carlo y Luciano Benetton.
La familia Curiñanco fue acusada de usurpar 300 hectáreas de las 183.100 que el grupo Benetton tiene cerca del casco de la estancia Leleque, en Chubut.
Ese campo es uno de los más importantes que los hermanos italianos tienen aquí. Forma parte de un grupo de estancias que en su origen pertenecía a la Compañía de Tierras Sud Argentino.
La familia mapuche presentó pruebas de que ese campo había sido habitado históricamente por sus ancestros. El grupo italiano presentó sus títulos de propiedad. En el fallo el juez Jorge Eyo concedió «absolutamente los derechos de posesión» a la compañía.
Atilio Curiñanco y su mujer tienen cuatro hijos. Habían construido una casa de chapas, sembrado verduras y armado un corral con algunos animales. Se fueron por orden del juez: perdieron todo.
El caso generó una polémica entre Luciano Benetton y Adolfo Pérez Esquivel a través de cartas publicadas por el diario italiano La Repubblica. Pérez Esquivel le pidió al empresario que devuelva esos campos, que son una mínima proporción de sus propiedades. Le solicitó «un acto de altruismo hacia esta familia (…) que no tiene otro futuro más que la pobreza y el hambre».
Benetton respondió que sus inversiones en Argentina producen «desarrollo y trabajo» y dijo estar dispuesto a reunirse con él, aunque hasta ahora el encuentro no se concretó. Los mapuches niegan que haya inversiones y generación de trabajo en esos campos.