Los trabajadores de Acoplados del Oeste fueron desalojados con un megaoperativo policial que combinó más de 600 efectivos de Infantería, Policía Bonaerense y Policía local. La medida cayó a semanas del vencimiento de la quiebra de los ex dueños, y en sintonía con la orden de desalojo al Hotel BAUEN. Las historias de estas recuperadas […]
Los trabajadores de Acoplados del Oeste fueron desalojados con un megaoperativo policial que combinó más de 600 efectivos de Infantería, Policía Bonaerense y Policía local. La medida cayó a semanas del vencimiento de la quiebra de los ex dueños, y en sintonía con la orden de desalojo al Hotel BAUEN. Las historias de estas recuperadas distan de años, pero su historia reciente es similar: lograron poner en funcionamiento los proyectos y hasta conquistaron leyes de expropiación que el Presidente y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal vetaron. El BAUEN se prepara para resistir una nueva orden de desalojo, y los trabajadores de Acoplados del Oeste volvieron a la calle: «Vamos a resistir acá afuera, como en los comienzos».
Las narices de pasajeras y pasajeros se pegan a las ventanas del colectivo 506 en Merlo cuando el vehículo se interna en la ruta 200 camino hacia Marcos Paz: una hilera de camiones de Infantería y Policía Bonaenerense cercan las 15 hectáreas de la metalúrgica Acoplados del Oeste (ADO) – ex Petinari-, fábrica recuperada por más de 100 trabajadores en 2015. Dentro del predio se observan efectivos de la Policía local y hasta policía montada.
Una orden de desalojo del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del juez Ricardo Fraga, se desplegó con un megaoperativo durante la madrugada del viernes para restituir la posesión de la empresa a la firma Pedro Petinari e Hijos S.A, a quien los trabajadores vienen denunciando desde hace dos años por el vaciamiento de la fábrica, los despidos y salarios impagos. El inusitado despliegue policial (en total, desde las 5 de la madrugada, desfilaron allí más de 600 efectivos) se produjo entre las 5 y las 6 de la mañana y no dejó ingresar a los obreros a sus fuentes de trabajo. «Llama la atención la cantidad de policías: es algo nunca visto. Pareciera que acá hubo una decisión política», dijo a lavaca Luis Becerra, uno de los trabajadores de ADO.
La cooperativa, que ya había sufrido otros desalojos, había puesto la empresa en funcionamiento y había conquistado una ley de expropiación votada hasta por funcionarios de la alianza Cambiemos en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense, pero la gobernadora María Eugenia Vidal la vetó. La amenaza de desalojo no tardó en caer, pero la cooperativa logró frenarla por 90 días que luego se prorrogaron. Una vez caída, la orden de desalojo («orden de lanzamiento», según el amigable léxico judicial bonaerense) que databa del 5 de mayo de 2016, se concretó este viernes.
«Ni en un Boca-River se ve semejante operativo», diceLuis Coronado, uno de los abogados de los trabajadores. «Claro que vamos a apelar y posiblemente la Cámara de Apelaciones dé marcha atrás con esta orden, pero lo que me preocupa es quién está mandando semejante mensaje con este ejército en la calle. Que no nos deje llamar la atención: esto es un megamensaje. La primera pregunta es si esto es para el movimiento de fábricas recuperadas. Que yo recuerde nunca se vio un operativo de estas características en una fábrica recuperada. Recordemos que esta semana se conoció la fecha del desalojo del Bauen para el 14 de abril. ¿Qué quiere decir esto?».
De Merlo a Capital
El desalojo motivó una fuerte repercusión en redes sociales que expresó el arco social y territorial en el que se sustenta Acoplados del Oeste: vecinos, partidos políticos, movimientos sociales y sindicatos como Curtidores, ATILRA (lecheros), SATSAID (televisión y comunicaciones), ATE y CTA, entre otros, se movilizaron en apoyo hasta la planta, ubicada en Ricardo Balbín 2951. También estaba Francisco Manteca Martínez, trabajador de la recuperada Textiles Pigüé. Desde la ruta, colectiveros, camioneros y automovilistas hacían sonar sus bocinas y pedían a gritos:
-¡No aflojen!
Ese grito se expresa en la historia de los trabajadores: les adeudaron salarios, les incumplieron aguinaldos, los echaron, los dejaron en la ruta, tomaron, pusieron la fábrica a producir, los desalojaron, volvieron a tomar y formaron una cooperativa para mantener las fuentes de trabajo.
Desde ese abrazo y esa historia, Fabián Malacalza, obrero, detalla qué ocurrió: «Nos enteramos ayer que podría haber un desalojo ya que hubo una movida extraña. Cerca de las 15 cayó un móvil de Infantería con dos oficiales, uno de civil y otro sacando fotos. Le preguntamos qué estaba haciendo y nos dijeron que los habían mandado de La Plata porque había un conflicto con la empresa. Empezamos a sospechar. Llamamos a diputados y nos dijeron que no había ninguna orden, que nos quedemos tranquilos. Nosotros teníamos, además, un lugar en la planta para la Municipalidad de Merlo porque ellos tenían una delegación rota. A las 11 de la noche vinieron a sacar todas sus pertenencias. No nos dijeron por qué. Más sospechas: nos quedamos en la fábrica unos 50 compañeros hasta las 4 de la mañana. Ahí pensamos finalmente que no iba a haber desalojo y nos fuimos. Minutos después cayeron todos. Había mil policías, la fábrica totalmente tomada y luego nos noticiamos que los exdueños cayeron y habían entrado a la planta».
A Malacalza le llama la atención la actitud municipal. «Estábamos trabajando para ellos, construyendo refugios y paradas de colectivos. ¿Y no nos dicen nada?». Jorge Gutiérrez, presidente de la cooperativa, cuenta luego de una reunión con el secretario de Gobierno del Municipio, Gustavo Soos. «Nos dijeron que ellos pensaron que nosotros sabíamos».
Alejandro Vallejos, 56 años, que trabaja en seguridad los fines de semana y feriados, se enteró porque le avisó su sobrino al ver el despliegue policial: «Fue todo sorpresivo, pero es lo que está pasando en el país: fijate los despidos, las suspensiones y la amenaza de desalojo en el Bauen. Es una incertidumbre. Mi familia hace años que me está bancando pero muchos compañeros se separaron. Los dueños ofrecieron indemnizarnos. Yo no quiero nada. Además, no me sirve: trabajé 13 años y, con la edad que tengo, ya no me toma nadie».
La referencia al Hotel Bauen, símbolo de las empresas recuperadas en Argentina, se replicó desde la calle en cada uno de los trabajadores. La cooperativa sufrió el veto del Presidente Mauricio Macri a la ley de expropiación que habían conseguido en el Congreso nacional. Ahora la jueza Paula Hualde, al frente del Juzgado Comercial N°9, Secretaría 18, dispuso la restitución del inmueble de la Avenida Callao 360 a la empresa Mercoteles, con un plazo tope «el día 14/4».
Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa y presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), dice a lavaca: «Lo de Acoplados es como el ensayo de lo que puede suceder acá. Estamos intentando acelerar los trámites en el Congreso para ver si llegamos a votar de vuelta la ley. También estamos pensando algunas acciones. Por eso, convocamos a todas las organizaciones el jueves 9 de marzo a las 18 en el hotel para pensar juntos cómo seguir».
Seguir de pie
Un dato: el desalojo de Acoplados del Oeste llega a dos semanas del vencimiento de la quiebra de los exdueños de Pedro Petinari e Hijos. Gutiérrez: «Creo que nos favorece porque estamos a 14 días de la resolución del juez de concurso. Hoy lo que se ve es que la empresa no tiene la intención de pagar». Coronado: «Por más que en un concurso llegues a un acuerdo con los acreedores comunes, si no llegás a uno con los trabajadores tu empresa va a la quiebra. Por eso lo que ocurrió es un sinsentido: echás a los que legalmente tienen la chance de la tenencia».
Gutiérrez: «Volveremos a resistir acá afuera, como en los principios. No nos vamos a mover. Además estamos tratando de hablar con los ministros de Trabajo (Marcelo Villegas) y de Seguridad (Cristian Ritondo), ya que incumplieron su promesa: ellos se habían comprometido a que no nos iban a desalojar. Queremos una explicación: qué pasó». Malacalza: «Es muy duro lo que están haciendo. Estábamos trabajando, generando confianza en los clientes. ADO es una cooperativa legitimada, legalmente constituida. Es el último manotazo de ahogado que pueden hacer».
José Luis Miño, 50 años, casado, cuatro hijos: «La realidad es que somos 70 trabajadores. Eso quiere decir que somos 70 tipos que queremos trabajar. Y hay que mantener este monstruo: Petinari estuvo en los mejores puestos del ranking nacional en su momento. Y ellos tienen una deuda muy grande con nosotros. Son dos años de pelea, de aguante. Sólo estamos reclamando lo que es nuestro. Nosotros armamos de cero carrocerías, acoplados, conteiners. Los tenemos en la cabeza porque nosotros somos los planos. Yo hace 11 años que estoy. Hay gente que más. Imaginate que si nos vamos, ¿cómo van a hacer para poner esto a trabajar? El eje del equipo somos nosotros».